Los intentos por bloquear la Asamblea Constituyente, propuesta por el gobierno ecuatoriano, abrieron un escenario de confrontación popular con la derecha conservadora. Algunos movimientos sociales anunciaron que llegarán a la rebelión si es necesario

La derecha bananera, representada por los legisladores del magnate y ex candidato presidencial Álvaro Noboa, y el resto de la partidocracia con mayoría en el Congreso Nacional de Ecuador, desplegaron una ofensiva que tiene como objetivo frenar las transformaciones estructurales que se propuso el flamante gobierno de Rafael Correa. Y empezaron por la columna vertebral de ese cambio: la Asamblea Constituyente que, con plenos poderes, redactará la nueva Carta Magna, necesaria para avanzar hacia un país soberano, integrado regionalmente y con justicia social.

Las últimas declaraciones del presidente del Congreso, Jorge Cevallos, del Partido Renovación Institucional Acción Nacional (PRIAN), son significativas porque demuestran la manipulación discursiva de los conservadores: ``El presidente Rafael Correa está sumiendo al país en el caos con su iniciativa``, dijo el diputado de Noboa y, al mismo tiempo, acusó al mandatario de promover “un modelo totalitario”.

El “caos” y el “totalitarismo” lo ejercen, en realidad, el PRIAN, el PSP (Partido Sociedad Patriótica) del ex presidente Lucio Gutiérrez, el PSC (Partido Social Cristiano) y la UDC (Unión Demócrata Cristiana), que formaron un bloque parlamentario para impulsar reformas constitucionales que sean un simple maquillaje y eviten, de esta forma, la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente.

"Vamos a ver quien compite mejor, si la Asamblea que va a crearse o el Parlamento actual. Sólo el pueblo ecuatoriano decidirá entre uno y otro proyecto", sentenció el legislador Luis Almeida (PSP).

Sin embargo, la intención de los conservadores es marginar al pueblo y decidir el tema en el ámbito del Congreso. Precisamente, los vocales de esos mismos partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron los encargados de iniciar un complejo proceso burocrático para bloquear la consulta popular decretada por Correa el 16 de enero pasado, un día después de su asunción.

El martes, el TSE envió el decreto al Parlamento con el argumento de que el documento contiene textos constitucionales que deben ser aprobados de manera legislativa, cuando en realidad el tribunal electoral tenía que dar curso al referendo. La actitud del TSE no sólo motivó el repudio del gobierno, que la calificó de inconstitucional, sino también de la sociedad, que se manifestó para protestar contra el juego de la partidocracia.

El movimiento indígena de Ecuador y diversas organizaciones políticas y sociales, agrupadas en el Frente Social de Presión, aseguraron que las protestas irán en aumento si el Congreso y el TSE no aprueban la consulta antes del fin de semana. “Habrá una rebelión indígena en todo el país”, aseguró Humberto Cholango, líder de de la Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Quechua (Ecuarunari).

Por su parte, la presidenta de la Confederación Afroecuatoriana, Alodia Borja, dijo, según declaraciones publicadas en Prensa Latina, que "jamás vamos a renunciar al cambio estructural del país y si tenemos que regar nuestra sangre para que se respete la posición ciudadana, estamos dispuestos".

Mientras tanto, el gobierno maneja un plan alternativo para destrabar la situación creada por el TSE.

El plazo del tribunal para iniciar el trámite del referendo vence el 31 de enero. Si no existe un pronunciamiento para esa fecha, Correa estaría dispuesto a crear un tribunal ad hoc que tramite la convocatoria y organice la consulta popular que deberá decidir sobre la instalación de la Asamblea Constituyente. “El presidente así lo ha manifestado, lo puede hacer y tiene derecho. Ese es el plan B”, adelantó el vicepresidente Lenin Moreno.

No obstante, Moreno hizo un llamado para que la derecha respete la voluntad del pueblo. "En el momento en que se desoye completamente la voluntad popular, y el momento en que no se identifica con los deseos inmensos del pueblo, ese momento estamos arriesgando la institucionalidad; es importante que mantengamos la paz, es un camino que hay que recorrer", dijo el vicepresidente.

La Asamblea Constituyente fue una de las principales promesas electorales de Rafael Correa, que obtuvo el 56,67 por ciento de los votos en los comicios del 26 de noviembre, y cuyo apoyo fue creciendo desde que el economista de izquierda asumió la Presidencia. La propuesta también fue la alternativa que indujo a Correa a no presentar candidatos para un Congreso que definió como “foco de inestabilidad y de chantaje”.

Esa calificación de Correa, realizada en momentos de su campaña electoral, recobra validez en los hechos ahora que la partidocracia se propuso, desde el ámbito legislativo, desestabilizar al gobierno progresista.

Sin embargo, el presidente ecuatoriano parece estar decidido a conducir los cambios necesarios que requiere el nuevo momento histórico de Ecuador y América del Sur, a pesar de la reacción conservadora y de las amenazas del gobierno estadounidense, que no deja de apoyar a cualquier conspirador que se ajuste a sus intereses imperiales, o por lo menos los facilite.

Correa ratificó esta predisposición en el funeral de su ministra de Defensa, Guadalupe Larriva, quien falleció en un lamentable accidente aéreo en la noche del miércoles. Ante el féretro de Larriva, el mandatario renovó su juramento “de que no vamos a dar un solo paso atrás” y prometió “recuperar la patria” para todos los ecuatorianos. “Querida compañera (ministra), queridos compañeros, hasta la victoria siempre”, concluyó Correa.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina

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