La encrucijada argentina
La derecha y el poder concentrado detrás del telón
19/07/2009
- Opinión
Las recientes elecciones parlamentarias abrieron la posibilidad de una restauración conservadora. La puja del bloque económico en medio de la crisis global y contra la continuidad del gobierno.
En los últimos comicios legislativos en Argentina, el oficialismo nacional sufrió un duro revés que lo obligó a replegarse y pensar alternativas para reconfigurar fuerzas, tanto a nivel institucional como en lo político-partidario y económico. Pero la derrota en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país donde el kirchnerismo concentraba todas sus esperanzas, aumentó las posibilidades electorales de una derecha representada por herederos del neoliberalismo de la década del ’90, sector que desde la crisis de 2001 viene buscando el momento propicio para hegemonizar el poder político.
Más allá de los aciertos, los errores y el desgaste propio de seis años de gestión gubernamental, teniendo en cuenta el período iniciado por Néstor Kirchner en el 2003 y continuado por su esposa, Cristina Fernández, en el 2007, no cabe duda que el matrimonio presidencial subestimó el avance de esa derecha y sobrevaloró las alianzas que dieron sustento al modelo kirchnerista, incluso en medio del conflicto con las patronales del agro y de la crisis financiera internacional.
Ambos factores están estrechamente relacionados, pero conviene empezar por el segundo para apreciar en qué coyuntura es posible una restauración conservadora, a partir de la articulación de sectores concentrados de la economía.
Las alianzas fueron fundamentalmente tres. En el plano político, la Casa Rosada abandonó la idea inicial de construir una transversalidad amplia y progresista en pos de contar con el aparato más poderoso del país, el del Partido Justicialista (PJ), para lo cual debió pactar con las más diversas y contradictorias facciones que lo componen.
En la provincia de Buenos Aires, esta alianza terminó jugando en contra de Kirchner, ya que muchos caudillos peronistas se aseguraron el triunfo en sus propios distritos, pero liberaron el voto para las candidaturas a diputados nacionales, propiciando el corte de boleta a favor de la lista de los empresarios Francisco de Narváez y Mauricio Macri (Unión-PRO), auspiciada por el peronismo disidente de Eduardo Duhalde. Kirchner renunció a la conducción del PJ antes de que lo descabezaran y se inició una puja interna por su control de cara a las presidenciales de 2011.
En el plano sindical, el gobierno cerró filas con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) para asegurarse el apoyo de un amplio sector de la clase obrera en la reconstrucción de un capitalismo “nacional y popular”. Si bien el titular de la central, Hugo Moyano, ratificó su respaldo a la Casa Rosada tras la derrota electoral, también emitió algunas señales positivas hacia el duhaldismo y ya no contiene como antes los reclamos de gremios importantes que exigen nuevas recomposiciones salariales.
La tercera alianza se estableció con la Unión Industrial Argentina (UIA), que poco tiene de argentina si se contempla el fuerte componente transnacional de las empresas que la integran, con el Grupo Techint a la cabeza.
En este sentido, el analista argentino Julio Gambina sostiene en un reciente artículo lo siguiente: “La burguesía hegemónica está compuesta mayoritariamente por el capital externo en el marco de la transnacionalización creciente de la economía mundial. Situación que no es ajena en la estructura de la propiedad capitalista local. Esa burguesía ya no tiene interés ‘nacional’ más que el que le permite apropiar una parte de la ganancia global por sus operaciones en territorio argentino, o aquellas facilitadas por las alianzas interestatales del gobierno local. Para ser más claro remito a Techint, considerada en su momento parte del bloque económico progubernamental y que expandió sus negocios, entre otros lugares en América Latina, favorecido por un clima de sintonía entre gobiernos críticos al neoliberalismo en la primera década del Siglo XXI. Alianza que se sostuvo en la práctica hasta las estatizaciones venezolanas que afectaron al grupo de la familia Rocca y donde la empresa presionó para lograr que ‘su estado nacional’ actúe como negociador de los intereses propios. La cúpula empresaria se mostró solidaria con el grupo Techint y reabrió la discusión, temporalmente escamoteada, entre lo público y lo privado como forma de organización económica. El tema se coló en la campaña electoral mostrando las fisuras entre los sectores más concentrados del poder económico y el gobierno”.
No obstante, las fisuras más contundentes con el bloque de poder se dieron un poco antes, cuando el kirchnerismo trató de avanzar en una mayor intervención estatal sobre la economía, con la disputa por la renta agraria, primero, y luego con la reestatización de Aerolíneas Argentinas y la eliminación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
El conflicto con las patronales agropecuarias, a partir de marzo de 2008 y en torno a las retenciones móviles a las exportaciones de soja, logró no sólo desgastar a la Casa Rosada, sino también poner de acuerdo a diferentes sectores fragmentados en un tenaz antikirchnerismo. Este arco incluye a actores económicos, políticos y partidos opositores, así como poderosas corporaciones mediáticas. Pero que estén de acuerdo en un punto no quiere decir que actualmente puedan tomar las riendas del gobierno o controlar la toma de decisiones en el Congreso, ya que el oficialismo mantiene la primera minoría parlamentaria.
En el nuevo tablero político, el objetivo inmediato de la derecha será preparar el terreno para la estocada final, mientras que la Casa Rosada intentará resistir los embates de la oposición mediante una serie de concesiones que le permitirían consensuar la sanción de leyes clave para el financiamiento estatal, como la prórroga de la delegación de facultades especiales, el Presupuesto 2010 y el impuesto al cheque, que se reparte con la provincias.
De ahí que la presidenta Cristina Fernández haya convocado a un amplio diálogo con todos los sectores el pasado 9 de julio, en el 193 aniversario de la declaración de Independencia. Desde la provincia de Tucumán, la mandataria llamó a abordar la “nueva etapa” sobre tres ejes que consideró básicos: economía, democracia y sociedad.
“Debemos abordar el tema de la economía, el de la democracia y de la sociedad convocando al más amplio diálogo a todos los sectores de la vida nacional. No porque hasta ahora no haya habido diálogo, no porque hasta ahora no nos hayamos visto las caras, al contrario, me ha tocado - como Presidenta a mí, a todo mi gabinete, al que se fue y al que está, a los gobernadores, dialogar a diario con empresarios, con sindicalistas, con comerciantes, con desocupados, con todos los que constituyen los actores de la economía, que no solamente son trabajadores y empresarios sino que desocupados y gente que no tiene trabajo también forma parte de la economía, tal vez no como actores económicos, sí como actores sociales”, dijo.
Las fuerzas de la oposición, con asesoramiento de las patronales agrarias, convocaron para el próximo 29 de julio a una sesión especial para derogar tres artículos del Código Aduanero, es decir la delegación de facultades que tiene el Ejecutivo para aplicar derechos de exportación, con la intención de reducir las retenciones sobre la soja, el trigo y el maíz, principales fuentes de ingreso del Estado nacional.
“El principal impulsor de esta sesión especial es Unión-PRO, que está siguiendo a rajatabla su estrategia de ‘ir por todo’. Dentro de esta conjunción de peronistas disidentes y macristas, estos últimos son los que abogan por la eliminación total de las retenciones. No por nada el principal asesor del PRO en temas agropecuarios es Luciano Miguens, ex titular de la Sociedad Rural”, informó el diario Página 12 el 12 de julio último.
Por eso, el Gobierno nacional pretende adelantarse y proponer en la mesa de negociaciones una baja de las cargas impositivas sobre algunos cultivos, especialmente trigo y maíz, así como otros beneficios para el sector agropecuario. Con los otros actores de la economía, por el momento, existe mayor margen para el diálogo.
“La firme avanzada por la reducción de las retenciones apunta a dos objetivos claves: el primero, como siempre, es preservar las mayores tasas de ganancia de los sectores económicos altamente concentrados, que no dudan –por su propio interés de clase– en ningún momento en la defensa de un país para pocos, lo cual ya contiene en sí mismo una clara perspectiva antidemocrática. Y el segundo, que se desprende automáticamente del primero, es escamotear recursos para una distribución más equitativa de la riqueza nacional, lo cual le quitaría oxígeno al Gobierno, aumentando su debilidad y arrinconándolo cada vez más hacia el retroceso y empujándolo hacia el precipicio”, analizó el sociólogo Norberto Alayón, en un artículo para el mismo diario.
Para el eje de la democracia, en tanto, la Casa Rosada lanzó una propuesta de reforma política, que incluye “un sistema de doble turno electivo de elecciones primarias, donde vota el conjunto de la sociedad, entre los candidatos que tienen los distintos partidos, se elige y luego en una segunda votación la ciudadanía elige. Es un sistema que vamos a poner a consideración”, según precisó Fernández.
En este sentido, el diálogo ya comenzó con la fuerza que representa la segunda minoría parlamentaria, el Acuerdo Cívico y Social (ACyS), que inauguró el miércoles pasado la primera ronda de encuentros entre el oficialismo y la oposición.
“La reforma política está directamente vinculada con las posibilidades de que Néstor Kirchner retome el control del Partido Justicialista a nivel nacional. Esto de impulsar las internas abiertas en todos los partidos lo coloca a él nuevamente en situación de tener alguna injerencia dentro del PJ una vez normalizado (…) Eduardo Duhalde tiene un peso relativo y podría llegar a coordinar la acción de algunos intendentes peronistas si es que encuentra algún candidato (presidencial) que se le presente como confiable. Pero dudo que se presente a competir dentro de esa estructura, pese a que ansíe ese lugar. Creo que es una persona inteligente y sabe que no es el mejor candidato como para representar una opción frente a Kirchner, que es quien aún sigue manejando el Poder Ejecutivo Nacional y, por ende, todos los intendentes siguen dependiendo de los aportes económicos que les dé el Estado”, analizó el politólogo Jorge Mayer en diálogo con el portal de noticias Política & Medios.
Precisamente, el propio Kirchner dijo días atrás que "la reforma es profundamente necesaria, yo lo pude comprobar en las elecciones últimas ya que fui una de las víctimas de la vieja política así que hay que dar cristalinidad al sistema para que la gente se pueda expresar con mucha fuerza y con un marco directo que implique un paso superlativo para mejorar la democracia".
Pero tal vez el tercer componente de diálogo (la sociedad) sea el más importante, aunque hasta el momento haya pasado casi desapercibido en aparente detrimento de los ejes mencionados con anterioridad.
En su discurso, la presidenta argentina dijo que se trata del “grado de participación e involucramiento que esa sociedad debe tener en los grandes temas, que seguramente se van a discutir en esta nueva etapa que se avecina y en la que tienen que participar activamente. Porque hay decisiones que escapan a la esfera de los gobernantes, hay decisiones que por su naturaleza cuando involucran a muchas generaciones o involucran decisiones importantes, necesitan muchas veces también de un consenso más amplio que el que puede dar un Poder Ejecutivo o un Parlamento, requiere también la participación de la sociedad que además implica el hacerse cargo de las decisiones que una sociedad adopta en determinado momento histórico y en relación a determinados tópicos. Porque muchas veces uno siente que hay poca participación en la decisión que luego termina influyendo en la vida de todos los argentinos”.
Sin aclararlo explícitamente, Cristina Fernández se refería a mecanismos de democracia directa que están contemplados en la Constitución y en las leyes argentinas, pero que hasta ahora no fueron instrumentados o aplicados en todas sus dimensiones y alcances: la Iniciativa Popular y la Consulta Popular vinculante y no vinculante.
Más allá de las limitaciones que presentan estas herramientas participativas en la legislación nacional, es un campo inexplorado con buenos antecedentes en otros países de América Latina contra avance de iniciativas de la derecha neoliberal, como sucedió en Uruguay con los intentos de privatización de empresas estatales, o para profundizar transformaciones de carácter popular, como ocurrió en Venezuela, Bolivia o Ecuador.
Esto, sin duda, podría renovar la dinámica social y conciliar al gobierno con una enorme masa de argentinos que expresó su descontento en unos comicios de medio tiempo que fueron planteados como plebiscito de la gestión K por el propio oficialismo.
Está claro que utilizar mecanismos de democracia directa no será suficiente si los Kirchner quieren mantenerse como alternativa en el 2011 frente al abanico de presidenciables de derecha que ya aflora en el horizonte. También deberá desarrollar políticas más decididas hacia el campo popular, profundizando la distribución del ingreso y la riqueza, incrementando una lucha sin cuartel contra el hambre y la pobreza, centrando el diálogo y el consenso con los movimientos sociales y con las fuerzas progresistas en sentido amplio…
La tarea es difícil en un contexto de crisis internacional y desaceleración de la economía local, pero si realmente el kirchnerismo se considera un movimiento antineoliberal y parte de un proceso de transformación en el marco regional, seguramente valdrá la pena intentarlo.
Más allá de los aciertos, los errores y el desgaste propio de seis años de gestión gubernamental, teniendo en cuenta el período iniciado por Néstor Kirchner en el 2003 y continuado por su esposa, Cristina Fernández, en el 2007, no cabe duda que el matrimonio presidencial subestimó el avance de esa derecha y sobrevaloró las alianzas que dieron sustento al modelo kirchnerista, incluso en medio del conflicto con las patronales del agro y de la crisis financiera internacional.
Ambos factores están estrechamente relacionados, pero conviene empezar por el segundo para apreciar en qué coyuntura es posible una restauración conservadora, a partir de la articulación de sectores concentrados de la economía.
Las alianzas fueron fundamentalmente tres. En el plano político, la Casa Rosada abandonó la idea inicial de construir una transversalidad amplia y progresista en pos de contar con el aparato más poderoso del país, el del Partido Justicialista (PJ), para lo cual debió pactar con las más diversas y contradictorias facciones que lo componen.
En la provincia de Buenos Aires, esta alianza terminó jugando en contra de Kirchner, ya que muchos caudillos peronistas se aseguraron el triunfo en sus propios distritos, pero liberaron el voto para las candidaturas a diputados nacionales, propiciando el corte de boleta a favor de la lista de los empresarios Francisco de Narváez y Mauricio Macri (Unión-PRO), auspiciada por el peronismo disidente de Eduardo Duhalde. Kirchner renunció a la conducción del PJ antes de que lo descabezaran y se inició una puja interna por su control de cara a las presidenciales de 2011.
En el plano sindical, el gobierno cerró filas con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) para asegurarse el apoyo de un amplio sector de la clase obrera en la reconstrucción de un capitalismo “nacional y popular”. Si bien el titular de la central, Hugo Moyano, ratificó su respaldo a la Casa Rosada tras la derrota electoral, también emitió algunas señales positivas hacia el duhaldismo y ya no contiene como antes los reclamos de gremios importantes que exigen nuevas recomposiciones salariales.
La tercera alianza se estableció con la Unión Industrial Argentina (UIA), que poco tiene de argentina si se contempla el fuerte componente transnacional de las empresas que la integran, con el Grupo Techint a la cabeza.
En este sentido, el analista argentino Julio Gambina sostiene en un reciente artículo lo siguiente: “La burguesía hegemónica está compuesta mayoritariamente por el capital externo en el marco de la transnacionalización creciente de la economía mundial. Situación que no es ajena en la estructura de la propiedad capitalista local. Esa burguesía ya no tiene interés ‘nacional’ más que el que le permite apropiar una parte de la ganancia global por sus operaciones en territorio argentino, o aquellas facilitadas por las alianzas interestatales del gobierno local. Para ser más claro remito a Techint, considerada en su momento parte del bloque económico progubernamental y que expandió sus negocios, entre otros lugares en América Latina, favorecido por un clima de sintonía entre gobiernos críticos al neoliberalismo en la primera década del Siglo XXI. Alianza que se sostuvo en la práctica hasta las estatizaciones venezolanas que afectaron al grupo de la familia Rocca y donde la empresa presionó para lograr que ‘su estado nacional’ actúe como negociador de los intereses propios. La cúpula empresaria se mostró solidaria con el grupo Techint y reabrió la discusión, temporalmente escamoteada, entre lo público y lo privado como forma de organización económica. El tema se coló en la campaña electoral mostrando las fisuras entre los sectores más concentrados del poder económico y el gobierno”.
No obstante, las fisuras más contundentes con el bloque de poder se dieron un poco antes, cuando el kirchnerismo trató de avanzar en una mayor intervención estatal sobre la economía, con la disputa por la renta agraria, primero, y luego con la reestatización de Aerolíneas Argentinas y la eliminación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
El conflicto con las patronales agropecuarias, a partir de marzo de 2008 y en torno a las retenciones móviles a las exportaciones de soja, logró no sólo desgastar a la Casa Rosada, sino también poner de acuerdo a diferentes sectores fragmentados en un tenaz antikirchnerismo. Este arco incluye a actores económicos, políticos y partidos opositores, así como poderosas corporaciones mediáticas. Pero que estén de acuerdo en un punto no quiere decir que actualmente puedan tomar las riendas del gobierno o controlar la toma de decisiones en el Congreso, ya que el oficialismo mantiene la primera minoría parlamentaria.
En el nuevo tablero político, el objetivo inmediato de la derecha será preparar el terreno para la estocada final, mientras que la Casa Rosada intentará resistir los embates de la oposición mediante una serie de concesiones que le permitirían consensuar la sanción de leyes clave para el financiamiento estatal, como la prórroga de la delegación de facultades especiales, el Presupuesto 2010 y el impuesto al cheque, que se reparte con la provincias.
De ahí que la presidenta Cristina Fernández haya convocado a un amplio diálogo con todos los sectores el pasado 9 de julio, en el 193 aniversario de la declaración de Independencia. Desde la provincia de Tucumán, la mandataria llamó a abordar la “nueva etapa” sobre tres ejes que consideró básicos: economía, democracia y sociedad.
“Debemos abordar el tema de la economía, el de la democracia y de la sociedad convocando al más amplio diálogo a todos los sectores de la vida nacional. No porque hasta ahora no haya habido diálogo, no porque hasta ahora no nos hayamos visto las caras, al contrario, me ha tocado - como Presidenta a mí, a todo mi gabinete, al que se fue y al que está, a los gobernadores, dialogar a diario con empresarios, con sindicalistas, con comerciantes, con desocupados, con todos los que constituyen los actores de la economía, que no solamente son trabajadores y empresarios sino que desocupados y gente que no tiene trabajo también forma parte de la economía, tal vez no como actores económicos, sí como actores sociales”, dijo.
Las fuerzas de la oposición, con asesoramiento de las patronales agrarias, convocaron para el próximo 29 de julio a una sesión especial para derogar tres artículos del Código Aduanero, es decir la delegación de facultades que tiene el Ejecutivo para aplicar derechos de exportación, con la intención de reducir las retenciones sobre la soja, el trigo y el maíz, principales fuentes de ingreso del Estado nacional.
“El principal impulsor de esta sesión especial es Unión-PRO, que está siguiendo a rajatabla su estrategia de ‘ir por todo’. Dentro de esta conjunción de peronistas disidentes y macristas, estos últimos son los que abogan por la eliminación total de las retenciones. No por nada el principal asesor del PRO en temas agropecuarios es Luciano Miguens, ex titular de la Sociedad Rural”, informó el diario Página 12 el 12 de julio último.
Por eso, el Gobierno nacional pretende adelantarse y proponer en la mesa de negociaciones una baja de las cargas impositivas sobre algunos cultivos, especialmente trigo y maíz, así como otros beneficios para el sector agropecuario. Con los otros actores de la economía, por el momento, existe mayor margen para el diálogo.
“La firme avanzada por la reducción de las retenciones apunta a dos objetivos claves: el primero, como siempre, es preservar las mayores tasas de ganancia de los sectores económicos altamente concentrados, que no dudan –por su propio interés de clase– en ningún momento en la defensa de un país para pocos, lo cual ya contiene en sí mismo una clara perspectiva antidemocrática. Y el segundo, que se desprende automáticamente del primero, es escamotear recursos para una distribución más equitativa de la riqueza nacional, lo cual le quitaría oxígeno al Gobierno, aumentando su debilidad y arrinconándolo cada vez más hacia el retroceso y empujándolo hacia el precipicio”, analizó el sociólogo Norberto Alayón, en un artículo para el mismo diario.
Para el eje de la democracia, en tanto, la Casa Rosada lanzó una propuesta de reforma política, que incluye “un sistema de doble turno electivo de elecciones primarias, donde vota el conjunto de la sociedad, entre los candidatos que tienen los distintos partidos, se elige y luego en una segunda votación la ciudadanía elige. Es un sistema que vamos a poner a consideración”, según precisó Fernández.
En este sentido, el diálogo ya comenzó con la fuerza que representa la segunda minoría parlamentaria, el Acuerdo Cívico y Social (ACyS), que inauguró el miércoles pasado la primera ronda de encuentros entre el oficialismo y la oposición.
“La reforma política está directamente vinculada con las posibilidades de que Néstor Kirchner retome el control del Partido Justicialista a nivel nacional. Esto de impulsar las internas abiertas en todos los partidos lo coloca a él nuevamente en situación de tener alguna injerencia dentro del PJ una vez normalizado (…) Eduardo Duhalde tiene un peso relativo y podría llegar a coordinar la acción de algunos intendentes peronistas si es que encuentra algún candidato (presidencial) que se le presente como confiable. Pero dudo que se presente a competir dentro de esa estructura, pese a que ansíe ese lugar. Creo que es una persona inteligente y sabe que no es el mejor candidato como para representar una opción frente a Kirchner, que es quien aún sigue manejando el Poder Ejecutivo Nacional y, por ende, todos los intendentes siguen dependiendo de los aportes económicos que les dé el Estado”, analizó el politólogo Jorge Mayer en diálogo con el portal de noticias Política & Medios.
Precisamente, el propio Kirchner dijo días atrás que "la reforma es profundamente necesaria, yo lo pude comprobar en las elecciones últimas ya que fui una de las víctimas de la vieja política así que hay que dar cristalinidad al sistema para que la gente se pueda expresar con mucha fuerza y con un marco directo que implique un paso superlativo para mejorar la democracia".
Pero tal vez el tercer componente de diálogo (la sociedad) sea el más importante, aunque hasta el momento haya pasado casi desapercibido en aparente detrimento de los ejes mencionados con anterioridad.
En su discurso, la presidenta argentina dijo que se trata del “grado de participación e involucramiento que esa sociedad debe tener en los grandes temas, que seguramente se van a discutir en esta nueva etapa que se avecina y en la que tienen que participar activamente. Porque hay decisiones que escapan a la esfera de los gobernantes, hay decisiones que por su naturaleza cuando involucran a muchas generaciones o involucran decisiones importantes, necesitan muchas veces también de un consenso más amplio que el que puede dar un Poder Ejecutivo o un Parlamento, requiere también la participación de la sociedad que además implica el hacerse cargo de las decisiones que una sociedad adopta en determinado momento histórico y en relación a determinados tópicos. Porque muchas veces uno siente que hay poca participación en la decisión que luego termina influyendo en la vida de todos los argentinos”.
Sin aclararlo explícitamente, Cristina Fernández se refería a mecanismos de democracia directa que están contemplados en la Constitución y en las leyes argentinas, pero que hasta ahora no fueron instrumentados o aplicados en todas sus dimensiones y alcances: la Iniciativa Popular y la Consulta Popular vinculante y no vinculante.
Más allá de las limitaciones que presentan estas herramientas participativas en la legislación nacional, es un campo inexplorado con buenos antecedentes en otros países de América Latina contra avance de iniciativas de la derecha neoliberal, como sucedió en Uruguay con los intentos de privatización de empresas estatales, o para profundizar transformaciones de carácter popular, como ocurrió en Venezuela, Bolivia o Ecuador.
Esto, sin duda, podría renovar la dinámica social y conciliar al gobierno con una enorme masa de argentinos que expresó su descontento en unos comicios de medio tiempo que fueron planteados como plebiscito de la gestión K por el propio oficialismo.
Está claro que utilizar mecanismos de democracia directa no será suficiente si los Kirchner quieren mantenerse como alternativa en el 2011 frente al abanico de presidenciables de derecha que ya aflora en el horizonte. También deberá desarrollar políticas más decididas hacia el campo popular, profundizando la distribución del ingreso y la riqueza, incrementando una lucha sin cuartel contra el hambre y la pobreza, centrando el diálogo y el consenso con los movimientos sociales y con las fuerzas progresistas en sentido amplio…
La tarea es difícil en un contexto de crisis internacional y desaceleración de la economía local, pero si realmente el kirchnerismo se considera un movimiento antineoliberal y parte de un proceso de transformación en el marco regional, seguramente valdrá la pena intentarlo.
Fuente: APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
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