Birmania, atendida por sus auténticos dueños
En el día que debía conformarse el nuevo Parlamento, el poderoso Tatmadaw, como se conoce al ejército, decidió desconocer el acto eleccionario y disolver la siempre débil democracia de Birmania.
- Opinión
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La excusa fue que las elecciones presidenciales birmanas del pasado ocho de noviembre, fueron fraudulentas y que se había impuesto el partido gobernante Liga Nacional por la Democracia (LND), alcanzando 396 de 476 sitios en el parlamento contra los 33 escaños del Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, apoyado por los militares. En el día que debía conformarse el nuevo Parlamento, el poderoso Tatmadaw, como se conoce al ejército, decidió desconocer el acto eleccionario y disolver la siempre débil democracia del país, en las últimas horas del domingo 31 de enero, arrestar a sus principales figuras, asumir el gobierno y declarar “estado de emergencia” por un año, cuándo volverían a llamar a elecciones.
Entre los detenidos se encuentra la principal figura política del país y la Premio Nobel de la Paz 2001, Aung San Suu Kyi, quien cumplía funciones como Consejera de Estado, aunque de hecho era la jefa del gobierno.
Naypyidaw, la capital del país, se encuentra prácticamente paralizada, en las principales avenidas se han establecido barricadas y se estacionaron vehículos militares. Los bancos se encuentran cerrados en todo el país, mientras colas interminables se han formado frente a los cajeros automáticos. Si bien el servicio de Internet se mantuvo inoperable durante las primeras horas del golpe, al comienzo del lunes se restableció y muchos birmanos pudieron acceder a una declaración que circula en las redes sociales de Aung San Suu Kyi, que emitió antes de ser detenida, pidiendo a los ciudadanos resistan al golpe militar, antes de ser detenida, en la que se manifestaba en contra del golpe, aunque la veracidad del mensaje está en duda.
Después de diez años de un proceso democrático siempre coaccionado por el omnímodo poder militar, lo que muchos consideraban imposible, sucedió, y a pesar de que el pasado sábado 30 el jefe del Estado Mayor, Min Aung Hlaing, había prometido respetar la Constitución, el ejército asaltó el poder, tras una semana del incremento de la tensión política entre el Tatmadaw y el partido gobernante, que en realidad ya llevaba varios meses. El detonante de golpe habría sido el rechazo a las acusaciones de fraude presentadas por el ejército, por parte de la “Comisión Electoral” el pasado viernes 29, donde decía que cerca de 8.5 millones de votantes habrían tenido oportunidad de votar en varias oportunidades. Según algunos observadores, la negativa de la comisión habría humillado a los militares que han mantenido un férreo control a lo largo de todo el tiempo democrático con poder de veto a cualquier reforma constitucional, y el 25 por ciento de las bancas en el parlamento.
Algunos analistas se niegan a llamar a la asonada militar “golpe de estado” y se limitan a titularlo simplemente como “golpe”, dado el poder de emergencia” que les otorga la constitución, por lo que en realidad sigue vigente, aunque las detenciones de dirigentes del LND, dirigentes de la oposición, candidatos electos en noviembre, los actuales líderes de los movimientos estudiantiles e incluso a muchos que los habían sido en el pasado y militantes de base, se siguen produciendo de manera constante y para nada “constitucionales”, por temor a que se llame a movilizaciones y protestas, en el último golpe militar producido en 1988, las manifestaciones encabezadas por los estudiantes dejaron más de 10 mil muertos, obviamente la enorme mayoría de ellos jóvenes universitarios.
El Tatmadaw tenía muchos puntos de confrontación con el LND, que estribaban, fundamentalmente en la reforma constitucional, que amenazaba con quitar importantes atributos a las fuerzas armadas como el control de industrias claves y el derecho a nombrar una importante cantidad de representantes en el parlamento. Las conversaciones de paz que se estaban llevando a cabo entre las autoridades nacionales con un importante espectro de organizaciones armadas, que incluyen reclamos nacionalistas, marxistas, étnicos, separatistas y religiosos y, por último, pero sustancial, es que el general Min Aung Hlaing, en el cargo desde 2011 y que debería pasar a retiro, en seis meses, lo que forzaría a una profunda renovación dentro de las fuerzas armadas.
El ejército ha destituido al presidente U Win Myint y nombrado a cargo del ejecutivo de manera provisoria al vicepresidente U Myint Swe, un general retirado quien deberá ordenar la transferencia del poder.
Diferentes gobiernos, entre ellos los Estados Unidos y Australia, y entidades internacionales como las Naciones Unidas han salido a reclamar al nuevo poder birmano, retrotraiga sus acciones, además de evitar la reiteración las violentas represiones con miles de muertos con que el Tatmadaw, ha cimentado su historia.
El Tatmadaw y sus circunstancias
El Tatmadaw se ha construido al estilo del ejército pakistaní, como un estado dentro del estado, donde no solo converse el poder de fuego, los organismos de seguridad, un jugador clave a la hora de la política, sino también un importante factor económico ya que maneja varias e importantes industrias nacionales. Por lo que, tras conocerse el golpe militar, el presidente norteamericano Joe Baden, y su Secretario de Estado, Antony Blinken, deberán enfrentar su primera prueba importante a nivel internacional, y han reclamado la solidaridad de la comunidad mundial, para poner en caja a los militares, para que el país surasiático pueda retornar a la “normalidad”, cuando ese país desde 1962 a 2011 vivió bajo gobiernos dictatoriales, apoyados por Washington.
Además, Biden anunció a las nuevas autoridades de Naypyidaw, que de no dar marcha atrás, volverían a aplicar las sanciones económicas que se había levantado en octubre de 2016, después de establecido un gobierno democrático, aunque mantuvo sanciones contra algunos jefes militares del país.
Si bien la premio nobel y jefa de gobierno en las sombras Suu Kyi, era considerada una garantía de corrección política y adalid de los Derechos Humanos, fue bajo su gobierno que el pueblo rohingya, la minoría musulmana afincada en el estado de Rakhine, iba a vivir su hora más oscura, si bien esa etnia ya para 2015, contaba con poco más de un millón 200 mil integrantes, muchos, en sucesivas campañas de extermino, ya había tenido que escapar de su país, para refugiarse fundamentalmente en Bangladesh.
Históricamente los diferentes gobiernos de Naypyidaw, han considerado a los rohingyas, como extranjeros y jamás se le ha reconocido ninguna clase de derechos, por lo que han sido consuetudinariamente perseguidos por las autoridades de Birmania.
De casi 55 millones de habitantes de Birmania, el 90% son budistas de la violenta escuela Theravada, cuyos miembros agrupados en organizaciones como Ma Ba Tha (Asociación Patriótica de Myanmar (Birmania)) y del Movimiento 969, aluden a los nueve atributos de Buda, los seis atributos de sus enseñanzas y los nueve atributos de la orden. Dirigidos por el temible monje Ashin Wirathu, fanático integrista, que no ha dudado en alentar a sus huestes, a participar junto a la policía y el Tatmadaw, en verdaderos pogroms contra las pequeñas aldeas rohingya, donde además de destruir sus plantíos e incendiar sus casas, en muchísimos casos torturan y asesinan a los hombres y violan a las mujeres. Por ello, esas comunidades se vieron obligada a abandonar sus tierras y se lanzaron a buscar cobijo en Bangladesh, donde ya habían instalados, desde décadas atrás, campamentos de refugiados, llegando a ser, en la actualidad, cerca de un millón y medio, y quedado menos de 500 mil en Birmania, donde siguen siendo martirizados según las necesidades políticas del gobierno. En ese marco de situación la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha convalidado y apoyado cada operación de sus socios militares contra la minoría musulmana, sin escuchar la crítica internacional e incluso las amenazas a que le fuera retirado el galardón sueco.
Las responsabilidades de Suu Kyi no terminan con la cuestión rohingya, sino que también está acusada de haber mantenido en prisión a más de 600 activistas políticos. Aunque su partido había prometido en 2016 definir el término “preso político” y revisar cada caso, esto no se cumplió y, por lo que se sabe, ahora será imposible, ya que Birmania ha vuelto a ser atendida por sus auténticos dueños.
-Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC
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