Tenían buenas razones quienes desde el corazón de los años noventa llamaban a reflexionar acerca de la seguridad privada y sus impactos en el Estado de derecho. Advertían entonces las primeras consecuencias operativas de aquellos novedosos agentes de control social y resaltaban de qué importante modo fracturaban y ponían en crisis el monopolio estatal del uso de la fuerza. No era un fenómeno nuevo en nuestro país la custodia privada de caudales, bienes y edificios o el propio servicio de guardaespaldas. Sin embargo, por aquellos años ya se percibía el incesante incremento del recurso privado en un contexto caracterizado por el auge del capitalismo corporativo y la acelerada privatización de los servicios otrora prestados por el propio Estado. Casi una década después, algunos de los problemas relativos a la seguridad ciudadana parecen irresolubles, al menos en el corto plazo. Entre ellos se encuentran los derivados de la compleja inserción del sector privado en el escenario público, su consabida vinculación con ciertos grupos delictivos y la indisimulable desidia con la que se efectúa su control y fiscalización por parte de los organismos del Estado sobre los cuales recae tal obligación. Es cierto que la sanción de la ley 118 en la Ciudad de Buenos Aires, así como el posterior establecimiento del régimen legal de los servicios de seguridad privada en la provincia de Buenos Aires a través de la ley 12.297, amén de los avances legislativos habidos también en la provincia de Río Negro, contribuyeron a su postergada inserción dentro de los confines constitucionales. Sin embargo, sabemos que si bien de gran importancia, la adecuación normativa es tan sólo un paso y carece, por sí misma, de efectos mágicos o instantáneos. De allí la importancia que tiene la cultura política de un pueblo -gobernados y gobernantes-, sus convicciones y creencias profundas, así como su adhesión o no a las prácticas que trae aparejado el juego democrático. Todo lo cual habrá de incidir para que una ley sea o no internalizada y se incorpore como parte de la conciencia colectiva. El caso de la provincia de Buenos Aires no resulta especialmente alentador. Existen allí 38.000 vigiladores legalmente habilitados que trabajan para 754 agencias privadas, mientras que habría otros 7.000 agentes que se desempeñarían sin contar con autorización legal. Es decir, alrededor de un 15% del total. Para fiscalizar las posibles irregularidades de esa fuerza privada, la Dirección General que se ocupa del área tiene apenas 15 inspectores. Del análisis de los números antedichos surge que hay más de 2.500 vigiladores habilitados por cada inspector, los cuales resultan, a su vez, integrantes de la Policía bonaerense. A la muy limitada capacidad de control que eso supone, cabe agregar otro dato no menos significativo: según estadísticas oficiales de la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada provincial, entre enero y mayo se realizaron 564 inspecciones y se encontraron irregularidades en 532 agencias. Es decir, un porcentaje altísimo, superior al 90%. La vinculación de los agentes de la seguridad privada con el universo delictivo no es un secreto. A fines del 2002 un ex policía, empleado de una agencia del rubro, fue asesinado de tres balazos y hoy se está investigando si lo mandó a matar una banda de secuestradores a la que le pasaba datos, según revelaron en la causa penal testigos de identidad reservada. En junio del 2003, un fiscal de Lomas de Zamora pidió que dos suboficiales y un oficial de la Bonaerense fueran juzgados por un secuestro ocurrido a mediados del 2002. En el caso se descubrieron las conexiones que mantenían con una agencia de seguridad privada: la cuenta de tres celulares de esa empresa tenían como domicilio de cobro la Dirección de Narcocriminalidad de Lomas, donde trabajaban los policías implicados. El problema resulta de tal magnitud que el juez Fernando Maroto, integrante de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, llegó a subrayar la relación existente entre el aumento de los secuestros con la falta de control sobre las empresas de seguridad privada. "Muchas están en manos de policías retirados. El Ministerio no tiene control sobre ellas y en muchos casos derivan información a los delincuentes", manifestó el año pasado el juez. Si bien las cifras y los datos extraídos de las estadísticas de la provincia de Buenos Aires responden a sus puntuales características y especificidades, lo cierto es que su análisis pone a la vista la existencia de problemas irresueltos que lejos están de quedar circunscriptos a su ámbito geográfico e institucional. De allí su utilidad. A los aspectos coyunturales antes referidos, se suma otro, de índole conceptual. La seguridad privada, en cuanto tal, sufre una crisis sistémica que radica en su efímera legitimidad de origen, puesto que nace y se desarrolla a la sombra del fracaso del Estado en su prestación del servicio de seguridad. Resulta producto, por lo tanto, de una confianza rota entre los ciudadanos y sus instituciones y, para colmo, no introduce sino un modelo patrimonialista de la seguridad: sus eventuales beneficios recaen tan sólo en quienes pueden solventarla. De lo cual resulta que constituye otro factor adicional que hace a la profundización de la discriminación y la desigualdad social. * Martín Lozada es autor de: "Seguridad privada: sus impactos en el Estado de derecho", Abaco-Depalma Editor, 2000.