Promesas y realidades

CAFTA-DR a seis años de vigencia en El Salvador

Raúl Moreno

16/09/2012

Opinión

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“El Salvador ha sido uno de los países del área que más ha promovido el TLC, porque consolida el modelo de libertades, incrementa y promueve la competencia, se convierte en una herramienta para el combate a la pobreza y brinda oportunidades y esperanzas al país”. Elías Antonio Saca, ex presidente de la República de El Salvador (2004-2009)

El CAFTA-DR: un instrumento para la consolidación del neoliberalismo

A partir de 1989, con la instalación del primer gobierno de ARENA, se inició en El Salvador un proceso de reformas económicas, jurídicas e institucionales, contenidas en los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y Programas de Estabilización Económica (PEE), promovidas por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a partir de las cuales se crearon las bases en que se fundamenta el patrón de acumulación neoliberal vigente en el país.[1]

Aunque formalmente estos Programas pretendían viabilizar la Balanza de Pagos y aproximar a la economía salvadoreña a su crecimiento potencial, en la práctica consolidaron un sistema económico capitalista neoliberal, que ha privilegiado los intereses corporativos y de la burguesía nacional, generando las condiciones óptimas para la reproducción ampliada del capital.

Un rol relevante en este esquema lo han jugado los Tratados de Libre Comercio (TLC), pues de manera complementaria a los PAE-PEE, dada su prioridad sobre la legislación secundaria en tanto Tratados Internacionales, han legitimado jurídicamente y profundizado las medidas neoliberales que, en el marco de la condicionalidad de los préstamos otorgados por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), han sido aplicadas por los sucesivos gobiernos[2]

Durante más de dos décadas las políticas económicas han estado orientadas hacia: a) la desregulación y liberalización económica, asociada a procesos de privatización y concesión de empresas y activos públicos, con el consiguiente control corporativo de los mercados y los recursos productivos; b) la flexibilización del mercado laboral y la reducción sostenida de los salarios reales como incentivo para la “iniciativa privada”; c) la liberalización unilateral de los flujos externos de bienes y servicios, y el establecimiento de un esquema de total desregulación a la Inversión Extranjera, incluyendo mecanismos para demandar al Estado salvadoreño en tribunales corporativos supranacionales[3]; y d) la privatización y liberalización del mercado financiero, permitiendo la consolidación de la burguesía financiera y posterior traslado de la banca nacional a la banca corporativa, de manera que se garantiza que el capital financiero pueda apropiarse del excedente generado por los sectores productivos de la economía salvadoreña.

Probada la efectividad de los TLC para garantizar los intereses corporativos, los sucesivos gobiernos de ARENA negociaron una oleada de Tratados, los cuales fueron ratificados con mayoría simple en sucesivas legislaturas, dominadas por los partidos políticos de la derecha. El primer TLC ratificado fue con República Dominicana en abril de 1999, luego con México en diciembre de 2000, con Chile en octubre de 2001, con Panamá en octubre de 2002, con Estados Unidos en diciembre de 2004, con Taiwán en agosto de 2007 y con Colombia en agosto de 2008[4]. De estos el Tratados más relevante es el suscrito con Estados Unidos, en virtud de que ese país es el principal socio comercial de El Salvador, principal origen de la Inversión Extranjera Directa (IED), país en que residen la mayoría de salvadoreñas y salvadoreños en el extranjero y lugar de procedencia de remesas familiares, que constituye la principal fuente de divisas para la economía salvadoreña; además de la influencia hegemónica que los Estados Unidos ejerce en la región y particularmente en El Salvador.

Con relación al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés CAFTA-DR, su proceso de “negociación” dio inicio en enero de 2003 y dos años más tarde, el 28 de mayo de 2004, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), las Partes dieron por finalizadas las negociaciones con la firma de dicho Tratado. El Salvador fue el primer país en ratificar el CAFTA-DR, así en la madrugada del 17 de diciembre de 2004, en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de El Salvador, sin que el punto estuviera incluido en la agenda de dicha Sesión, fue ratificado el CAFTA-DR con los votos de los partidos políticos de la derecha, con dispensa de trámite y con dispensa de lectura, y entró en vigencia a partir del 1 de marzo de 2006.[5]

Cabe señalar que la ratificación del CAFTA-DR no solo entraña una violación al procedimiento establecido por la Constitución de la República de El Salvador (Cn) para la aprobación de Tratados Internacionales y al mandato de los legisladores de respetar la Constitución, sino que también vulnera el contenido de la misma, como lo reconociera en noviembre de 2009 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador al admitir un recurso de inconstitucionalidad contra el CAFTA-DR presentados por organizaciones sociales, y que a la fecha se encuentra pendiente de resolver. Entre los presuntos vicios de fondo del CAFTA-DR que vulnerarían la Constitución, la Sala admitió posibles conflictos en al menos cuatro ámbitos: a) En lo relativo a la facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa de decretar impuestos y tasas (Art. 3.3.4 del CAFTA-DR Vs. Art. 131 Cn); b) en lo atinente al Principio de Igualdad Jurídica y no discriminación y el principio de Trato Nacional (Art. 3 Cn); c) en lo relativo a la Integración Centroamericana (Art. 1.3.2 de las Disposiciones Iniciales del CAFTA-DR Vs. Arts. 89 y 144 de la Cn), y d) en lo concerniente a expropiación indirecta (Art. 10.7 inciso 2º del CAFTA-DR Vs. Art. 106 Cn).[6]

En adición a los siete TLC ratificados por El Salvador, en la actualidad se encuentra en la fase final de negociación un Tratado de Libre Comercio con Canadá y en proceso de ratificación el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En 2001 dio inicio el proceso de negociación del TLC entre Canadá y el bloque integrado por El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras (TLC-CA 4); dicho proceso fue interrumpido en más de una ocasión, pero fue retomado a partir de junio de 2009 por el gobierno de Mauricio Funes, manteniendo la misma línea y el equipo de negociación de las anteriores administraciones de ARENA. Existe un notable interés de las corporaciones mineras canadienses en este Tratado y, según el Gobierno de El Salvador, se espera que la negociación finalice en los próximos meses[7].

También el gobierno Funes retomó el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), el cual oficialmente dio inicio en octubre de 2007 en San José, Costa Rica, y después de por lo menos diez rondas de negociación,[8] actualmente se encuentra listo para ser remitido a la Asamblea Legislativa de El Salvador para su ratificación. Resulta curioso que pese a ser evidentes los impactos negativos en los ámbitos económico, social y político, después de seis años de vigencia del CAFTA-DR, el actual gobierno se resista a revisar dicho Tratado y menos entendible, que busque la ratificación del AdA, dado que el actual contexto con el agravante que la actual crisis del sistema capitalista confirma el fracaso del modelo neoliberal; además que las presuntas ventajas derivadas del componente de Cooperación del AdA se desvirtúan ante la crítica situación económica de la Unión Europea y que la zona del euro se encuentra al borde de su desmoronamiento.

La mitificación del CAFTA-DR: “promesas y oportunidades”

Durante las tres últimas administraciones, en El Salvador se han venido mitificando las ventajas y oportunidades del CAFTA-DR. En una evidente apología a este Tratado, el ex presidente Flores Pérez (2000-2004) planteó que “El TLC con Estados Unidos es la única esperanza en el horizonte de las familias pobres en las zonas rurales”[9], que “ningún otro proyecto podrá favorecer mejor el crecimiento de Centroamérica” y que “en El Salvador, el CAFTA-DR creará 250,000 nuevos empleos y duplicará el PIB, como las exportaciones hacia Estados Unidos”[10]. Por su parte, su Ministro de Economía y propietario de la empresa Baterías de El Salvador, sostuvo que “El TLC con los Estados Unidos es la invitación a una fiesta en donde habrá muchas y muy buenas oportunidades comerciales”[11] y que “en el sector agropecuario es la única oportunidad para poder salir adelante, y poder diversificar nuestra oferta exportable”[12].

En la misma línea, el ex presidente Saca González (2004-2009) afirmaba que “para nosotros el CAFTA-DR es una parte fundamental de nuestra estrategia de desarrollo […] y una incomparable herramienta para para sacar a nuestra gente de la marginalidad” [13]. De manera reiterada ha planteado creer firmemente que con el CAFTA-DR ganamos todos y que como país, debemos sacarle el mayor provecho a este instrumento comercial, dejando atrás una serie de mitos que han sido creados por la desinformación y por el manejo político que le han querido dar los enemigos de la democracia y los enemigos del libre comercio”[14]. Su Ministra de Economía sostenía que “el TLC nos ha dejado saldos positivos y prevemos que en el mediano plazo se consolide la tendencia de crecimiento”[15] y desde la entrada en vigor del CAFTA-DR se ha conseguido un “robusto intercambio comercial con los Estados Unidos” y “una importante diversificación de las exportaciones en mayor medida hacia productos industriales”[16]

También el presidente Funes Cartagena (2009-2014) reconoce al CAFTA-DR como "una herramienta importante para el intercambio comercial. Por lo que insta a nuestros productores, emprendedores y emprendedoras a aprovechar esta oportunidad”[17], y su Ministro de Economía, Héctor Dada, reconoce que el “CAFTA seguirá en lo esencial siendo un instrumento imperfecto que no tiene en cuenta que se asocian países con capacidades tremendamente desiguales”; no obstante, enfatizó en que el gobierno de Mauricio Funes “no ha planteado ninguna reforma a ningún tratado internacional”[18]

Resulta contradictorio que mientras el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 del Gobierno de El Salvador reconoce la inviabilidad y el “fracaso del actual modelo económico y social en la generación de crecimiento económico sostenido y de equidad social y de género”[19], y señala que dicho modelo “no ha permitido una inserción de forma adecuada en el sistema económico mundial”[20]; el Presidente Mauricio Funes reafirma su “compromiso de mantener la dolarización de la economía y de respetar los acuerdos comerciales, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos"[21].

Los principales impactos del CAFTA-DR a seis años de vigencia: “realidades”

No cabe duda que la crisis financiera y la recesión económica mundial han impactado negativamente en la economía salvadoreña, dada la alta vulnerabilidad económica derivada de la desestructuración del aparato productivo larvado en dos décadas de neoliberalismo; la profundización de la dependencia comercial; la enorme subordinación de las remesas familiares; la presencia de un sistema bancario internacionalizado y de una economía dolarizada; así como la recesión económica del principal socio comercial; todo lo cual conllevó a una caída espectacular del Producto Interno Bruto (PIB) y del valor de las exportaciones a partir de 2009[22].

Sin embargo, la dinámica de la economía salvadoreña se ha caracterizado durante las dos últimas décadas por presentar muy bajos niveles de crecimiento, producto de un proceso de “ajuste recesivo” impulsado por el FMI, que conllevó a una notable reducción en el ritmo de la actividad económica, principalmente en sectores estratégicos como el agropecuario y la industria manufacturera, y que profundizaron el empobrecimiento y la concentración del valor agregado en la clase empresarial[23], tanto que ha potenciado un mercado interno estrecho y la exclusión de crecientes segmentos de la población urbana y rural[24]. A la base de esta prolongada fase recesiva de la economía salvadoreña se encuentra el agotamiento del patrón de acumulación neoliberal.

Durante los seis años de vigencia del CAFTA-DR el aparato productivo salvadoreño se ha consolidado como una plataforma de apoyo logístico al capital transnacional que opera en el país, y lejos de revertir los bajos niveles de crecimiento de la actividad económica, estos se han profundizado, generando una mayor vulnerabilidad de la economía nacional frente a las crisis internacionales.[25]

La dependencia comercial de El Salvador respecto a Estados Unidos se ha incrementado notablemente a partir de 2006, lo cual está determinado por un débil crecimiento de las exportaciones frente al notorio crecimiento de las importaciones procedentes de ese país. El déficit en la Balanza Comercial excluyendo maquila de El Salvador con Estados Unidos creció en casi un 70.0% a partir de la entrada en vigencia del CAFTA-DR, al pasar de US $ - 1,211 millones en 2005 a US $ - 2,022 millones en 2010.[26]

Pese a las enormes asimetrías existentes entre Estados Unidos y El Salvador, éstas nunca recibieron un tratamiento adecuado en el CAFTA-DR. Estados Unidos impuso a las economías centroamericanas y dominicana un Trato Nacional y Trato de Nación más Favorecida, que en la práctica resulta discriminatorio en contra de los intereses nacionales; negándoles la posibilidad de recibir un Trato Especial y Diferenciado en función de las grandes desigualdades existentes.

A la base de tan desigual relación de intercambio comercial, existe una profunda asimetría en términos de competitividad, lo cual se refleja en las elevadas diferencias de productividad y salarios reales. Entre El Salvador y Estados Unidos se registra un abismal crecimiento acumulado de la productividad manufacturera promedio entre 1990 y 2008, mientras El Salvador registra una tasa del 2.0%, Estados Unidos alcanza un 82.0% durante el período; además, para la misma etapa los salarios reales de la industria manufacturera salvadoreña se redujeron en un -28.0%, mientras que en Estados Unidos crecieron un 19.0%.[27]

El tratamiento otorgado a las asimetrías existentes entre las Partes del CAFTA-DR por parte de los Estados Unidos se ha reducido la definición de programas de desgravación arancelaria, concediendo Derechos Arancelarios de Importación (DAI) diferenciados para algunos productos, contingentes de importación específicos, al igual que plazos y períodos de gracia; sin embargo, el problema de acceso a los mercados estadounidenses no es de carácter arancelario, sino se debe principalmente a las prácticas de comercio desleal ejercidas por los Estados Unidos, y que se basan en el mantenimiento de barreras técnicas al comercio a través de medidas fitosanitarias y zoosanitarias; así como el mantenimiento de políticas proteccionistas, como apoyos, subsidios y pagos directos a los productores y exportadores agropecuarios.

El CAFTA-DR tampoco ha contribuido a la ampliación de la oferta exportadora de El Salvador, ésta se concentra en pocos productos y se destina a pocos mercados. Según Unidad de Inteligencia Comercial del Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC), “la diversificación es uno de los aspectos más deficientes del comercio internacional de El Salvador hasta la fecha”. Señala dicha Unidad del MINEC que desde que el CAFTA-DR entró en vigor, las empresas exportadoras que han entrado pasan de 374 en 2006 a 377 en 2009[28].

Si tomamos en cuenta la Balanza Comercial, El Salvador exportaba en 2008 un promedio anual de 699 bienes distintos a Estados Unidos, mientras que este país exportaba en el mismo año un promedio anual 3,568 bienes distintos a El Salvador. Del total de bienes comerciados en 2008 por ambos países, El Salvador tuvo déficit comercial en 3,343 bienes y superávit solo en 255 bienes. Estas cifras confirman el saldo deficitario del comercio bilateral entre los dos países, pero sobre todo, la escasa diversificación de las exportaciones salvadoreñas.[29]

La composición de las exportaciones salvadoreñas hacia Estados Unidos se concentra en unos pocos productos: etanol, café, oro, azúcar, metales, maquila, plantas y hortalizas, principalmente; además, de los productos nostálgicos, que escasamente representan el 1.0% del valor total de las exportaciones. Por otra parte, las importaciones procedentes de ese país incluyen básicamente: combustibles, cereales, máquinas y material eléctrico, aparatos de sonido e imagen, aparatos y maquinaria mecánicos, maquila, plásticos y algodón.

Llama poderosamente la atención que a partir de la implementación del CAFTA-DR, la economía salvadoreña haya profundizado la importación de cereales, principalmente arroz, maíz y trigo procedentes de Estados Unidos, y además que este rubro represente uno de los principales renglones de la estructura de importación salvadoreña.

En este sentido, el CAFTA-DR no solo ha profundizado la brecha comercial entre El Salvador y los Estados Unidos, sino que también ha generado un mayor grado de dependencia agroalimentaria, desplazando la producción nacional de granos básicos y favoreciendo a las transnacionales que controlan la cadena agroalimentaria y a los oligopolios importadores nacionales.

En El Salvador la Balanza Comercial Alimentaria incrementó su déficit en casi un 45.0% entre 2005 y 2010, mientras que las exportaciones netas de cereales y leche elevaron el déficit en 70.0% y 68.0% durante el mismo período, respectivamente. Particularmente, la dependencia agroalimentaria en arroz y maíz se ha profundizado notablemente con el CAFTA-DR; entre 2005 y 2009, el déficit comercial del arroz pasó de -20,458.7 TM a -34,241.4 TM durante el período; el déficit del maíz blanco pasó de -11,847.1 TM a -30,929.7; y el déficit del maíz amarillo pasó de -50,229.7 TM a -75,067.4 TM[30].

El CAFTA-DR, al potenciar los procesos de apertura comercial, particularmente de los productos agroalimentarios, ha generando una clara vulneración a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), dado que ha limitado a la población la posibilidad de producir sus propios alimentos básicos, erosionado con ello el principio de soberanía alimentaria.

La quiebra de la producción agropecuaria nacional, dada la incapacidad de competir con productos importados subsidiados y exentos del pago del DAI, no solo se traduce en el desplazamiento de los productores nacionales, la pérdida de la capacidad productiva y el incremento del desempleo rural; sino que también conlleva a un problema de acceso a una alimentación adecuada, tanto por la falta de capacidad adquisitiva de las familias, como por la calidad de los alimentos importados, que muchas veces son productos modificados genéticamente.

El CAFTA-DR, a través del capítulo de Propiedad Intelectual del CAFTA-DR, también refuerza el actual sistema agroalimentario “con fines de lucro”, dominado por unas cuantas transnacionales que ejercen el control de la producción, el comercio, el transporte, el procesado y las ventas minoristas de los alimentos y productos agrícolas; en la medida en que favorece las patentes de los productos, procesos e incluso de las especies vegetales (Unión para la Protección de Obtentores Vegetales, UPOV-91) y bancos de microrganismos (Acuerdo de Budapest), lo cual representa una amenaza a las semillas nativas y a las formas ancestrales de producción; además, crea el mecanismo para la expropiación de los recursos naturales por parte de las corporaciones estadounidenses dedicas a la bio-prospección.

Por otra parte, dado que el CAFTA-DR profundiza la reducción arancelaria de prácticamente todos los bienes y servicios (9,700 partidas arancelarias), se estima que durante los próximos quince años se habrá generado en todos los países centroamericanos una reducción en sus ingresos corrientes. Sólo durante el primer año del CAFTA-DR la pérdida promedio equivalió al 3.3% de los ingresos tributarios y al 0.5% del PIB de la región; en la medida en que el programa de desgravación arancelaria avanza, aumenta el porcentaje de partidas arancelarias exentas del pago de impuestos y consecuentemente aumenta la pérdida de ingresos.[31] Según estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el CAFTA-DR representa una amenaza en términos fiscales para El Salvador que experimentaría en el primer año una reducción de sus ingresos tributarios del orden del 3.4% y 0.38% del PIB. [32]

Además de la mayor presión que el CAFTA-DR ejerce sobre las muy frágiles cuentas del Sector Público No Financiero de El Salvador, en el actual contexto de inestabilidad del sistema financiero mundial, le imprime a la economía una mayor vulnerabilidad nacional ante la presencia de eventuales crisis o erosión de la capacidad para prevenir la crisis, como consecuencia de la aplicación de las reglas CAFTA-DR a la deuda pública.

El CAFTA-DR también ha internacionalizado las licitaciones públicas para la provisión de bienes y servicios al Gobierno Central, los Gobiernos Municipales y las Empresas Autónomas, de manera que se han aplicado los principios de Trato Nacional y Trato de Nación más Favorecida a las empresas estadounidenses, con lo que se cierra la posibilidad de incentivar a empresas nacionales. Se puede constatar que las principales licitaciones abiertas para la construcción de los megaproyectos de inversión en el país han sido realizadas por empresas transnacionales, como es el caso de las obras de mayor cuantía ejecutadas en el marco de la primera etapa de Fomilenio, entre las cuales destacan: ASTALDI, Wilbur Smith Associates, Chemonics, AES Corp., Grupo Santa Fe, SNC-LAVALIN, Duwest Inc., MECO, MegaConsultores, principalmente[33].

El capítulo de inversiones del CAFTA-DR constituye un instrumento que garantiza la plena desregulación a la Inversión Extranjera. Las potenciales ventajas teóricas que generaría la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país receptor, en términos de contribuir a la creación de empleos dignos, transferencia de tecnología, generación de ingresos públicos y aportar a una situación favorable en la balanza de pagos; se disipan en la medida que el CAFTA-DR prohíbe expresamente a los gobiernos establecer requisitos al desempeño de cualquier inversionista extranjero. En este sentido, ningún gobierno puede imponer ni hacer cumplir a un inversionista o inversión extranjera una amplia gama de requisitos de funcionamiento[34], en una clara violación a la soberanía de los Estados, negando con ello el derecho a establecer sus propias políticas públicas en virtud de sus objetivos y prioridades nacionales.

Además, el CAFTA-DR introduce una novedosa forma de saqueo: una cláusula inversionista-Estado, que constituye un mecanismo que faculta a los inversionistas extranjeros a demandar ante tribunales internacionales corporativos (CIADI y CNUDMI) a cualquier Estado cuando éste aplique políticas públicas que a juicio del inversionista extranjero puedan afectar ganancias inexistentes, pero que proyectan recibir en el futuro[35].

Bajo la figura de expropiación indirecta, introducida en el CAFTA-DR, muchas corporaciones transnacionales han llevado a juicio a Estados que a través de sus políticas públicas han establecido regulaciones ambientales, fiscales y sociales[36] a su desempeño; las cuales han sido interpretadas por las empresas transnacionales como acciones del gobierno que interfieren con sus expectativas en inversión, y en consecuencia adquieren la forma de una expropiación indirecta.

Los mecanismos para la solución de controversias establecen tribunales de arbitraje supranacionales que operan con absoluta falta de transparencia y al margen de cualquier forma de participación pública. El funcionamiento de estas instancias irrespeta la jurisprudencia y vulnera el marco de administración de justicia establecido por las naciones y la soberanía de los Estados.

Amparadas en el capítulo de inversiones del CAFTA-DR, dos corporaciones mineras domiciliadas en Estados Unidos han demandado ante el CIADI al Estado salvadoreño porque consideran que el acto gubernamental de no otorgarles el permiso de explotación minera, tiene un efecto adverso sobre el valor económico de su inversión, hecho que a juicio de ambas empresas constituye una interferencia con sus expectativas de ganancia.

Así, en diciembre de 2008, la empresa minera Pacific Rim Cayman LLC, domiciliada en Nevada, con dos filiales radicadas en Ilobasco, El Salvador: Pacific Rim Mining Corp., y el Dorado Exploraciones, S.A. de C.V., anunció la intención de interponer una demanda ante el CIADI en contra del Estado salvadoreño, argumentando pasividad de éste para otorgarle la concesión de explotación de oro y plata en suelo salvadoreño, pese a haber cumplido con los requerimientos que le establece la Ley de Minería y Ley de Medio Ambiente.

En marzo de 2009, vencido el plazo de tres meses que establece el CIADI para que el Estado salvadoreño llegara a un arreglo favorable con la compañía, ésta interpuso el 30 de abril de 2009 ante ese Centro adscrito al Banco Mundial una solicitud de demanda contra el Estado de El Salvador. Las empresas representadas bajo Pacific Rim Cayman LLC reclaman una cantidad inicial de US $ 77 millones de dólares, en concepto de indemnización por daños a la inversión realizada, adhiriéndose a los mecanismos para la resolución de controversias en materia de inversión, que establece el CAFTA-DR.

Por otra parte, en junio de 2009 se conoció que la empresa minera estadounidense Commerce Group, domiciliada en Milwaukee, Wisconsin, y con licencia de exploración de la Mina San Sebastián, La Unión, El Salvador, anunció el 16 de marzo de 2009, su intención de ampararse en el CAFTA -DR, declarando daños por demandar ante el CIADI al Estado de El Salvador US $ 100 millones. El CIADI resuelve a favor del Estado salvadoreño por fallas técnicas en la demanda. Cada Parte cubre la mitad de los costes de arbitraje, sus propios honorarios y gastos de representación (Laudo, 14 marzo 2011, Caso CIADI No. ARB/09/17)

Estos casos son solo una pequeña muestra de la efectividad del CAFTA-DR en la liberalización del funcionamiento y la operación de las inversiones e inversionistas, prohibiendo a los Estados establecer cualquier requisito en su desempeño y obligando a los gobiernos a otorgar un trato no discriminatorio para las inversiones e inversionistas extranjeros, lo cual se asegura con el establecimiento de un mecanismo de controversias Inversionista-Estado.

Conclusiones

Seis años de vigencia del CAFTA-DR en El Salvador lo confirman como un instrumento político, que complementa y profundiza el proceso de reformas neoliberales, simultaneando en dos carriles distintos -la legitimación jurídica y la condicionalidad de los préstamos-, como en una auténtica carrera de relevos, diversas herramientas con el propósito convergente de garantizar la desregulación de la economía y asegurar la base de acumulación de capital para las corporaciones transnacionales.

El CAFTA-DR no solo no ha sido capaz de estimular el crecimiento de la actividad económica salvadoreña durante el período de vigencia, también presiona las cuentas del Sector Público con la reducción progresiva de los impuestos asociados al comercio, ha contribuido al mayor déficit en balanza comercial de la historia reciente del país, sin que se haya podido diversificar la oferta exportable ni el destino de las mismas, con el agravante de haber profundizado la dependencia agroalimentaria del país y la pérdida de la soberanía alimentaria nacional.

El CAFTA-DR está concebido para garantizar los intereses de las inversiones e inversionistas extranjeros a través de la desregulación de las mismas y la prohibición a los Estados de establecer requisitos a su desempeño. Con ello se ha limitado fuertemente la posibilidad de definir políticas públicas nacionales que propendan al crecimiento y al desarrollo de las economías nacionales, instaurando un estado permanente de violación a la soberanía de las naciones.

La promocionada generación de nuevos empleos e inversiones es un espejismo, no cabe duda que en El Salvador se han creado algunas empresas, principalmente para la exportación de productos nostálgicos, pero resulta igualmente evidente que muchas empresas nacionales han quebrado al ser desplazadas del mercado de las licitaciones públicas o por la competencia desleal generada por las importaciones subsidiadas y exentas de aranceles.

En el marco del CAFTA-DR en El Salvador se ha presentado la iniciativa promovida por el presidente Obama denominada Asocio para el Crecimiento, la cual está aparejada al anteproyecto de ley de Asocio Público-Privado, con el que se busca disponer de un marco jurídico todavía más atractivo y permisible para los inversionistas extranjeros, con la participación del Estado y la incursión en áreas de los servicios públicos todavía no privatizados. En este contexto se hacen más evidentes las presiones “ofertistas” que buscan incentivos a costa de desmejorar las regulaciones del medio ambiente y derechos laborales, otorgando privilegios en forma de “derechos” al capital y, además, pocas obligaciones.

El CAFTA-DR entraña cesión de la soberanía nacional a los intereses corporativos estadounidenses, no solo en términos de la pérdida de soberanía alimentaria, o la imposibilidad de establecer políticas nacionales, o del reconocimiento de la jurisdicción de tribunales de arbitraje supranacionales que irrespetan el marco de administración de justicia establecido por las naciones y la soberanía de los Estados; sino también la cesión del derecho a la vida, a través de la patente de los recursos naturales.

En general, aunque la Administración Funes, a través del MINEC, reconoce que el CAFTA-DR ha sido un tratado comercial ineficiente, no difiere en la visión y la estrategia negociadora de los anteriores gobiernos de ARENA. Los impactos negativos de seis años de CAFTA-DR en El Salvador deberían llevar al Gobierno a revisar el Tratado, pero sobre todo a rectificar su posición de continuar con la negociación del TLC Canadá – CA4 y desistir de la presentación del Acuerdo de Asociación Centroamérica - Unión Europea a la Asamblea Legislativa de El Salvador para su ratificación.

Finalmente, merecería avanzar en la revisión de la jurisdicción del CIADI, lo cual pasa por reformar la actual Ley de Inversiones, invocada recientemente por Pacific Rim en la demanda interpuesta contra el Estado Salvadoreño. De igual forma, valdría la pena promover la promulgación de una legislación que prohíba la minería metálica en El Salvador y evitar la aprobación de la Ley de Asocio Público Privado cuyos objetivos se orientan a la consolidación del modelo neoliberal, el cual es altamente regresivo en términos sociales y ambientales.

- Raúl Moreno es Economista, catedrático e investigador de la Escuela de Economía, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. rmoreno1@hotmail.com

Una versión más corta de este artículo se publicará en la edición 478 (septiembre 2012) de la revista América Latina en Movimiento.

[1] Moreno, Raúl (2004): La Globalización Neoliberal en El Salvador. Un análisis de sus impactos e implicaciones, Universidad de Barcelona y Mon-3, diciembre, Barcelona, España.

[2] Moreno, Raúl (2003): El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Impactos Económicos y Sociales, mayo, Alianza Social Continental, Managua, Nicaragua.

[3] Los TLC establecen para la resolución de las controversias y disputas en materia de inversión, dos tribunales supranacionales: el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución adscrita al Banco Mundial; y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), instancia de la UNCTAD. Ver: Sección B: Solución de Controversias Inversionista-Estado, CAFTA-DR.

[4] Ver: http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=10:tratados-libre-comercio-el-salvador&Itemid=142

[5] Moreno, Raúl (2005): “Madrugón en la “Democracia Salvadoreña”: La ratificación del TLC entre Centroamérica y Estados Unidos, Rebelión. www.rebelion.org

[6] Moreno, Raúl (2010): El CAFTA-DR y la vulnerabilidad del orden Constitucional, Políticas Públicas HOY, Año V No. 46, FESPAD, El Salvador.

[7] Ver: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=4585343

[8] Ver: http://www.aacue.go.cr/informacion/rondas/CA-UE/default.htm

[9] Ver: Procesos, Año 24, número 1051, junio 4, 2003, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador.

[10] Discurso Francisco Flores ante el Consejo de las Américas en Nueva York. 24 de septiembre 2003. Ver: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2003/septiembre/24/ultima-ce12.html

[11] Ministerio de Economía de El Salvador, Perspectivas ante las Negociaciones TLC CA-USA, 2004, Ver: http://www.cafta.gob.sv/.%5Cdoc_interes%5Cperspectivas_ante_negociaciones_cafta_ca_usa.pdf

[12] Ver: http://archive.laprensa.com.sv/20030615/enfoques/enfoques05.asp

[13] Discurso del Presidente Antonio Saca en el Foro Avanzando el Debate Legislativo sobre el CAFTA, Ver: www.thedialogue.org/.../CAFTA%20report,%20July%202004.pdf

[14] Ibíd.

[15] Ministerio de Economía, Documento Explicativo de las Negociaciones del TLC entre CA, República Dominicana y Estados Unidos, 2006, El Salvador. Ver: http://www.cafta.gob.sv/.%5Cdoc_expl_cafta%5Cdocumento_explicativo_cafta.pdf

[16] Ibíd.

[17] Discurso Mauricio Funes, Presidente de la República de El Salvador, 5 de marzo de 2010. Ver: http://economiavanzada.blogspot.com/2010/03/en-el-salvador-funes-exhorta-aprovechar.html

[18] Ver: http://www.archivocp.contrapunto.com.sv/comercio/acuerdos-y-balances-en-torno-al-cafta

[19] Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, Gobierno de El Salvador, p. 22, mayo de 2010.

[20] Ibíd.

[21] Discurso Mauricio Funes, marzo 2010, Óp. cít.

[22] La tasa de variación del PIB real en 2009 fue de -3.5% y la caída porcentual del valor de las exportaciones salvadoreñas en 2009 fue de - 16.4%. Ver: BCR, Oferta y Demanda Global, www.bcr.gob.sv

[23] Según la Matriz Insumo Producto de El Salvador 1990, el reparto del Valor Agregado a nivel nacional se distribuye así: el 32.0% corresponde a la clase trabajadora en concepto de salarios, los empresarios se apropian del 62.0% en forma de excedente bruto de explotación (ganancias brutas) y el 6.0 % complementario corresponde al gobierno como impuestos indirectos menos subsidios. Banco Central de Reserva de El Salvador.

[24] Moreno, Raúl (2006): CAFTA-DR, Agricultura y Soberanía Alimentaria, Oxfam Internacional y Oxfam América, San Salvador, agosto. http://sites.google.com/site/rmorenos1/ra%C3%BAlmoreno

[25] Moreno, Raúl (2011): Crisis económica global y Derechos Económicos y Sociales. Una mirada desde El Salvador, Fundación Henri Dunant, Santiago de Chile.

[26] Góchez Sevilla, Roberto (2011): ¿Por qué no “aprovechamos “el TLC con Estados Unidos?, mimeo, San Salvador.

[27] Ibíd.

[28] Ver: Ministerio de Economía, www.minec.gob.sv

[29] Góchez Sevilla, Roberto, Óp. cít.

[30] Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (2011): Segundo Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador, San Salvador.

[31] Moreno, Raúl (2005): El CAFTA-DR y la deuda externa en Centroamérica, Centro de Estudios Internacionales, septiembre, Managua.

[32]Paunovic, Igor (2005): El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos: implicaciones fiscales para los países centroamericanos, Unidad de Desarrollo Económico, p. 22, SERIE Estudios y Perspectivas, México, D. F.

[33]Millennium Challenge Corporation Unite State of America. Fomilenio El Salvador. Ver http://www.mca.gob.sv/

[34] Ver: Art. 10.9 CAFTA-DR.

[35] Se registran por lo menos 28 casos de demandas presentadas por empresas transnacionales ante el CIADI y el CNUDMI contra los Estados Unidos, Canadá y México, amparadas en el Capítulo de Inversiones del NAFTA, de los cuales en la mayoría de casos estos tribunales han fallado a favor de las corporaciones; aunque vale destacar que de todos los casos conocidos ninguno de ellos ha sido resuelto en contra de los Estados Unidos. Ver: Public Citizen (2002): El Ataque contra la Democracia: el historial del Capítulo XI del NAFTA sobre inversiones y las demandas judiciales de empresas contra gobiernos, Washington.

[36]Ver: Anexo 10-C, Art. 4 a, CAFTA-DR

https://www.alainet.org/es/articulo/161045