En Trujillo, hace doscientos años se firmó un Armisticio que tenía como anexo un documento que reguló la guerra, para asegurar que si regresaban los enfrentamientos entre los bandos se evitaría el sufrimiento, la crueldad y la destrucción. Es decir, que, tras años de hecatombe, las partes estaban absolutamente convencidas del deber de reconocer la humanidad de los otros y de tratarles en consecuencia. La guerra entonces conoció un límite y debieron los enemigos actuar para economizar la sangre, respetándose los deberes cristianos hacia los muertos, los rangos que cada quien tenía, así como dejando claro que los civiles –sin importar si nos apoyan o nos adversan- deben respetarse.

Uno de los aspectos más importantes del documento fue aclarar que salvo que se tratase de un soldado que estuviese en el campo de batalla, todos debían ser respetados, incluidos los militares y en especial, los heridos y los enfermos, a los que se les debía tratar con la doble diligencia y respetarles la vida. A los fallecidos, debía dársele cristiana sepultura e incluso rendírseles los honores que, según su grado u ocupación, merecían.

La historia les dio un lugar a aquellas ideas, muchas privadas de su denominación de origen, las conocemos ahora como derecho humanitario y otras, fueron tejiendo desde allí el país que somos hoy. Por lo que debemos traerlas al presente no tanto porque pronto se celebrará su aniversario sino principalmente por los tiempos que transita la República.

Hace un par de semanas, ya las traíamos a colación, al conocerse el “contrato” que respaldaba la “Operación Gedeón” con sus especificas instrucciones de eliminar al adversario y arrasar con cualquier elemento de resistencia que pudiese tener el “proyecto”. Hoy retomamos el tema cuando vemos las redes sociales inundadas de celebraciones por el fallecimiento de personas así como deseos de que un pueblo o una parte de él sufra.

¿Es el sufrimiento una vía para hacerse del poder? ¿Una estrategia política? ¿Un mecanismo para afianzar la posición de dominio de un Estado sobre el otro? No existe una vida humana carente de valor. Todos y todas, tenemos derecho a la existencia, a la dignidad y al decoro. Incluso, existen en muchos ordenamientos jurídico, el derecho al bienestar y a la alegría. Por ello, generar sufrimiento para doblegar, no puede ser una forma de hacer política porque desconoce la humanidad de las personas sobre las que se aplica.

Ahora, el sufrimiento es uno de los objetivos que se ha confesado de la aplicación del paquete que se le ha impuesto en los últimos años a Venezuela y se sostiene en una retórica que parece creer que este no importa si permite alcanzar de la gente, lo que en estado de paz, no se obtiene. En estos temas, encontramos pasmosos antecedentes en la política que se desarrolló en los años 90 sobre Irak, causándole la muerte a miles de niños y la precariedad de la salud en millones de supervivientes.

Pero la verdad es que sabemos muy poco de lo que pasó allí, de cómo un paquete de sanciones aplicadas por el Consejo de Seguridad de la ONU devastó los derechos humanos de un pueblo, no logró hacer cambios políticos en un Estado y como se trató tan sólo como un “daño colateral”.

En este 2020, hemos escuchado hablar incesantemente del COVID-19 y como esta enfermedad ha cobrado la dimensión de una pandemia, lo que, según la Real Academia Española significa que es “una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.” Por su dimensión inusual y las pocas herramientas que tenemos como humanidad para enfrentarla, muchos países están contando en el presente cantidades de muertos que no sucedieron desde sus mayores conflictos bélicos.

¿Más muertos que la Guerra de Vietnam? Es el caso de Estados Unidos. ¿Más muertos que en las Guerras de Independencia? Es el caso de algunos países de América Latina. Por no recordar ahora lo que ya pasó en Europa.

Sin embargo, cada una de esas personas que hoy parecen ser sólo números en un cuaderno de estadística, representan una vida, un sistema de afectos y sobretodo una dignidad. Es decir, una creación que merece ser tratada con decoro en cualquier circunstancia, con compasión hacia una familia que incluso en muchos casos no podrá despedirse.

Esta oleada de muerte, es lo que ha hecho que, desde el Vaticano hasta la ONU, se sucedan llamados de alto al fuego, solicitudes de refinanciamiento de deudas y formas que las familias no sucumban con la caída mundial de la economía.

Para nosotros en Venezuela, en medio de las complejidades que enfrentamos por la polarización del país, por la asfixia económica y su impacto en los hogares, es tiempo de acordarnos de aquellas cláusulas que escribiese Antonio José de Sucre y que firmase Simón Bolívar ¿o no es necesario recordar que cada fallecido, es una familia herida? ¿Qué no hay persona sin dignidad y que la muerte es la hora más certera que todos tenemos delante?