La discusión e implementación de mecanismos de control sobre el financiamiento de los partidos políticos se ha convertido en un aspecto fundamental de la democracia electoral occidental, la cuestión sobre el impacto que el dinero tiene en los sistemas políticos, la elección de autoridades y su desenvolvimiento en la gestión de lo público se han convertido en una preocupación constante y ha dado lugar a diversas medidas legislativas.

Por lo menos en el terreno normativo, aunque con muchas dudas sobre su impacto en la realidad inmediata, en Guatemala se realizan los primeros intentos. Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos establecen techos máximos para la campaña electoral; las nuevas regulaciones sobre donaciones manda hacerlas públicas, introduce límites que no pueden sobrepasarse, prohíbe efectuarlas a favor de personas, y tienen que realizarse a las organizaciones políticas; se exige una contabilidad formal y obliga a que las operaciones financieras se canalicen mediante operaciones bancarias.

Es por demás sensata la obligación de publicar la lista de donantes, aunque dicha práctica pueda disminuir la intención de algunas personas de hacer aportes a los partidos políticos, temiendo que la publicidad de su donación y, por lo tanto de su preferencia, pueda acarrearle la antipatía de alguna autoridad futura.

Tanto organizaciones políticas, como otras instancias vinculadas a esta temática, han puesto en duda que todas estas disposiciones puedan aplicarse efectivamente por las autoridades electorales. Duda razonable si se toma en cuenta que ni la propia Superintendencia de Bancos, hasta hace poco considerada como una institución eficiente, logró todavía la aplicación de mecanismos de control de instituciones bancarias que se supone funcionan con sistemas de contabilidad modernos y rigurosos controles de operación. De hecho, la debilidad de las autoridades monetarias revela que la reforma financiera fracasó en su intento de evitar el uso indebido de los fondos de inversionistas y ahorrantes, que siguió la práctica de los famosos préstamos vinculados y que los supuestos logros en materia del combate al lavado de dinero no fueron más que apariencias.

Es de enorme importancia y trascendencia que el sistema político haga positivas las regulaciones sobre su financiamiento y gasto; en términos generales persiguen, por un lado garantizar un sistema competitivo, en el que se reduzca la influencia del dinero en la actividad política, dando oportunidad a que la ciudadanía tengan diferentes opciones programáticas; y por otro lado evitar que intereses sectarios, grupos económicos o incluso mafiosos intervengan la institucionalidad del Estado o incluso lo capturen.

No cabe duda que es un gran desafío aplicar las disposiciones electorales, especialmente si no se cuenta con la transparencia y colaboración de los partidos políticos. Son éstos los principales responsables de observar las normas que sus propios representantes en el Congreso han dictado; los partidos deben ser concientes de su obligación de rendir cuentas de forma oportuna y detallada de sus ingresos y gastos. Aún si no existieran normas, las autoridades de estas instituciones de derecho público están obligadas a dar cuentas a sus afiliados y a la población, en general, del origen de sus fondos y de la forma en que los administran.

Por último, recordar que, aunque no sea de la noche a la mañana que puedan establecerse las capacidades de supervisión encomendadas al Tribunal Supremo Electoral, en estos tiempos es difícil pensar puedan quedar en secreto movimientos u operaciones financieras anómalas, mas temprano o más tarde, siempre salen a relucir escándalos públicos a un altísimo costo para los partidos y para la institucionalidad pública. En latitudes no muy lejanas, ex Presidentes de Costa Rica fueron condenados o enfrentan cargos por recibir donaciones prohibidas.

Otto Zeissig.- Analista asociado de Incidencia Democrática

Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)
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