lo que el presidente quiere decir cuando se refiere a la “realidad salvadoreña

A pocas personas extraña hoy en día el contenido de los discursos del presidente de la República de El Salvador y de algunos de sus ministros. Después de más de cuatro años de expresiones retóricas plagadas de ficciones, falacias y promesas incumplidas, el pueblo salvadoreño ve en sus declaraciones relatos que corresponden a una realidad que no es, y que sólo podría existir en la mente de unos cuantos funcionarios de gobierno o en algún remoto reino de algún cuento de fantasía.

Lo que nos mueve a escribir estas líneas es el hecho de que dichos relatos han trascendido del público doméstico, el mismo que todavía soporta las cadenas nacionales de radio y televisión. Ahora el discurso estuvo dirigido a una audiencia distinta, a las personas representantes del concierto mundial de naciones, se trata del mensaje que el presidente de El Salvador dirigió a la 58ª. Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York el 23 de septiembre de 2003, y que por su contenido y la naturaleza del Foro en el cual se expuso, amerita algunos comentarios.

Es evidente que la realidad salvadoreña resulta ser más sorprendente que la misma ficción, que vivimos en un paisito “patas arriba” donde los puentes se caen antes de ser inaugurados, donde la pobreza --a juicio del ministro de economía— es un fenómeno eminentemente psicológico, y donde el éxito del “modelo económico vigente” consiste en “expulsar” anualmente a miles de personas hacia Estados Unidos, quienes mantienen a flote la economía nacional a través de sus remesas familiares.

No obstante esta alta dosis de realismo mágico que condimenta nuestra cotidianeidad, resulta golpeante escuchar las ficciones planteadas en el discurso del Presidente y de algunos ministros, las cuales pretenden sustituir la realidad salvadoreña por una mampara discursiva que nos pinta como un país ejemplar, justo y equitativo, que ha superado la pobreza y la vulnerabilidad ambiental, que goza de un pleno “Estado de Derecho”, con una economía creciente y altamente competitiva, capaz de posicionarse en cualquier mercado internacional y que poco le falta para ser parte del G-7[1].

En contraste con la onírica realidad del presidente y de algunos de sus ministros, en El Salvador nos encontramos con una dura y lamentable realidad que perfila a nuestro país hacia una situación de inviabilidad económica, social y ambiental. Más que discursos retóricos y campañas publicitarias engañosas, nuestra realidad exige urgentemente de transformaciones estructurales y cambios radicales a partir de los cuales podamos empujar un proyecto de desarrollo que garantice sustentabilidad, participación democrática, justicia y equidad, que nos permita construir un país en el que quepamos todos y todas, y donde podamos llevar una vida digna, con alegría y alta autoestima.

En contraste con los contenidos retóricos de los discursos oficiales, El Salvador ostenta uno de los mayores índices de desigualdad en el mundo[2]. El reparto de los ingresos que el país genera es simplemente vergonzoso e inadmisible, y constituye uno de los factores generadores de marginación y pobreza. No es realista argumentar una mejoría en las condiciones de vida de la población cuando la distribución del ingreso y los activos se ha venido concentrando radicalmente en cada vez menos personas durante los últimos quince años. En 2002, el 20% de la población más rica acaparó más del 51% del ingreso salvadoreño, mientras que el 20% más pobre absorvió escasamente el 4.4%[3].

Si además analizamos la forma en que se remunera la participación de los diferentes actores y actrices que intervienen en la generación de la producción nacional, también nos encontramos con una enorme injusticia y desigualdad en su reparto. El 62% del valor agregado producido en el país es apropiado por los empresarios en forma de ganancias, mientras que el 32% se reparte entre todas las personas “ocupadas” en concepto de remuneraciones; el restante 6% corresponde a impuestos netos de subsidios que capta el Sector Público no Financiero[4].

El presidente plantea en su discurso que “antes de la guerra, éramos un país pobre, el 60% de nuestros compatriotas vivían bajo la línea de pobreza” ... en escasos doce años hemos reducido la pobreza a la mitad, del 60% de nuestra población general en 1991, al 33% hoy en día”[5]. La primera impresión que deja la afirmación es que en El Salvador se ha erradicado la pobreza, aunque luego matiza que los sucesivos gobiernos areneros han logrado reducir radicalmente la pobreza a la mitad; no obstante, según las últimas cifras oficiales del Ministerio de Economía, en el 2002[6] el 50% de la población rural vivía en condiciones de pobreza, mientras que a nivel nacional es el 37% de la población total. Contrastando los datos, no cabe duda que estos planteamientos discursivos son falsos y corresponden a una realidad inventada; además, resultan ser tan burdos que ni siquiera se han cuidado de hacerlos coincidir con la misma información “preparada” y divulgada por su propio gobierno.

Para 2002 en El Salvador se registraron 559,780 familias pobres, lo cual representa más de 2,395,800 personas que mal viven con menos de 2 dólares diarios, sin capacidad de cubrir el coste de la canasta básica ampliada. Como es evidente, esta situación se torna mucho más dramática en el área rural, en donde una de cada dos familias son pobres, con el agravante de que esta población enfrenta profundas carencias en materia de acceso a servicios públicos[7] y, que además el salario mínimo vigente para las actividades agropecuarias, es tan exiguo que apenas representa la mitad del salario urbano y cubre escasamente el 12.3% de la canasta de mercado; de esta manera las pocas personas que tienen el “privilegio” de “gozar” de los US $ 75 mensuales –que representa la tarifa promedio agropecuaria establecida por Decreto Ejecutivo como salario mínimo agrícola-, ni siquiera tienen capacidad de cubrir los requerimientos mínimos calóricos que garanticen la repoducción material de su familia, según criterios establecidos por la Organización Munidal de la Salud.

Vale preguntarse entonces a qué país se refiere el presidente en su discurso de Naciones Unidas, desde luego que no es El Salvador. Con tales contenidos parecería ser que a fuerza de retórica y publicidad se pretende convencer a los más de los 2.4 millones de salvadoreñas y salvadoreños en situación de pobreza, que su verdadera realidad no es la marginación y la falta de oportunidades que enfrentan a diario sino otra, la que dibujan sus discursos y las cifras oficiales, que dicho sea de paso obvian el dramatismo de la cotidianeidad de las familias de menores ingresos.

En la medición de los hechos económicos y sociales ocupa un lugar preponderante la “magia” de las cifras y el “arte” de presentar los resultados de la forma más conveniente. Así, en la aritmética utilizada para la medición de la pobreza –que se basa en el método de líneas de pobreza-- no sólo influye la carencia de indicadores robustos y oportunos que dibujen a cabalidad la dimensión y profundidad del fenómeno, sino que además –en el caso salvadoreño-- concurre un factor exógeno que minimiza la magnitud de la pobreza, se trata de los ingresos que las familias perciben en concepto de remesas familiares[8].

Las remesas familiares elevan los ingresos mensuales de más de trescientas mil familias salvadoreñas, generando un “efecto tarima” sobre sus ingresos obtenidos internamente, con lo cual en el momento de medir la pobreza --extrema o relativa[9]-- algunas familias que sin remesas calificarían en condición de “pobreza extrema” ascienden hasta “pobreza relativa”, y otras que se registrarían como “pobres relativos” ascenderían a la categoría de “no pobres”. Con esta suerte de “magia aritmética” se hace evidente cómo la reducción de las tasas de pobreza difundidas como logro, responden principalmente a factores ajenos a las políticas públicas –como son las remesas familiares--, mas que a esfuerzos deliberados en la política económica nacional, tendientes a generar empleo o implementar una política fiscal basada en principios de equidad y redistribución.

Si existe algún mérito del gobierno en la reducción de los indicadores oficiales de pobreza es el haber mantenido y profundizado durante casi quince años un modelo económico excluyente y marginalizador que ha expulsado y que mantiene fuera de su patria a más de la tercera parte de la población, quiénes con sus remesas han permitido que los gobiernos conviertan al país en un “laboratorio” para la implementación de absurdas medidas económicas –como la dolarización--. Además, la entrada de un influjo de divisas “caído del cielo”, de una magnitud tal que supera el 65% del valor de las exportaciones[10], también constituye un importante vector que amortigua la fuente de conflictividad social que se larva en las condiciones de exclusión social e inexistencia de oportunidades en la economía salvadoreña.

Por otra parte, si consideramos el estado de gravedad en que se encuentran las cuentas del Sector Público No Financiero, la expresión del presidente de la República también resulta chocante: “hace poco más de una década, no teníamos posibilidades de hacer nuestros compromisos financieros, nuestras deudas sobrepasaban nuestras capacidades de pago[11]”. ¿De qué habla el presidente? si durante su gestión el déficit fiscal como porcentaje del PIB se ha elevado desde 1.28% en 1999 a 5.63% en 2002, regresando prácticamente a los niveles deficitarios de 1992; también el monto de la deuda total ha crecido vertiginosamente en los últimos años hasta alcanzar los US $ 6,437 millones en 2002[12]. Además, el actual gobierno no ha sido la excepción de los otros dos gobiernos areneros que le precedieron, a juzgar por su incapacidad de elevar y mantener de manera sostenida los ingresos públicos, de combatir la evasión fiscal y de hacer eficiente la recaudación de la principal fuente de recaudación impositiva –el IVA[13].

Aunque es evidente que “somos un país golpeado por la naturaleza...”[14], la alta vulnerabilidad ambiental del país tiene una clara determinación en la intervención humana, son las acciones irresponsables movidas por el afán de lucro que las empresas y las personas realizan con la anuencia o permisividad del gobierno, las que elevan las condiciones de riesgo para la población. Tales son los casos del desprendimiento de tierra en Las Colinas, Santa Tecla, durante el terremoto de 2001; la acelerada destrucción de la Finca El Espino, para convertirla en una zona de centros comerciales; la elevada contaminación atmosférica de San Salvador producto de las emisiones de gases por fuentes móviles y fijas; los indiscriminados proyectos urbanísticos en las principales ciudades, ejecutados al margen de las normativas y regulaciones ambientales; la contaminación de ríos, lagunas y fuentes de agua; la enorme deforestación y la mala utilización de las potencialidades de los suelos salvadoreños; todos configuran un escenario de alta vulnerabilidad que plantea serias dificultades de sustentabilidad.

En otro sentido, se observa una enorme incongruencia entre la realidad cotidiana de población salvadoreña, afectada por la violencia y la delincuencia, y la afirmación presidencial, en la cual sostiene que: “la violencia sumada a las crudas realidades del subdesarrollo, parecían condenarnos a un ciclo vicioso sin esperanza. Hoy somos un país diferente, vemos el futuro con confianza, pues hemos descubierto nuestras capacidades”[15].

El presidente omitió decir en este discurso que frente a ese grave flagelo que tiene una complejidad de determinantes, la “solución” por la que se ha decantado es la represión y el exterminio; y para lograr esta salida ha desatado una agresiva campaña en contra de todas aquellas personas e instituciones que no se alinean con la vía represiva, con el agravante que ésta pasa por encima del mismo marco constitucional y la normativa internacional en materia de derechos humanos. Así, lejos de atender las causas estructurales de la delincuencia y la violencia, el gobierno se  ha centrado en una campaña pre-electoral de su partido, en torno a la “Ley Mano Dura”, que busca mover el voto ciudadano a su favor en la medida que la represión le genera inmediatamente un alivio a su agobiante situación de asedio delincuencial.

Después de casi quince años de políticas neoliberales, no cabe duda que las condiciones de vida de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas se han visto seriamente deterioradas; más allá del cuadro de “estabilidad y crecimiento” que permanentemente dibujan los indicadores oficiales, la realidad cotidiana se nos presenta radicalmente distinta.

En las calles nos encontramos con más personas indigentes, más niños y niñas mendigando en los semáforos de San Salvador o hurgando comida entre la basura, más niños y niñas involucradas en actividades remuneradas como parte de la estrategia de sobrevivencia de sus familias; las condiciones laborales de quienes tienen la “suerte” de contar con un empleo “formal” se han precarizado considerablemente, hay más personas despedidas que no podrán reincorporarse al mercado laboral y un creciente sector “informal” en el que se “rebuscan” millones de personas para sobrevivir; el éxodo permanente de mujeres y hombres que emprenden la marcha hacia la muerte o un empleo marginal en Estados Unidos que les permita remesar a sus familiares que todavía no han podido irse, la espiral de violencia y delincuencia que emerge del deterioro social y la marginalización, y la multimillonaria ola de corrupción de funcionarios de “cuello blanco” que arrasa con importantes recursos que bien podrían traducirse en hospitales, medicamentos, escuelas y viviendas.

Frente a este escenario –desconocido por los diagnósticos oficiales y de las gremiales empresariales-- la opción asumida por los gobiernos de ARENA ha sido avanzar más en las medidas de corte “neoliberal”: más liberalización y eliminación de regulaciones en la economía. Esto ha implicado continuar en la privatización de lo que queda por privatizar; profundizar la precarización del empleo; ceder nuestra política monetaria y dolarizar la economía; continuar privilegiando una “economía de burbuja”, con actividades como la maquila y el sector financiero; mantener una política fiscal inviable, altamente regresiva e injusta, y financieramente fracasada; abandonar la posibilidad de definir nuestra política económica y esperar “soluciones” importadas como el Tratado de Libre Comercio entre Centroaméria y Estados Unidos (TLC CA-EU) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

 Según el presidente, “El Salvador hace a penas doce años parecía no tener futuro...”[16]. Es evidente que el mundo del presidente no es el mundo de la mayoría de salvadoreñas y salvadoreñas, parece ser que el futuro al que alude el presidente es el de un reducido núcleo de económicos familiares que con los procesos de privatización –principalmente de la banca-- se fueron consolidando como los dueños de este paisito[17]. Vale recordarles al presidente y sus funcionarios de gobierno, que continuamos morando en un país, que es propiedad de cada vez menos personas, y cuyas políticas públicas riñen con la ética, la justicia y la participación democrática.

En El Salvador se miente frente a la mirada de todos y todas, se engaña con una enorme facilidad, el cinismo es la constante en los planteamientos de los funcionarios públicos –que se deben a la población y que viven de nuestros ingresos--, la falta de rendición de cuentas de las empresas pública es algo considerado como natural. Seguimos siendo víctimas de la cultura del miedo, nos asustan con viejos fantasmas –que ya han sido desmitificados en otras partes del mundo—para que continuemos “aguanacados”; desde los argumentos oficiales los únicos capaces de gobernar son los empresarios, los mismos que han conducido a este país por más de quince años a una situación de insustentabilidad económica, social y ambiental.

A quince años de reformas neoliberales El Salvador es efectivamente diferente, ahora somos un país más injusto y desigual, con una inflación de un dígito pero con un sector agropecuario en franca bancarrota, con la estabilidad derivada de haber sustituido el colón por el dólar, pero con un gigantesco “sector informal”, con miles de pequeñas y medianas empresas arruinadas, con nuestros ecosistemas deteriorados, pero eso sí, con un núcleo de empresarios que siguen viendo cómo se potencian sus beneficios y riquezas.

La esperanza de los niños y niñas de las calles, de la población rural, de las personas inmigrantes, de los desempleados, de las mujeres, de quienes pagamos elevadas tarifas a los monopolios transnacionales que controlan los servicios públicos, de la población sin acceso al agua, a la salud, a la educación y a una vivienda digna; pasa por enderezar el rumbo de nuestro país, por definir nuestro proyecto de desarrollo, el cual debemos construir desde abajo y desde los territorios. Esto es posible y tenemos el reto de hacerlo.

* Raúl Moreno. Economista, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, presidente del Centro para la Defensa del Consumidor y miembro de la Red de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión, Sinti Techan.