Diecisiete años después de los sucesos ocurridos entre agosto y septiembre de 1989, cuando diez dirigentes estudiantiles, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, fueron secuestrados y cinco de ellos ejecutados extrajudicialmente, mientras el resto forma parte de la inmensa lista de detenidos desaparecidos, un grupo de sobrevivientes de aquella generación ha irrumpido para demandar nuevamente que se realice la investigación de los hechos y se establezcan y diluciden las responsabilidades penales de los responsables. En el año 89 transcurría el tercer año del primer gobierno civil de la transición democrática, se agudizaban algunos conflictos sociales, en tanto las instituciones eran, como siempre, renuentes o incapaces de atender las demandas populares. Por aquel tiempo también se reconstituía vigorosamente la organización popular, se demandaba la necesidad de profundizar la democracia y la atención política y no militar del conflicto armado interno. Una generación de jóvenes universitarios había consolidado la unidad de diversas expresiones del movimiento estudiantil, superando años de aislamiento, consiguió articular un proceso que volvió a institucionalizar la Asociación de Estudiantes Universitarios, “Oliverio Castañeda de León” y tejía efectivos vínculos con el movimiento popular, organizado principalmente en la Unidad de Acción Sindical y Popular. Hacia dentro de la universidad estatal reivindicaba la necesidad de una Reforma Universitaria, tomando en cuenta la necesidad de evolución contemporánea de los centros de enseñanza superior, la crisis académica, administrativa y de proyección social, especialmente por el alto costo humano y material que provocó la represión, directa o indirectamente, sobre esta casa de estudios. Estas señales inequívocas del auge del movimiento popular y estudiantil y las expectativas que generó el proceso de unidad, impensable unos años antes, tuvo como respuesta estatal su bestial represión. En el curso de la semana comprendida entre el 21 de agosto y el ocho de septiembre, fueron realizadas las capturas sistemáticas de los estudiantes Aarón Ubaldo Ochoa Ramírez, Carlos Ernesto Contreras Conde, Hugo Leonel Gramajo López, Iván Ernesto González Fuentes, Mario Arturo De León Méndez, Carlos Humberto Cabrera Rivera, Carlos Leonel Chutá Camey, Silvia María Azurdia Utrera, Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo y Eduardo Antonio López Palencia. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico: Guatemala, Memoria del Silencio, recoge este caso como uno de los casos ilustrativos. En el siguiente texto se recogen sus conclusiones. “Según documentación desclasificada por el Gobierno de Estados Unidos, existía una cárcel en la zona 6 de la ciudad capital. Además, un declarante, ex miembro de la sección de Inteligencia militar, observó que los estudiantes desaparecidos estuvieron en el interior de la cárcel clandestina ubicada en la zona seis, ciudad de Guatemala, denominada "La Isla", que estaba bajo la administración del Estado Mayor de la Defensa. Asimismo, al referirse a los estudiantes desaparecidos en 1989, relató: "En La Isla los mataron. Cabal cuando yo entré, entrando yo, cuando yo entré a la dirección, todavía habían dos (...) Esos no los enterraban, aparecían muertos así en la U, otros por ahí en la calle, en los barrancos (...) Y me contaron que a la gente que no apareció la fueron a tirar al mar". No está en duda la participación de estructuras militares en la comisión de los crímenes señalados, tanto así que hace un año, y bajo instancias de COPREDHE, el Estado de Guatemala pidió perdón a las familias de las víctimas y, de hecho, ha progresado el resarcimiento público de acuerdo con sus deudos. No tiene nada de extraordinario que, amen de los hechos de desagravio descritos, se demande la persecución penal de los responsables. Hace diecisiete años la violencia del Estado, en su forma más extrema, era la respuesta a un movimiento estudiantil en proceso de rearticulación. En resumen puede decirse que los sucesos ocurridos en agosto y septiembre del 89 dejaron en claro que la transición democrática había heredado, fatídicamente, las prácticas más brutales de la violencia ocurrida en la etapa anterior. Así también se heredó hasta nuestros días la impunidad absoluta a los hechos de violencia que hoy por hoy son capaces de horrorizar a cualquier persona, nacional o extranjera, que observe los crímenes que cotidianamente se cometen en nuestro país. Por ello, todo esfuerzo por erradicar las constantes de violencia e impunidad, que acompañaron históricamente a la sociedad guatemalteca deben ser vistos como esfuerzos por profundizar la calidad de la democracia y la paz, por la que se empeñan muchos, a pesar de las dificultades. - Otto Zezzig Vásquez es Analista Fuente: Boletín Noticias y Análisis de Tendencias Nº 1038 / Incidencia Democrática (Guatemala)
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