La audiencia de los 37 años del CRIC
02/03/2008
- Opinión
Si hay una organización en Colombia que haya dejado una importante estela de enseñanzas a lo largo de las cuatro últimas décadas es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Resulta paradójico que la celebración de sus treinta y siete años de vida se haya centrado en un registro de las múltiples violaciones de los Derechos Humanos a lo largo de su existencia, por medio de una audiencia.
En verdad mucha razón respalda a sus comunidades para hacerlo; pues a los asesinatos, detenciones arbitrarias, acusaciones de pertenecer a la guerrilla, despojo de tierras e incumplimientos de acuerdos con el gobierno, se agrega, desde 1994, la implacable acción de la naturaleza que produjo la avalancha del río Páez y últimamente las erupciones del volcán nevado del Huila. Situación que se vuelve crítica ante la ausencia de soluciones institucionales.
Capítulo ominoso se produjo en el anterior período de gobierno departamental, al invocar el Derecho a la diferencia como eje de su gobierno, y, paralelamente, desatar una estrategia de guerra contra el movimiento indígena. No sólo en el uso desproporcionado de los medios de comunicación para presentar argumentaciones que no se correspondían con la realidad en relación con la propiedad y uso de la tierra, sino también en hacer aparecer sus movilizaciones y demandas asociadas con acciones de las organizaciones guerrilleras. Igualmente, en dar prioridad a la solución represiva a todo el proceso que denominan “liberación de la Madre Tierra”.
Sin embargo, si bien el peso militarista de la Seguridad Democrática, las estrategias de rompimiento del tejido social por parte del neoliberalismo, y el autoritarismo y racismo de la aristocracia regional afectan su proceso, es necesario reconocer dinámicas positivas en su desarrollo organizativo y de vida cultural. Principalmente porque abrió el camino hacia su autoreconocimiento como grupos étnicos.
Quintín Lame le dio consistencia cuando hizo ver a las comunidades del Cauca y del Tolima, y luego de todo el país, que la condición de esclavitud y de servidumbre a que los habían sometido las oligarquías y aristocracias dominantes no era natural ni un castigo divino. Al contrario, persistió en la necesidad del reconocimiento de la deuda de la sociedad con el pueblo indígena. Reivindica la relación particular de sus coterráneos con la naturaleza y produce importantes levantamientos que dieron cuenta, en la segunda década del siglo veinte, de una vocación de lucha, justamente retomada por el CRIC.
De tal manera que la formación de la organización no sólo recogió dichas banderas, sino que las perfeccionó al superar el caudillismo del jefe indígena y atemperó sus estrategias a las dinámicas del presente. Proceso que se fue redefiniendo a través de sus luchas, pero centrados en sus ejes o principios: unidad, tierra, cultura, autonomía, territorio.
Los logros no pueden circunscribirse a los propiamente étnicos. Es cierto que la lucha por la tierra es significativa y ha ocupado muchas de sus movilizaciones. Lo es también el rescate de sus lenguas; su educación, su medicina, su justicia y su gobierno propios; en fin, su cultura tradicional. Pero, aunque ese sea el centro de su lucha, desde hace un largo tiempo se han planteado problemas que incumben al conjunto de la nación.
Podría decirse, sin lugar a dudas, que en el Suroccidente del país es la organización que levanta en alto la bandera de la dignidad frente al conflicto armado. Clamando por acuerdos humanitarios y solución negociada. Planteando alternativas concertadas al problema de los cultivos de uso ilícito Defendiendo los ejes estructurales de la Constitución nacional sometidos a los embates de la derecha dominante. Confrontando al TLC en todo aquello que, de aprobarse, destruiría las bases de la convivencia social y de las relaciones integrales con la naturaleza. En suma, liderando la búsqueda de una sociedad en que lo humano sea lo predominante en las prácticas y convivencia sociales.
- Diego Jaramillo Salgado es doctor en Estudios Latinoamericanos UNAM, profesor titular de Filosofía Política de la Universidad del Cauca.
En verdad mucha razón respalda a sus comunidades para hacerlo; pues a los asesinatos, detenciones arbitrarias, acusaciones de pertenecer a la guerrilla, despojo de tierras e incumplimientos de acuerdos con el gobierno, se agrega, desde 1994, la implacable acción de la naturaleza que produjo la avalancha del río Páez y últimamente las erupciones del volcán nevado del Huila. Situación que se vuelve crítica ante la ausencia de soluciones institucionales.
Capítulo ominoso se produjo en el anterior período de gobierno departamental, al invocar el Derecho a la diferencia como eje de su gobierno, y, paralelamente, desatar una estrategia de guerra contra el movimiento indígena. No sólo en el uso desproporcionado de los medios de comunicación para presentar argumentaciones que no se correspondían con la realidad en relación con la propiedad y uso de la tierra, sino también en hacer aparecer sus movilizaciones y demandas asociadas con acciones de las organizaciones guerrilleras. Igualmente, en dar prioridad a la solución represiva a todo el proceso que denominan “liberación de la Madre Tierra”.
Sin embargo, si bien el peso militarista de la Seguridad Democrática, las estrategias de rompimiento del tejido social por parte del neoliberalismo, y el autoritarismo y racismo de la aristocracia regional afectan su proceso, es necesario reconocer dinámicas positivas en su desarrollo organizativo y de vida cultural. Principalmente porque abrió el camino hacia su autoreconocimiento como grupos étnicos.
Quintín Lame le dio consistencia cuando hizo ver a las comunidades del Cauca y del Tolima, y luego de todo el país, que la condición de esclavitud y de servidumbre a que los habían sometido las oligarquías y aristocracias dominantes no era natural ni un castigo divino. Al contrario, persistió en la necesidad del reconocimiento de la deuda de la sociedad con el pueblo indígena. Reivindica la relación particular de sus coterráneos con la naturaleza y produce importantes levantamientos que dieron cuenta, en la segunda década del siglo veinte, de una vocación de lucha, justamente retomada por el CRIC.
De tal manera que la formación de la organización no sólo recogió dichas banderas, sino que las perfeccionó al superar el caudillismo del jefe indígena y atemperó sus estrategias a las dinámicas del presente. Proceso que se fue redefiniendo a través de sus luchas, pero centrados en sus ejes o principios: unidad, tierra, cultura, autonomía, territorio.
Los logros no pueden circunscribirse a los propiamente étnicos. Es cierto que la lucha por la tierra es significativa y ha ocupado muchas de sus movilizaciones. Lo es también el rescate de sus lenguas; su educación, su medicina, su justicia y su gobierno propios; en fin, su cultura tradicional. Pero, aunque ese sea el centro de su lucha, desde hace un largo tiempo se han planteado problemas que incumben al conjunto de la nación.
Podría decirse, sin lugar a dudas, que en el Suroccidente del país es la organización que levanta en alto la bandera de la dignidad frente al conflicto armado. Clamando por acuerdos humanitarios y solución negociada. Planteando alternativas concertadas al problema de los cultivos de uso ilícito Defendiendo los ejes estructurales de la Constitución nacional sometidos a los embates de la derecha dominante. Confrontando al TLC en todo aquello que, de aprobarse, destruiría las bases de la convivencia social y de las relaciones integrales con la naturaleza. En suma, liderando la búsqueda de una sociedad en que lo humano sea lo predominante en las prácticas y convivencia sociales.
- Diego Jaramillo Salgado es doctor en Estudios Latinoamericanos UNAM, profesor titular de Filosofía Política de la Universidad del Cauca.
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