Propuestas de lectura de la crisis en América Latina

1.- El número de personas contagiadas de COVID-19 en América Latina está aumentando notablemente. La región alcanzó un total de 3.023.813 de casos confirmados el 7 de julio, que representan cerca del 50% de los contagios en América. En esa fecha, según cifras oficiales, este continente suma más de 6 millones de personas contagiadas de un total mundial de más de 11.5 millones, encabezando la lista Estados Unidos. La región representa alrededor del 25% del total mundial de contagios, cifra muy superior al tamaño de su población (menor a 9%) con relación al total mundial.

Brasil es el segundo país en el mundo por número de contagios y de decesos, con cifras que no guardan proporción con la dimensión de su población en el total mundial. Otros países de la región reportan cifras de contagios y decesos que no se corresponden con el tamaño de su población. Perú es el quinto país por número de contagios y décimo por decesos, aún cuando por tamaño de su población ocupa el sitio 43. México, Chile, Colombia y Ecuador están entre los que informan de un mayor número de contagios o de personas fallecidas, sin que exista correspondencia con el tamaño de sus poblaciones. Por ejemplo, Ecuador que ocupa el lugar 67 en el mundo por número de habitantes, tiene el sitio 25 por número de contagios y 20 por personas fallecidas, con el agravante de notables carencias en el seguimiento de la epidemia que implica más personas contagiadas y fallecidas.

2.- Las noticias sobre dificultades importantes para que la población pueda ser atendida por los servicios de salud en varios países de la región se multiplican, acompañadas de otras informaciones sobre el colapso en los servicios funerarios. Los acontecimientos reportados en gran cantidad de países de la región hacen manifiesto una notable incapacidad para atender la emergencia sanitaria. Se puede sostener que son hechos compartidos con gran cantidad de países desarrollados. Sin embargo, las infraestructuras y las capacidades en materia de salud son notablemente menores.

En los países de la región latinoamericana el avance de la pandemia se da en poblaciones con un alto número de enfermedades crónicas que hacen más grave el curso de la enfermedad y más difícil su atención. Es uno de los resultados de años de carencias económicas, ingresos monetarios insuficientes para tener una vida digna y una sistemática desnutrición en amplios grupos de la población. Son condiciones de vida resultado del funcionamiento de las economías en la región, que han sido notablemente transformadas en los 35 a 40 años previos como resultado de una política económica fundada en la austeridad y la ejecución de reformas estructurales sistematizadas en la agenda del Consenso de Washington.

3.- Al examinar el desempeño de las economías de la región en los meses recientes, las medidas ejecutadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia y la notable caída en la actividad económica, es recurrente el señalamiento de los altos niveles de informalidad laboral. Se destaca que la situación constituye una de las mayores dificultades para ejecutar las medidas de aislamiento social, necesarias para combatir la pandemia, como para llevar adelante la recuperación en las economías.

La informalidad laboral implica que la población no cuenta con seguridad social y vive al día. El tema se encuentra presente en los documentos del FMI, el Banco Mundial, la OCDE y la propia CEPAL. Es una informalidad laboral asentada en las ciudades, que penetra todo el tejido social, de forma tal que acompaña el desempeño de los grandes empresas y las actividades del sector público. Es, en ese sentido, una de las más notables consecuencias del desempeño económico construido en los 40 años previos. Es uno de los más significativos resultados de la ejecución de la agenda del Consenso de Washington, que consideró una privatización sin límites, la mercantilización de los servicios públicos y una flexibilidad laboral absoluta. La informalidad laboral es una expresión de la notable heterogeneidad social que resta capacidad productiva, impide un crecimiento sostenido en el largo plazo y expresa el avance del subdesarrollo en pleno siglo XXI.

4.- Según información de CEPAL, en su balance de las economías de América Latina de diciembre de 2019, la región tuvo un crecimiento de 0.1%, con una ligera caída en América del Sur y en México. En años previos lo característico fue el débil crecimiento, por lo que considerando los resultados estimados en ese informe para 2020, suman siete años con bajo crecimiento, que implican un deterioro sostenido del ingreso por habitante. Con esas estimaciones en el periodo de 2014 a 2020 el PIB por habitante en la región se reduciría en 3.7%. Con los resultados alcanzados en los dos primeros trimestres del año y reconociendo que la actividad económica esta siendo afectada en una dimensión mayor a lo previsto, la caída en el ingreso será mayor. Según las proyecciones de junio de 2020 del FMI, en América Latina la caída en el PIB será de 9.4%, destacando los casos de Brasil y México, entre las economías más afectadas.

Son varios años con un comportamiento semejante, a pesar de que en las mayores economías de la región se mantuvo o se recuperó la agenda de reformas estructurales. Un caso emblemático es México, que profundizó desde 2012 las reformas estructurales en materias substanciales como mercados laborales, industria energética y medios de comunicación, sin lograr resultados positivos importantes en crecimiento económico y menos en disminución de la desigualdad social. En algunos países es un comportamiento radicalmente diferente al de los años 2003 a 2012, cuando tenían gobiernos que se distanciaron de la agenda del Consenso de Washington.

5.- Son muchos lustros en que el desempeño de las economías en la región y las políticas económicas ejecutadas no permiten el crecimiento sostenido y menos la disminución de la desigualdad social. Es la condición para mantener los cuantiosos beneficios de un reducido grupo de financieros y rentistas. Los cambios realizados por algunos gobiernos en América del Sur a partir de diversos años de la década pasada fueron anulados, no necesariamente por métodos democráticos. El COVID-19 desnuda ese modelo de funcionamiento de la economía.

En 2010 los gastos en salud por parte los gobiernos centrales de América Latina equivalen a 1.9% del PIB. En los años siguientes no existen aumentos importantes y los gastos representan en 2019, 2.3% del PIB. Por su parte el pago de intereses por la deuda pública tienen un crecimiento mayor, pasando de 1.7% en 2010 a 2.6% del PIB en 2019. Sumando los gastos por pago de capital en varios países, como México, la cifra es mayor a la inversión pública. En este contexto es que desde 2018 en varios países de la región los movimientos sociales se hicieron nuevamente presentes planteando la necesidad de modificar el estado de cosas. Lo mismo en México, como en Argentina y posteriormente en Chile, Colombia, Ecuador con señalamientos expresos contra un sistema social fincado en el mantenimiento de la desigualdad. En Ecuador objetando las decisiones del gobierno contrarias a la institucionalidad construida en años previos. En Argentina logran derrotar la intención de reelección de Macri y en México un año antes (2018) triunfa López Obrador.

A la fecha gran parte de países de la región registran una importante salida de recursos financieros, con una fuerte depreciación de su moneda y notable inestabilidad financiera. Hay disminución de exportaciones, sin que se observe para cuando se modificará el panorama. Por ello no es posible establecer cuál será la dimensión de la recesión y menos su duración. El problema mayor para los países de la región es que la opción no es regresar al estado de cosas previo. En ese sentido la solución no es ejecutar políticas económicas anticíclicas y menos aún aquellas que tienen como prioridad inyectar recursos en los sistemas financieros. Hoy, con mayor urgencia, es imprescindible que se construyan proyectos sociales que generen condiciones de crecimiento económico sostenido, con base en la disminución de la desigualdad social y el avance en el Estado de Bienestar.

Esta nota fue publicada en el Boletín Nº 9 “Integración regional. Una mirada crítica” del GT Integración regional y unidad latinoamericana de CLACSO.

Gregorio Vidal

Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. E-mail: vidal.gregorio@gmail.com. Twitter: @GregorioVidalB. http://gregoriovidal.izt.uam.mx . Actualmente, es investigador miembro del Grupo de Trabajo de Integración regional y unidad latinoamericana de CLACSO.