Medellín

El drama de la vivienda popular en Colombia crece día a día, no solamente por la carencia física de albergue para millones de familias sin techo propio, sino también por la deficiente calidad y falta de servicios elementales de otras tantas. De acuerdo con los últimos informes del Departamento Nacional de Planeación se calcula el déficit de vivienda urbana en Colombia en 2.300.000 unidades y el Icav (entidad que agrupa a las corporaciones de Ahorro y vivienda privadas) basado en la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, señaló que el déficit rural sobrepasa el  1.800.000 unidades, lo cual suma un total  de 3.700.000 familias desposeídas de vivienda propia. Hace 10 años el déficit cuantitativo de vivienda más conservador era de 1.800.000 unidades

Diferencia que continúa ascendiendo pese a los anuncios del Gobierno de “propiciar”  la construcción de 800.000 viviendas en estos cuatro años, donde “propiciar” indica la ninguna responsabilidad directa del Estado distinta a garantizar el aporte de la nación en el Fondo Nacional de Vivienda, adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Las demás gestiones de financiación y construcción (donde está el negocio redondo de tan lucrativa actividad) quedó en manos de los particulares y la parte crucial de la intermediación (que no genera utilidad propia sino para el anterior sector), se le encomendó a las Cajas de Compensación Familiar, mediante un Encargo de Gestión, teniendo que aportar estos gastos de sus propios ingresos, en desmedro de los beneficios de salud y educación que otorgan a sus afiliados.

En el 2004, el Fondo Nacional de Vivienda celebró con las Cajas de Compensación Familiar del país, reunidas en Unión Temporal, un contrato de Encargo de Gestión, que se distingue con el número 004A y que tiene por objeto el desarrollo por cuenta y riesgo de estas entidades de los “... procesos de divulgación, comunicación, información, recepción de solicitudes, verificación y revisión de la información, digitación, ingreso al RUP (Registro único de Postulantes del Gobierno Nacional), prevalidación, apoyo a las actividades de preselección y asignación a cargo del FONDO, seguimiento y verificación de los documentos para hacer efectivo el pago de los subsidios familiares de vivienda en todas sus modalidades, con el fin de garantizar la debida inversión de los recursos, de acuerdo con las leyes y disposiciones que rigen el Subsidio Familiar de Vivienda”, señaló El Tiempo, edición digital del 4 de diciembre del 2006.
La misma edición, resaltó que “A pesar de ese enorme faltante de vivienda, millones de familias pobres no pueden acceder a una propiedad, bien porque no tienen para la cuota inicial o porque, no obstante ser beneficiarias de un subsidio que complemente el ahorro y puedan cumplir con este requisito, no logran un crédito del sistema financiero, o bien porque no tienen ninguna capacidad de ahorro.” Y remató que,  como calmante para una grave enfermedad, se propone, por parte del presidente de Asocajas, Alvaro José Cobos, dos clases de subsidio ligado, no ya al estrato socio económico y al precio de la vivienda, sino a los ingresos familiares  (reformilla que solamente recobra la disminución que sufriera este subsidio en el primer gobierno de Uribe y le recupera para el 2007 su pérdida porcentual por efectos de la inflación): $10.200.000 para familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, $ 8.160.000 para ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos  e incrementos similares para las siguientes clasificaciones, pero siempre y cuando, advierte el presidente de Asocajas, que “la fórmula de financiación sea viable”, es decir, que pueda ser pagada por los eventuales beneficiarios y continúe siendo un negocio pulpo para el sector financiero, los grandes constructores, urbanizadores y traficantes del suelo disponible.
Aunque en diciembre del 2006, el gobierno optó por la fórmula tradicional de incrementar los anteriores valores en el 2007, mediante la Ley 1114, no fue impedimento para que el Ministro Lozano la denominara, demagógica y chistosamente, “ley revolucionaria”, cuando no es más que un flojo aspaviento que en nada cambia la dramática situación para los colombianos. Mediante esta escueta norma de 5 artículos se aumenta la disponibilidad de presupuesto para subsidios a 410 mil millones anuales-, en lugar de los 150 mil millones (la inmensa mayoría de subsidios se quedan sin ser reclamados por falta de capacidad de endeudamiento de las familias solicitantes),  se mantienen los estímulos a la banca para incentivar la colocación de créditos VIS, pues de otra manera no lo harían, dispone que el Fondo Nacional de Ahorro acepte afiliados trabajadores independientes, miembros de la fuerza pública, personal docente público y privado, y se destine por lo menos una vivienda en cada proyecto de menos de 100 viviendas para personas minusválidas.
VALOR DEL SUBSIDIO PARA VIVIENDA 2007

*Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
El tipo de vivienda señalado para los municipios con más de 500.000 habitantes será aplicable a Medellín y su Área Metropolitana y a municipios hasta una distancia no mayor a 50 km del perímetro urbano de la ciudad.
Municipios con población inferior a 500.000 habitantes: todos los municipios del departamento de Antioquia excepto Medellín.
Municipios con población superior a 500.000 habitantes, únicamente el municipio de Medellín.
Fuente: comfama.com.co
Los últimos gobiernos han empeorado la situación pese a las soflamas de hacer de Colombia un “país de propietarios” porque las evidencias de la realidad colombiana y las mismas cifras del DANE son más elocuentes que las palabras. El paliativo de los subsidios a la demanda de vivienda no deja de ser un mecanismo que elude de fondo el problema y al mismo tiempo acrecienta las ganancias de los grandes constructores y acaparadores del suelo urbano que aún existe en las grandes y medianas ciudades. Se requiere un cambio profundo en los actuales sistemas de construcción y financiación hoy en manos del sector privado, desde que el Estado abandonó por completo esta responsabilidad al desmontar el antiguo Instituto de Crédito Territorial a finales de la década de los 80 y eliminar la intermediación estatal a través del también liquidado Inurbe: ¡De la política de vivienda popular que debe tener un Estado Democrático y Soberano que se respete, no queda piedra sobre piedra y es necesario darle un vuelco radical¡

Derecho de contenido constitucional sin realización

La Constitución colombiana en su artículo 51, proclama que “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” A pesar de tener el Estado la responsabilidad constitucional de hacer “efectivo” este derecho, se queda sin realización, porque los programas y sistemas de financiación en boga, incluida la falacia del nuevo UPAC (UVR), impide que las familias más pobres adquieran su soñado inmueble y sólo quienes tienen dinero suficiente, sacrificando otros derechos fundamentales e hipotecando a toda la familia por lustros, acceden a un crédito oneroso a largo plazo, que no logra atenuarse con el cuenta gotas del subsidio oficial. ¡ En Colombia no se fabrica ni financia vivienda para los más pobres ¡

En toda su historia el ser humano ha requerido de un sitio para vivir acorde con las posibilidades del desarrollo material de la época. Los primitivos se alojaron en cálidas cuevas y los aborígenes en chozas fabricadas por ellos mismos con elementos provistos por la naturaleza. Los animales del mismo modo construyen lugares adecuados con elementos dispuestos en su medio ambiente. En estas eventua­lidades la dignidad y el decoro de estas viviendas se valoran en correspondencia con el avance de las fuerzas productivas y de la sociedad de determinado momento histórico.

Un albergue digno en tiempos de progreso tecnoló­gico, no puede equivaler a estrechas covachas de ladrillo ranurado ubicadas en las laderas y zonas de alto riesgo, que lo único que las diferencia de un tugurio es la clase de elementos utilizados y el hecho de estar ligadas oficialmente a los servicios públicos para efectos impositivos cuando éstos existen.

Vivienda digna tiene que ser aquella que esté a la altura de los adelantos de la humanidad en cuanto a espacio, comodidad, durabilidad, seguridad, espar­cimiento y satisfacción de las necesidades esencia­les que conforman la calidad de vida del ciudadano moderno, sin distingos de clase social. Por lo tanto, la habitación para uso familiar es un derecho inherente al ser humano que incluso está establecido en las normas constitucionales de todos los países del planeta y es el bien más costoso y durable a que pueda aspirar un ciudadano, teniendo que ser subsidiado por la sociedad en su conjunto.

Delimitar el espacio de una vivienda y la calidad de sus materiales de fabricación y presentación, como ha sucedido en Colombia en el curso de los últimos 30 años, equivale a cercenar un derecho fundamen­tal disminuyendo su ejercicio por motivos econó­micos y sociales. Es lo que sucede con la versión propalada por los grandes consorcios de la construcción y financiamiento de vivienda, con la ayuda acuciosa del Estado colombiano y de la prensa oficialista, cuando determinan las medidas míni­mas de una casa y las especificaciones de los productos con las que se debe edificar, o cuando le ponen tope a su precio."Vivienda sin cuota inicial”, Vivienda de interés social", "vivienda mínima", "lote con servicios", son expresiones de la infamante tesis de que los derechos de las mayorías nacionales son menores o inexistentes, mientras que una minoría opulenta goza de éstos en un 100%, además de otros privile­gios desmesurados.

Hace poco el urbanista, Rogelio Salmona, maestro de arquitectos, en el suplemento Generación, edición El Colombiano del 26 de noviembre del 2006), sentenció: “Abordar la ciudad informal y la vivienda popular implica una actitud ética. No se puede hacer vivienda para pobres con el criterio de que las restricciones económicas implican una reducción en sus necesidades como seres humanos. No pueden existir normas diferentes, ni normas mínimas, pues todos los hombres son iguales. La falta de compromiso del Estado como oferente de soluciones de vivienda social ha dejado el tema en manos del sector privado, y no hay un control sobre la vivienda. Hay también un desequilibrio en la inversión pública y se prioriza la movilidad en los sectores de las clases más pudientes al no construir espacio público en las áreas más pobres. En los proyectos de vivienda popular siempre prima el factor económico; se reducen los lotes, las áreas comunes y la accesibilidad a los barrios”.
 
Una vivienda digna no puede ser cualquier albergue de cuatro paredes

El espacio o área de construcción de las viviendas populares e incluso de clase media y media alta, ha sufrido una constante disminución en Medellín y su Área Metropolitana, de administración en administración, hasta el punto de que los Planes de Desarrollo y las normas de Planeación, son modificadas por los Concejos Municipales para instituir este cercenamiento de la calidad de vida de la ciudadanía, año tras año. En las dos últimas décadas el área habitacional mínima se ha reducido de 72 M2 a 36M2. A finales de la década de los años sesenta el ICT y el BHC construyeron barrios enteros de envidiable calidad y financiación para sus adjudicatarios (por ejemplo, barrios Kennedy en Bogotá y La Palma en Medellín) sin que vieran mellados sus activos. Podemos encontrar viviendas con hasta 3 metros de lindero frontal y 10 de largo, semejantes a vagones de ferrocarril o “verdaderos chorizos”, como dice coloquialmente la gente estupefacta, donde hasta los carpinteros han tenido que ingeniarse la manera de fabricar mobiliarios liliputienses que quepan en los estrechísimos cuartos. La reducción que se presenta afecta absolutamente todo artefacto hogareño, además de perturbar carísimos derechos humanos al institucionalizarse el hacinamiento y la densificación extrema de las personas, con su secuela de aumento de las patologías virales o sociales, por mencionar algunas categorías perturbadas, ya que también se disminuyen los espacios públicos y ambientales, pero jamás la tasa de ganancia de los usufructuarios de este negocio: el gran capital financiero y los urbanizadores pícaros. Podrá replicarse que el costo del terreno urbanizable (dotado de todos los servicios públicos y accesos, la mayoría de las veces como contribución social del conjunto de la sociedad colindante), está muy caro en el Valle de Aburrá debido a la escasez de tierras para edificaciones familiares (en algunas áreas el metro cuadrado tiene un valor comercial de tres millones de pesos), pero se nota la nula intervención del Estado y las curadurías urbanas y la permisibilidad del acaparamiento del suelo, sin exigir la función social y ecológica que debe tener la propiedad privada, como señala el artículo 58 de la Constitución Política. ¿ Acaso existe un inventario que de cuenta de las compañías limitadas que se crean y liquidan de la noche a la mañana, con el exclusivo fin de adquirir grandes fajas de terreno céntrico y de la cuota perimétrica externa de los servicios públicos para especular más adelante con sus precios ?

Incluso se puede afirmar que este derecho era de mejor protección, calidad y acceso antes de 1991, hasta cuando fue definitivo el aporte de la nación, las organizaciones de autoconstrucción, los sindicatos y la empresa privada.

El ICT construyó en la década del 60 al 70 viviendas populares de buena calidad teniendo en cuenta las condiciones de la época y perfiló innumerables poblados en ciudades obreras, lo mismo sucedió con las clases trabajadoras organizadas en sindicatos, cuyos acuerdos convencionales permitieron la fabricación de barrios enteros dotados de los servicios indispensables y con posibilidades de mejoramiento, reforma y construcción horizontal en la medida en que se conformaban nuevas familias, como el caso de los barrios Obrero, Manchester y Panamericano en Bello. Se puede señalar sin reservas que en las décadas del 60 al 80 el movimiento sindical contribuyó de manera importante a la solución de necesidades de vivienda de segmentos no despreciables de la población y aún lo sigue haciendo en menor medida, a través de la contratación colectiva sobreviviente en esta época de neoliberalismo y desindustrialización galopante, aunque deben someterse, los fondos de vivienda convencionales, a los requisitos del sector financiero. Si anteriormente las convenciones permitían la adquisición de viviendas en condiciones dignas con un solo préstamo subsidiado y con los aportes de las cesantías acumuladas e indexadas del trabajador, hoy es imposible hacerlo por el encarecimiento que significa el sistema UVR (anterior UPAC), y solo consigue este crédito blando amortizar la cuota inicial o la mitad del valor de una casa o apartamento pequeñísimo, la mayoría de las veces en obra negra, alejados de los lugares de trabajo y sin dotación urbanística. En Colombia se encuentra sindicalizado cerca del 4% de los trabajadores respecto de la Población Económicamente Activa (PEA), apenas unos 850.000,  y el 1.7%, o sea, unos 212.500 trabajadores se encuentran beneficiados por algún tipo de fondo de vivienda sustentado por  un pacto o una convención colectiva.

Mayor deterioro de un derecho fundamental

La administración uribista siguiendo al pie de la letra la política neoliberal de globalización y privatización dictada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun­dial, le entregó por completo al sector financiero el derecho a vivienda digna que debe tener el pueblo colombiano: desmanteló el anterior ICT, liquidó lo que quedaba del Inurbe,  vendió sus activos y obligó “por cuenta y riesgo de las Cajas en Unión Temporal” a cubrir parte importante de la gestión del subsidio que reclaman los ciudadanos sin techo.

No obstante el limitado subsidio del gobierno para quienes aspiren a una vivienda, ésta no disminuirá su costo final, porque su construcción pasó por entero a manos del capital privado que únicamente ofrece "soluciones" para rangos socia­les que puedan pagar las altas cuotas de los pulpos financieros que estiman sus ganancias en 30-40% por “solución”. Además, este subsidio tiene problemas de "tramitología" que impide su entrega oportuna y llega directo a la cuenta de la empresa constructora como parte de la "cuota inicial", debiendo el usuario ajustar el resto del dinero con sus propios ahorros y encamisarse en un oneroso crédito de una corporación que lo esquilmará duran­te 15 años.

Por eso la última alternativa despejada para las clases desfavorecidas, incrementadas por el desplazamiento de miles de familia provenientes del campo, es la ocupación de cualquier lugar en las empinadas y agrestes faldas urbanas y otras zonas de altos riesgo, y la densificación y hacinamiento poblacional en los cordones de miseria que circundan las ciudades.

En la Urbanización Mirador de Calazans (ubicada en el morro que corona este residencial sector de Medellín y antes de llegar a Blanquizal) existe un gran número de familias que ni siquiera alcanzan a pagar las cuotas de $ 33.000 mensuales de sus apartamentos, no obstante las refinanciaciones que han obtenido (es la cartera morosa más alta que existe entre los adjudicatarios del municipio). Los edificios fueron levantados en mampostería estructural y sin obra blanca. Dicha urbanización, se construyó por encargo de Corvide (hoy Fondo de Vivienda Municipal de Medellín) en terrenos abruptos adquiridos a la firma Ingeniobras Ltda. (Propiedad de Alvaro Villegas Moreno), y consta de 7 torres de 8 pisos cada una, para un total de 512 apartamentos de 43 Mts2 las primeras dos etapas (2003) y de 330 la tercera (2006), fueron entregados en tres fechas a partir de 1993, con subsidio estatal, departamental y municipal, a un costo ponderado entre $ 16.000.000 y $ 20.400.000 y se encuentra sin dotación urbanística. El 70% de sus habitantes, afrodescendientes oriundos del Chocó y Urabá desplazados por la violencia, se encontraba ocupando ranchos insalubres en la zona de alto riesgo de Vallejuelos y presentan un alto grado de desocupación. Allí las Empresas Públicas de Medellín, experimentaron hace dos años el sistema de servicios públicos prepago, mediante tarjetas nominales, por lo cual sus residentes se han visto obligados a permanecer a oscuras en la noche y a no aplanchar la ropa para que estas “tarjetas” que venden en las tiendas del sector rindan en disponibilidad de energía un poco más.

En resumen, la actual política de vivienda está diseñada para la franja de la población que pueda pagar las altas cuotas de amortización (estratos 4, 5 o 6) y no para las familias colombianas que ganan menos de dos salarios mínimos y carecen de techo o viven en condiciones inhumanas. Miles de hoga­res constituidos y por constituirse seguirán excluidos de los "beneficios" otorgados por la oligarquía liberal y conservadora, dueña y usufructuaria de la construcción y financiamiento de la vivienda, cuyo sector financiero obtiene, año tras año y sin parar ni rebajar, multimillonarias utilidades, lo cual contrasta con la penuria en que se debaten millones  de compatriotas sin albergue decoroso y responde por sí solo a la pregunta de a quién le ha servido la plutocracia uribista.

La penuria de la vivienda será otra causa más para que las gentes sencillas unifiquen su inconformidad, tras la defensa del derecho democrático a vivienda digna, participando del más amplio frente unitario, ya que este propósito solo será posible alcanzarlo ampliamente en una patria soberana, democrática, próspera y en paz.

Propuestas:

Ministerio de la Vivienda y Desarrollo urbano. Con presupuesto propio y aportes de la nación, que tenga la función de construcción y financiación subsidiada de vivienda con economías de escala, de acuerdo a un plan de ordenamiento urbano nacional, departamental y municipal.
Eliminación del sistema de financiación UVR para los sectores populares y creación de un sistema de pagos subsidiado por el Estado, incluso con aportes en cuentas especiales de los futuros adjudicatarios, al estilo del Fondo Nacional de Ahorro, para las familias con cero ingresos hasta 3 salarios mínimos, y refinanciación y reliquidación subsidiada a los actuales adjudicatarios que se encuentran en mora en el pago de sus obligaciones hipotecarias, debido a condiciones sociales y económicas de la cual no son responsables, entre los cuales existe un alto número de familias provenientes del desplazamiento rural y urbano.
Creación del Banco de Tierras urbanas y rurales urbanizables, con destino a programas de vivienda popular. Inventario Público y Expropiación y declaración de interés público de la tierra de los grandes acaparadores y especuladores de tierra urbanizable y no urbanizable. Control de los precios del suelo por parte del Ministerio de la Vivienda y tributación especial y exención de impuesto predial unificado por 10 años, para las viviendas adjudicadas y que se adjudiquen.
Eliminación de las curadurías urbanas privadas y reasignación de funciones a las oficinas de planeación municipal, con control del Ministerio de la Vivienda, pues aquellas han servido al capital y a los especuladores de vivienda para incrementar el costo del suelo y encarecer los programas populares, además de subir las tarifas de construcción, refacción y adecuación de millares de familias pobres que viven en condiciones deplorables de hacinamiento e insalubridad habitacional.


- Carlos Arturo Cadavid V. es administrador de Redes, estudiante de derecho, socio de SintraOngs, Club del Técnico, la ENS y  Somos  Telecentros de América Latina y El Caribe. Candidato del Polo Democrático Alternativo al Concejo de Medellín.

- Publicado en Desde Abajo, enero del 2007, y revista Historias Contadas Nos. 28 y 29 (Febrero y Abril)