- A casi siete años, se compensará a la joven Paulina - Reconoce el gobierno de Baja California que obstruyó el derecho de la chica, embarazada por una violación - Presenta Human Rights Watch informe sobre las obstrucciones al aborto legal en nuestro país A casi siete años de que le fuera negado el derecho al aborto legal por violación, la joven Paulina Ramírez recibirá la reparación del daño que le provocó el gobierno de Baja California por este hecho. En 1999, Paulina, en ese momento de 13 años de edad, fue presionada por autoridades judiciales, médicos, funcionarios de salud y organizaciones pro vida para que continuara con su embarazo, producto de una violación que ella acudió a denunciar, lo que en el Código Penal del estado le daba derecho a un aborto legal. Fue necesario que interviniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se firmara un acuerdo entre las organizaciones que representaron a la joven -Center for Reproductive Rights (CRR), Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Alaide Foppa-, autoridades estatales y el gobierno federal. En el documento, el gobierno de Baja California reconoció su responsabilidad en la negación del servicio que le correspondió a Paulina en 1999 y se comprometió a reparar el daño y no repetir estas situaciones. Para evitarlo, impulsará en el Congreso local un proyecto legislativo para reglamentar el acceso al aborto por violación en la entidad, además de que llevará a cabo las modificaciones necesarias, tanto a nivel de Ministerios Públicos como de personal de salud, para fijar los procedimientos a seguir en caso de interrupción legal del embarazo. La reparación del daño a Paulina comprende además los recursos necesarios para garantizarle a ella y a su hijo estabilidad económica hasta que el pequeño Isaac llegue a la educación universitaria. Este anuncio se hizo en el marco de la presentación del informe “Víctimas por partida doble. Obstrucciones al aborto legal por violación en México”, de la organización Human Rights Watch (HRW). “En México, no existe el derecho al aborto legal si antes no se denuncia la violación, pero sólo 10 por ciento de las víctimas denuncia el delito debido a la mala atención y mal trato en los ministerios públicos”, afirmó Kenneth Roth, representante de la instancia internacional. “La existencia de reglamentación clara para realizar estas interrupciones del embarazo sí hace la diferencia”, agregó y sugirió que las reglamentaciones existentes en el Distrito Federal y ahora en Baja California se extiendan al resto de los estados. Para ello, dijo, es necesario el liderazgo a nivel nacional del gobierno federal, además de capacitar a los funcionarios sobre el hecho de que es su obligación respetar la ley y no obstruirla. “El derecho (al aborto legal) nunca será realizado en tanto dependa de los funcionarios públicos y no de las mujeres”, declaró. Por su parte, Aurora del Río, quien asistió en representación del secretario de Salud, Julio Frenk, dijo que se enviará un boletín a todas las autoridades de salud informando de la resolución del caso Paulina. La funcionaria reconoció que el informe de HRW será “de gran utilidad para que el Estado en su conjunto tome las medidas pertinentes para hacer real el derecho al aborto legal”. Se pronunció también por la utilización de la píldora anticonceptiva de emergencia en los casos de violación, pues este método podría evitar 85 por ciento de los embarazos no deseados. Para la antropóloga Marta Lamas, el informe de HRW sobre el caso de México es un parteaguas porque ilustra no sólo los huecos en las instituciones sino también las normas culturales y las subjetividades que impiden la realización de este derecho de las mujeres. “Si no hay un cambio cultural, una indignación moral de la sociedad por este problema, no se podrá avanzar”, aseveró la presidenta de GIRE. Calificó como “toda una tragedia” que en 29 de las entidades de la República no se cuente con los lineamientos para hacer accesible el aborto legal, además de que sigue habiendo una tendencia por parte de los funcionarios de culpar a la víctima. Hay que distinguir, siguió la activista, el estatuto moral del estatuto jurídico, porque “la autoridades las están criminalizando aun cuando el aborto ya no es un delito en el caso de violación”. Lamas presentó algunos de los datos aproximados de abortos realizados al año en México, los cuales se estiman en 220 mil por la Secretaría de Salud, pero en Instituto Nacional de Perinatología calcula que podrían ser más de 850 mil. Por su parte, Rafaella Schiavon, de la organización Ipas México, informó que los embarazos resultado de violaciones oscilan entre los 6 mil 500 y los 13 mil por año. Respecto a la resolución del caso de Paulina, Marianne Mollmann, de la división de Derechos de la Mujer de HRW explicó que esta organización dará seguimiento durante tres a cinco años, llevando a cabo reuniones con los representantes del gobierno y del Congreso, y si no se obtienen respuestas positivas se generarán nuevas denuncias ante la CIDH. - Fuente: Agencianotiese