El destape de los hechos de corrupción cometidos durante la anterior administración, el debate político que rodeó la destitución de funcionarios como el Fiscal General de la República y el Contralor General de Cuentas de la Nación, la confirmación de que dinero sucio financió la campaña electoral de algunos partidos políticos, entre otros conflictos sociales y laborales, son algunos elementos del contexto nacional que dieron inicio a la gestión gubernamental de Óscar Berger. Lo anterior conforma un ambiente de conflictividad y escándalo que, por varias semanas, ha ocupado el interés de los medios de comunicación y de la opinión pública, con lo que son muchos los aspectos que están quedando fuera del análisis y la valoración respecto de los primeros dos meses de gobierno. Por ejemplo, poco se ha dicho de las características de fragilidad e inseguridad política de la nueva administración, el nulo avance hacia la construcción de una agenda nacional de trabajo; la aparente inviabilidad de un entendido político con los partidos de oposición; y las inquinas internas entre los grupos que hacen gobierno, que eventualmente podrían minar la estabilidad en el entorno presidencial. En cuanto a los conflictos de calle, podría decirse que algunos son nuevos y hasta estimulados a propósito, como es el caso del transporte pesado; otros se han reanudado, como el desalojo de fincas, o las ya tradicionales relaciones de confrontación entre maestros y autoridades educativas; a lo que se agrega la precariedad financiera del Estado y la inestabilidad política en el Congreso de la República. En efecto, desde los primeros días de su gestión, la ministra de Educación, María del Carmen Aceña, ha afrontado protestas, marchas y hasta acciones legales en su contra, por parte de maestros inconformes con la revisión de las plazas que dejó presupuestadas la administración anterior. El gobierno de Alfonso Portillo dejó intencionalmente activada esta bomba de tiempo, pues la medida respondió a intereses partidarios y, además, había plena conciencia de que la precaria condición económica de la cartera de Educación dificultaría cumplir con este compromiso. Asimismo, desde febrero, los trabajadores del transporte pesado tomaron medidas de hecho en protesta por la decisión municipal de prohibirles el tránsito durante las "horas pico" por las principales vías de la capital. El problema cobró gran magnitud cuando, ante la gravedad de las protestas, se ordenó la intervención de las fuerzas combinadas –Policía Nacional Civil y Ejército- para reprimir las acciones que estaban creando ya riesgos para la vida de las personas. Como resultado de esto, tuvo lugar el primer caso de uso de la fuerza y los pilotos capturados afrontan actualmente cargos penales por terrorismo. Resalta en este problema la nula comunicación y coordinación entre la municipalidad capitalina y el gobierno central, pues las rencillas personales entre el Alcalde y el Presidente, que datan de hace varios años, no permitieron realizar un trabajo conjunto. Además, se presume que con estas acciones se buscaba crear un nuevo conflicto político al gobierno, y que el ex vicepresidente Francisco Reyes López habría participado activamente en esto, pues varias unidades de transporte pesado de su propiedad estuvieron involucradas en las protestas. En el interior del país, uno de los problemas que se ha reactivado con fuerza y que ha tenido poca cobertura en los medios de comunicación, es el desalojo de fincas, tema que se mantuvo estratégicamente paralizado durante gran parte de la administración anterior. Coincidentemente, las órdenes de desalojo se agilizaron en los tribunales de justicia a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno, con lo cual se evidencia la intención de estimular un conflicto de los más sensibles y explosivos. Se destapa olla de corrupción El mayor impacto durante los primeros 45 días de este nuevo gobierno, sin embargo, lo ha generado el destape de los casos de corrupción atribuidos a la pasada administración. Entre estos destacan: el saqueo de más de 62 millones de quetzales a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por el ex titular Marco Tulio Abadío; y la destitución del Contralor General de Cuentas de la Nación, Óscar Dubón Palma (1), acusado de haber utilizado dinero del Estado para financiar a partidos políticos; y se le investiga por haber cobrado dos cheques provenientes de una empresa vinculada al desfalco millonario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Además, el caso del desfalco millonario y lavado de dinero en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), en el que aparentemente están involucrados, entre otros, el general Francisco Ortega Menaldo, su esposa Patricia Arana y José Armando Llort, quien fungió como presidente de esa institución bancaria. Por último, el caso de la Conexión Panamá, que involucra a altos funcionarios de la administración anterior, principalmente al ex presidente Alfonso Portillo (2). En los dos casos de la SAT y la Contraloría General de Cuentas, destaca el hecho de que parte del dinero desfalcado fue utilizado para financiar las campañas electorales de los partidos de Avanzada Nacional (PAN) y Unión Nacional de la Esperanza (UNE). Abadío habría destinado a la UNE aproximadamente 1.8 millones de quetzales; mientras que Dubón Palma habría triangulado, a través de la organización Amigos en Acción, unos tres millones de quetzales a favor de los partidos mencionados (aún no se sabe si otros partidos también recibieron este tipo de donaciones). Todo apunta a que estos ex funcionarios estaban comprando apoyo partidario para permanecer en los cargos. Esta situación ha tenido consecuencias: en primer lugar, el desprestigio público de ambas organizaciones políticas, principalmente de sus líderes Álvaro Colom (UNE) y Leonel López Rodas (PAN), y de otros dirigentes partidarios que ahora son perseguidos penalmente. En segundo, la renuncia de varios diputados de la UNE, por lo bochornoso del caso. Como era de esperarse, los partidos afectados están denunciando linchamiento y persecución política en su contra, debido a que las acciones del Ministerio Público están concentradas en capturar y someter a juicio a dirigentes partidarios, mientras que los procesos judiciales contra los ex funcionarios no avanzan. Persecución política o no, el hecho es que ambos partidos están en el centro de la controversia no sólo por el uso de dinero sucio en la campaña, sino también por sus vínculos con los ex funcionarios y por articulaciones políticas que han quedado al descubierto. En apariencia, al gobierno le favorece la exposición que sufren el PAN y la UNE, cuyos diputados han creado ya fuertes dolores de cabeza por su actitud de oposición en el Congreso. Sin embargo, esta situación podría obstruir eventuales negociaciones en el mediano y largo plazo, cuando el presidente Berger requiera realmente el apoyo de estos partidos para hacer viable la agenda del gobierno; y también podría hacer que ambas organizaciones sufran daños considerables en su legitimidad como contrapartes en un proceso de diálogo o negociación. Pugnas en la fiscalía Otro tema controversial fue lo ocurrido en torno al Ministerio Público (MP), entidad que aún no se recupera de la presión política a la que ha estado sometida, razón por la cual muchos casos de corrupción continúan existiendo solamente como informaciones publicadas en los medios de comunicación, pero no han tomado forma de casos judiciales. Esto tiene su origen en el deplorable estado en que se encuentra el MP por razones de manipulación histórica, por las argucias del ex fiscal general Carlos de León Argueta y por la reciente llegada de un nuevo jefe a la institución. La presión para resolver estos casos es fuerte, ya que por la inacción del MP varios implicados en los casos de corrupción se han fugado exitosamente al extranjero y de otros no se conoce paradero. En esta línea, el tema político más sensible que le ha tocado enfrentar a la administración actual, es la presión que se generó por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, aunado al interés del gobierno, para remover del cargo de Fiscal General a De León Argueta. Tras varias semanas de enfrentamiento público entre el Presidente y el Fiscal General, el 24 de febrero el presidente Berger destituyó del cargo a de León Argueta y en su lugar nombró a Juan Luis Florido, quien para entonces fungía como diputado electo por la gobiernista Gran Alianza Nacional (GANA) y miembro del partido Movimiento Reformador (MR). Mucho debate jurídico y político suscitaron estas acciones en cadena, por cuanto hay dudas sobre la legalidad y la constitucionalidad en el nombramiento de Florido, así como por su pertenencia a la coalición gobiernista y al MR. Las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por un particular y por las organizaciones Grupo de Apoyo Mutuo, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, dilucidarán si este nombramiento es constitucional y legal. No obstante, permanece la duda de si Florido podrá garantizar la autonomía política y funcional de la institución, dada su afinidad con el gobierno y el MR. Como es posible observar, el nuevo gobierno se ha enfrentado hasta el momento a fuertes conflictos y obstáculos que dificultan su gestión. De alguna manera, esta situación no permite ver con claridad los tropiezos del nuevo gobierno; y dificulta observar que esta nueva administración empieza a moverse sobre líneas frágiles e inseguras. La humareda que provocan los escándalos de corrupción, acerca de los cuales cada día salen nuevas revelaciones, distrae la atención de la opinión pública y del mismo gobierno. No ha habido espacio suficiente para que los nuevos gobernantes tracen con claridad sus líneas de acción. No hay algo que sea realmente nuevo. Sólo hay anuncios como el relanzamiento de la paz y del Pacto Fiscal; la renovación del compromiso para crear la Comisión Investigadora de Cuerpos Clandestinos de Seguridad y otros pocos temas, que se han ahogado o han pasado inadvertidos en medio de las correntadas de corrupción que salen a luz diariamente. Precariedad fiscal Es claro que, además de los conflictos y problemas ya señalados, la verdadera presión que hay sobre el gobierno de Berger es la carencia de recursos del Estado. Las fuertes sumas de dinero público desviado a cuentas personales de los ex funcionarios; un presupuesto antifuncional y estratégicamente mal distribuido que fue diseñado para el año 2003 y no para el 2004; más los altos índices de evasión fiscal y una baja recaudación tributaria, son obstáculos que no permiten paliar esta precariedad financiera y ponen al gobierno en una situación complicada. Con relación al presupuesto, existe la posibilidad de reestructurarlo conforme a las necesidades del nuevo gobierno. Para esto, el Ministerio de Finanzas Públicas debe elaborar una propuesta que sea suscrita por el Organismo Ejecutivo y sometida a la aprobación del Congreso de la República. Es posible que en el Congreso no haya una recepción positiva, debido a que el llamado "pacto de gobernabilidad" entre las bancadas de la GANA, la UNE y el PAN está "suspendido" por la persecución que el MP ha enderezado contra miembros de estos partidos, vinculados a la recepción de dinero sucio procedente de la SAT y de la Contraloría. Por aparte, el gobierno también pretende captar más recursos por medio de la reactivación del Pacto Fiscal y su puesta en práctica. Esto en el marco del relanzamiento de la paz, propuesta que fue presentada a finales de febrero y que levantó algunas expectativas en la sociedad civil. El gobierno pretende tratar, en el marco de los Acuerdos de Paz, además del tema fiscal, el Programa Nacional de Resarcimiento, la conformación del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), la aprobación del convenio para crear la Comisión Investigadora sobre Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), la reconversión del Ejército, una estrategia de desarrollo rural y una plataforma indígena de diálogo. Estos temas han sido impulsados fundamentalmente por el vicepresidente de la República, Eduardo Stein, algunos de sus colaboradores más cercanos y funcionarios como el titular de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Frank La Rue, debido al bajo perfil que ha mostrado desde el inicio de esta administración el secretario de la Paz, Víctor Montejo. El objetivo supuestamente es dinamizar el cumplimiento de los acuerdos de paz, retomando temas importantes. Dentro de este paquete, el tema del Pacto Fiscal resalta sobre los demás, puesto que es estratégico para el nuevo gobierno. Por tal motivo, se ha reconstituido la Comisión de Seguimiento, instancia que estuvo virtualmente anulada durante la gestión de Portillo, debido a falta de voluntad política. Ahora bien, habría que evaluar hasta dónde llega la voluntad política de este gobierno para afrontar el fuerte compromiso que significa el relanzamiento de la paz. También será necesario observar qué medidas concretas tomará este gobierno para avanzar sustancialmente en el cumplimiento de estos acuerdos. Por el momento, la antigua Comisión de Acompañamiento ha desaparecido y en su lugar funciona, para la transición, una Comisión de Paz integrada, entre otros, por representantes de los sectores académico, pro justicia, sindical, indígena y gubernamental. 1) Dubón Palma huyó del país el 2 de marzo. Al día siguiente fue capturado en Nicaragua y repatriado a Guatemala. Ahora guarda prisión en el Preventivo de la zona 18. Abadío, por su lado, abandonó el país en febrero y tiene orden de captura internacional en su contra. 2) Pese a que siempre aseguró no temer a los tribunales, el ex presidente Portillo huyó del país hacia México a principios de febrero.