Tras la ofensiva militar en la Franja de Gaza, luego de dejar un saldo de más de 1.200 personas muertas y una cifra superior a los 6.000 heridos, casi todos ellos civiles, la ONU solicitó una investigación urgente para determinar si Israel cometió crímenes de guerra durante su operación militar sobre ese territorio palestino.

No podía ser de otro modo, frente a las manifiestas violaciones del derecho internacional por parte del agresor, quien arremetió contra niños, ancianos y mujeres, destruyó más de 4.000 viviendas y dejó inhabitables otras 20.000. Incluso algunos edificios de las Naciones Unidas fueron atacados, como la sede del organismo en la ciudad de Gaza y una escuela en el centro de refugiados de Jabalia.

La indignación general suscitada por esos bárbaros actos de Israel no se ha hecho esperar. Incluso el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Gaza, el prestigioso profesor de Derecho Internacional, Richard Falk, afirmó que el ocupante cometió allí crímenes de guerra. Entre otras afirmaciones indicó que "La evidencia de la violación de la ley humanitaria es tan clara que no tengo ninguna duda de la necesidad de una investigación independiente que demuestre que Israel ha cometido crímenes de guerra. El mismo bloqueo de la Franja de Gaza ya es un crimen contra la humanidad".

Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien estuvo recientemente de visita en los territorios atacados, se mostró sorprendido del ensañamiento de Israel con la población palestina de la Franja. Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos también se han pronunciado categóricamente sobre los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes.

La gravedad de los hechos hacen soplar vientos de justicia. Tanto es así que son muchas las querellas iniciadas en muy diferentes sedes judiciales con el objeto de llevar ante tribunales a los responsables de la operación en suelo palestino.

Carlos Slepoy, a quien se le debe parte de la iniciativa de los juicios desarrollados en España contra diversos miembros de la última dictadura militar argentina, señaló recientemente que debe apelarse a los recursos que ofrece el principio de justicia universal. Vía jurisdiccional que habilitaría a los tribunales de los 192 Estados que integran las Naciones Unidas a iniciar actuaciones judiciales destinadas a enjuiciar a los responsables de la masacre.

Como nunca antes, según Slepoy, están dadas las condiciones para que en distintos países se interpongan acciones ante los tribunales nacionales en ejercicio del principio de jurisdicción o justicia universal. Es decir, aquella que se ejerce en representación de la comunidad internacional ante los más graves crímenes que puedan cometerse contra los seres humanos.

De ese modo, no habría uno, sino decenas de procedimientos judiciales en distintos países del mundo. Lo cual implicaría un nuevo y enorme avance en la persecución universal de los responsables de crímenes de lesa humanidad, acorralaría a los asesinos y repararía y estimularía a las víctimas. Todo ello, sin perjuicio de colaborar con los israelíes que no se resignan a la barbarie, al crimen y a la impunidad histórica de sus dirigentes.

La jurisdicción universal y su ejercicio constituyen una norma imperativa del derecho penal internacional, lo que hace innecesario que esté incluido en forma explícita en las leyes internas de cada nación. Sin perjuicio de ello, en la legislación de muchos Estados está expresamente contemplado.

En el caso argentino, desde 1853 la Constitución Nacional establece que cuando se cometan delitos contra el derecho internacional público, fuera de los límites de la Nación, será el Congreso el que determine por una ley especial el lugar en que ha de seguirse el juicio.

Al igual que las agresiones llevadas adelante por parte de los Estados Unidos en Irak, las autoridades israelíes alegan haber actuado en ejercicio del derecho a la legítima defensa, con el fin de evitar un daño mayor al producido por el delito o de salvar a su nación de un peligro inminente.

Pues bien. Esos argumentos, sopesados con las pruebas recabadas en el terreno, y a la luz de los 100 muertos palestinos por cada uno de los atacantes, deben ser analizados por tribunales imparciales e independientes que determinen su veracidad. Es tiempo de justicia en Gaza y en toda Palestina.

 Martín Lozada es Juez penal, Catedrático UNESCO en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.