Analizando los informes del equipo de investigadores de la Fiscalía encabezado por el fiscal Jalil Rachid, publicados por todos los medios, es evidente que la hipótesis del complot político en los sucesos de Curuguaty para deponer al gobierno de Fernando Lugo no está en la carpeta fiscal.

 

Esta hipótesis, como otras, no puede ser desechada por los investigadores del Estado, ya que el hecho investigado desencadenó, siete días después,  la destitución, vía juicio político sumarísimo, del presidente de un poder del Estado.

 

Aquí yo no afirmo que hubo un complot político contra el gobierno destituido, porque no tengo pruebas. Sí expongo hechos reales, ocurridos, que pueden sostener la hipótesis del complot. Hechos que, a continuación, expongo a los lectores:

 

El diputado colorado Óscar Tuma presentó el 2 de enero de 2012 una nota solicitando al pleno de la Comisión Permanente del Congreso que “inste” al entonces ministro del interior Carlos Filizzola a que ejecute la orden de desalojo contra los ocupantes de las tierras de la estancia “Morombi”, gestionada por la fiscal Ninfa Aguilar. Tuma fue luego uno de los fiscales acusadores en el juicio a Lugo. El entonces presidente de la Comisión, senador Efraín Alegre, luego de ser aprobado por el pleno, remitió la nota al ministro Filizzola instándolo a que ejecute de inmediato la orden de desalojo.  El documento obra en el Congreso. Tuma reconoció que pidió el desalojo a raíz de una “denuncia” de Riquelme.

 

La fiscala Aguilar gestionó y consiguió ante un juzgado el desalojo de una propiedad (las tierras de Marina Cue) sin título, no inscripta  a nombre de nadie. No había afectado legal por la ocupación para firmar una orden de desalojo. Emilio Camacho, entonces interventor del Indert, explicó que la propiedad en disputa no tiene propietario ni título, porque está en disputa.

 

El informe de una misión internacional investigadora para la defensa de los derechos humanos de los campesinos de Curuguaty, que entrevistó a decenas de campesinos y autoridades del lugar y relevó documentos de instituciones públicas, concluyó que días y horas antes de la matanza se preparó el escenario para una “violencia extrema”.

 

La fuerza policial que ingresó a la propiedad (aproximadamente 400 efectivos, 20 patrulleras, policía montada, un helicóptero) y tomó contacto con los ocupantes fue encabezada por Erven Lovera, especializado y experimentado en situaciones de extrema violencia. La fiscala Ninfa Aguilar y el jefe policial del departamento de Curuguaty se ubicaron en la retaguardia, muy alejados del lugar del conflicto. El llamado protocolo de diálogo no existió en la intervención. La fuerza policial fue para el enfrentamiento.

 

Cinco días después de la matanza, los partidos políticos ANR, PLRA, Patria Querida, Unace; la Unión de Gremios de la Producción (pronunciamiento), la cúpula de la Iglesia católica (entrevista con Lugo), el diario ABC Color (Editorial), la Unión Industrial Paraguaya (declaraciones de sus dirigentes) coincidieron en expresar públicamente su apoyo al juicio político contra el entonces presidente Lugo.

 

La fiscala Ninfa Aguilar, antes de ocupar este cargo, fue la abogada de Blas N. Riquelme en la demanda por usucapión que planteara contra la Industrial Paraguaya, la antigua propietaria de Marina Cue.

 

Los fiscales acusadores (diputados todos) no presentaron una sola prueba de las cinco acusaciones formales levantadas contra el expresidente Lugo. El juicio político fue sumarísimo:  la destitución de Lugo llevó menos de 48 horas.

 

 http://ea.com.py/curuguaty-la-hipotesis-del-complot-politico/