Ante el clima de violencia, confrontación, polarización y conflictividad que domina nuestra convivencia social y política, y por la precaria situación económica que agobia a gran parte del conglomerado guatemalteco, la Fundación Myrna Mack cree oportuno hacer las siguientes consideraciones: 1. Nuestra vida nacional está caracterizada por comportamientos institucionales y sociales de orden corrupto, irresponsable, violento y criminal. No se trata sólo de una consecuencia del conflicto armado y de la sucesión de malos gobiernos, sino de enfoques, conceptos y actitudes que posiblemente tienen hundidas sus raíces en el inicio de nuestra historia, de tal manera que el paso del tiempo se ha encargado de recrearlas constantemente. A eso se suman las influencias externas específicas y las tendencias mundiales en general. 2. Este ambiente no permite una sana convivencia, la salud mental de la población está alterada y las instituciones no funcionan. El Estado parece estar en una suerte de colapso constante, abrumado por los conflictos de antaño y acechado por nuevas amenazas. Entre estos se puede mencionar: la conflictividad agraria y el cúmulo de carencias sociales y económicas que afronta gran parte de la población, cuya condición calamitosa difícilmente será superada con programas coyunturales y sin enfoque integral; el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, el déficit financiero, la debilidad institucional, etc. 3. Durante los últimos meses, el gran debate ha discurrido alrededor del saqueo protagonizado por funcionarios del gobierno anterior; y la persecución penal orientó toda su energía hacia la sanción de los responsables, pero hasta ahora no hay resultados realmente sólidos. Mientras tanto, se deniega justicia a las víctimas de la violencia común y política; el respeto a los derechos humanos sigue deteriorándose y los derechos económicos y sociales están desatendidos. La impunidad protege a los grandes criminales organizados, en parte porque tienen infiltradas las instituciones del Estado, pero también porque hay ineficiencia, ineptitud e indolencia. Al parecer, en el ámbito del poder público no se maneja el concepto de responsabilidad política como algo inherente al desempeño de los cargos. 4. El gobierno central se debate en pugnas internas, falta de acción coordinada y ausencia de estrategias. A casi un año de haberse instalado, no ofrece signos de tener claridad o un norte en su administración, en tanto los componentes estratégicos e integrales no figuran realmente en su gestión. La coyuntura lo devora y no hay indicios de que habrá un cambio sustancial en el corto y mediano plazo. Antes bien, las ambiciones políticas predominan y el diseño de políticas públicas definidas sigue relegado. 5. El Congreso de la República (cuya evaluación muchos la limitan a la cantidad de leyes que produce) incumple con importantes facetas de su quehacer, como el ejercicio de los controles parlamentarios democráticos. Los diputados están concentrados en obtener un aumento salarial, viajes y otros privilegios. Es difícil apreciar la importancia del Congreso, cuando muchos de sus miembros lo han convertido en agencia de empleos para amigos, familiares y correligionarios; en un lugar propicio para el gasto arbitrario y discrecional, los negocios y la adquisición poco transparente de bienes y servicios. No extraña, pues, que sea la institución más desprestigiada, menos confiable y creíble. 6. La administración de justicia continúa siendo inoperante. Tal como ocurrió en la historia reciente, en la actualidad estas instituciones contribuyen a agudizar los conflictos sociales, en la medida que deniegan justicia y sólo en pocos casos ofrecen una respuesta institucional adecuada. La debilidad es quizá el factor principal, pero hay problemas estructurales de viejo cuño; un escaso presupuesto que rinde menos cuando el gasto no es transparente ni eficiente; y deficiencias en la ética y la excelencia profesional. Es necesario evitar que los intereses políticos y sectoriales dominen el comportamiento y la agenda de estos órganos estatales, a efecto de que estos órganos contribuyan a la solución pacífica de los conflictos. 7. El sector económico, que maneja una cuota de poder determinante en las actuales condiciones sociales y económicas, ha adoptado una aparente apertura a discutir temas que siempre fueron eludidos. Pero no es suficiente. Más allá del discurso, este sector tiene la responsabilidad de influir positivamente en lograr un cambio de condiciones para el campo y en la ciudad, como mejorar las inversiones, estimular la reactivación económica, generar más empleo y ofrecer mejores salarios; así como cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales y laborales. 8. A pesar de que su influencia es extensa en los diversos órdenes de la vida nacional, los partidos políticos han funcionado sólo como aparatos electorales y han abandonado su papel primordial de intermediación social. Sus delegados en la estructura pública defienden posiciones político-partidarias, pero no las que genuinamente interesan a la población; tampoco cuidan la formación de cuadros políticos ni fomentan ciudadanía. Los partidos políticos son las organizaciones que sirven de vehículo a quienes arriban al ejercicio del poder público, por lo que su responsabilidad en esta situación es mayúscula. En opinión de la Fundación Myrna Mack, esta situación nacional raya en lo insoportable y corresponde a todos los sectores nacionales hacer una reflexión que motive el análisis y el diseño de procesos que nos ayuden a afrontar con efectividad los problemas del Estado, del gobierno y de la sociedad. Especialmente, quienes tienen el poder deben conducir un proceso colectivo de reflexión sobre la responsabilidad que entraña su ejercicio. Las autoridades electas democráticamente y los funcionarios designados según lo dictan la Constitución y las leyes específicas, así como los dirigentes políticos y empresariales, deben ser los primeros en combatir cualquier comportamiento que derive en más confrontación y conflicto. Desde sus respectivos espacios, están obligados a impulsar un cambio de condiciones que ayude a la sociedad a transitar hacia una mejor convivencia; y a que la estructura pública opere en congruencia con la Constitución. El movimiento social también debe ser protagonista en el esfuerzo, por lo que su participación no debe motivar rechazo, recelo o indiferencia. Todo lo contrario. El reto es procurar un mayor desarrollo de la capacidad ciudadana para el debate y la propuesta de soluciones; superar la fragilidad que caracteriza la acción social y establecer un marco de respeto, diálogo y negociación en el que todos podamos contribuir. Guatemala, 1 de diciembre de 2004