ECONOMIA Soy todo tuya El gobierno de Alvaro Uribe terminó finalmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, aceptando la mayor parte de las exigencias que los representantes de la administración Bush hicieron. Para salvar la entrada sin impuestos a ese país de artículos como los textiles y las confecciones de ropa, situación que favorece a empresarios del departamento de Antioquia , región natal del presidente, el gobierno colombiano sacrificó sectores agrícolas muy importantes , creadores de miles de puestos de trabajo en las áreas rurales , como el de los productores de trigo, maíz, arroz, fríjol, entre otros. El trigo, el maíz, el arroz, el fríjol importados de los Estados Unidos se podrán vender en Colombia a precios muy bajos gracias a los 23 mil millones de dólares anuales en subsidios que el gobierno Bush concede a sus agricultores , violando con estas ayudas económicas las bases sobre las que se sustenta el modelo neoliberal que predica e impone en paises como el nuestro. Sin el Tratado de Libre Comercio , la producción agrícola nacional en productos de pan coger o alimenticios venía reduciéndose en los últimos años , como consecuencia, entre otras causas, del abandono de tierras y la expulsión violenta de campesinos que en especial los grupos paramilitares financiados por los grandes hacendados venían haciendo con la complicidad de los gobiernos nacionales desde 1980 aproximadamente. (Más de 4 millones de hectáreas de tierra abandonadas). Con el Tratado se legitima esta contra reforma agraria y se perpetua la situación de miseria extrema que padece el 53% de la población rural colombiana. A manera de consuelo y como gancho electoral Uribe prometió la entrega de auxilios económicos a los empresarios perdedores, pasando por alto un detalle muy importante ,como es el de saber de donde van a salir esos dineros públicos en un presupuesto estatal que se financia en un 55% con préstamos externos e internos de la banca nacional e internacional. También fueron sacrificados en la negociación sectores como la industria avícola y los laboratorios farmacéuticos productores de drogas genéricas. Esto significa que los costos de la salud en general subirán desproporcionadamente en los próximos años , gracias a la protección que el gobierno colombiano se ha comprometido a darle a las medicinas elaboradas por compañías norteamericanas, que se venden a precios muy por encima del que se ofrece por las drogas genéricas. Este nuevo monopolio le representará a las empresas extranjeras unas ganancias superiores a los 800 millones de dólares en los próximos años, profundizando la crisis que vive la prestación de servicios de salud pública en el país. Otra imposición de los negociadores norteamericanos fue que se permitiera la entrada a Colombia de aparatos y repuestos de segunda mano, que vendidos a precios de “quema” afectarán sin duda industrias nacionales como la de los repuestos de carro, electrodomésticos y metal mecánica. Los bancos y compañías de seguros de los Estados Unidos también quedaron autorizados para operar libremente en nuestro país y es muy explicable que quieran incursionar en Colombia sabiendo que , por ejemplo, el año pasado los sectores financieros nacionales obtuvieron utilidades record de más de 5 billones de pesos= 2180 millones de dólares aproximadamente. Los ingresos del Estado colombiano con las concesiones de libre importación hechas a los industriales y empresarios de los Estados Unidos se verán reducidos en más de un billón de pesos= 230 millones de dólares anuales, suma que para recuperarse obligará a crear más impuestos a pagar por parte del ciudadano común y corriente. Los altos funcionarios del gobierno han planteado el Tratado como un “triunfo” para el país. De un lado, afirman que los sectores agrícolas perjudicados tendrán unos plazos de varios años de gracia para enfrentarse a la competencia abierta de los productos norteamericanos. En ese plazo podrán ajustar o desmontar gradualmente sus negocios. Del otro aseguran que se van a crear miles de empleos en los sectores beneficiados como los textiles, las flores, los cueros, la producción de leche y carne, los productores de frutas tropicales. La verdad de todo esto según algunos estudiosos del tema es que los empleos creados por los sectores beneficiados, no compensarán los que se pierden , por ejemplo, en la agricultura. Además , es un espejismo, una ilusión, creer que la leche, la carne, las frutas producidas en el país podrán competir libremente en los mercados de los Estados Unidos. Este país tiene unos controles fitosanitarios, de higiene, de prevención de plagas y enfermedades, tan severos que muy difícilmente los artículos colombianos de origen animal y vegetal los podrán cumplir. En plata blanca, las exportaciones colombianas gracias al TLC subirán en unos 600 millones de dólares anuales, mientras que las exportaciones de los Estados Unidos a nuestro país lo harán en más de 900 millones de dólares. Estas cifras iniciales indican bien a las claras cual es la parte ganadora del Tratado. Con otro agravante: Colombia queda condenada a seguir produciendo materias primas y artículos industriales de menor tecnología y a depender de las importaciones de productos de alta tecnología, de tecnología de punta, de los Estados Unidos Honores que cuestan La concentración de la propiedad, del capital, de las tierras en nuestro país se ha acelerado en los últimos años gracias a las políticas aplicadas por gobiernos como el de Alvaro Uribe. Un dato que refleja a las claras esa concentración es el que registra la revista norteamericana “Forbes” en el listado de los hombres más ricos del mundo . Dos colombianos figuran en esa clasificación: Julio Mario Santodomingo en el puesto 136 con una fortuna de 4,5 billones de dólares y Luis Carlos Sarmiento en el puesto 140 con 4,1 billones de dólares. En el 2002 ambos personajes tenían “apenas” . fortunas de unos 1,4 billones de dólares y no entraban en la lista de los 200 personajes más ricos del planeta. En menos de tres años, sin embargo , triplicaron sus capitales aprovechando Santodomingo la venta de su cervecería “Bavaria” a la empresa inglesa “ Sab Miller” y Sarmiento , las inmensas ganancias y la valorización de las acciones que tiene en los cuatro bancos que son de su propiedad: Bogotá, Occidente, Las Villas, Popular. En estos días adquirió en subasta pública un quinto banco , el “Megabanco” por más de 800 mil millones de pesos= 350 millones de dólares. En el área latinoamericana se encuentran ubicados entre las 7 personas más ricas del continente superados tan solo por los mexicanos Carlos Slim, Jerónimo Arango, los venezolanos Gustavo Cisneros y Lorenzo Mendoza y los hermanos Zafra del Brasil. En el caso de Sarmiento , los bancos de su propiedad arrojaron utilidades en el 2005 por más de 700 mil millones de pesos= 305 millones de dólares, mientras Santodomingo por sus acciones en Sab Miller recibirá no menos de 400 millones de dólares de utilidades en este año 2006 , o en otras palabras 2.400 millones de pesos por día o 100 millones de pesos por hora. Entre tanto, un estudio reciente del Banco Mundial prueba que el índice que mide la inequidad o desigualdad entre los ingresos de los más pobres y de los más ricos en cada país en vez de mejorar ha empeorado en Colombia. En 1950 ese índice marcaba 0,51 y en el 2005 llega a 0,55. Entre más alto sea este número , más grande es la desigualdad. La movilidad social en Colombia no existe para los sectores empobrecidos de la población que son la inmensa mayoría. La probabilidad de que un joven hijo de padres que solo tienen educación en el ciclo de primaria pueda llegar a la universidad es de solo el 10,5%. Otros informes son áun más reveladores de todo este proceso de concentración de la propiedad y de la desigualdad de ingresos. En Bogotá, la capital del país, las familias de los sectores populares entre 1997 y el año 2003 vieron disminuídos sus ingresos económicos en un 38%.. Mientras una persona del estrato 1 (el más pobre) se gana 1 peso, una del estrato 6(el más rico) se gana 47 pesos. El 43,4% de la población bogotana se encuentra en la pobreza y un 11,2% en la miseria absoluta( más de 800 mil personas). Solo 420 mil personas de las 7 millones que habitan la ciudad se ubican en los dos estratos más ricos , el 5 y el 6. El 53% de quienes tienen empleo trabajan en el sector informal sin ninguna seguridad social, ni estabilidad laboral. Pero estas situaciones de pobreza y de exclusión son más graves en las demás regiones del país. Basta decir que mientras un colombiano de los sectores más pobres se gana 1 peso, un colombiano de los sectores más ricos se gana 56 pesos. Estas realidades, pese a las promesas y a las manipulaciones de datos sobre la pobreza en el país hechas por funcionarios del gobierno Uribe , reflejan la inequidad de un proyecto político económico que profundiza año tras año la desigualdad y la concentración de la propiedad en Colombia. Bonanza fatal El presidente Uribe , auxiliado por sus altos funcionarios y por los grandes medios de comunicación , ha aprovechado la campaña para su reelección , divulgando una y otra vez cifras que prueban que Colombia está viviendo una gran bonanza o prosperidad económica y que el déficit fiscal del Estado ha sido superado gracias a la inteligencia y sabiduría de su gobierno. En cuanto a lo de la bonanza Uribe tiene razón. Existe una gran circulación de dólares en el país producto del alza de precios en los mercados internacionales de materias primas que exportamos como petróleo , carbón, oro, por ejemplo. En estas alzas no ha tenido nada que ver la gestión del gobierno Uribe: Han sido una consecuencia de las maniobras especulativas de los grandes financistas del planeta y de la coyuntura política internacional. La mayor parte de los dólares que generan las exportaciones de carbón y de petróleo se quedan en poder de las compañías extranjeras que los explotan: British Petroleum, Total, Occidental, Drummond, Billiton, etc. En poder del Estado colombiano solo quedan un 15% o 20% de esos dineros. Sin embargo, esta suma ha sido suficiente para que en el presupuesto del gobierno, los técnicos encargados de organizarlo, de administrarlo hayan podido equilibrar contablemente para el 2005 los ingresos y los egresos. Pero lo que no se explica es que buena parte de los ingresos corresponden a préstamos que el gobierno hace con la banca nacional e internacional. De hecho , los llamados títulos de deuda pública de Colombia ( certificados de dineros prestados al Estado) continuan siendo los valores, los documentos más transados en la Bolsa de Bogotá por parte de inversionistas privados como los fondos de pensiones y de cesantías, por los altos intereses que pagan y la “confiabilidad “ del deudor. Pero no solo están circulando en abundancia los dólares del carbón y del petróleo. También lo hacen con la complicidad del sistema financiero los dólares con los que están “lavando” o legitimando sus fortunas los paramilitares que se están “reinsertando” en la sociedad civil , en desarrollo de la nueva alianza socio política que los une , gracias al Uribismo, a la burguesía tradicional. Y a esto habría que agregarle los dineros de los nuevos “capos “ de la droga , que pese a las extradiciones, fumigaciones, condenas y demás instrumentos de persecución al narcotráfico, continuan prosperando en un negocio que no ha disminuído su alta rentabilidad. En efecto, Colombia sigue siendo el primer productor mundial de hojas de coca. Aunque el año pasado se erradicaron más de 80 mil hectáreas, los cultivos se expandieron, se transladaron a otros lugares calculándose en más de 120 mil hectáreas las tierras sembradas. Según algunos conocedores del tema para abastecer el mercado mundial de consumidores de cocaína se necesitan unas 380 toneladas del producto anuales y en la actualidad se están elaborando unas 420 toneladas, lo que demuestra, entre otras cosas, la ineficacia de las medidas tomadas por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para combatir el negocio. Ahora bien, de toda esta suma de bonanzas no se beneficia más que un pequeño grupo de la población vinculado a sectores como el de la construcción de vivienda de lujo, la finca raíz, la banca, la importación de automóviles y artículos de lujo, las empresas del área minera y una minoría de profesionales que prestan asesorías y servicios especializados en asuntos jurídicos, financieros, comerciales a esos mismos sectores. El programa de uribito El resultado de las elecciones parlamentarias favorable a los partidos y movimientos que apoyan al presidente Uribe hace prever la reelección del presidente para el período 2006-2010. Con este cálculo los asesores del gobierno están maquinando, organizando las nuevas propuestas económicas que radicalizaran, que harán aun más asfixiante para las mayorías populares la vigencia del modelo neoliberal. En primer lugar, con la asesoría del Fondo Monetario Internacional se está preparando una nueva reforma tributaria que va a incluír entre otros puntos un impuesto del 2% a todos los productos alimenticios que hacen parte de la llamada canasta familiar. De crearse este impuesto afectará sobre todo a los sectores más empobrecidos de nuestra población, cuyos ingresos apenas alcanzan para medio comer. Además con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos por parte de las mayorías uribistas en el nuevo congreso se avecina un alza de precios en los costos de las medicinas y en general de los servicios de salud para favorecer los intereses de las multinacionales farmacéuticas. El desempleo en el campo aumentará en la medida que las importaciones de maíz, de arroz y de otros productos vayan desplazando a la producción nacional. De otro lado y siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario , el gobierno se apresta a vender las últimas empresas que aún tiene como Telecom, Banco Cafetero, Erogas, etc a capitalistas internacionales como el mexicano Carlos Slim, quienes podrán montar en nuestro país monopolios en el sector de las comunicaciones muy parecidos a los que le han servido allá en México para convertirse en multimillonarios. Sectores estratégicos, muy importantes, de nuestra economía como el de minas y energía están dominados por las empresas extranjeras y esta situación tiende a agravarse en los próximos años con la llegada de más capitales internacionales dispuestos no a crear nuevas industrias y fuentes de empleo , sino a apoderarse de las existentes como ha sido el caso reciente de la cervecería “Bavaria” y la tabacalera “Coltabaco”. Todo esto se complementará con una nueva reforma pensional que elevará aun más la edad mínima que los trabajadores deben alcanzar para jubilarse y las semanas de cotización exigidas para tener ese derecho. La meta de los asesores del gobierno es llevar la edad mínima para la obtención de la pensión a 65 años para los hombres y 62 años para las mujeres. En un país donde el 61% de la población trabajadora tiene empleos en el sector informal sin mayores posibilidades de estar inscrito en la seguridad social , estas medidas hacen imposible alcanzar el sueño de la mayoría de tener una modesta pensión para pasar sus últimos años con dignidad y relativa tranquilidad. Mientras tanto , quienes se van a beneficiar de estos nuevos plazos serán los fondos privados de pensiones creados por los grupos financieros del país, que trabajan con el capital fresco y gratuito que por ley mes tras mes les deben entregar los asalariados afiliados a los mismos. Hasta el año pasado los capitales de estos fondos sumaban más de 25 billones de pesos= 10.800 millones de dólares. Mientras tanto reformas como la agraria dormirán el sueño de los justos en un segundo gobierno de Uribe , que va a ser respaldado políticamente por una alianza de grandes empresarios de la industria, el comercio y la banca y de grandes hacendados , muchos de ellos comprometidos con los grupos paramilitares y el narcotráfico. El gasto militar para ganar una guerra que no se puede ganar seguirá incrementándose en perjuicio de los dineros que deben invertirse en educación, salud y construcción de vivienda social. En el año 2002 cuando Uribe se posesionó como presidente ese gasto estaba en unos 3 mil millones de dólares anuales y en la actualidad asciende a unos 5.200 millones de dólares , un aumento de más del 70% en solo cuatro años de gobierno. En contraste , más de 2.700.000 niñ@s y jóvenes carecen de cupos en escuelas y colegios; unos 18 millones de habitantes no tienen ningún servicio de salud y existe un déficit de 1.500.000 viviendas para sectores pobres. Lo peor, es que seguramente avanzado el segundo gobierno de Uribe vendrá la convocatoria a una Asamblea constituyente con el ánimo de hacer una nueva constitución conservadora y supresora de derechos y conquistas legales consagrados en la actual constitución de 1991. POLÍTICA El nuevo frente para- nacional Las recientes elecciones para renovar el congreso nacional le entregaron a los partidos y movimientos Uribistas el control de más del 65% de las curules o puestos en el Senado y del 57% en la Cámara de representantes. Los medios de comunicación propiedad de los grandes grupos financieros que apoyan al presidente y que incluso tienen altos representantes en el propio gobierno, saludaron esta victoria como “arrasadora” y como una confirmación de la futura reelección de Uribe en los próximos meses y de su inmensa popularidad. Pero esta lluvia de elogios oculta varias verdades que es bueno poner en claro. En primer lugar, se presentó una abstención de un 60% bastante alta en relación con algunas elecciones de los últimos años, y se registraron más de un millón de votos nulos, lo que significa en plata blanca que solo un 20% de la población total en capacidad de votar lo ha hecho por los partidos Uribistas. Además, la mayor parte de los senadores elegidos por el Uribismo hacen parte de la clase política tradicional, de los “caciques”, que siguen manejando la maquinaria del gobierno en las regiones , gracias a las concesiones y arreglos clientelistas que el presidente ha hecho en su favor. En varios departamentos se siguió notando con fuerza la presencia e influencia de los jefes paramilitares pese a que supuestamente están “desmovilizados” a la espera de la resolución de sus situaciones jurídicas dentro del marco de la ley de “Justicia y Paz”. Tal es el caso de departamentos como Magdalena y Cesar , donde el jefe paramilitar “Jorge 40” solo se “desmovilizó” oficialmente dos días antes de las elecciones para asegurar el triunfo de los candidatos amigos de su grupo. Entre ellos estaban varios de los que habían sido expulsados de los partidos Uribistas más importantes y que se reciclaron en otro movimiento de menor influencia, “Colombia Viva”. En Santander, triunfó con claridad el partido “Convergencia Democrática” , cuyo líder, el senador Luis Alberto Gil , ha sido fuertemente cuestionado por los manejos corruptos que sus socios y aliados han hecho de dineros de la salud pública y por su alianza con jefes paramilitares “desmovilizados” del Magdalena Medio. Con más de 600 mil votos en el país lograron 7 senadores superando a figuras de la política nacional como los exalcaldes de Bogotá, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa En otros departamentos como Córdoba, Sucre y Antioquia, parlamentarios que eran antiguos aliados de los jefes paramilitares fueron sacrificados , en beneficio de los intereses electorales de políticos más cercanos al gobierno. Al fin y al cabo, para muchos de los líderes de los grupos paramilitares habiéndose aprobado la ley de “Justicia y Paz” , que les asegura una casi total impunidad para sus crímenes, es más conveniente estar próximos a los círculos de los amigos más reconocidos del presidente, que entrar a competir con ellos electoralmente. El propio presidente Uribe, violando las condiciones que imponía la ley de garantías electorales, se lanzó en los últimos días de campaña a hacer una furiosa ofensiva de propaganda a favor de sus aliados y amigos políticos. Para esto contó con el apoyo de los dueños de los canales privados de televisión , de las grandes cadenas de radio comercial y del único periódico de circulación nacional, “El Tiempo”, uno de cuyos dueños es el actual vicepresidente, Francisco Santos y otro, Juan Manuel Santos, es jefe del principal partido del gobierno, el llamado “Partido de la U”. El dinero de los empresarios, de la banca y el comercio se volcó a favor de partidos oficialistas como “Cambio Radical”, “la U”, “Conservador”, “Colombia Democrática” , “Alas” inundando de publicidad calles y medios de comunicación. Con esta mezcla de clientelismo, demagogia , dinero y apoyo en las provincias de los paramilitares presuntamente “ desmovilizados”, se logró el triunfo que tanto han celebrado los amigos del presidente. De hecho contradiciendo declaraciones y condenas anteriores el propio presidente ha estado buscando afanosamente el apoyo de grupos como “Convergencia” y “Colombia viva” , donde militan políticos que habían sido expulsados de los principales grupos Uribistas por sus conexiones con el paramilitarismo y el narcotráfico. Dentro de los sectores que respaldan la reelección se está dando también una lucha interna por asegurarse entre algunos de sus líderes la mejor posición para la sucesión del actual presidente en el 2010. En esa disputa surgen como favoritos Juan Manuel Santos ex ministro y exmiembro del Partido Liberal; Germán Vargas Lleras, jefe de “Cambio Radical”, senador y también ex miembro del Partido Liberal y el senador Conservador, Carlos Holguín. En la práctica todos estos “ nuevos” movimientos y partidos representan a los sectores más derechistas , más conservadores de los viejos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador reforzados con el apoyo de los jefes paramilitares “desmovilizados” para crear un nuevo “Frente Nacional” al estilo del que gobernó a Colombia entre 1958 y 1974. El mayor fracaso en estas elecciones correspondió a los exalcaldes de Bogotá, Mockus y Peñalosa. Mockus, con su movimiento independiente de “Visionarios” no alcanzó a superar el umbral exigido por la nueva reforma electoral para poder contabilizar sus votos. Esto lo deja muy mal parado para la campaña presidencial a la que se lanzó creyendo que podría ser una buena alternativa frente a Uribe en sectores de clase media que simpatizan con el modelo neoliberal en la economía, pero disienten del presidente en su política guerrerista para enfrentar el conflicto político militar que sufre el país. Enrique Peñalosa, también fue víctima del voto castigo a causa de sus muchas volteretas políticas de los últimos meses. Primero se presentó como independiente, luego como miembro del partido Liberal y finalmente terminó de Uribista dando la sensación de incoherencia, y de poca credibilidad en sus posiciones y actitudes. Con miras al 2010 sale muy afectado y necesitará de un intenso trabajo político para “reencaucharse “ como candidato presidencial. La gran esperanza blanca La oposición en el nuevo congreso básicamente estará representada por el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo. El liberalismo, liderado por los ex presidentes César Gaviria y López Michelsen, se vió frustrado en su intento de ratificarse como la primera fuerza electoral. En contra de los pronósticos de las encuestas que lo situaban como favorito, quedó en un modesto tercer lugar en las votaciones para Senado detrás del “Partido de la U” y el Partido Conservador. Sin embargo, en la Cámara de representantes fue la primera votación con más de 1.750.000 votos, situación que no fue registrada por los grandes medios, quienes dieron la mayor importancia al resultado de la elección en el senado. En la consulta popular para elegir al candidato presidencial del Liberalismo ganó como se pronosticaba el ex ministro Horacio Serpa con el 47% de los votos. Sin embargo, el hecho más destacado fue la alta votación obtenida por sus rivales los senadores Rafael Pardo y Rodrigo Rivera con el 23% y el 22% respectivamente del total de votos emitidos. Serpa, pese a que tiene grandes apoyos en regiones como Santander y la Costa Atlántica, no es una persona que despierte muchas solidaridades en el electorado de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Algunos sectores lo siguen viendo como un político que se quedó aferrado a un lenguaje y a unas ideas que no se corresponden con las necesidades de un país tan complejo como Colombia. El papel que cumplió Serpa en la defensa del gobierno de Ernesto Samper (1994-98) acosado por el escándalo de la financiación de su campaña con dineros del narcotráfico, se ha convertido en una carga demasiado negativa para su imagen, al punto que le ha costado dos derrotas consecutivas en 1998 y en el 2002. Y no es difícil predecir que vendrá una tercera derrota en este 2006 , si se tiene en cuenta que el Liberalismo en las elecciones para el congreso solo consiguió un 17% de los votos totales y que la figura de Serpa despierta resistencias en otros sectores independientes y de oposición , quienes, tal vez con otro candidato liberal pudieran haber aceptado propuestas para formar coaliciones con miras a la primera vuelta de la elección presidencial. Mientras tanto , en el Polo Democrático, partido que une a los principales sectores de centro izquierda del país , se vive una situación singular. De un lado, las elecciones para Congreso no fueron tan positivas como se esperaba. Se obtuvieron 11 curules o cupos en el senado cuando se esperaba conseguir unas 15. Pero la consulta popular para elegir al candidato presidencial del partido ofreció un resultado diferente al que anunciaban la mayoría de las encuestas. Triunfó el senador y ex magistrado, Carlos Gaviria con el 53% de los votos, sobre el también senador y ex guerrillero del M 19, Antonio Navarro. Gaviria , representaba en la elección a los sectores más críticos y más radicales en la oposición al gobierno Uribe. Además, su trayectoria intachable como juez y profesor, como defensor de los derechos humanos y como político libre de sectarismos, le dieron una serie de ventajas para arrastrar el voto independiente a su favor en esta ocasión. Navarro, quien ya había sido candidato presidencial en dos ocasiones anteriores , ofrecía una imagen gastada, menos atractiva para esos sectores independientes que fueron claves en esta elección. Ahora bien, la esperanza del Polo Democrático es que la figura de Carlos Gaviria logre atraer la votación de sectores que quieren cambios efectivos en el país, pero que se encuentran desilusionados de los líderes que ofrecen los partidos tradicionales, incluyendo en ellos al presidente Uribe. Va a ser una contienda muy desigual porque Uribe como lo hizo en las elecciones para el Congreso pondrá todo el aparato político del gobierno y de los grandes medios de comunicación a su favor para tratar de aplastar a sus rivales. Sobra decir que Gaviria es partidario de una negociación con la guerrilla, de no firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, de respetar la Constitución de 1991 y de profundizar sus logros en lo social y en lo político . El candidato se opone vehementemente a los mal llamados procesos de paz con los paramilitares que están terminando en la legitimación de sus fortunas , en la impunidad para sus crímenes y en el olvido de los derechos de las miles de víctimas de sus acciones delictivas. Quizás lo más sensato para la oposición sería una alianza en primera vuelta entre el Liberalismo y el Polo en torno a la figura de Gaviria para tratar de frenar la maquinaria Uribista y forzar la segunda vuelta. Pero es muy poco probable que Serpa y sus seguidores acepten esta opción y en esas condiciones con una oposición dividida será mucho más fácil para el presidente Uribe con todo el apoyo de los sectores conservadores a su favor ganar sin mayores problemas la reelección. Como candidaturas independientes pero sin mayores posibilidades de éxito se presentan las del ex alcalde de Bogotá, Mockus, debilitado por la derrota de su partido en las elecciones para congreso y la del ex ministro conservador , Alvaro Leyva. Leyva es un personaje original en la política colombiana. Pese a ser miembro de la élite que domina el país ha mantenido desde hace años contactos muy estrechos con los jefes del grupo guerrillero más importante , las FARC y en especial con su máximo comandante , Manuel Marulanda. En 1998 facilitó el acercamiento entre Andrés Pastrana y Marulanda, lo que le permitió a Pastrana ganar la presidencia. Leyva, se presenta ahora como el hombre capaz de parar la guerra en seis meses en el país. Afirma contar con la credibilidad de los comandantes de las FARC y de los grupos paramilitares para realizar con éxito el proceso de pacificación de Colombia desde la presidencia. Sin embargo, las propuestas de Leyva han sido cuestionadas y rechazadas duramente por el gobierno que lo acusan de hacer “politiquería” con la paz. En el fondo; Uribe y sus asesores temen que Leyva con sus iniciativas y acciones debilite las posiciones guerreristas del presidente y vuelva a crear un clima favorable para la negociación del conflicto con las FARC. Vuela la paloma El segundo grupo guerrillero del país, el ELN, parece estar optando por seguir el camino de la negociación de un acuerdo político con el gobierno Uribe. Por lo menos esto se puede deducir de la tregua acordada con motivo de las elecciones para el Congreso y los comentarios positivos de alguno de sus comandantes en entrevista con medios de comunicación sobre la lucha electoral de organizaciones como el Polo Democrático Alternativo. Sin embargo, el proceso promete ser largo y complejo. No es fácil para un grupo como el ELN que predicó durante muchos años la lucha armada sin concesiones contra lo que llamaban el Estado burgués , entrar a negociar con un gobierno como el de Uribe que representa un proyecto político conservador y favorable a los grandes capitales nacionales e internacionales. Esta situación la han hecho notar algunos de los voceros del grupo, que siguen desconfiando de la verdadera voluntad de paz del presidente. Aunque el ELN no está derrotado militarmente como lo pretenden afirmar algunos voceros cercanos al gobierno, tampoco tiene la capacidad suficiente para emprender una ofensiva contra las tropas del gobierno. En esas condiciones tiene dos opciones principales: Asociarse con las FARC como socio menor en su esfuerzo de guerra perdiendo a la larga la autonomía política o entrar en un proceso de negociación con la administración Uribe que de darse traería también no pocas complicaciones y tensiones políticas . Una tercera opción sería continuar de manera independiente la lucha armada contra el Estado, sin tener , en realidad ninguna posibilidad de derrotar a las fuerzas armadas oficiales y con el riesgo de irse debilitando en esa lucha por las deserciones y las pérdidas causadas por el enemigo. Entre tanto, las FARC han retomado en algunos departamentos la iniciativa político militar ordenando paros armados en zonas de Putumayo, Caquetá, Arauca, Guaviare, Nariño, Chocó con éxitos relativos que han sido opacados por los asesinatos que han cometido de población civil como los pasajeros de un bus masacrados en una de las carreteras del Caquetá, o los ocho concejales del municipio de Rivera en el Huila. Estos paros armados se han complementado con voladura de torres de energía, quemas de camiones y automóviles y coche bombas explotados en algunos municipios. Las FARC están aprovechando en algunas regiones la desmovilización temporal de los grupos paramilitares y la incapacidad del ejército oficial para copar con sus efectivos las zonas abandonadas parcialmente por los desmovilizados, para lanzar su ofensiva. Todo esto lleva a creer que como ya está ocurriendo en ciertas regiones como el Sur de Córdoba y los Montes de María en Bolívar y Sucre tendremos en buena parte del país en poco tiempo una nueva cosecha de grupos paramilitares aún más criminales que los anteriores para proteger los intereses de los hacendados y propietarios de esos territorios. En otras palabras , esta situación demuestra que el pregonado éxito del presidente Uribe con sus políticas de la mal llamada “seguridad democrática” depende en gran parte de la paramilitarización de las regiones y de las tácticas de terror impuestas por esos grupos de extrema derecha. La ofensiva de las FARC está también demostrando que el conflicto político militar que vive el país no puede resolverse por la vía armada: Ni las FARC se van a tomar el poder del Estado gracias al triunfo en la guerra, ni el Estado y su aparato armado van a derrotar a las FARC como una y otra vez lo anuncia Uribe. Esta verdad vuelve a tomar fuerza entre una población civil que en años anteriores ilusionada por las promesas y anuncios del presidente creía en la solución del conflicto por la vía militar. Sin embargo, los Estados Unidos han tratado de radicalizar aun más el conflicto expidiendo órdenes de extradición para los 50 jefes y comandantes más importantes de las FARC, acusándolos de haber creado el cartel de narcotraficantes más grande del mundo responsable de haber exportado cocaína en los últimos años por un valor superior a los 25 billones de dólares. Sobra decir que el gobierno ha recibido esta noticia como un triunfo, como un apoyo total a su política militarista. En la práctica todo esto significa más muertes, más dolores y angustias para una población civil que ya ha pagado un altísimo precio por esta guerra. MOVIMIENTO POPULAR El silencio de los inocentes La Corte Constitucional tiene en sus manos otra gran decisión jurídica , al tener que decidir si la ley mal llamada por el gobierno de “Justicia y Paz” está acorde con los principios consagrados en la Constitución de 1991. Mientras tanto, los principales grupos paramilitares han terminado de “desmovilizarse” creando más dudas sobre la realidad de ese proceso. En efecto, cálculos hechos por funcionarios del gobierno hace unos dos años hablaban de un máximo de 14 mil integrantes en los grupos paramilitares, pero terminadas las “desmovilizaciones” ese número subió a 26 mil , con el agravante de que las armas entregadas no llegan a la tercera parte del número de combatientes. Como los nuevos reinsertados, según la ley, deben recibir para apoyar su reingreso a la sociedad civil un salario por varios meses, lo que se va a hacer con la nómina inflada de combatientes presuntamente “desmovilizados” es sostener económicamente por cuenta del Estado un aparato clientelista al servicio de los grandes jefes de las “Autodefensas”. Pero el problema se hace más complejo si se entiende que en varias regiones muchos desmovilizados han vuelto a reaparecer como grupo armado, como grupo paramilitar, sumándose a un sector que se negó a participar del mal llamado proceso de paz. Mientras tanto, solo una pequeñísima minoría de los paramilitares desmovilizados aparecen con procesos judiciales en la Fiscalía, lo que confirma el total manto de impunidad que va a cubrir sus múltiples crímenes. Para los jefes o “capos” la ley fija un plazo perentorio de 60 días para que la Fiscalía recaude, consiga pruebas que permitan condenarlos a penas de prisión, que también según la misma ley no deben pasar de 8 años. En realidad la única preocupación que tienen estos “Señores de la guerra” son los procesos por narcotráfico que se les siguen en los Estados Unidos y los correspondientes pedidos de extradición que por ahora se encuentran suspendidos por el gobierno colombiano. Seguramente más adelante cuando las condiciones políticas así lo exijan, Uribe “sacrificará” algunos de estos capos enviándolos a Estados Unidos para tratar de reducir las presiones de un sector del Congreso norteamericano que rechaza la política del presidente hacia los paramilitares y denuncia la complicidad de ejército y paramilitares en muchos casos de persecución, torturas, muertes y desapariciones de líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos en nuestro país. En un informe reciente de algunos congresistas del partido Demócrata de los Estados Unidos , se señala la persecución y las muertes que ejército y paramilitares han causado en las comunidades de paz de la región de Urabá en el departamento de Antioquia. Así mismo , se habla de los muchos crímenes que los paramilitares “desmovilizados” han seguido cometiendo en las regiones donde se han hecho fuertes y de la inoperancia del gobierno para hacerle frente a estas violencias. Para tratar de cubrirse políticamente en el campo internacional, Uribe creó una mal llamada Comisión de la verdad con el supuesto fin de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares e indemnizar a las víctimas. Sin embargo, la ley de “Justicia y Paz” no le exige a los “señores de la guerra” la entrega de tierras, dineros y otras propiedades conseguidas a través de la violencia que ejercieron contra la población civil. Todo queda librado a la buena voluntad del delincuente. Con las propiedades que “generosamente” entreguen los jefes paramilitares y con algunos dineros del Estado se va a crear un Fondo que administrará la Comisión de la verdad. Para representar a las víctimas en esa comisión el gobierno escogió unos delegados de organizaciones amigas , favorables a sus políticas , lo que completa el libreto de este proceso, que para muchos en el país es una verdadera farsa. La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia puso en circulación un informe destacando que aunque ciertos indicadores como el número de asesinatos y de secuestros ha disminuído en el último año, el tratamiento que se le ha dado al proceso de desmovilización de los grupos paramilitares no cumple con los requisitos de verdad, justicia y reparación a las víctimas , que están exigiendo ese tipo de procesos en las nuevas realidades políticas mundiales del siglo 21. Lo cierto es que se continua asesinando selectivamente a dirigentes populares; que las intimidaciones y las amenazas siguen proliferando contra los periodistas independientes en varias regiones ; que los millones de desplazados , pese a las promesas gubernamentales, continúan viviendo sus dramas en medio del abandono y la indiferencia del Estado. En los barrios populares de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla la presencia y la violencia de los paramilitares y de sus cómplices y asociados es un hecho “normal” en la vida diaria de los habitantes. Esta situación se hace más compleja con las luchas sangrientas que se presentan entre una y otra fracción o sector “para” por el control de áreas claves , como está sucediendo en Bogotá, en las que se mezclan delincuencia común y narcotráfico. A diestra y siniestra Las FARC, el mayor grupo guerrillero del país, en la ofensiva militar que ha desarrollado contra las fuerzas del gobierno, ha demostrado un absoluto desprecio por el Derecho Internacional Humanitario , como lo demuestran las masacres de pasajeros de un bus en las carreteras del Caquetá y de los concejales del municipio de Rivera en el Huila. Estas acciones le sirven de pretexto al presidente Uribe y a sus asesores para insistir en el camino de la guerra y para seguir eludiendo negociaciones como la del intercambio humanitario de los secuestrados “políticos” que tienen en su poder las FARC por algunos jefes subversivos detenidos en las cárceles. La muerte del primero de los secuestrados “políticos”, un oficial de la policía que murió de una enfermedad desconocida , hace más urgente la necesidad de emprender esa negociación. Sin embargo, pese a las presiones de gobiernos como el de Francia, el presidente se ha mostrado remiso , poco amigo de tomar la iniciativa del diálogo y cuando presuntamente lo ha hecho ha sido estableciendo unas condiciones que no hacen viable la negociación y que solo le facilitan a Uribe ganar elogios en los medios de comunicación que favorecen a su gobierno. En realidad, el presidente se niega a reconocer la existencia de un conflicto político en el país y se empecina en seguir tomando como simples bandidos terroristas a los jefes e integrantes de las FARC. Un verdadero proceso de paz debe comenzar por reconocer la existencia de ese conflicto y el carácter político de la organización guerrillera. En esto no hay que engañarse: Si bien las FARC han cometido delitos atroces contra la población civil y han apelado a métodos terroristas para hacer la guerra, su organización tiene un plan, un programa político de toma del poder que promueve un modelo de estado que ellos llaman socialista para Colombia. Su fin último no es simplemente como lo pretenden los delincuentes comunes enriquecerse y “gozar la vida”. Mientras no se reconozca esta realidad, la guerra seguirá desangrando al país, justificando de parte del Estado el gasto militar creciente, así como la presencia de los grupos paramilitares y el propio accionar criminal de las organizaciones guerrilleras. La reelección de Uribe, sin lugar a dudas, reforzará el proyecto económico favorable a los grandes empresarios del país y continuará en la tarea de recortar servicios sociales como ya se ha visto en el cierre y en la quiebra de varios hospitales públicos o en el anuncio del Ministro de Hacienda , Alberto Carrasquilla, de acabar con la Universidad del Atlántico en Barranquilla porque “ no es viable económicamente”. Además insistirá en descalificar toda protesta social con el socorrido argumento de que esas protestas son organizadas por “subversivos”, mientras al mismo tiempo cubre con la impunidad los crímenes que se seguirán cometiendo contra dirigentes y luchadores populares. En estas condiciones se hace necesario, por ejemplo, fortalecer la solidaridad internacional con campañas y denuncias en Europa, Estados Unidos, Canadá, en las cuales se planteen estas realidades y se pueda a través de esos gobiernos ejercer una presión firme , permanente , para que de verdad se aplique una política protectora de los derechos humanos en Colombia. Estas acciones deben ir a la par con un proyecto de unidad de todos los sectores, grupos y movimientos interesados en construir una auténtica democracia en el país, profundizando el camino abierto por el Polo Democrático Alternativo en la esperanza que el 2010 permita una coyuntura favorable a un cambio político en Colombia.