CRÓNICA DE UNA CRISIS ANUNCIADA

La bonanza financiera que vienen disfrutando algunos sectores privilegiados del país empieza a mostrar su cara verdadera en la economía nacional. De un lado, los miles de millones de dólares que han ingresado a Colombia en los últimos meses producto de las ventas de empresas privadas y estatales a capitalistas extranjeros, de los altos precios de materias primas como el petróleo y el carbón que Colombia vende internacionalmente, del lavado de las ganancias de los carteles del narcotráfico y del paramilitarismo y de la llegada de dineros atraídos por las altas tasas de interés que se pagan en el mercado local, han ocasionado una revaluación del peso colombiano y una depreciación o baja del valor del dólar , como jamás se había presentado en la historia reciente del país.

La pérdida de valor del dólar frente al peso ha causado que los sectores exportadores tanto agrícolas como industriales , se vean seriamente perjudicados ya que cada vez reciben menos pesos por los artículos que venden en otros países, mientras al mismo tiempo crecen los costos de producción y se hacen menos competitivos frente a las mercancías que llegan, por ejemplo de Asia y de África , a los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea.

Las dificultades económicas de los exportadores han causado el despido masivo de trabajadores en sectores como las flores, la confección de ropa, los cueros, el banano, el café que el gobierno ha intentado minimizar o ignorar en las cuentas alegres que divulgan sobre las tasas o porcentajes de desempleo en la nación.

Además, para cubrirse las espaldas políticamente con los sectores de los grandes exportadores, Uribe ha autorizado la entrega de otros 200 mil millones de pesos= 105 millones de dólares en subsidios o regalos a esos empresarios, complementados con créditos “blandos”, es decir con bajas tasas de interés y amplios plazos.

Este dinero se suma a los 500 mil millones de pesos 263 millones de dólares, ofrecidos inicialmente a los sectores de capitalistas que resultaran perjudicados con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

De otro lado, la gran mayoría de capitales, de dineros que han entrado al país se han dedicado a financiar operaciones especulativas, no productivas ni creadoras de empleo a mediano y a largo término. Por ejemplo, una buena parte de esos capitales se han “invertido” en la compra de Bonos del Tesoro Nacional, es decir en hacerle préstamos a la tesorería del gobierno con intereses muy superiores a los que paga cualquier banco privado.

El gobierno recibe esos préstamos, porque de una parte con ellos subsidia buena parte de los gastos del presupuesto estatal y además esos préstamos le permiten contar con dineros para pagar la gran cantidad de programas asistencialistas que el presidente ha creado en el afán de consolidar su influencia política en los grupos más pobres de la población.

Uno solo de ellos, “Familias en acción”, cuesta no menos de 1.800 millones de dólares.

Decimos que son programas asistencialistas porque solo ofrecen ayudas parciales, de momento, coyunturales a sectores empobrecidos, sin atacar las causas reales de la miseria en que se debaten esos miles de colombianos supuestamente favorecidos con la acción del Estado. En la práctica, terminan reforzando los lazos de dependencia paternalista, de clientelismo corrupto entre el presidente, sus aliados políticos y esos grupos de población.

Además, el aumento del gasto del gobierno, sumado a la gran cantidad de dinero que circula en manos de los empresarios e inversionistas beneficiados con la bonanza han empezado a disparar la inflación, a aumentar el costo de la vida, perjudicando con esta alza a la mayoría de los colombianos que viven de un salario o de unos ingresos precarios.

El propio Banco Mundial y varias comisiones y grupos de expertos le han recomendado al gobierno un recorte de gastos para frenar la inflación y para evitar que la caída del dólar continue, pero el presidente se ha negado a escuchar esas recomendaciones ya que para su mentalidad de político caudillista y clientelista es mucho más importante mantener “aceitada” con auxilios y donaciones la maquinaria electoral, previendo una segunda reelección , que colaborar en el ordenamiento de las finanzas de la nación.

Mientras sectores como los importadores de bienes y artículos de lujo tales como automóviles, aparatos eléctricos, joyas, etc disfrutan de ventas “espectaculares” y crece la construcción de centros comerciales, de hoteles, de viviendas para gentes de altos ingresos, se profundizan del otro lado las diferencias sociales y aumenta la informalidad en el empleo, o sea el llamado “rebusque”, con el consiguiente empobrecimiento de la población.

De cada 100 empleos existentes en el país, 61 se encuentran en la informalidad económica, es decir, son empleos donde no existe ninguna garantía de seguridad social y estabilidad laboral, según lo informa el Banco Mundial. Las estadísticas del gobierno ignoran este hecho y clasifican como efectivamente “empleados” a muchas personas que están en el “rebusque”, logrando así presentar unos porcentajes de desempleo muy inferiores a los que realmente se presentan en la nación.

Además, para ajustar más esos porcentajes, no contabilizan como desempleados a las personas que se han cansado de buscar un puesto de trabajo.

De esta manera el presidente puede jactarse afirmando que la tasa de desempleo está disminuyendo y llega a un 11% gracias a las políticas sociales de su gobierno.

En realidad de los 18 millones de personas que están en capacidad de trabajar en el país, cerca de 2.200.000 están desempleadas, 1.100.000 se cansaron de buscar empleo, más de 6 millones están subempleadas. Esto quiere decir que solo un 45% de la población trabajadora en Colombia cuenta con algún tipo de empleo fijo, lo que demuestra la gravedad de la situación social que viven los sectores populares en la nación.

EL DERRUMBE DE LA RUMBA

La economía colombiana, como en general la economía mundial, dependen en gran parte de las oscilaciones y cambios que se presenten en las economías de los Estados Unidos, Europa, Japón y China. La globalización ha fortalecido estas tendencias y esto explica la presencia de cientos de millones de dólares de inversionistas extranjeros a corto plazo, los llamados “capitales golondrina”, tratando de sacar provecho a las altas tasas de interés que se pagan en nuestro país.

Sin embargo, la presencia de estos mal llamados inversionistas puede terminarse , si la economía de los Estados Unidos , tal como lo pronostican muchos analistas, empieza a desinflarse como consecuencia de la caída en los precios de la propiedad raíz, de las casas, edificios, etc., que ya empieza a registrarse; del aumento de las deudas de los consumidores que están resultando impagables en la medida que los empleos bien remunerados para la clase media comienzan a escasear y se acentúa la concentración de la riqueza en ese país y aumentan los costos de la guerra de Irak y demás operativos militares norteamericanos que continúan desangrando las finanzas estatales.

Estados Unidos es el país más endeudado del planeta. Su deuda asciende a 8, 7 trillones de dólares y el gobierno arrastra un déficit fiscal que se soluciona provisionalmente con los préstamos que inversionistas de todo el mundo le hacen al gobierno y que pasan de los mil millones de dólares diarios.

Si las tasas de interés continúan subiendo en Norteamérica, los capitales “golondrina” volverán a los Estados Unidos, abandonando nichos como el colombiano. Este abandono se traducirá en una devaluación de nuestra moneda y el regreso a la escasez de dólares con un doble agravante. De un lado, se habrán perdido miles de empleos en el país por la mentirosa bonanza que tenemos actualmente y, lo que es peor, se habrán perdido también muchos mercados para nuestros productos en el exterior, que serán irrecuperables. Recordemos que por primera vez en muchos años en este primer semestre del 2007 se va a tener un déficit comercial en Colombia, es decir que las importaciones, serán superiores a las exportaciones o, en otras palabras, que el valor de los productos traídos del exterior superará en unos 1.500 millones de dólares a los que vendemos a otros países.

Del otro, es muy posible que un desinfle en la economía de los Estados Unidos, perjudique a otras economías como la China, la India, la Japonesa, que tienen como el principal cliente de sus bienes y servicios a ese país.

Todo esto significaría que se reducirían las compras de petróleo, carbón, hierro, cemento y otros productos por parte de esas economías a los países del tercer mundo y que en consecuencia bajarían los precios de esas materias primas en el planeta, con lo que se irían también al suelo los ingresos que estamos obteniendo por la venta de tales productos.

EL DE ATRÁS PAGA

El gasto público en los años de gobierno de Uribe se ha disparado. Los gastos del gobierno central corresponden a un 22% del Producto total de la economía colombiana en el año, unos 26 mil millones de dólares, lo que revela que la llamada lucha contra la corrupción y el clientelismo en la administración pública y por hacer al Estado más eficiente , no han sido más que unas frases de propaganda , de publicidad del presidente para engañar incautos.

La administración Uribe, cumpliendo las recomendaciones de misiones del Fondo Monetario Internacional y de otras entidades , ha recortado y lo sigue haciendo las inversiones en salud, educación, vivienda y otros servicios sociales, mientras al mismo tiempo aumenta los gastos militares y los programas asistencialistas para algunos grupos de población empobrecida.

La ley de la reforma a las transferencias apunta en esa dirección. En 1991, la Constitución ordenó que de cada 100 pesos que ingresaran a la tesorería del gobierno nacional, 43 serían girados a los departamentos y municipios del país para cubrir los gastos de educación y salud principalmente. Esta redistribución de recursos facilitaba el cumplimiento de la descentralización administrativa y fortalecía la acción de los gobiernos locales y regionales.

Pero durante el gobierno Pastrana, el presidente y su ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, propusieron un cambio en el porcentaje de esas transferencias, alegando la delicada situación económica de la administración nacional y la imposibilidad de cumplir los diferentes compromisos financieros que tenía de seguir girando en los mismos porcentajes los dineros a las alcaldías y gobernaciones. Tras un accidentado proceso en el Congreso y pese a las protestas de diferentes sectores sociales, la reducción se hizo efectiva. De cada 100 pesos, los gobiernos locales recibirían 33.

Ahora, con parecidos argumentos, el gobierno Uribe ha impulsado una nueva reforma de las transferencias que reduce el porcentaje de los giros a un 27%, lo que en la práctica significa el fortalecimiento del poder central, del poder presidencial , desconociendo el mandato descentralizador de la Constitución de 1991.

Mediante los tradicionales mecanismos de compra y venta de favores los parlamentarios del gobierno aprobaron la reforma, que le da más instrumentos a Uribe para aumentar la influencia clientelista en el país.

El gobierno mediante hábiles juegos de números ha intentado hacer creer a la opinión pública , que los servicios de educación y de salud no van a salir disminuídos con la reforma y que por el contrario en los próximos años aumentarán los dineros transferidos a las alcaldías y gobernaciones. Sin embargo, las gigantescas manifestaciones de protesta impulsadas por los sindicatos, el gremio de maestros, asociaciones y organizaciones populares, el Polo Democrático y otros movimientos políticos , que lograron reunir a más de 150 mil personas en Bogotá para expresar el rechazo a las políticas Uribistas , demuestran que van creciendo los sectores de población inconformes con el gobierno “mesiánico “ y autoritario del presidente.

En cifras concretas, el total de las transferencias para este año sumarán más de 17 billones de pesos= 8.947 millones de dólares, y con las reducciones impuestas para los próximos años el gobierno nacional se “ahorrará” unos 49 billones de pesos= 25.700 millones de dólares.

Si bien ha habido manejos corruptos en los dineros de las transferencias por parte de algunas alcaldías y gobernaciones, esta situación no invalida el buen uso que en gran parte de las mismas se ha hecho de esos recursos. En el propio gobierno nacional abundan también los actos de corrupción, por lo que resulta “farisaico” hablar de que la administración central puede manejar de manera más transparente los dineros que se van a “ahorrar” en las transferencias.

Lo cierto es, que como bien lo dice el sindicato de los maestros, FECODE, los resultados de estos ahorros se verán en los próximos años traducidos en menos cupos escolares, menos profesores para las escuelas y colegios, y un servicio más deficiente en la atención social a la población.

Recordemos, por ejemplo, la realidad de nuestra situación educativa:

De cada 100 niñ@s que ingresan al primer año de primaria en las escuelas, 55 terminan ese ciclo y solo 45 continúan el bachillerato o secundaria. De los 45, 25 se gradúan como bachilleres y solo 15 entran a la universidad. De los 15, entre 5 y 7 terminan sus estudios y un 44% de los profesionales recién egresados no consiguen trabajo en el área dentro de la cual se capacitaron.

Los “ahorros” del gobierno no se limitan a las transferencias a las alcaldías y gobernaciones. En el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos años aprobado por el Congreso se coló, “sin querer, queriendo”, una propuesta del gobierno que obliga a las universidades públicas a asumir de sus propios recursos ordinarios una parte del pago de las pensiones de sus funcionarios jubilados.

Ante las protestas que hicieron profesores y estudiantes de las universidades en el país, la ministra de Educación, Cecilia Vélez, se apresuró a decir que existía “un mal entendido “ en la propuesta. Lo que el gobierno proponía era que las universidades aportaran solo un modesto 2% o 3% de la financiación de las pensiones. Pero lo que no explicó la funcionaria es que ese pequeño porcentaje implicaría un gran “descuadre” o déficit en la contabilidad de las universidades, que andan muy escasas de recursos y que en los últimos años han visto poco a poco reducirse los dineros que les gira el Estado. Quitarle 90 mil o 100 mil millones de pesos a las universidades= 47 millones de dólares, significa la reducción de un buen número de cupos para los estudiantes en las diferentes facultades, de recursos para la investigación, para la capacitación de los docentes, etc.

Estos recortes se basan en el argumento de tecnócratas y funcionarios del Ministerio, apoyado por organismos financieros internacionales, que sostiene que estas instituciones de educación deben aumentar sus ingresos por rentas propias vendiendo servicios a la empresa privada y aumentando el costo de las matrículas a los estudiantes. El aumento de las matrículas eliminaría a los estudiantes de los estratos más pobres de tener acceso a la universidad pública, única alternativa real que tienen estos jóvenes para culminar su educación y ampliaría aún más la brecha entre las clases privilegiadas y los sectores populares.

LA COPA LLENA... Y SE LLENA

El modelo neoliberal impulsado por el actual gobierno plantea la entrega de los recursos estratégicos o más importantes del país, a los capitalistas extranjeros como un paso necesario dentro del proceso que nos llevará ser en un tiempo no determinado con precisión un país desarrollado.

Dentro de ese planteamiento se han feriado sectores como el petrolero, el minero, el eléctrico, argumentando que el Estado es mal administrador y que los empresarios privados tienen la eficacia y la transparencia administrativa que le falta a los funcionarios públicos.

No sabemos de que tipo de desarrollo y de que transparencia hablan los líderes del gobierno cuando se descubren casos típicos de explotación y rapiña de las riquezas de la nación como el de la compañía de los Estados Unidos, Drummond, que explota el carbón de varios yacimientos de carbón en el departamento del Cesar.

La Contraloría Nacional ha denunciado que la Drummond le había “tumbado” o dejado de pagar varias decenas de millones de dólares en regalías al Estado colombiano. Los directivos de la compañía acosados por el proceso judicial que tienen que enfrentar en su país donde se los señala de haber patrocinado o auxiliado grupos paramilitares que asesinaron a tres dirigentes del sindicato de trabajadores en el Cesar, se apresuraron ante esta nueva denuncia a arreglar “por las buenas” la devolución de las regalías que habían dejado de pagar.

Sin embargo, lo que también se descubrió en este caso es que durante los años que la Drummond ha explotado estas minas de carbón, de cada 100 dólares de ganancia que ha sacado del negocio, solo 3 dólares netos le han quedado efectivamente al Estado colombiano. Es decir, la Drummond toma el 98% de las utilidades y la nación colombiana el 3%

Nos preguntamos ¿Será este el modelo de desarrollo que nos permitirá sacar de la pobreza, a los millones de colombianos que hoy soportan el peso de la exclusión social?

El caso de Drummond no es único. En el contrato de la explotación de los yacimientos de gas natural de Chuchupa en la costa de la Guajira, la Chevron-Texaco, compañía norteamericana, gracias a la mediación de su antigua presidenta, la Secretaria de Estado Condolezza Rice, logró que el gobierno colombiano aceptara la renovación del contrato en condiciones claramente desventajosas para nuestro Estado. El 90% de las utilidades quedarán en manos de la Chevron-Texaco y el 10% en poder de nuestro gobierno.

Este es parte del costo de la política de seguridad democrática de Uribe. A cambio de apoyo en armas, en instructores militares, en helicópteros para combatir a los grupos guerrilleros, el gobierno entrega el petróleo, el carbón, el gas natural, etc.

La refinería de petróleo de Cartagena fue entregada por el gobierno a la empresa suiza Glencore, la misma que está asociada a otras firmas de Sudáfrica y Australia en la explotación de los carbones del Cerrejón, en el departamento de la Guajira.

La refinería era un instrumento básico de la empresa estatal “Ecopetrol” para tener una parte clave del mercado de los petroquímicos como los plásticos.

El Cerrejón fue subsidiado durante casi veinte años por el Estado Colombiano, desde que se firmó el contrato inicial de explotación con la empresa de los Estados Unidos, Esso, durante el gobierno de López Michelsen (1974-78). Como el precio de venta de la tonelada de carbón era inferior, según la Esso, a los costos de su producción, nuestro Estado pagó la diferencia. De esta manera donamos más de 2 mil millones de dólares para que los “inversionistas “extranjeros nos hicieran el favor de vender el carbón en los mercados internacionales.

Cuando el precio del carbón subió en el mundo, la Esso le compró por menos de 400 millones de dólares su parte en el negocio al Estado y luego revendió la operación con otro margen grande de utilidades al actual consorcio que explota El Cerrejón del cual hacen parte, entre otras, las compañías Billinton y Glencore.

El Ministerio de Agricultura, por su parte, ha venido impulsando sendas leyes de tierras y de aguas, que favorecen los intereses de los grandes hacendados vinculados muchos de ellos con el paramilitarismo y el narcotráfico y de las empresas transnacionales interesadas en hacerse al control de negocios que en la coyuntura actual parecen muy rentables como el de la producción de bio combustibles basados en cultivos como el de la palma de aceite y el de la venta de agua embotellada y la administración de acueductos y centrales hidroeléctricas.

SIN FORMA LA REFORMA

En las áreas rurales la concentración de la propiedad agraria hecha en buena parte a sangre y fuego por la acción criminal de los grupos paramilitares, ha profundizado la miseria en el campo. Si en 1986, el 0,006% de los propietarios controlaban el 36% de la tierra del país, hoy ese mismo 0,006% tiene el dominio del 53%. Los millones de campesinos desplazados y asesinados han pagado el costo de esa contrarreforma agraria impulsada con la complicidad de las instituciones del Estado.

Durante el gobierno Uribe solo se han beneficiado con la adjudicación de parcelas de tierra 5.502 familias campesinas por parte del Estado, es decir el 0,3% de las familias campesinas sin tierra que hay en el país, que suman más de 1.500.000.

El “Incoder”, un instituto que creó Uribe para orientar estos programas de compras y adjudicaciones de tierras a los campesinos, se ha distinguido por los escándalos de corrupción en que han estado involucrados sus principales funcionarios y por operar al servicio de los grupos paramilitares, principales victimarios de los campesinos desplazados. Por ejemplo , se han efectuado negocios de compras de haciendas a precios altísimos en zonas que no son aptas para la explotación agrícola , mientras se han adjudicado otras en zonas fértiles a jefes paramilitares y a sus subalternos en una demostración de absoluto cinismo y burla a los principios de justicia y equidad social.

Jefes paramilitares y sus aliados han recibido préstamos del Ministerio de Agricultura para impulsar cultivos de palma de aceite en tierras robadas a las comunidades indígenas y afroamericanas en departamentos como el Chocó y Antioquia.

La situación de la población afroamericana en el país no puede ser más opresiva. El 82% tiene sus necesidades básicas insatisfechas y el 76% se encuentra en la extrema pobreza. Los ingresos de este sector de la población colombiana son en promedio 3 veces inferiores al del resto de los colombianos y solo el 2% de sus jóvenes tienen la oportunidad de asistir a la universidad.

Además, el 17% de los más de 3 millones de desplazados por la guerra en el país son afroamericanos. Sin embargo, el gobierno haciendo caso omiso de esta realidad , patrocina el despojo de las tierras de estas comunidades aumentando así los niveles de miseria y de exclusión social de estos muy importantes grupos de nuestra población.

Pero, mientras tanto, el ministro, Andrés Felipe Arias, no vacila en proteger con subsidios, préstamos blandos, sustentación de precios a los grandes empresarios agro industriales del país, en una clara demostración de a quienes sirve y a que intereses protege la administración Uribe.

Una cosa es cierta: Sin una reforma agraria integral que democratice la propiedad en el campo y le devuelva la esperanza al campesino de poder construir su vida y la de sus familias en dignidad y libertad, será imposible hablar de paz en el país.

La expansión de los cultivos de coca y del negocio del narcotráfico en la nación están directamente relacionados con la situación de miseria, de concentración de propiedad de la tierra , de desplazamiento forzado que se viven en las áreas rurales.

Un reciente informe de la agencia de espionaje e inteligencia de los Estados Unidos, CIA, revela que pese a las fumigaciones pagadas a costo millonario por el gobierno de ese país, a la persecución contra los jefes e integrantes de los carteles del narcotráfico, los cultivos de coca crecieron y ahora llegan a las 156 mil hectáreas sembradas en Colombia., 12 mil más que en el año anterior.

Si este informe es cierto, lo que demuestra es el completo fracaso de las políticas represivas aplicadas en estos años por los gobiernos Bush y Uribe contra este fenómeno tan complejo del narcotráfico, que ha servido ,entre otras cosas, como financiador de los grupos armados irregulares que existen en el país; como motor de mayores desigualdades económicas; como promotor de descomposición social, de la criminalidad y, en general de las violaciones de derechos humanos en el país.

Otro informe de las Naciones Unidas habla de 79.000 hectáreas de cultivos de coca, pero sea cual sea la verdad, la realidad de esta historia es que la contra reforma agraria impulsada en los últimos 25 años por terratenientes , paramilitares y algunos sectores del Estado ha creado las condiciones propicias, favorables para que los cultivos de coca y de amapola se extiendan y fortalezcan el negocio del narcotráfico en todas sus dimensiones y consecuencias.



LA HONORABLE IMPUNIDAD

El presidente Uribe está cosechando políticamente las tempestades que ha sembrado con unas prácticas de gobierno donde la corrupción y el clientelismo, los tratos por debajo de la mesa, la arrogancia y el mesianismo han ido de la mano con la dosificada manipulación de los medios de comunicación.

En efecto, Uribe ha tenido que enfrentar el chantaje no muy disimulado de un sector de los jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itaguí, liderados por Salvatore Mancuso.

Mancuso en la declaración libre que hizo a la Fiscalía cumpliendo con los requisitos de la mal llamada ley de “Justicia y Paz”, denunció con nombre propio a muchas de las empresas que apoyaron económicamente la acción de los grupos paramilitares en Urabá, Córdoba, Norte de Santander y varios departamentos de la Costa Atlántica. En la lista de los patrocinadores se encuentran grandes consorcios como la cervecería “Bavaria”, propiedad hasta hace poco del millonario Julio Mario Santodomingo y la productora de gaseosas y embotelladora de Pepsi Cola en el país, “Postobón” , cuyo dueño es el magnate Carlos Ardila.

Coincidencialmente ambos millonarios, son, a la vez, los dueños de los dos canales comerciales de televisión que acaparan más del 85% de la sintonía nacional, “Caracol” y “RCN”, y amigos políticos muy cercanos del presidente.

Así mismo, Mancuso confirmó que todas las bananeras de Urabá contribuyeron con el programa de guerra de las “Autodefensas” , entregando 2 centavos de dólar por cada caja de banano exportada . Dentro de estas bananeras ocupó papel muy principal en esta financiación la compañía de Estados Unidos, “Chiquita Brands”, recientemente multada con 25 millones de dólares por un tribunal norteamericano al comprobársele las contribuciones económicas que dio a grupos calificados oficialmente de terroristas por el propio gobierno Bush como los paramilitares colombianos.

El líder paramilitar confirmó los pactos para distribuirse el poder en departamentos como Córdoba y Norte de Santander hechos con los jefes de los partidos políticos regionales, muchos de los cuales ya han sido detenidos acusados del delito de “concierto para delinquir” por la Corte Suprema de Justicia.

El verdadero “bombazo” de Mancuso, que prendió las alarmas en el círculo que rodea a Uribe, fueron las denuncias que este hiciera contra el vicepresidente Francisco Santos y contra el Ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, ambos co propietarios del primer periódico del país, “El Tiempo”.

Del Vicepresidente señaló que en años anteriores se reunió en varias ocasiones con él y que en una de ellas Santos le solicitó la conformación de un grupo o bloque paramilitar en Bogotá.

Del Ministro afirmó, que durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-98) , él se reunió , no solo con Mancuso, sino con el jefe de los paramilitares por aquel entonces, Carlos Castaño, para plantearles una alianza que incluyera también a los grupos guerrilleros para derrocar el gobierno de esa época.

El mensaje estaba claro. O el presidente cumplía los acuerdos secretos pactados con el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, durante la negociación de Santafé de Ralito, que incluían la no extradición de los jefes “paracos “ a Estados Unidos, el garantizarles cumplir las condenas mínimas que se les impusieran en “colonias agrícolas “ o haciendas con régimen muy laxo, muy libre de reclusión y el que se les permitiera legitimar fortunas y poder político, o debería atenerse a las consecuencias de las revelaciones que ellos comenzarían a hacer y que terminarían por salpicar en materia grave al propio Uribe.

Uribe entendió el mensaje y se apresuró a confirmar que las condenas se pagarían en las “colonias agrícolas” y, además , para calmar los reclamos y rencores de los jefes políticos regionales aliados suyos y detenidos en las cárceles de Bogotá , sugirió que su gobierno podría proponer una ley mediante la cual este tipo de personajes procesados por complicidad con los grupos paramilitares podrían ser excarcelados , tomando en cuenta que las penas a las que se los debería condenar tendrían que ser muy inferiores a las muy bajas que se les impondrían a los jefes de esas organizaciones detenidos en Itaguí.

Esta propuesta del presidente , que en la práctica significa la consagración de la impunidad para el llamado escándalo de la “parapolítica” , desató una serie de rechazos indignados no solo en los partidos de oposición , sino en algunos círculos del Uribismo , de la Iglesia Católica e internacionalmente en organizaciones de derechos humanos y en el propio Congreso de los Estados Unidos.

Acosado por estos rechazos y por las posibles consecuencias del escándalo, Uribe decidió hacer una jugada política aparentemente audaz , que le devolviera capacidad de gestión y de maniobra en esta delicada coyuntura. Atendiendo los reclamos del nuevo presidente francés, Nicolás Sarkosy, ofreció la liberación incondicional de decenas de guerrilleros del grupo rebelde más importante , FARC, que se encontraban detenidos en las cárceles del Estado como “gesto humanitario” para probarle al mundo la buena voluntad que tiene su gobierno de resolver en el menor tiempo posible la situación de los políticos y militares secuestrados que tiene en su poder desde hace varios años esa organización guerrillera .La oportuna fuga de uno de los policías secuestrados por los rebeldes en las selvas del Vaupés , le dio más alas al presidente para plantear esta jugada o maniobra.

Además para complacer a Sarkozy aceptó excarcelar a Rodrigo Granda, guerrillero a quien los medios de comunicación han dado en llamar el “canciller” de las FARC, ya que estaba encargado de las relaciones internacionales del grupo insurgente cuando fue capturado hace unos años en Caracas en medio de un operativo de la policía colombiana, que causó un fuerte incidente diplomático con el gobierno de Hugo Chávez.

Granda fue trasladado finalmente a Cuba, con la esperanza , según el gobierno, de que se convirtiera en “un mediador de paz” para acelerar la liberación de los políticos y militares secuestrados por las FARC.

Pero Granda se negó rotundamente a cumplir ese papel, alegando que es un miembro disciplinado de las FARC y que solo obedece las órdenes que le de el comando de la organización.

Las FARC, así mismo, rechazaron todas estas maniobras del gobierno, reafirmando que el intercambio humanitario entre los secuestrados y los guerrilleros presos en las cárceles solo podrá darse en una negociación de poder a poder entre ambos bandos, previo el despeje militar de los municipios de Florida y de Pradera en el departamento del Valle, que exigen como condición necesaria para la negociación y la que el presidente se niega a aceptar.

Uribe , consiguió en parte el impacto mediático, de propaganda que buscaba. El presidente Sarkosy, logró, por ejemplo, que la Cumbre de los ocho países más industrializados del mundo saludara el gesto del gobernante colombiano como positivo para lograr la liberación de los secuestrados.

Ahora bien, el interés del presidente Francés por este caso no obedece a una solidaridad generosa con los secuestrados. El interés de Sarkosy radica en que dentro de ellos se encuentra la ex senadora y ex candidata presidencial colombiana, Ingrid Betancur, quien también tiene la ciudadanía francesa. El caso Ingrid se ha convertido en los últimos años en un suceso ampliamente publicitado y explotado por los medios de comunicación y los políticos de ese país.

Sarkosy , se comprometió en su reciente campaña electoral a liberar a Ingrid, sabiendo que el cumplimiento de esa promesa le daría excelentes resultados en las encuestas de opinión y en la política interna de Francia. Presionó a Uribe para que anunciara la liberación de los guerrilleros y la excarcelación de Granda, sabiendo que estos anuncios lo beneficiarían a él y a los partidos conservadores que lo apoyan en las elecciones parlamentarias que se realizaron por esos días en aquella nación.

Ahora bien, a los guerrilleros que van a ser liberados el gobierno les ha impuesto la condición de abandonar la pertenencia a las FARC. Con esto buscaba dividir internamente al grupo guerrillero y hacerle creer a la opinión que no se necesitaba del despeje de Pradera y Florida, ni de una negociación de poder a poder con los rebeldes para que se diera el intercambio humanitario.

Sin embargo, algunos de los guerrilleros que iban a ser liberados rechazaron esa condición y, otros, como fue denunciado en algunos informes de prensa, son desertores de las FARC o gentes que nunca pertenecieron a la guerrilla y fueron condenadas injustamente por los tribunales.

La jugada de Uribe, una carambola a tres bandas, buscaba también crear el ambiente favorable para que se aceptara la posible excarcelación de sus aliados presos por el escándalo de la “para política”, justificándola con el pretexto de la ecuanimidad o equidad en el trato que se le debe otorgar a los miembros o cómplices de las diferentes organizaciones armadas , sean guerrilleros o paramilitares.

SIN RAZÓN DEL ESTADO

Como bien lo han dicho muchos analistas para resolver el problema del intercambio humanitario, no queda otra alternativa realista que cumplir el despeje pedido por las FARC y aceptar la negociación de poder a poder entre las partes.

El presidente se ha resistido a esta solución apelando a todo tipo de triquiñuelas y juegos políticos. Esa resistencia es lógica si se entiende que su triunfo en el 2002 se debió a su posición de absoluto rechazo y condena a las fracasadas negociaciones del Caguán adelantadas por el gobierno Pastrana con las FARC en aquellos años.

Además, Uribe sabe que los altos índices de credibilidad que tiene en las encuestas y el punto clave que le ayudó a ganar la reelección en el 2006 fue su política militarista de la seguridad democrática, que planteaba la guerra como única alternativa para enfrentar y vencer a la insurgencia.

Aceptar las condiciones exigidas por las FARC haría que muchos de los sectores más conservadores que lo han respaldado en su intransigencia militarista lo abandonaran y lo compararan desfavorablemente con su predecesor, Pastrana.

Por eso se empecina en hacer liberaciones unilaterales de guerrilleros y en alentar la posibilidad de un rescate a sangre y fuego de los secuestrados, que con absoluta seguridad terminaría en el asesinato sino de todos, de la gran mayoría de los rehenes.

Las condiciones en que estos se encuentran detenidos en campos de concentración en la selva, según la narración del policía fugado de uno de esos campos, son absolutamente degradantes , inhumanas. Seguramente estas condiciones habrán empeorado tras la fuga del policía, John Pinchao.

La mayoría de los secuestrados llevan más de cinco años en cautiverio soportando climas malsanos, pésima alimentación, enfermedades, las depresiones del aislamiento y la soledad, los desplazamientos por la difícil geografía nacional, etc.

Pero esta triste realidad poco parece importarles al gobierno y a las FARC. Ambos bandos han buscado sacarle jugo, dividendo político, a los rehenes en un sentido u otro.

Lo cierto es, que mientras más cálculos y maniobras para evadir la realidad de la negociación haga Uribe, menos serán las posibilidades de que los cautivos salgan con vida de su prisión.

EMPRESARIOS DE LA PAZ

Entre los jefes paramilitares reunidos en la cárcel de Itaguí hay visibles desacuerdos sobre la manera de enfrentar el proceso de Justicia y Paz , pues mientras algunos son partidarios de empezar a denunciar los acuerdos y apoyos pactados con los líderes políticos, los empresarios, los funcionarios del alto gobierno como una manera de presionar el cumplimiento de lo que se les había prometido en las negociaciones de Ralito, otros han optado por silenciar esas acusaciones , entendiendo que no serían convenientes para sus futuras aspiraciones políticas y económicas.

En lo que si están de acuerdo es en el hecho de considerarse “víctimas” de las situaciones de inseguridad que se han vivido en el país y en el de plantear sus actuaciones como las respuestas obligadas de ciudadanos que debieron tomar las armas para protegerse de los abusos y violencias de la guerrilla. El Estado, según ellos, es el verdadero responsable, por su incapacidad para brindar la seguridad debida a la población, de la aparición de los paramilitares.

Pero pese a todas estas declaraciones lo cierto es que muchos de ellos desde las cárceles continuan moviendo los hilos de los grupos “paracos” que supuestamente se desmovilizaron. Grabaciones publicadas en algunos medios de comunicación demuestran como se siguen negociando cargamentos de cocaína y ordenando operativos criminales en las regiones haciendo burla del acuerdo con el gobierno.

En la práctica una buena parte de los antiguos grupos mal llamados de “Autodefensa”, han retomado el control de los territorios donde habían implantado su dominio en años anteriores, bajo otros nombres y con nuevos liderazgos, impulsados por las grandes ganancias que dejan negocios como el narcotráfico, los contratos de obras públicas, de salud subsidiada con municipios y departamentos, los juegos de azar, etc.

Se calcula que existen más de 70 grupos reciclados de paramilitares en el país con cerca de 9 mil miembros. Este nuevo auge es también en buena parte consecuencia de los procesos de reorganización de estas bandas que vienen realizando jefes “paracos” como Vicente Castaño, que se negaron a aceptar los cambios que según ellos introdujo unilateralmente el gobierno en el proceso de sometimiento a la Ley de Justicia y Paz violando los acuerdos pactados en Santafé de Ralito.

Mientras tanto, los procesos judiciales contemplados en la Ley avanzan en medio de dificultades y muchas presiones. Varios testigos de los crímenes de los jefes paramilitares han sido asesinados o amenazados de muerte y , ratificando el control político que siguen ejerciendo en las regiones donde establecieron sus aparatos criminales, algunos de ellos al entrar a rendir declaraciones en los juzgados han sido saludados con flores y vítores por sus partidarios , en un espectáculo que habla a las claras del desprecio que una parte de la sociedad siente hacia las víctimas de la oleada de terror que promovieron estos autotitulados “empresarios de la paz”.

En efecto, las encuestas de opinión han mostrado que un porcentaje significativo de la población aplaude y respalda la acción criminal de los “paracos”. Según algunos analistas esto comprueba “la paramilitarización” ideológica que se ha producido en ciertas clases sociales , especialmente en las de mayores ingresos económicos, que se muestran indiferentes ante las más de 30 mil víctimas enterradas en fosas comunes, ante los descuartizamientos y demás métodos horrorosos usados para masacrar a la población civil en zonas relativamente alejadas de las grandes ciudades.

La indiferencia nace de creer que las víctimas pertenecen al país de las mayorías pobres, un país ajeno, extraño a sus necesidades consumistas, con el que no tienen mayor contacto y al que tradicionalmente las élites del país se han acostumbrado a despreciar e ignorar.

Esta insensibilidad se convierte en la mejor aliada de la impunidad a la que aspiran los jefes paramilitares y sus cómplices con la colaboración del gobierno nacional. Por eso muchos de los voceros de la élite se extrañan, se “indignan”, de las críticas que recibe el presidente Uribe por parte de políticos y organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y Europa por la actitud complaciente, permisiva que ha tenido con el paramilitarismo y las mafias que lo dirigen.

URIBE GO HOME

La ratificación del Tratado de Libre Comercio firmado recientemente por los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia, se “envolató”, se dilatará por mucho tiempo en el congreso Norteamericano.

El Congreso, dominado ahora por el partido Demócrata opositor del gobierno Bush, se ha negado a aprobar el Tratado tal como fue negociado y ha exigido que en el mismo se incluyan capítulos que obliguen al gobierno colombiano a proteger efectivamente el movimiento sindical, los derechos de los trabajadores, la acción de los defensores de los derechos humanos, el medio ambiente y que faciliten la consecución de medicinas “genéricas”, de bajo costo, para la población de nuestro país.

El presidente, quien se alió incondicionalmente a las políticas de Bush , está pagando las consecuencias de esa alianza. Mientras Bush fue complaciente con las actitudes del gobierno Uribe en materia de derechos humanos, pasando por alto las evidentes complicidades de los militares colombianos y otros funcionarios del Estado con los grupos paramilitares, la oposición Demócrata se muestra intransigente en estas materias.

Más que palabras y declaraciones se le están exigiendo cambios y resultados concretos al gobierno Colombiano para combatir la impunidad y proteger de verdad los derechos humanos de la población civil. En este sentido se han pronunciado algunos de los líderes más importantes del Partido Demócrata, entre ellos los senadores Barak Obama, Edward Kennedy, Patrick Leahy y Christopher Dodd.

Para estos líderes y para algunos sectores de la opinión norteamericana es muy difícil entender, por ejemplo, que habiéndose asesinado más de 2.000 sindicalistas desde 1991, solo se hayan abierto procesos judiciales para investigar 34 de esos crímenes.

Los repetidos viajes del presidente han resultado inútiles ante la exigencia de resultados que se le hace. En estas condiciones es probable que la ratificación del Tratado de Libre Comercio quede postergada para el 2009, porque el próximo año, que es año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos, es muy difícil que el Congreso de ese país enfrente ese tipo de ratificaciones.

La postergación significa un fracaso político para Uribe y sus aliados en los gremios económicos que aspiraban a tener el Tratado vigente en el segundo semestre de este año 2007.

Para evitar mayores traumatismos a algunos sectores industriales y agrícolas que dependen de los mercados de Estados Unidos para vender sus productos, el Congreso de ese país amplió por ocho meses las exenciones o no cobros de impuestos que se venían haciendo como premio a Colombia por el cumplimiento de las políticas contra el narcotráfico.

EL CIRCO

Los escándalos no paran en el gobierno. Uno de ellos estalló al conocerse que desde ciertas dependencias de la Policía se venían “chuzando” o interceptando los teléfonos de decenas de personas, incluyendo en ellas a líderes de la oposición y a funcionarios del propio gobierno.

La coyuntura les sirvió a Uribe y a su ministro de Defensa, Santos, para destituír 12 generales en la Policía y nombrar como nuevo director de la misma al general Oscar Naranjo, protegido del mismo presidente y bien mirado por las agencias de seguridad de los Estados Unidos.

Así mismo, el ministro Santos debió enfrentar una moción de censura en el Congreso promovida por los partidos opositores, Polo Democrático y Liberal, que obligó al Uribismo a unirse para salvarlo de la destitución.

Mientras tanto, se siguen moviendo las tuercas de la maquinaria clientelista oficial con miras a las elecciones de alcaldes y gobernadores de Octubre próximo. El presidente, abusando nuevamente de su poder, ha apoyado públicamente las candidaturas a las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali de Enrique Peñalosa, Luis Pérez y Francisco Lloreda, personajes identificados con sus políticas de seguridad democrática y neoliberalismo económico.

De otro lado, los congresistas encarcelados por la “parapolítica” continuan manejando sus clientelas regionales, dando avales para los candidatos y montando alianzas electorales que les confirmen el control político que han ejercido en sus departamentos con la complicidad del gobierno nacional.

El Partido Liberal, cuyo jefe es el ex presidente César Gaviria, ha optado por moderar la oposición que venía haciendo contra la administración Uribe. En el pasado congreso del partido fue derrotada la posición de los seguidores del ex candidato Horacio Serpa que proponía continuar la oposición radical al gobierno y se aceptó la alternativa más moderada y pragmática de Gaviria.

De hecho Gaviria viene haciendo alianzas con movimientos Uribistas para impulsar candidaturas en alcaldías y gobernaciones, comenzando por la del propio Peñalosa en Bogotá.

Serpa, decidió presentarse como candidato a la gobernación de Santander por una coalición de varios partidos en un claro intento de reencauche político.

Mientras tanto el Polo Democrático se ha convertido en el partido que lidera la oposición más radical al gobierno Uribe, a través de debates en el Congreso sobre el paramilitarismo como el realizado por el senador Gustavo Petro, o sobre la ley de transferencias; la convocatoria de las manifestaciones de protesta contra esa misma ley, las denuncias a nivel internacional sobre las continuas violaciones de los derechos humanos en el país, etc.

Sin embargo, exceptuando el caso de la gobernación de Nariño , es muy posible que las elecciones regionales signifiquen la pérdida para el Polo de alcaldías tan importantes como la de Bogotá, ante la fortaleza de la maquinaria clientelista Uribista en este tipo de elecciones que están marcadas por la participación de votantes cuya decisión está condicionada por los favores o regalos que les ofrecen los llamados “caciques” o jefes políticos tradicionales, por el fraude y por las presiones de los grupos paramilitares que siguen participando activamente en los centros de poder regionales.

¿PAZ?

Los diálogos del gobierno con los representantes del comando central del ELN, segundo grupo guerrillero del país , que se vienen realizando en Cuba apuntan a que se pueda concretar una tregua en las acciones armadas entre las fuerzas militares del Estado y los frentes de esta guerrilla, que facilite , igualmente , la liberación de las personas secuestradas por esta organización y la excarcelación de guerrilleros de las prisiones estatales.

Si estas acciones se llegaran a dar, el camino para una desmovilización de los Elenos se haría menos complejo. El ELN, enfrenta en este momento el asedio militar tanto de las fuerzas de la guerrilla de las FARC, como del ejército oficial.

Las FARC han calificado a los Elenos poco menos que como traidores a la causa revolucionaria por su acercamiento con el régimen de Uribe y por la posibilidad de una desmovilización de sus tropas y un retorno a la vida civil. Esto explica que en departamentos como Arauca y Nariño, los choques armados entre los dos grupos guerrilleros hayan dejado gran cantidad de muertos y de heridos.

A esto se le suman las deserciones que el ELN ha sufrido en algunos de sus frentes y el desconcierto que se ha apoderado de un sector de sus militantes ante el rumbo que tomen las conversaciones que se realizan con el gobierno en Cuba. El tiempo, en este sentido, no es el mejor aliado de la dirigencia guerrillera en la presente coyuntura y esta situación la han aprovechado los voceros del gobierno para presionar un ritmo más rápido en la posible negociación , previendo el desenlace de la posible desmovilización que le daría al presidente un triunfo político que le permitiría borrar en parte las consecuencias de su denunciada complicidad con los grupos paramilitares.



ESTADO DESALMADO, PERO BIEN ARMADO

Las protestas populares contra la ley de transferencias y el plan nacional de desarrollo, iniciativas del gobierno que buscan reducir la inversión en servicios sociales como la educación y la salud, han servido para demostrar que es falso el unanimismo que los grandes medios de comunicación han querido crear alrededor de la figura del presidente.

Las marchas en Bogotá y en otras ciudades con decenas de miles de personas participando en las mismas, así como los métodos violentos usados por las fuerzas de policía para reprimir las protestas de los estudiantes de las universidades públicas, son un reflejo de las grandes contradicciones sociales y de la democracia simulada que se vive en el país.

Detrás de la fachada de la “seguridad democrática” que vende el gobierno como prueba de su exitosa gestión, se esconde un tinglado, un escenario del cual hacen parte las mafias del paramilitarismo y el narcotráfico, la corrupción de los políticos tradicionales, la violación sistemática de los derechos humanos de la población civil por parte de los diferentes aparatos armados, la concentración acelerada de la riqueza y el desmonte del Estado como instrumento de justicia social.

No en vano un reciente informe de una revista inglesa califica a Colombia entre los diez países más violentos del mundo al lado de Irak, Sudán, Rusia, Nigeria, Israel, entre otros. Para esta calificación los investigadores se basaron en aspectos como el gasto militar, la influencia del crimen organizado, el número de asesinatos en el año. El estudio es respaldado por los premios Nobel de Paz, Desmond Tutu y Jimmy Carter.

Seguimos siendo en proporción al número de habitantes el país con mayor tasa de homicidios en el Continente Latinoamericano. En el año 2006 hubo cerca de 17 mil asesinatos, lo que equivale a una tasa de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, aunque en algunas ciudades como Buenaventura esa tasa supera los 120 asesinatos por 100 mil habitantes.

Si bien los homicidios han disminuido en ciudades como Bogotá y Medellín, han crecido en otros departamentos con el agravante de que muchos no son reportados a las autoridades judiciales.

Informes de organismos de derechos humanos afirman que ha aumentado el número de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos de civiles por parte de las fuerzas militares del Estado en el año anterior.

A la luz de esta afirmación resulta todavía más nociva, más peligrosa, la iniciativa del ministro de defensa, Juan Manuel Santos, de darle funciones de policía judicial a los miembros de las fuerzas armadas, lo que en la práctica equivaldría a sembrar de impunidad muchos de los delitos y actos violentos que cometen miembros de esas fuerzas contra la población civil.

Mientras que los jefes paramilitares son presentados en avisos de prensa como “empresarios de la paz”, decenas de miles de desplazados continúan viviendo el drama de la miseria, el desarraigo y el trauma psicológico sin que las ayudas del Estado se materialicen. La Corte Constitucional encontró que el gobierno no ha cumplido con las ayudas y servicios que la Corte le había ordenado prestar a los más de 2 millones de desplazados por la guerra que existen en el país. El año pasado se registraron otros 170 mil , lo que da un promedio de casi 500 desplazados por día , cifra trágica que califica a Colombia como la nación donde se vive la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental

En tanto los dirigentes paramilitares han amasado a sangre y fuego fortunas que en conjunto superan los 6 mil millones de dólares, los más de 2 millones de desplazados, víctimas de sus acciones criminales, no tienen ingresos diarios que superen los 2 dólares ($ 4.000,oo).

La miseria ha venido creciendo en campos y ciudades. Mientras en 1991 el 13,8% de la población urbana estaba en esa situación, para el 2005, la cifra había crecido al 23,1%. Este aumento se debe en gran parte a la llegada de los miles de desplazados que han huído de la guerra en las zonas rurales.

En las áreas campesinas los porcentajes son todavía más dicientes. Se ha pasado de un porcentaje del 35,2% de población en la miseria en 1991 a 53,3% en el 2005, mientras al mismo tiempo se concentraba en un puñado de 3.200 grandes hacendados la propiedad agraria.

Esta brecha aplastante entre la extrema riqueza y la completa miseria ha sido en gran parte el detonante de la guerra y de los grupos armados ilegales en el campo.

Mientras tanto, los gastos militares del Estado colombiano suben a más de 12 billones de pesos= 6.315 millones de dólares en este año 2007, sin contar la “ayuda” de unos 700 millones de dólares más que concede el gobierno de los Estados Unidos para la lucha contra la guerrilla. Esto quiere decir que diariamente se gastan 17 millones de dólares = unos 34 mil millones de pesos en una guerra que no ofrece otra solución racional que la de un acuerdo negociado entre las partes. Desde 1991 los diferentes gobiernos han “invertido” más de 40 mil millones de dólares en la guerra, de la que se han sacado como resultado 270 mil colombianos asesinados en ese período, 3.200.000 desplazados, 2.245 líderes sindicales asesinados; 21 millones de hectáreas de tierra que han cambiado de dueños o que han sido robadas al Estado por los grandes hacendados; más de 10 mil secuestros ; y cerca de 45 mil millones de dólares como renta del negocio del narcotráfico y derivados.

¿PARA --HACKERS?

Hackers es el nombre que reciben los individuos que roban o deforman la información acumulada en los computadores. En Bogotá y en otras ciudades del país está haciendo carrera una nueva modalidad de asedio y persecución a las ONG”s, grupos e Iglesias que trabajan en derechos humanos. Esta modalidad consiste en asaltar sus oficinas no para robar dinero, máquinas u otros artículos de valor, sino para llevarse los discos duros, las CPU de los computadores donde tienen almacenada información, esa sí muy valiosa, sobre organizaciones y líderes que trabajan en proyectos de apoyo a los desplazados, y demás víctimas de las acciones criminales de los diferentes aparatos armados en el país y sobre las propias víctimas de toda esa suma de violencias.

El Centro de conciliación “Justa Paz”, entidad perteneciente a la Iglesia Menonita Colombiana, ha sido la organización que ha sufrido el más reciente asalto de estas características.

La Iglesia Menonita es una Institución de vocación pacifista, que no está aliada con ningún movimiento partidista político legal o ilegal y que ha desarrollado una intensa y fructífera labor de promoción y organización democrática entre grupos pobres del país, apoyándolos en la construcción de proyectos que afirmen su dignidad y su autonomía.

“Justa Paz”, desde su fundación ha luchado por crear espacios de diálogo y de reconciliación en una sociedad como la colombiana tan necesitada de esos procesos.

Desde CEPALC y Revista ENCUENTRO somos testigos de todo este trabajo valiosísimo para sembrar una cultura de paz que han hecho la Iglesia y sus instituciones asociadas en el país, por lo que no solo denunciamos y protestamos contra este nuevo tipo de persecución a los defensores de los derechos humanos , sino que alertamos a las redes y organizaciones de solidaridad internacional para que exijan del gobierno Uribe acciones concretas y eficaces para parar esta nueva forma de “piratería” promovida , tal vez , por funcionarios muy acuciosos o por algunos “empresarios de la paz”.

Fuente: Revista ENCUENTRO N° 115 del Centro Popular para América Latina de Comunicación (CEPALC)