Lo sucedido con la empresa minera Majáz, entre otros temas, ha puesto sobre el tapete la discusión acerca de las atribuciones de las rondas campesinas, en la teoría y su contraste con la realidad. Ciertamente que no están autorizadas a poner tranqueras en los caminos, ni detener y castigar a los que simpatizan con la instalación de un centro minero cercano a su comunidad. Pero desde hace 30 años, en la práctica, intervienen a sospechosos, capturan a delincuentes y los sentencian a diferentes penas; desde el castigo corporal hasta sufrir la “cadena ronderil”, una suerte de obligada y diaria participación en sucesivas rondas de la región y expuestos ante los pobladores como responsables del delito cometido. No sólo por la ausencia de la seguridad y justicia estatales, sino porque muchas veces los policías y jueces son sinónimos de corrupción, abusos e injusticias es que las rondas han adquirido una gran poder y legitimidad entre los habitantes de su localidad, es decir, ejercen autoridad. Aunque es verdad que se producen excesos y empiezan a surgir conflictos al interior del propio movimiento ronderil, no es menos cierto que su vigencia es parte del escenario sociopolítico de la sierra norte del país; los Comités de Rondas Campesinas cuentan aproximadamente con 120 mil integrantes. No son, pues, parte de una asonada violentista ni su accionar se puede remitir a una improvisada actitud protestataria contra las empresas mineras como a veces se les quiere presentar; menos aún, de prestarse a los intereses del narcotráfico local o la estupidez de querer involucrarlas como poco menos que el “aparato de masas” de unos supuestos curas rojos de la zona. La rondas campesinas están reconocidas por la ley 27908, de enero del 2003, y en su artículo 6 se dice: “Las Rondas Campesinas tienen derecho de participación, control y fiscalización de los programas y proyectos de desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal de acuerdo a ley”. Quizás una equivocada interpretación de sus atribuciones o una interesada mala información, pueden haber contribuido a la exacerbación de su postura en contra de lo que se considera negativo de la explotación minera. Creemos que nunca debiera nunca faltar el diálogo, afán de esclarecimiento y espíritu de concertación, a pesar que se nos dice que éstos se han llevado a cabo hasta el cansancio y que los resultados demuestran que los ronderos son como aquellos niños de la escuela que se niegan a comprender por qué dos mas dos suman cuatro. Por lo tanto, se concluye que probablemente estén siendo manipulados por intereses subalternos o, aunque no se dice explícitamente, en complicidad con éstos. Por eso, seguramente, la necesidad del envío de los efectivos de la DIROES y, como en los viejos tiempos, una que otra campaña de desinformación. Victoria pírrica si el ejercicio de la fuerza contra los excesos ronderiles, que sí los hay, no está encaminada hacia la restauración del diálogo y la superación de deficiencias y errores que impidieron la convergencia de intereses. Por ejemplo, fue en este sentido, aunque sobre el tema de la seguridad, que el propio Ministerio del Interior suscribió en el 2002 un Convenio Marco de Cooperación con la Central de Rondas Campesinas, a pesar de una historia de conflictos entre la PNP y la Rondas; en la cuarta cláusula del Convenio se lee: “La construcción de una relación horizontal y democrática entre las autoridades comunales, ronderiles y estatales. El reconocimiento de las rondas campesinas como interlocutores válidos para la coordinación de las acciones de seguridad ciudadana en el ámbito rural”. Así, pues, no estigmaticemos al movimiento ronderil ; por el contrario , sepamos reconocer el valioso rol que cumplen en alejadas zonas donde no llega el estado. - Carlos Tapia G. Investigador de CEPRODEP, Lima