Pasadas las tres de la madrugada del 17 de diciembre del 2004, la derecha salvadoreña a través de los diputados y diputadas de las fracciones Alianza Repúblicana Nacionalista (ARENA), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), vuelve a hacer gala nuevamente de sus viejas prácticas retrógradas, y en un flagrante irrespeto al debido proceso y a las mínimas prácticas democráticas, deciden modificar la agenda de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de El Salvador para ratificar en un “madrugón” el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos (TLC CA-RD-EU). Es evidente que de la derecha, de sus partidos políticos y sus diputados no se puede esperar iniciativa o Ley alguna en beneficio del pueblo salvadoreño; no obstante, la noticia de la ratificación de un tratado como el TLC CA-RD- EU en un “madrugón”, es siempre un acto repugnante e inadmisible que desnuda la inexistencia de un Estado “Derecho” post-Acuerdos de Paz, y que confirma la vigencia de las seculares prácticas de imposición de los intereses minoritarios, anulando las más elementales normas de convivencia pacífica y democrática en el país. El TLC CA-RD-EU ha sido ratificado con dispensa de trámite por 49 votos a favor –ARENA, PCN y PDC-- y 35 en votos en contra --del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y del Centro Democrático Unido (CDU)--, sin que el pleno haya siquiera leído una sola línea de las 2,500 páginas plagadas de tecnicismos que incluye su texto, mucho menos que se hayan detenido a analizar las implicaciones y alcances de esta decisión. Esto representa un acto burdo y de magna irresponsabilidad. No cabe duda que la inmensa mayoría de quienes ratificaron el TLC CA-RD- EU no tienen la mínima idea de lo que esto implica, pero que para estos “diputados y diputadas” fue suficiente saber cuánto y qué recibirían por haber “levantado la mano”. Una vez más los diputados y diputadas de derecha han vuelto a incumplir su juramento de velar por los intereses del pueblo salvadoreño, a quienes supuestamente representan. Además, con la ratificación del TLC CA-RD-EU estos personajes también han violado su juramento de hacer cumplir la Constitución y la Ley, pues han votado a favor de un tratado que resulta claramente atentatorio contra la vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), consignados en la Constitución y también recogidos en Convenciones y Tratados Internacionales. Pese a que las organizaciones sociales demandaron reiteradamente de la Asamblea Legislativa que asumiera con responsabilidad e inteligencia esta decisión, desmarcándose de intereses minúsculos y corporativos que promueven el TLC CA-RD-EU, para anteponer los intereses de la mayoría de la población. Con la ratificación del tratado estos diputados cargan con la enorme irresponsabilidad de someter mucho más a nuestro país en un esquema de condicionalidades del cual no podremos sustraernos, y que limitará cualquier posibilidad de construir un proyecto nacional. El mínimo análisis científico y objetivo del texto del TLC CA-RD-EU identifica claramente los efectos perversos a que conllevará este tratado para la población salvadoreña, las empresas nacionales, el Estado, los recursos naturales y el medio ambiente. Sin embargo, esto resultó irrelevante para los diputados de derecha a la hora de ratificar el TLC CA- RD-EU, bastó con que la fracción oficial recibiera la orden de la cúpula empresarial y algún “incentivo” que motivara a las fracciones del PCN y PDC a dar sus votos –que podría incluir el dictamen de la Corte Suprema de Justicia para “salvar” a estos dos partidos políticos de la desaparición impuesta por el electorado salvadoreño en los pasados comicios de marzo del 2004--. Esto hechos refuerzan la percepción que la población salvadoreña tiene del “primer órgano del Estado”, no es extraño que sea la Asamblea Legislativa la institución más desprestigiada en el país, y que en general la imagen de “diputados y diputadas” gocen del repudio y falta de credibilidad de la población, como lo demuestran las diversas encuestas de opinión. Nada contribuyen estas prácticas al fortalecimiento institucional y a la restitución de la credibilidad e imagen de este ente y de sus miembros; además, con estas decisiones dicho Órgano sólo abona a crear un clima de ingobernabilidad social. Estamos acostumbrados a los paquetazos, madrugones, compra- venta de votos, diputados de “izquierda” que se tornan en diputados de derecha, negociaciones turbias y antidemocráticas. Así han discurrido las cosas en nuestro subdesarrollado El Salvador, sin que a la fecha se juzgue a estos personajes por las nefastas consecuencias de sus decisiones. Si en nuestro país reinara un Estado de Derecho, tendríamos muchos diputados, ex-presidentes, ex- ministros y altos funcionarios públicos “disfrutando de la tranquilidad” del sistema penitenciario que ellos mismos se niegan a reformar. Una vez más, merece la pena cuestionar a estos personajes que votaron por la ratificación del TLC CA-RD-EU si asumirán su responsabilidad por las consecuencias negativas provocadas por este tratado sobre la población salvadoreña: el desempleo generado por la quiebra de empresas nacionales, la mercantilización de los servicios públicos, el encarecimiento de las tarifas y el alza en el precio de los medicamentos, la profundización del deterioro del medio ambiente, la ingesta masiva de alimentos modificados genéticamente, la quiebra de la producción agropecuaria, la inseguridad alimentaría, y con ello el incremento de las migraciones y el mayor desarraigo cultural de los pueblos. En la memoria colectiva de la población continúan frescos todavía los subterfugios utilizados por el gobierno para la aprobación de la mal llamada Ley de Integración Monetaria, la cual fue promocionada por Francisco Flores --ex presidente de la República y actual candidato a Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA--, como el “secreto mejor guardado en el país” y que fue aprobada por los diputados de derecha a cambio de que no se eximiera del “fuero parlamentario” a un diputado ebrio y pistolero. Este nefasto hecho llevó a la dolarización de la economía salvadoreña, la eliminación del colón --nuestra moneda--, de la banca central, y de las políticas cambiaria y financiera, con lo cual se redujo al mínimo el escaso margen de maniobra del Estado en la definición de la política económica. Con la consumación de este acto de magna irresponsabilidad, el TLC CA-RD-EU se convierte en Ley de la República, con predominio sobre el marco jurídico nacional y que entraña importantes violaciones a la Constitución y a Convenios y Tratados en materia de Derechos Humanos suscritos por El Salvador. El TLC CA-RD-EU atenta contra el proceso de integración centroamericana, contra la prevalencia del principio de trato no discriminatorio para las personas nacionales, contra la aplicación y vigencia de los DESC, contra el marco jurídico para la resolución de controversias en materia comercial, entre otros. El TLC CA-RD-EU no es un simple tratado que regula el comercio de mercancías, como lo promociona el gobierno. Estamos ante un instrumento que determinará la definición de nuestras políticas públicas, y que eliminará toda posibilidad de que el actual y los futuros gobiernos salvadoreños puedan aplicar políticas económicas, sociales y ambientales coherentes con los objetivos del desarrollo nacional y de la integración centroamericana. Los argumentos de quienes promueven el TLC CA-RD-EU como una oportunidad y clave para el “desarrollo, progreso y bienestar” se basan en planteamientos reconocidos como fracasados --por el mismo Banco Mundial—a juzgar por los catastróficos resultados que han generado en muchos países en que se han aplicado. Este tratado no ha sido inspirado ni construido desde ni para los intereses ciudadanos, o de las pequeñas y medianas empresas nacionales, o del respeto al medio ambiente. Los contenidos de estos tratados carecen de una lógica de derechos humanos -laborales, sociales, políticos, culturales, migratorios y ambientales–. En contraposición a la búsqueda de los valores centrales indispensables para que una sociedad aspire a un estadio de “desarrollo”, el TLC CA-RD-EU apunta hacia su negación e inobservancia. En un proyecto nacional de desarrollo, antes que todo debería garantizarse el sustento vital para satisfacer las necesidades básicas de la población; pero también es condición sustantiva, fomentar la autoestima de las personas expresa en el sentimiento de valía y de respeto a uno de mismo, de no ser utilizado e instrumentalizado; además, es necesaria la activa participación democrática, que se manifiesta en el poder de elegir unas condiciones que nos liberen de unas condiciones de vida alienantes o de servidumbre social. Nada más alejado de la realidad salvadoreña, nuestra sociedad es una muestra evidente de la carencia de un “Estado de Derecho” y de “democracia real”, la relativa vigencia de algunas libertades civiles y políticas contrasta con la inobservancia de los DESC, la profundización de la pobreza y de la desigualdad hasta niveles repugnantes, cuya situación se ha venido larvando durante los quince años de reformas económicas e institucionales promovidas desde las fracciones de derecha en la Asamblea Legislativa, y a juzgar por los estudios de impactos y las experiencias de otros países, el TLC CA-RD- EU agravará aún más. La consolidación de un núcleo hegemónico que constituye el poder fáctico en el país, el mismo que ha implementado los programas de ajuste estructural a través de las cuatro administraciones de ARENA, con lo cual se ha privilegiado a la banca y a unas cuantas empresas insignias de su propiedad, ahora buscan asestar la estocada final de las reformas pendientes con la ratificación del TLC. Y nada mejor que legitimarlo jurídicamente, sin preocuparse por lo vulgar y repugnante que resulte el método: comprar votos de los partidos de derecha, y repellar la imagen con multimillonarias campañas mediáticas. El presidente de la República de El Salvador no oculta su alegría por un TLC ratificado en un madrugón y da cuenta al gobierno estadounidense de su “misión cumplida”. En el largo “camino de la vergüenza” de los gobiernos de ARENA, sumamos un nuevo hito: no sólo somos de los pocos países en el planeta sin moneda nacional, que hace gala de contar con los gobiernos más obsecuentes y entreguistas, sino que también figuramos entre los países con los niveles de desigualdad más altos a nivel mundial, con mayor deterioro ambiental, con más alto nivel de violencia ciudadana, y con esta decisión pasamos a ser el primer país centroamericano en ratificar el TLC CA-RD-EU. Vale decir que afortunadamente este hecho no es una realidad, que su ratificación en el Congreso y la Casa de Representantes de los Estados Unidos dista en la actualidad de contar con los 218 votos que se requieren para su ratificación. Es importante que los y las congresistas estadounidenses discutan y analicen en profundidad los perjuicios que entraña este Tratado para los pueblos y empresas nacionales, y que NO ratifiquen el TLC CA-RD-EU. Iniciativas como la “carta demócrata” de los congresistas Hilda Solís y Raúl Grijalva, dan cuenta de la seria amenaza que entraña el TLC CA-RD-EU, y se suman a la oposición de otros sectores estadounidenses que adversan el tratado por sus negativas implicaciones en los ámbitos laborales, ambientales, productivos, inversiones, comerciales, entre muchas. Resulta inaudito que el gobierno salvadoreño financie una campaña en el Congreso de los Estados Unidos, a través de empresas estadounidenses, para convencer a los representantes estadounidenses de la necesidad de ratificar el TLC. Estos multimillonarios gastos son financiados con recursos públicos salvadoreños, se suman a las onerosas partidas del Ministerio de Economía desembolsadas durante el proceso de “negociaciones”, y se realizan en un contexto en el cual las cuentas fiscales de El Salvador se encuentran en una lamentable situación deficitaria, con un Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2005 se ha entregado desfinanciado –por octavo año consecutivo-- a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Como se ha constatado en otros países de la región, el TLC CA-RD-EU dispone del otorgamiento de préstamos para financiar las “negociaciones” y actividades de cabildeo tendientes a su ratificación. Esto resulta simplemente inadmisible, no sólo porque presiona aún más los alarmantes niveles de endeudamiento público, sino porque constituyen gastos improductivos y perjudiciales para el mismo crecimiento de la economía, y representan un altísimo coste de oportunidad para nuestros ingresos públicos, en tanto constituye una importante erogación que bien podría canalizarse para inversión social. La ratificación del TLC CA-RD-EU y profundización de las políticas neoliberales nos obliga a plantear la necesidad de avanzar en el ejercicio de nuestro derecho ciudadano de construir un proyecto nacional de desarrollo, de un nuevo país justo, pacífico y sustentable. En este sentido, es importante que la ciudadanía y las organizaciones sociales profundicen la lucha de resistencia y la construcción de poder popular desde las comunidades hasta lograr que se gobierne y legisle a su favor. Más que un TLC CA-RD-EU, se requiere impulsar acuerdos de cooperación entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos, inscritos en su propia estrategia de desarrollo y, construidos desde una lógica solidaria que estimule el desarrollo sustentable y equitativo de cada país y que propenda hacia la integración de los pueblos centroamericanos. * Raúl Moreno. Economista, Catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de El Salvador y miembro de la Red Ciudadana de Acción frente al Comercio e Inversión, SINTI TECHAN.