La falta de certeza jurídica hace que un país sea inviable. El sistema de administración de justicia de Guatemala no tiene capacidad de dar certeza jurídica y, ante el mundo, nuestro país se perfila como una nación donde los órganos judiciales siguen siendo inoperantes, débiles y dispuestos a otorgar impunidad a los grupos de poder que lo tienen aprisionado. La sentencia emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, que absolvió a los militares acusados de ordenar el asesinato de Myrna Mack, tiene como eje central una serie de inconsistencias judiciales y anomalías jurisdiccionales. En unas pocas líneas, donde el razonamiento y la legalidad están ausentes, se dejan sin efecto los hechos probados durante el juicio celebrado en septiembre del 2002. El Tribunal Tercero de Sentencia concluyó que eran hechos probados, entre otros, los siguientes: Myrna Mack fue asesinada por sus investigaciones sobre la población desarraigada; el coronel Valencia Osorio transmitió la orden para asesinar a Myrna Mack y fueron utilizados los recursos del Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial (EMP) para cometer el crimen. La Sala Cuarta no podía cambiar los hechos probados en el juicio, ni pronunciarse sobre aspectos que no fueron impugnados por las partes. Su mandato se limitaba a analizar si de los hechos probados se deduce la comisión de un delito. Un hecho probado en primera instancia es que Valencia transmitió la orden para asesinar a Myrna Mack. Correspondía entonces analizar si la orden transmitida por Valencia (hecho admitido por el acusado y su defensa en el recurso de apelación especial) causó la muerte de Myrna Mack. Pero la Sala, actuando en correspondencia con los intereses del poder militar, absolvió a Valencia y dejó intacto el motivo por el cual Valencia fue condenado. La absolución se basa en que, según la Sala, hay una supuesta contradicción en la sentencia del 2002, porque para ellos no queda claro que en el EMP se fraguó el crimen. Ante la contradicción, que sólo existe en la mente de los magistrados, la Sala resolvió que el crimen no se fraguó en el EMP y, por lo tanto, Valencia es inocente. Quedó absuelta una estructura militar considerada por los expertos y los informes del REMHI y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, como un centro donde se planificaban y cometían graves crímenes. Y, de manera automática, la Sala resolvió que, si la estructura no tiene vínculos probados con el crimen, tampoco sus integrantes. Deja fuera de toda consideración la responsabilidad individual de Valencia Osorio y los otros acusados. Para absolver, la Sala solamente citó principios doctrinarios, copiados literalmente de un Manual de Derecho Penal. La sentencia es tan inconsistente que ellos mismos fueron incapaces de presentar un razonamiento que la sustenten. Por lo demás, la Sala Cuarta emitió sentencia sobre hechos y argumentos que no fueron expuestos por las partes procesales, de manera que se extralimitó en sus funciones y violó los requisitos mínimos del contralor de la apelación especial. La Sala absolvió al EMP, cuando el caso Mack, por trece años, ha enjuiciado a personas para que afronten su responsabilidad individual. El juicio es contra las personas, no contra la estructura militar. Las repercusiones serán nefastas para la administración de justicia, si ahora se pretende vincular la responsabilidad individual a la responsabilidad institucional. LA LUCHA ES SIGNO DE ESPERANZA La absolución de los oficiales militares acusados de ordenar el asesinato Myrna Mack ha despertado un renovado sentimiento de falta de esperanza. No es para menos, si la impunidad y la denegación de justicia son los componentes esenciales de la respuesta institucional del Estado de Guatemala. Esa falta de esperanza es el resultado acumulado de observar que la impunidad sigue imperando pese a trece años de intensa búsqueda de justicia. En todos esos años, la familia Mack Chang y quienes se han solidarizado con su lucha, han logrado palpar como algo tangible la denegación de justicia. El Estado de Guatemala, responsable primario de comportamientos criminales como el que segó la vida de Myrna Mack, sólo ha ofrecido encubrimiento, negación de la verdad, presiones, amenazas, el exilio de numerosas personas, muchas mentiras y el asesinato del investigador policial José Miguel Mérida Escobar. El caso Myrna Mack, al igual que muchos otros que no han podido ser ventilados en los tribunales, exponen la magnitud de la debilidad y la inoperancia de los órganos judiciales. Los casos de violación de derechos humanos quedan entrampados en el Ministerio Público o en las primeras fases del proceso penal; los dirigentes del crimen organizado burlan a la justicia y sólo quedan expuestos al poder punitivo los eslabones más débiles de la cadena criminal; y las denuncias por corrupción se estancan porque las estructuras del Estado protegen a quienes se enriquecen a su sombra. El comportamiento institucional del sistema de administración de justicia sigue respondiendo a los parámetros impuestos desde la época del conflicto armado interno. Su inoperancia agrava los conflictos sociales y fomenta la violencia en la población insatisfecha, como lo ejemplifican algunos casos de linchamiento y otras manifestaciones de "justicia" por mano propia. Pese a los avances alcanzados en los últimos años, están intactas las estructuras que fomentan la impunidad y la corrupción en el sector justicia; los cambios son de forma y no de fondo, de tal manera que la debilidad y la inoperancia son las características más sólidas del sistema. El acceso a la justicia sigue siendo negado por un sistema que se opone a ampliar sus horizontes hacia el derecho indígena, los mecanismos alternativos para solucionar conflictos y los procesos de reforma institucional que, en el mediano y largo plazo, podrían dotar a la sociedad guatemalteca de un mejor servicio público de justicia. Debido al impacto causado por la sentencia absolutoria en el caso Myrna Mack la indignación ante la impunidad se ha replanteado con mayor fuerza. Sin embargo, la denegación de justicia se manifiesta a diario, en todas las regiones del país, aunque sólo veamos su magnitud y fuerza cuando se afecta a sentencias de relevancia. Hay muestras de impunidad que tal vez nunca lleguen a ser del dominio público, pero que causan igual frustración y falta de esperanza a quienes la sufren. En el caso Myrna Mack, como ocurrió en el caso Gerardi, la Sala Cuarta de Apelaciones respondió a los parámetros de la impunidad y del poder militar oscuro y espeso que mantiene cooptados a los órganos judiciales. Así han actuado, en otros casos, muchas de las estructuras de la justicia en respuesta a los intereses de los grupos de poder político, económico, militar o criminal. La absolución de los militares del caso Mack es hoy la prueba más concreta de que el sistema de administración de justicia sigue afectado por la incapacidad, la inoperancia, la aquiescencia a la impunidad y la falta de voluntad política para brindar un verdadero acceso a la justicia. Pero esta experiencia amarga y negativa no debe acabar con la esperanza. Es el momento preciso de buscar, en el mismo centro de la denegación de justicia, las claves para mantener la esperanza. Guatemala sigue afrontando los problemas y los conflictos que nos mantienen cerca de la confrontación y falta de solidaridad. El proceso social que nos haría alcanzar mejores estadios de convivencia no puede ofrecer resultados sólidos de la noche a la mañana. Por eso, cada día, a cada momento, debemos renovar nuestro compromiso con la paz, la verdad y la justicia, levantándonos después de cada caída, irguiéndonos ante los tropiezos y las experiencias desalentadoras. Algunas claves son la persistencia, la tenacidad y la capacidad de sobreponerse a la adversidad. El caso Myrna Mack no ha traído a esta sociedad sólo desaliento. También ha desnudado al sistema de justicia y ha puesto en evidencia un parte del horror que sufrieron miles de familias guatemaltecas. Ahora es el momento de rescatar lo que hemos aprendido en trece años de proceso judicial. Conocemos a la impunidad. Sabemos qué es, cómo es, cuáles son sus mecanismos, cuál es su fuente de poder. ¡Que su poder y su fuerza no nos asuste ni nos haga desmayar! No descansemos entonces. Vayamos nuevamente a la búsqueda de justicia, renovemos la lucha por conseguirla y el compromiso de edificar, para nosotros mismos y para las siguientes generaciones, una sociedad donde la justicia represente los más altos valores humanos y guíe el comportamiento de quienes vivimos en este país. Exijamos al Estado, a los jueces, a los fiscales, a los magistrados y a los policías que respondan a los parámetros de la justicia y no de la impunidad. Renovemos hoy nuestra esperanza en la justicia Mantengamos el reto a la impunidad Guatemala, 13 de mayo de 2003