Después de dos décadas de políticas neoliberales implementadas en Centroamericana, se hace evidente la significativa reducción de las competencias de los Estados y la eliminación de sus funciones económicas, con lo que se potencia la “iniciativa privada” y la expansión de las corporaciones transnacionales. Los sucesivos gobiernos impulsaron amplios procesos de privatización de las empresas públicas y de los activos del Estado, a partir de los cuales se trasladaron servicios públicos y de utilidad pública a la esfera del mercado, bajo el control de monopolios transnacionales y de las burguesías nacionales.

Uno de los ejes fundamentales del paquete de reformas neoliberales ha sido la promoción y el fomento de la Inversión Extranjera Directa (IED), confiriéndole a éstas una amplia gama de incentivos fiscales, la total permisividad de los gobiernos por violaciones laborales y ambientales, un mercado laboral flexibilizado y un marco jurídico que les protege y provee de mecanismos para resolución de controversias para demandar a los Estados ante el riesgo de verse afectados por la puesta en práctica de cualquier política pública.

El marco de políticas neoliberales, impulsado por las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo), se complementa y profundiza a través de los acuerdos y tratados Internacionales, para configurar una segunda generación de reformas económicas, jurídicas e institucionales. A través de acuerdos multilaterales, como los de la Organización Mundial de Comercio; acuerdos regionales, como el ALCA; y bilaterales como los Tratados de Libre Comercio (TLC), se subordina toda la legislación secundaria e incluso, con su implementación se vulnera, de facto, la misma Constitución de la República.

El predominio del poder económico y político de las empresas transnacionales se expresa en la configuración de una normativa construida a “su medida” y con aplicabilidad global, misma que adoptó la forma de Programas de Ajuste Estructural; y más recientemente, en el intento de configurar una especie de Constitución del planeta, que está contenida en los acuerdos y tratados internacionales en materia de comercio e inversión, con los cuales amenazan con ampliar más sus privilegios para transformarlos en derechos.

En el actual escenario económico multipolar, el gobierno de los Estados Unidos promueve una estrategia para las Américas basada en un enfoque de seguridad nacional, que busca un mejor posicionamiento de las empresas estadounidenses frente a la competencia de la Unión Europea y de las economías de Asia del sudeste pacífico. La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos trasciende del clásico enfoque de la “defensa del territorio”, pues integra como elementos fundamentales a los TLC y a un conjunto de iniciativas en todo el hemisferio a fin de crear las condiciones de infraestructura que faciliten el funcionamiento de las empresas transnacionales; con el propósito supremos de garantizarles el acceso y control sobre los recursos naturales: el agua, la biodiversidad, el gas natural, el petróleo, los minerales (metálicos y no metálicos) y la tierra misma.

En este contexto, se impulsan desde las instituciones financieras internacionales, los bancos regionales, la Corporación de la Cuenta del Milenio y los gobiernos del continente la implementación simultánea en el norte, el centro y el sur de América tres iniciativas que integran un abanico de megaproyectos articulados desde la perspectiva de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos: el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

El ASPAN constituye una iniciativa cualitativamente superior al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que busca una “integración profunda” entre los tres países norteamericanos, trascendiendo de la simple construcción de un mercado común. En este acuerdo se retoma el componente clásico de la defensa del territorio y las fronteras estadounidenses, pero trasciende al ubicar como el aspecto central del ASPAN: el acceso y control de los recursos naturales estratégicos. Además, la concepción de defensa del territorio del gobierno de los Estados Unidos lleva implícita una ampliación de su perímetro defensivo, rebasando sus fronteras y extendiéndolo a una región que va desde el extremo norte de Canadá, el Océano Ártico, hasta el extremo sur de México, la frontera con Guatemala y Belice[1].

Uno de los elementos a destacar en el ASPAN es la inclusión de los recursos naturales en la estrategia de seguridad nacional. Así, el control del petróleo, el gas, el agua y la biodiversidad son parte de la noción de seguridad. Según palabras del presidente Bush, “el agua de Canadá es parte de la seguridad energética de Estados Unidos”[2].

En este sentido, el ASPAN incluye varios megaproyectos, como la construcción de súper-carreteras para la transferencia de mercancías, pero también redes de canales y tuberías que atraviesan las fronteras de los países para trasladar el agua en bruto desde los ríos y lagos de Canadá hasta los Grandes Lagos, donde EEUU tomaría millones de litros de agua. Uno de los megaproyectos más importantes es el NAWAPA (por sus siglas en inglés de Autoridad Norteamericana para la Energía y el Agua), que contempla reencauzar los ríos de Columbia Británica y del Yukon hacia un gigantesco cráter en las Montañas Rocallosas para abastecer a los Estados Unidos[3].

De manera complementaria al ASPAN, desde 2002 los gobiernos mesoamericanos impulsan el PPP; un conjunto de megaproyectos incluidos en ocho iniciativas, las cuales se financian principalmente a través de la contratación de préstamos y las asignaciones otorgadas desde los presupuestos nacionales. Entre las iniciativas más importantes del PPP se encuentran la integración vial, la integración energética y el corredor biológico mesoamericano; sólo las dos primeras iniciativas concentran más del 96% del presupuesto total del Plan[4].

En el caso de la integración vial se busca la creación de infraestructura vial basada en un sistema que comunica los centros de producción con los mercados de origen de las materias primas y los mercados de destino de los bienes producidos; en este sentido se busca la construcción de canales secos interoceánicos, así como la construcción de puertos y aeropuertos, de manera que puedan facilitarse la circulación de las mercancías y reducir los costes de transporte. La posición centroamericana resulta estratégica para los intereses estadounidenses, por constituir un puente entre los dos bloques económicos mundiales: Europa y Asia, sobre todo ante la posibilidad del trazado de un canal seco interoceánico que sustituya el paso a través del Canal de Panamá, y que suponga una significativa reducción de los costes de transporte.

A la iniciativa de integración vial responden los proyectos de construcción de la Carretera Longitudinal del Norte (318 kms.) y del Corredor Logístico Interoceánico que ligará el Puerto de Cutuco, en El Salvador, con Puerto Cortés, en Honduras (371 kms.) cuyo trazado está determinado en función de intereses estrictamente económicos –principalmente transnacionales- y no en función del desarrollo y la reducción de la pobreza de los municipios que son atravesados. Resulta que el trazo de la Longitudinal del Norte coincide con la mayoría de proyectos de exploración y explotación de minería metálica en El Salvador, el proyecto de exploración de uranio en Guatemala, los proyectos de desarrollo turístico de la zona norte, la ubicación de las presas y los proyectos de represas contemplados en el PPP; con el agravante que el trazado de la misma se proyecta a través de la cuenca alta del Río Lempa, principal fuente de abastecimiento de agua del país.

El establecimiento de una zona de actividades logísticas en La Unión, basada en la construcción de un puerto de tercera generación tipo Panamax, no sólo tendrá un efecto negativo sobre los pescadores artesanales de la zona que ya tienen dificultades para faenar y los habitantes del litoral oriental del país que “gracias” a los proyectos de desarrollo turístico ya están siendo desalojados de sus lugares de vivienda para dar paso a la instalación de infraestructura hotelera de primer nivel. El Puerto de Cutuco requiere del restablecimiento del ferrocarril, lo cual afectará indirectamente a más de 50,000 familias que residen a lo largo de la línea férrea y que amenazan con ser desalojados, ante la falta de una solución habitacional por parte del gobierno.

La iniciativa de interconexión energética del PPP está empujada por un conjunto de corporaciones estadounidenses y españolas que ejercen un control monopólico u oligopólico del sector energético regional (producción, distribución y comercialización); son estas corporaciones quienes resultarán directamente beneficiadas de la implementación de esta iniciativa, dado que el principal proyecto de esta iniciativa, el Sistema de Interconexión Eléctrico de América Central (SIEPAC), pretende la creación de un mercado regional de electricidad, para lo cual se proyecta la construcción de una línea de transmisión de 1,829 Kms. a un coste de US $ 320 millones, de los cuales US $ 280 millones provendrían de préstamos contratados por los gobiernos al BID y Banco Europeo, y sólo US $ 40 millones serían aportados por un grupo de corporaciones estadounidenses y españolas, que se convertirán en la Empresa Propietaria de la Línea (EPL).

En la iniciativa energética también se contempla la construcción de presas y represas que estarían ligadas a la línea de interconexión. Los daños colaterales de esta iniciativa tienen una trascendental relevancia, pues el desvío del cauce de los ríos ocasiona el desplazamiento de comunidades de sus lugares de vivienda, la destrucción de ecosistemas, la pérdida del patrimonio natural y, en general, mayor vulnerabilidad frente a los desastres.

Aunque el corredor biológico mesoamericano, no constituye un proyecto priorizado en términos presupuestarios en el PPP, tiene una enorme relevancia para las empresas transnacionales dedicadas a la bio-prospección, pues de manera complementaria al Capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés), con esta iniciativa se favorecería directamente los ejercicios de apropiación y extracción de los recursos de biodiversidad de la región: especies vegetales, bancos de microorganismos y material genético; así como el acceso directo a los recursos hídricos, petróleo y gas natural localizados en las áreas naturales protegidas.

IIRSA, que constituye para Suramérica una iniciativa gemela del PPP incluye una cartera de 350 proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, que representan una inversión estimada de US $ 38.000 millones[5]. En 2000 los gobiernos de doce países suramericanos elaboraron un Plan de Acción para la Iniciativa, que identifica como ejes de integración y desarrollo “franjas multinacionales de territorio en donde se concentran espacios naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos de comercio actuales, sobre las que las inversiones en infraestructura ayudarán a crear nuevas oportunidades de desarrollo sostenible para sus habitantes”[6].

ASPAN, PPP e IIRSA encuentran en los Tratados de Libre Comercio (TLCAN, CAFTA-DR y TLC andinos, respectivamente) el complemento perfecto para culminar la estrategia corporativa que les permita avanzar en el control de los recursos naturales de la región y culminar el proceso de privatización de los servicios públicos y servicios de utilidad pública que se encuentran en proceso. Los TLC definen marcos jurídicos permisivos para el capital a través de la subordinación de las legislaciones secundarias, e incluso la violación de la misma Constitución de la República. Esto a través de la liberalización de las inversiones, la apertura de los sistemas de licitaciones públicas para las corporaciones; la profundización de los procesos de privatización bajo la figura de concesiones; la “legalización” de la bio-piratería a través de la figura de protección de marcas y patentes. Por otra parte, de manera complementaria, ASPAN, PPP e IIRSA crean las condiciones de infraestructura (canales secos, puertos, aeropuertos, presas y represas, corredor biológico, líneas de transmisión eléctrica y fibra óptica) que necesitan las corporaciones transnacionales para operar en la región con mínimos costes, pero sobre todo para poder ejercer el control de los recursos naturales.

- Raúl Moreno es catedrático de la Escuela de Economía, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador.