EL REBUSQUE CON MANO FIRME

El crecimiento económico del país , que los grandes medios de comunicación y el propio gobierno tanto destacan , se ha basado en la especulación financiera, en los precios altos de algunas materias primas como el petróleo y el carbón en los mercados internacionales y en el aprovechamiento que han hecho los capitalistas extranjeros de las políticas neoliberales de Uribe para adquirir empresas nacionales con largos años de tradición comercial y, en consecuencia, con utilidades aseguradas sin arriesgar un dólar en la creación de nuevos empleos.

La informalidad, el “rebusque “ o subempleo, siguen siendo los fenómenos dominantes en la estructura laboral colombiana como lo demuestran recientes estudios que afirman que un 67,5% de los empleos en el país están en esta categoría de la informalidad, lo que se traduce para el trabajador en no gozar de un sistema de seguridad y asistencia en salud, en pensiones de jubilación y en sufrir día a día todo el desgaste y la angustia que significa el carecer de estabilidad en sus precarios empleos.

El crecimiento económico ha beneficiado a un pequeño sector empresarial y de altos funcionarios y profesionales especializados en algunas áreas técnicas, pero no ha contribuido en absoluto a reducir las tasas de desempleo abierto que se situan en casi el 14% en las principales ciudades del país.

Gracias a la reforma laboral impulsada por la administración Uribe y a sus políticas complacientes con el sector empresarial han crecido en estos años tendencias como la subcontratación laboral, los contratos temporales, las mal llamadas cooperativas laborales, fórmulas con las cuales los propietarios evaden las obligaciones legales con los trabajadores, abaratan el costo de la mano de obra y facilitan la acumulación de sus capitales o ganancias.

El 12,2% de los asalariados lo están bajo la modalidad de subcontratación laboral y esto explica, en parte, por ejemplo, que los ingresos de los profesionales universitarios en general hubieran disminuido el año pasado en un 8,4%.

Solo el 13,7 % de los trabajadores que se encuentran en el rebusque o informalidad económica están cotizando al sistema de pensiones de jubilación, lo que quiere decir que el ciclo de pobreza y desamparo que vive el 74% de nuestra población mayor de 60 años se profundizará en el futuro inmediato. En efecto, hoy por hoy, solo el 26% de las personas de la llamada tercera edad gozan de una pensión de jubilación que en el 75% de los casos no pasa de $ 800.000 mensuales ( USA 380 dólares aproximadamente).

Las demás subsisten con la ayuda de sus familias o realizando pequeños trabajos mal pagados en medio de las enfermedades y achaques propios de la ancianidad.

Este es el país real. Mientras tanto, el Departamento de Planeación del gobierno publica informes donde afirma que el porcentaje de pobreza disminuyó en los últimos cuatro años del 56% al 45%; que hay dos millones de colombianos que dejaron de ser pobres y que Colombia “ es un país de clase media”.

Que más de las dos terceras partes de nuestra fuerza de trabajo carezcan de un empleo con las mínimas condiciones de seguridad y de estabilidad sociales es un síntoma, un reflejo claro de los males que ha traído consigo el modelo neoliberal aplicado en el país desde 1990 y que se ha reforzado y ampliado bajo el mandato de Uribe.

El actual presidente aceleró la venta de las empresas comerciales del Estado y desmanteló el Instituto de los Seguros Sociales última talanquera o freno para impedir que los empresarios privados se apoderaran por completo de la prestación de los servicios de salud a la población convirtiendo esta necesidad social en un próspero negocio.

Así mismo, ha empezado el proceso que culminará en unos años con la desaparición de la empresa más lucrativa, más rentable del Estado, “Ecopetrol”, al poner en venta a capitalistas privados el 20% de las acciones de la misma bajo el pretexto de conseguir nuevos dineros para aumentar la exploración y explotación de pozos petroleros en el país. Esta medida se complementó con la venta de la refinería de Cartagena a la empresa suiza “Glencore”, refinería que por su ubicación y potencial de mercado es clave para el desarrollo de la industria petroquímica en la nación.

Mientras tanto se ha permitido la proliferación de los llamados capitales “golondrina”, llamados así porque son dineros provenientes del exterior que entran a un país estimulados por los altos intereses que se pagan y las ganancias rápidas que se consiguen y que de la misma manera desaparecen cuando hay crisis o problemas que les dificultan la consecución de esas ganancias.

Las mal llamadas inversiones de estos capitalistas jamás se traducen en la creación de empleo productivo y a largo plazo en el país donde se instalan temporalmente y, por el contrario, terminan favoreciendo los aumentos en el costo de la vida, la corrupción en las instituciones públicas y privadas y el crecimiento de las desigualdades e inequidades sociales. Parte de la bonanza actual está sustentada en estos capitales “golondrina” y esto explica que las tasas de desempleo sigan subiendo y que los bajos salarios se multipliquen en el mercado laboral colombiano.

Prueba de esta situación es que el hombre más rico del país, Julio Mario Santodomingo, aumentó en el último año su fortuna de 4.700 millones de dólares a 5.700 millones , luego de vender el monopolio cervecero de “Bavaria “ a la empresa inglesa “Sab Miller” y no entregarle un solo peso al Estado colombiano como pago de impuestos por esa transacción. Se ha limitado a convertirse en uno de los principales capitalistas “golondrina” del país, siendo, además, el sexto hombre más rico de América Latina y el número 132 en el mundo.

COMPADRAZGO S.A

El Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno al Congreso para ser la guía de las inversiones sociales en el período 2007-2011 , se ha convertido en una verdadera colcha de retazos por la cantidad de proyectos clientelistas que los parlamentarios Uribistas le han colgado al mismo . El valor nominal del plan es de 228 billones de pesos= 108.570 millones de dólares , pero una cosa es escribir en un documento esa cifra y otra muy distinta es la de contar efectivamente con esa cantidad de dinero en la tesorería estatal.

El actual déficit o faltante de tesorería en el gobierno es de más de 5 mil millones de dólares para este año 2007 fruto del desbordado crecimiento de los gastos militares y clientelistas del Estado, por un lado y del endeudamiento permanente que mantienen las finanzas gubernamentales con la banca nacional e internacional.

Esto permite pronosticar que buena parte de las obras y proyectos inicialmente incluídos en el plan no podrán ser realizados por falta de dineros para ejecutarlos y en la práctica se le dará prioridad a aquellos que el presidente y sus ministros consideren más rentables políticamente.

Lo cierto es que el manejo de la economía nacional aún para muchos comentaristas neoliberales está ofreciendo en la actualidad graves desaciertos. De un lado , con la venta de empresas estatales a capitalistas extranjeros y con la llegada de los dineros de la exportación de petróleo , carbón y otras materias primas se está estimulando el aumento en la inflación o costo de la vida, aumento que perjudica sobre todo a la inmensa mayoría de la población que depende de un salario o de unos ingresos precarios para sobrevivir.

Del otro, la abundancia de dólares en el país ha revaluado al peso colombiano, es decir, ha hecho que las exportaciones no tradicionales colombianas se encarezcan para el consumidor extranjero y este encarecimiento ha traído consigo la pérdida de mercados , la quiebra de las empresas y el aumento del desempleo como ha pasado en la industria de las flores.

Como el dólar vale cada vez menos pesos colombianos, muchos pequeños y medianos exportadores no pueden seguir compitiendo internacionalmente ya que los pesos que se reciben a cambio de los dólares no compensan los crecientes gastos que exige la producción y transporte de los productos que elaboran Es el caso de las 500 mil familias que viven del cultivo de café, que han perdido ingresos por más de 2 billones de pesos = 952 millones de dólares en los últimos años.

El Banco de la República y el gobierno nacional han sido incapaces de frenar este fenómeno de la revaluación del peso , que se ha agravado con el “lavado “ de los dólares del narcotráfico y de los grupos paramilitares hoy adelantando un discutido proceso de desmovilización. En lo corrido del año, el Banco ha comprado más de 2.500 millones de dólares en el país, sin que lograra parar la caída de la moneda norteamericana.

LOS TRATOS DEL MAL TRATADO

El Partido Demócrata, opositor al gobierno Bush , que ahora controla el Congreso de los Estados Unidos , no se muestra muy favorable a aprobar el tratado de comercio firmado con Colombia. Congresistas del partido han exigido que el tratado debe incluír una serie de capítulos que obliguen al gobierno colombiano a reconocer y a promover una política de defensa de los derechos de los trabajadores sindicalizados, en contra del trabajo infantil y comprometida , también, con procesos productivos que no contribuyan a la destrucción del medio ambiente.

Es lógico que los parlamentarios demócratas hablen de la defensa de los derechos de los trabajadores colombianos, si se toma en cuenta que en el año 2006 fueron asesinados 72 dirigentes sindicales en el país y que en el período que va de 1991 a 2006 murieron 2.245, lo que convirtió a Colombia en la nación del mundo donde se ha asesinado el mayor número de miembros de sindicatos. La sangría padecida por estas organizaciones sociales combinada con el apoyo del gobierno Uribe a mecanismos que favorecen la subcontratación y la pérdida de derechos laborales, ha hecho que solo el 4,6% de la población trabajadora esté actualmente sindicalizada.

Uribe y sus ministros han tratado de desviar estas presiones alegando que todos los derechos que piden los congresistas demócratas para los trabajadores, la población infantil o la defensa del medio ambiente ya están incluídos en las leyes del país y que no hay necesidad de renegociar el tratado, sino que, por el contrario, urge la rápida aprobación del mismo.

En el congreso colombiano dominado por el gobierno el trámite de aprobación no tendrá mayores dificultades, pero es muy difícil que en las condiciones actuales ese mismo trámite positivo se logre en el congreso norteamericano, máxime si se tiene en cuenta la imagen que Uribe y su gobierno se han creado en sectores progresistas de Estados Unidos como defensores del paramilitarismo y cómplices de sus acciones criminales en contra de los derechos humanos de la población civil.

Además, está empezando la campaña para seleccionar a la persona que reemplazará en la presidencia a Bush y los tratados de libre comercio suelen despertar en Estados Unidos muchas resistencias entre sectores empresariales y sindicales regionales que se consideran perjudicados por algunas de los negocios que se aceptan en los mismos, que pueden significar una competencia para los productos agrícolas o industriales que elaboran y venden en el mercado norteamericano.

Mientras tanto, en el país los grandes medios de comunicación siguen presentando el tratado de libre comercio como la gran receta que permitirá crear empleos y desarrollo en una nación necesitada de un rápido despegue en ese sentido . De esta manera le hacen eco a gremios económicos que han insistido en calificar a los enemigos de ese tratado como poco menos que “antipatriotas” y “enemigos de una economía abierta y competitiva”.

Pero los resultados que se han conocido de otros tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos por México y otros países centroamericanos no dejan lugar a dudas sobre la inconveniencia de tales pactos para nuestra región.

En México , después de diez años de libre comercio con los Estados Unidos , se han perdido más de 2 millones de puestos de trabajo en sectores como el agrícola y se están importando maíz y fríjoles , base de la dieta alimenticia nacional. Una buena parte de los nuevos desempleados ha inmigrado ilegalmente a los Estados Unidos sumando ya más de ocho millones de mexicanos en esa situación, que ha sido pretexto para que los grupos de población más conservadores de ese país impulsen políticas represivas y abiertamente racistas contra los indocumentados , especialmente los de origen latinoamericano.

En Centroamérica, tras un año de vigencia del Tratado , la balanza comercial es claramente favorable a los norteamericanos y se observa una pérdida de mercados y de empleos en áreas como ropa y textiles que se presumían serían beneficiadas con el acuerdo.

AGRO INSEGURO

En las áreas rurales del país, con muy pocas excepciones, se reflejan las consecuencias de un modelo económico que ha protegido a la gran propiedad terrateniente y ha facilitado la exclusión de la mayoría de la población campesina de unos niveles de vida dignos y de ingresos económicos seguros y satisfactorios. El Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos profundizará aún más estas realidades de miseria y de marginación, ya que los productos agrícolas norteamericanos subsidiados desplazarán de los mercados colombianos a los cultivadores locales.

El gobierno, a través de su ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, ha promovido en el Congreso una ley para entregar subsidios o ayudas económicas a los grandes propietarios que se verán perjudicados con la puesta en práctica del Tratado. Para los pequeños agricultores y para la inmensa masa de peones , colonos y campesinos sin tierra no se contempla ninguna posibilidad de colaboración económica.

El futuro de las actividades agrícolas en el país es bastante oscuro. De hecho es el sector que menor tasa de crecimiento mostró en el 2006 con un 3,3%, mientras el resto de la economía lo hacía en porcentajes superiores al 6%. El total de tierras cultivadas ha venido disminuyendo en los últimos 5 años, de tal manera que si en el 2002 había 4.100.000 hectáreas de cultivos , en la actualidad ese total solo suma unas 3.600.000 hectáreas.

A esta situación debe agregársele la extrema concentración de la propiedad de la tierra en el país. Mientras 3.200.000 pequeños propietarios de fincas de menos de 20 hectáreas tienen apenas el 9% de la tierra utilizable, 2.388 grandes hacendados poseen el 53,3 % de esa misma tierra, aproximadamente 51 millones de hectáreas , lo que da un promedio escandaloso de más de 21 mil hectáreas por cada gran hacendado.

En otras palabras, el 0,06% del total de los propietarios agrícolas en Colombia controlan más de la mitad de las propiedades agrícolas. Lo peor es que buena parte de estos propietarios están conectados con el narcotráfico y el paramilitarismo.

En estas condiciones, con más del 85% de los campesinos en la pobreza absoluta es fácil concluir que el caldo de cultivo para la proliferación de todo tipo de organizaciones armadas ilegales, para la expansión de los cultivos de coca y del narcotráfico, en general , sigue estando bien servido.

Por ejemplo, hoy por hoy, hay unas 86 mil hectáreas sembradas de coca que sirven para producir la misma cantidad de cocaína que se elaboraba en el año 2000 con 163 mil hectáreas de cultivos. En este sentido, puede decirse irónicamente que los cultivos se han beneficiado de todo tipo de avances en la ciencia moderna, porque se ha elevado la productividad por hectárea en menos de siete años de 4,7 kilos de cocaína en el año 2000, a 7,3 kilos en el 2006. Se destacan en estos avances departamentos como Guaviare, Putumayo y Caquetá.

Las 700 u 800 toneladas de cocaína que se producen anualmente se exportan principalmente a los Estados Unidos y Europa. La disminución del consumo en los Estados Unidos ha sido compensada por el aumento del mismo entre la población Europea a donde llega un promedio anual de 250 toneladas de cocaína colombiana.

Pero si bien Colombia continua siendo el principal exportador de cocaína en el mundo, el grueso de las ganancias del narcotráfico está quedando en manos de las mafias mexicanas, norteamericanas y Europeas, que controlan la comercialización de esa sustancia tóxica en los países ricos .

Algunos estudios hablan de unos ingresos por narcotráfico para la economía colombiana que oscilan entre los 3 mil y los 5 mil millones de dólares, cifra que se acerca a la que ofrecen la exportación del petróleo y las remesas de los colombianos viviendo en el extranjero, que fueron en el 2006 los dos rubros legales que mayores divisas en dólares le dejaron al pais.


JUSTICIA PARA-LIZADA

El presidente Uribe y su equipo de asesores , con el apoyo de algunos medios de comunicación han tratado de reducir el impacto político que han creado en la opinión nacional las investigaciones emprendidas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía sobre las relaciones criminales existentes entre políticos y altos funcionarios del Estado y los principales grupos paramilitares.

Pese a que más del 90% de los congresistas , funcionarios y ex funcionarios gubernamentales detenidos o llamados a indagatoria pertenecen a partidos y movimientos Uribistas , el presidente , de un lado ha expresado su total apoyo a las acciones del sistema judicial dando a entender que es completamente ajeno a los delitos cometidos por sus aliados y del otro, ha promovido , “por debajo de la mesa” y con la colaboración de amigos en el periodismo , la resurrección de escándalos políticos de años pasados como el ya tristemente famoso del “ocho mil”, que golpeó el gobierno del presidente Samper ( 1994-98) al denunciarse la financiación de su campaña con dineros de las mafias del narcotráfico, con el ánimo de distraer a la opinión con esa lluvia de acusaciones y contraacusaciones que le han hecho gran daño político a enemigos del presidente como el ex candidato Horacio Serpa.

Además, Uribe ha lanzado una ofensiva diplomática de la que hacen parte acciones como la reciente visita del presidente Bush a Bogotá , para presentarse como el gobernante que ha facilitado con la presunta desmovilización de los grupos paramilitares el clima político adecuado para destapar el escándalo de los congresistas y funcionarios públicos ligados o aliados a las operaciones criminales de esos grupos.

La ofensiva, a su vez, se ha complementado con una lluvia de ataques contra los principales dirigentes del Polo Democrático, el partido que reune a los movimientos de izquierda legal en el país, acusándolos o de haber sido cómplices y simpatizantes de las organizaciones guerrilleras o de ser tolerantes con las acciones violentas de esos grupos.

El Ministro del Interior, el líder conservador, Carlos Holguín, ha ratificado en una declaración ante el Congreso el calificativo de “terroristas vestidos de civil” que el propio presidente les lanzó en meses pasados a los líderes del Polo , con la intención manifiesta de seguir radicalizando el ambiente político en el país y mermarle o restarle credibilidad a las denuncias de la oposición de lo que ya en la calle se conoce como el escándalo de la “parapolítica”.

Todas estas maniobras de Uribe y de sus asesores están resultándoles rentables ante un gran sector de la ciudadanía , que por ignorancia, superficialidad o por identificación con la ideología conservadora y autoritaria del presidente , han decidido confiar en su palabra y en su gestión , no interesándoles las gravísimas consecuencias de los hechos que se vienen denunciando en contra de muchos aliados políticos del presidente. Además, la cercanía y amistad de muchos de los detenidos con Uribe compromete seriamente al presidente en el aprovechamiento electoral del terrorismo promovido por los jefes “paracos” en buena parte del país.

Un capítulo , que está por explorar en profundidad , son las actuaciones del propio Uribe cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia( 1995-97) , que presuntamente favorecieron o colaboraron en la mal llamada campaña de “pacificación” a sangre y fuego que adelantaron los grupos paramilitares liderados en ese entonces por Carlos Castaño en la región bananera de Urabá.

PERO SIGO SIENDO EL REY

Tanto los políticos como los jefes paramilitares detenidos en las cárceles del Estado continuan manejando sus negocios electorales y delincuenciales en los departamentos donde han hecho fortuna y poder contando con la tolerancia de las autoridades del Estado.

En regiones como Sucre, Cesar y Magdalena , los principales candidatos a las alcaldías y gobernadores , buscan afanosamente el apoyo de los senadores y representantes encarcelados, importándoles bien poco que se los asocie con jefes presuntamente caídos en desgracia.

Este tinglado de corrupción e impunidad se complementa con los aparatos criminales que siguen dirigiendo desde sus temporales sitios de detención los líderes paramilitares desmovilizados y que incluyen el manejo de las operaciones de narcotráfico, el saqueo a los presupuestos de los municipios y gobernaciones , el lavado de sus fortunas a través de testaferros y el control sobre los “ nuevos” grupos armados que han aparecido para llenar el vacío político militar dejado por los que supuestamente entregaron sus armas.

La aplicación de la mal llamada ley de Justicia y Paz no ofrece por ahora resultados tangibles, concretos en el conocimiento de la verdad sobre los autores intelectuales y cómplices dentro del Estado de los hechos criminales protagonizados por los jefes “paracos”. Los procesos marchan con gran lentitud en medio de muchas interrupciones e inconvenientes y solo un puñado de los cabecillas desmovilizados ha empezado a rendir indagatoria.

Las víctimas de los grupos paramilitares están siendo amenazadas e incluso asesinadas como ocurrió en el caso de dos mujeres líderes de organizaciones de desplazados por la guerra, para evitar que tomen parte activa en el proceso y que puedan reclamar las indemnizaciones a que en calidad de reparación tienen derecho.

Mientras tanto, un ejército de abogados y asesores especializados se ha puesto al servicio de los políticos y capos detenidos para conseguir con argucias y trampas jurídicas la impunidad que sus clientes necesitan.

El senador Alvaro Araujo, por ejemplo, renunció a su fuero como congresista , para que su proceso no sea llevado por la Corte Suprema, sino por la justicia ordinaria , donde los trámites pueden durar hasta diez años. Así mismo, el ex jefe del Das, Jorge Noguera, obtuvo su libertad provisional , gracias a una falla de procedimiento de la fiscalía en su detención.

Por ahora la máxima preocupación de los capos del paramilitarismo es la posibilidad de ser extraditados a los Estados Unidos para ser juzgados por delitos relacionados con el narcotráfico, que pueden significarles un alto número de años en prisión. Esto explica, que en la práctica se esté dando una alianza entre el gobierno y los jefes “paracos” mediante la cual el presidente se compromete a no extraditarlos, a cambio de que en las indagatorias judiciales los procesados no entreguen información que pueda ser lesiva o negativa para la credibilidad y el prestigio político del presidente Uribe y de sus principales aliados.

El presidente, por ahora, solo parece tener un punto débil en este escándalo de la parapolítica: La detención , ordenada por la Fiscalía, del ex jefe de su policía de seguridad, el DAS, Jorge Noguera. Noguera ha sido acusado de haber puesto el DAS al servicio de los jefes paramilitares de la Costa Atlántica, de haberles pasado información clave para asesinar a decenas de líderes obreros, campesinos, de los derechos humanos en esas regiones y de haber facilitado la logística, la realización de muchos de sus operaciones criminales.

Como Noguera fue nombrado directamente por el presidente Uribe para ese cargo que es de máxima confianza del presidente , es apenas lógico que de comprobarse la culpabilidad del ex jefe del Das la responsabilidad política de sus actos también tendrá que ser asumida por el presidente.

Sin embargo, este, que en un principio defendió con vehemencia, con ardentía a Noguera calificándolo como “un hombre honesto y de muy buena familia”, ante las evidencias que se han ido acumulando en contra de su protegido ha terminado por declarar que en caso de ser encontrado culpable , presentará “excusas “ a la nación por el error cometido.

Pero , como lo afirman varios observadores, si se llegara a demostrar que la policía de seguridad del Estado funcionó como una organización al servicio de grupos criminales como los paramilitares en las propias barbas del jefe del gobierno, no serán suficientes las “excusas” prometidas por Uribe para salvarlo de las consecuencias políticas de dicha situación.

REVOLCONES

El ex presidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, grupo opositor al gobierno Uribe, aprovechó la resurrección del escándalo del “ocho mil “ , para separar cobijas con su máximo rival dentro del partido, el ex candidato Horacio Serpa. Serpa fue en el gobierno de Ernesto Samper su máximo aliado y defensor y desde esa época ha estado pagando políticamente el costo de esa alianza.

Gaviria, afirmó que el Partido no tenía porque responder a las acusaciones contra Serpa y Samper y con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios Liberales siguió adelante con la organización del congreso del Partido que muy posiblemente ratificará su jefatura única pese a las protestas del Serpismo.

El ex presidente con gran habilidad se ha ido rodeando de dirigentes que no comparten la propuesta de Serpa y de la senadora Piedad Córdoba de hacerle una oposición radical al gobierno y , por el contrario, ha defendido lo que él llama una oposición crítica aplaudiendo las buenas iniciativas de la administración Uribe y rechazando las que parezcan negativas para el país.

Con esto Gaviria quiere ganarse la llamada franja electoral del centro, que no comparte las posiciones de izquierda del Polo Democrático, pero que tampoco se siente muy satisfecha de estar alineada con un presidente claramente Conservador como Uribe.

Gaviria sabe que si el escándalo de la parapolítica logra afectar la credibilidad del presidente quedará servido el terreno electoral en el 2010 para una opción de oposición y que buena parte de los votantes preferirán una alternativa moderada de oposición como la que su posible candidatura puede representar , que la que plantee el candidato de la izquierda.

Entre tanto , en el Polo se siguen barajando las candidaturas para la alcaldía de Bogotá, cargo que hoy ocupa uno de sus líderes, Luis Eduardo Garzón. Por ahora se perfila una lucha por la candidatura entre María Emma Mejía y el ex senador Samuel Moreno.

Mejía, ha pasado por varios partidos y movimientos políticos y ha sido ya candidata liberal a la vicepresidencia y a la propia alcaldía de Bogotá en calidad de independiente. Aunque ahora se encuentra apoyada por Lucho Garzón, sus idas y venidas en el campo electoral la muestran a ojos de muchos de los electores del Polo como una candidata poco confiable, una izquierdista “Light”, es decir, sin muchas convicciones y más bien con un sesgo o tendencia oportunista.

Entre tanto, Moreno , ofrece una larga trayectoria política en Bogotá , primero como jefe de un movimiento creado por su abuelo, el ex presidente Rojas Pinilla y luego como miembro del Polo. Sin embargo, no parece tener el carisma para seducir a un electorado con grandes sectores independientes y a la vez muy influenciado por el manejo de los medios de comunicación como el Bogotano.

El ex alcalde, Enrique Peñalosa, ahora en el Uribismo, se presenta como la carta más confiable del gobierno para recuperar la alcaldía de Bogotá, máxime si cuenta con el apoyo de uno de los principales líderes oficialistas en el país, el senador Germán Vargas.

Lo cierto de todo esto es que dentro del Polo están coexistiendo tendencias políticas muy diferentes, que solo el liderazgo y credibilidad del presidente del partido , Carlos Gaviria, ha logrado mantener unidas. Una cosa , por ejemplo, representan las tendencias de oposición radical al gobierno Uribe que encarnan los senadores Gustavo Petro y Jorge Robledo y otra la que lidera el alcalde de Bogotá, Garzón, a quien sus críticos censuran sus posiciones moderadas con el gobierno nacional y el continuismo de muchos programas neoliberales en la alcaldía heredados de las administraciones de Peñalosa y de Mockus.

Tal como están planteadas las realidades políticas del país, las próximas elecciones regionales de octubre seguirán estando determinadas por el poder del paramilitarismo y el clientelismo político en grandes regiones de la nación, pese a las declaraciones retóricas del presidente y de sus ministros, a la presunta desmovilización de los jefes “paracos” y al encarcelamiento de algunos “caciques” o dirigentes regionales en su inmensa mayoría pertenecientes al Uribismo.

La oposición, representada en el Polo Democrático y el Partido Liberal, es muy posible que sufra derrotas contundentes en los departamentos donde la mafia política continua apoderada de todos los resortes de los gobiernos locales. Resta la esperanza de salvar estas pérdidas con fuertes votaciones en las ciudades principales, pero para que se presente este hecho se necesita contar con candidatos de gran impacto popular que por ahora no parecen surgir en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

MAMBRÚ QUIERE MÄS GUERRA

El presidente Uribe sabe perfectamente que su llegada al poder y su actual prestigio político entre buena parte de la población han dependido de su política militarista de la “seguridad Democrática”. La existencia de un grupo guerrillero como el de las FARC, que se ha fortalecido económicamente con dineros del narcotráfico, ha sido un excelente pretexto para que el presidente haya ganado la reelección y mantenga un sólido respaldo dentro de los grandes empresarios del país, con su estrategia o programa represivo.

Si las FARC no existieran, no existiría tampoco el gobierno Uribe. Por esta razón la apuesta del presidente para los próximos años es la de insistir en la guerra contra ese grupo aumentando el presupuesto de gastos de las fuerzas militares y solicitarle a los Estados Unidos la continuación del Plan Colombia para el período 2007-2013.

En principio esta continuación vale 43.834 millones de dólares, una suma gigantesca de dinero para un país con tantos desequilibrios sociales como el nuestro. Sin embargo, el impacto de esta suma se reduce si se conoce que buena parte de la misma resulta de agregar inversiones y gastos en educación, salud, vivienda y fortalecimiento del sistema judicial que están contemplados en los presupuestos ordinarios anuales del Estado.

En plata blanca descontadas estas cifras el plan Colombia exige en gastos militares la suma de 6.172 millones de dólares, de los cuales se aspira a que los Estados Unidos aporte unos 3.600 millones.

En la primera etapa del Plan Colombia del 2000 al 2006, el costo de los gastos militares del mismo fue de 7.514 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos entregó cerca de 4 mil millones.

Sin embargo, las circunstancias políticas han cambiado en los Estados Unidos. De un lado, el gobierno Bush perdió el control del Congreso, del otro, los gastos de las guerras en Irak y en Afganistán se han multiplicado y la opinión pública es cada vez más crítica de las aventuras militares de su gobierno en el mundo. El desprestigio de Bush es tal que ya se inició la campaña para elegir a su sucesor, aunque todavía faltan más de 20 meses para terminar su administración.

Esto explica, entonces, que la Secretaria de Estado, Condolezza Rice, haya aclarado que la ayuda militar podría extenderse por dos o tres años , pero que después “ nuestros amigos colombianos tendrían que buscar sus propios recursos para el plan”.

Es muy probable que en las próximas elecciones presidenciales triunfe un candidato de la oposición, del partido Demócrata, que tradicionalmente ha hecho más énfasis en temas como el de los derechos humanos que para los Republicanos son de segunda importancia.

El gobierno Uribe ha sido acusado reiteradamente por líderes y congresistas Demócratas de complicidad con la acción de los grupos paramilitares y de crear un clima político favorable a la violación de los derechos humanos de la población civil en el país, por lo que desde ahora se pronostica que la consecución de la ayuda militar de los Estados Unidos para el Plan Colombia será un camino bastante espinoso para el presidente y sus aliados, y que en caso de obtenerla estará sometida a mayores controles e investigaciones del congreso norteamericano.

Un informe de la agencia de seguridad de los Estados Unidos, la CIA, filtrado por el periódico “Los Angeles Times”, acusa directamente al comandante del Ejército, general Mario Montoya , de haber colaborado con grupos paramilitares mientras se desempeñaba como jefe de la brigada en Medellín en varios operativos que dejaron decenas de muertos y de personas desaparecidas., informe que confirma la gran resistencia que está encontrando Uribe en muchos sectores estadinenses para continuar su política guerrerista.

DESHOJANDO MARGARITAS

Las conversaciones entre el alto mando del grupo guerrillero ELN y el gobierno bajo la mediación de Cuba no parecen avanzar tan rápidamente como el presidente y su comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, desearían. El interés de Uribe y del comisionado en obtener un triunfo político con la desmovilización de esta organización subversiva que se fundó en 1963 es bastante entendible, ya que la desmovilización serviría para que el gobierno pudiera disimular o encubrir muchas de las consecuencias de sus tratos de favor con los paramilitares, que han sido motivo de fuertes críticas y censuras en Colombia y en el exterior.

Aunque la situación militar del ELN es bastante precaria y en muchos de sus frentes se comienzan a ver brotes de indisciplina y presencia de los mismos en el negocio del narcotráfico, no es fácil para el comando central entrar a negociar con un gobierno conservador y antipopular como el de Uribe una posible desmovilización , después de haber sostenido una lucha radical de más de 40 años por la toma del poder, rechazando en épocas anteriores ofertas de tregua o de diálogo de otros gobiernos.

Mientras tanto, las FARC siguen insistiendo en su oferta de hacer un intercambio humanitario de los políticos y militares que tienen retenidos por algunos jefes guerrilleros presos en las cárceles del Estado. La condición para hacer dicho intercambio es el despeje de dos municipios del departamento del Valle , Pradera y Florida, para realizar en esta zona el canje, petición a la que se niega con intransigencia el presidente.

Ante este empantanamiento en la negociación del intercambio, que prolonga el sufrimiento de los políticos y militares retenidos por la guerrilla en las selvas y montañas del país, siete congresistas de los Estados Unidos se han ofrecido como garantes de las conversaciones entre gobierno y FARC, ofrecimiento que el presidente ha aceptado de labios para afuera advirtiendo al mismo tiempo que ya existen unos países nombrados como mediadores, entre ellos España y Suiza.

DE otro lado, la ofensiva diplomática de las FARC se ha enfilado ahora a pedir un reconocimiento político de gobiernos como el de Brasil y el de Venezuela que le permitiría ganar protagonismo internacional y peso ante la administración Uribe. Sin embargo, es poco probable que obtengan una respuesta satisfactoria de esos gobiernos , que por otro lado tienen bastantes intereses comerciales en juego en Colombia.

La guerra, entonces, continua sin que aparezca en el futuro cercano alguna esperanza de acercamiento entre las partes para iniciar un proceso de paz. Las FARC se han hecho fuertes en el sur occidente del país, aprovechando el auge de los cultivos de coca en esas zonas, así como el abandono de algunas áreas que controlaban los grupos paramilitares desmovilizados y el surgimiento de otros que aspiran a retomar ese control.

Los repetidos atentados contra la alcaldesa de Neiva, capital del departamento del Huila, son una prueba de la capacidad logística que todavía conservan en algunas ciudades las milicias de las FARC, que están lejos de estar derrotadas como lo han proclamado triunfalistamente algunos altos mandos de las fuerzas armadas oficiales.


LA CHIQUITA MAFIOSA

Un tribunal de los Estados Unidos ha condenado en días recientes a la empresa bananera “Chiquita Brands” a pagar una multa de 25 millones de dólares, tras comprobarse que los directivos de la compañía patrocinaron la acción criminal de los grupos paramilitares en la zona de Urabá en el departamento de Antioquia aproximadamente desde el año 1995 hasta el retiro de la compañía de Colombia hace tres o cuatro años.

En ese período la compañía pagó una suma de más de 1.700.000 dólares a los paramilitares de Carlos Castaño no solo para que protegieran sus propiedades de las extorsiones de los grupos guerrilleros, sino para que “limpiaran “ a sangre y fuego la región , como en efecto lo hicieron, de todo tipo de organizaciones y líderes que parecieran simpatizar o ser aliados de esos grupos subversivos. Además, los directivos admitieron haber traído en uno de sus barcos un gigantesco cargamento de armas desde Nicaragua para las “Autodefensas” de Castaño.

En sana lógica los directivos que han aceptado estos cargos deberían ser extraditados a nuestro país y juzgados como coautores de las masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos de población que hicieron sus patrocinados, pero esto es pedirle peras al olmo a un gobierno como el de Uribe, cuyos intereses están tan identificados con los de los grandes hacendados y empresarios agrícolas.

Otra empresa de los Estados Unidos, Drummond, que explota buena parte de los yacimientos de carbón del departamento del Cesar en la Costa Atlántica , ha sido asociada por un juez de Alabama a un proceso en el que se la acusa de haber financiado a grupos paramilitares en esa región y de haber planeado en compañía de estas bandas criminales el asesinato de tres directivos del sindicato de la empresa.

Naturalmente, los representantes de la Drummond en el país han alegado que estas afirmaciones son mentirosas, pero lo que todos estas denuncias y juicios están demostrando es que el fenómeno paramilitar y el triunfo de la cultura mafiosa en el país son hechos que solo pudieron hacerse posibles con el patrocinio y la complicidad de buena parte de la clase empresarial de la nación, de los grandes capitales agrícolas e industriales tanto nacionales como internacionales , complicidad y patrocinio de la que poco se habla en los procesos de la mal llamada ley de justicia y paz.

Esta misma clase empresarial es la que ha respaldado las políticas guerreristas del presidente y su estrategia de la seguridad democrática , y la que ha disfrutado de la bonanza económica que ha traido consigo la aplicación de un modelo neoliberal a raja tabla favorecedor de los intereses de los grandes capitales y empobrecedor de la mayoría de la población.

LA MONA VESTIDA DE SEDA

En contravía de los reclamos y afirmaciones del gobierno que planteaban un mejoramiento notable de la situación de los derechos humanos en el país, el reciente informe de las Naciones Unidas al respecto es bastante crítico con relación a la administración Uribe.

El informe denuncia un aumento en las ejecuciones o asesinatos de civiles por parte de las Fuerzas Armadas, que luego son presentados ante los medios de comunicación como “guerrilleros dados de baja”. Además señala la evidente complicidad de sectores del ejército y de la policía con grupos paramilitares en varias regiones , grupos que , por si fuera poco, detentan, controlan el verdadero poder político en muchos departamentos.

Para completar el cuadro 65 militares han sido llamados a indagatoria por la Fiscalía Nacional por su participación en los asesinatos de varios habitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó (Urabá), tal y como lo habían venido denunciando diferentes instituciones de derechos humanos en Colombia y en el exterior

Otros estudios aparecidos en días pasados hablan de otros problemas que tienen relación íntima con la situación de los derechos humanos en Colombia. Nos referimos a problemas como los de la violencia y abusos físicos y sicológicos contra mujeres y niñ@s.

En efecto, de cada 100 reconocimientos legales por violencia sexual en el país 84 corresponden a mujeres y 33 a niñ@s de 10 a 14 años de edad.

A propósito de la población infantil también se afirma que no se denuncian ni el 5% de los casos de maltrato que padecen los niñ@s y se habla de que hay 1 .200.000 niñ@s desplazados por la guerra, que el 55% de los integrantes de grupos armados irregulares son menores de 18 años y que 2.500.000 niñ@s se ven obligados a trabajar para ganarse el sustento propio y de sus familias.

Las mujeres ganan un 24% menos de dinero en trabajos iguales que los hombres; el 41% , incluso, no llegan a devengar 120 dólares mensuales, aunque el 31% de los hogares tienen jefatura femenina por el abandono o muerte de sus compañeros y esposos.

Pero son precisamente las organizaciones populares lideradas por mujeres las que están demostrando en esta coyuntura una mayor capacidad de resistencia, de “resilencia” como la llaman ahora, frente a unas condiciones políticas y económicas que parecieran no dejar mucho espacio para la esperanza de construir una sociedad auténticamente democrática y orientada por valores de paz.

En áreas de alta presencia de grupos armados irregulares como el Magdalena Medio, Córdoba, Sucre, Bolívar, Costa Pacífica los grupos y organizaciones de mujeres se han atrevido a cuestionar con hechos y programas prácticos el dominio de los Señores de la guerra, cuestionamiento que les ha costado amenazas e incluso el asesinato de algunas de sus líderes .

En la Costa Pacífica y especialmente en las ciudades de Buenaventura y de Tumaco donde la población afroamericana es mayoría se sufren las consecuencias del actuar criminal de los grupos armados irregulares vinculados con el narcotráfico y de los abusos y violencias de las fuerzas de seguridad del Estado. En Buenaventura, principal puerto colombiano, los atentados terroristas, los asesinatos selectivos, las desapariciones, los enfrentamientos entre bandas armadas son fenómenos de la vida cotidiana, en una ciudad que , además, tiene unas altísimas tasas de desempleo y de subempleo que no le ofrecen ninguna esperanza de futuro a la población juvenil.

El gobierno Uribe ha demostrado su incapacidad para enfrentar esta compleja suma de problemas y se ha limitado a tratar de aplicar una estrategia represiva en el puerto, creyendo que con la receta de la seguridad democrática resolverá una situación de violencia que nace y toma fuerza en unas condiciones de profunda desigualdad social y de pobreza y de miseria dentro de la población.

Situaciones muy parecidas se empiezan a vivir en ciudades como Cartagena donde el pandillismo juvenil y las bandas criminales se han apoderado del inmenso cinturón de barriadas empobrecidas que rodea el centro histórico y turístico. Cerca del 75% de la población de la ciudad se encuentra en la pobreza absoluta y Cartagena se ha convertido en el centro receptor de miles de desplazados que han debido huír de las áreas campesinas en la Costa Atlántica para salvar sus vidas de las acciones criminales de los grupos armados ilegales.