Es más fuerte el afán de justicia que cualquier aparato represor que se haya inventado.

 

 

 Cuando la autoridad rompe el marco jurídico que ella misma se ha dado, desnaturaliza su función: en lugar de servir a las personas que te otorgaron poder, las oprime y las reprime. Pierde la cualidad que le otorga autoridad moral: la legitimidad.

 

La guerra sucia es la peor expresión de la falta de legitimidad de una autoridad. Consiste en suprimir a quienes se cataloga como enemigos, sin importar los medios utilizados. No se reconoce límite alguno, ni ético, ni jurídico ni político.

 

El Estado mexicano se atribuye el “derecho” a combatir lo que denomina la subversión, poniendo en práctica los procedimientos más inhumanos. “Para éstos no existen los derechos humanos”, sostienen los agentes de la represión, refiriéndose a los opositores políticos.

 

Las secuelas de la guerra sucia son de sangre, dolor y muerte. Todos los principios y valores son postergados y violentados en aras de la conservación del poder. Las madres se quedan sin sus hijos y éstos sin sus padres. Las esposas dejan de tener a su lado a quien frecuentemente es el sostén económico; las hermanas y hermanos son separados. El amor familiar explica por qué las respuestas inmediatas provienen del seno de éste.

Quienes reprimen, buscan, sobre todo, inhibir la acción de los grupos y las personas: quieren que cesen sus actos de resistencia a la aplicación de las políticas del bloque hegemónico.

 

El poder no debiera ser un fin en sí mismo, sino un medio para tener, acumular, mandar y dominar, gozar de consideraciones ser conocido y servido, tomar decisiones y ver que se cumplan.

 

Aquellos que lo poseen quieren ejercitarlo, para lo cual hay que quitar los obstáculos que se atraviesen. Todo detentador de poder se propone disuadir, persuadir, reprimir o incluso suprimir.

 

Cuando esto se consigue rompiendo las leyes, hablamos de guerra sucia.

 

La mayoría responde a la represión como sus autores desean: dejando de hacer aquello que implica riesgo, como protestar, manifestarse o incluso opinar.

 

Pero siempre hay un sector que decide resistir las acciones represivas, a sabiendas de que implica peligro. No sólo se realizan actos de protesta o denuncia, sino que se busca asegurar que haya castigo para quienes desde el Estado vulneran el marco legal vigente y, particularmente, que no lo repitan más.

 

El instrumento conocido como comisión de la verdad es de los más importantes que se han creado. Su propósito es ir a fondo en la indagación de situaciones muy complicadas, para que se conozca lo ocurrido (secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones involuntarias, cárceles clandestinas y otros horrores).

 

De ninguna manera una comisión de la verdad asegura la justicia. Pero es el mejor instrumento diseñado hasta ahora, siempre y cuando reúna requisitos que le den autonomía: personalidad jurídica, independencia de los poderes formales del Estado y de los partidos políticos, patrimonio propio y, sobre todo, autoridad moral a partir de que sus integrantes provengan de la sociedad y no del poder estatal.

 

Obviamente, habrá más posibilidades de éxito de una comisión de la verdad si las organizaciones sociales y de derechos humanos mantienen una permanente vigilancia de sus actos y si éstos son siempre públicos. De otra forma, podría convertirse en un instrumento de mediatización de la lucha ciudadana.

 

Para tratar de aclarar lo ocurrido en la guerra sucia y hacer comparecer ante la justicia a los perpetradores, luchemos por una comisión de la verdad.