Es difícil sostener que en Ecuador rige el Estado de Derecho. El gobierno anterior ya rompió varias veces la constitución en cuanto a deuda externa, derechos laborales, derechos de la naturaleza, permisos de explotación para los Carteles Mineros y Petroleros en zonas intangibles. En la institucionalidad estatal existe un Consejo de Participación Ciudadana que se formó con una transición opaca; un proceso de revisión, selección y elección completamente dudoso; y, para decorar la institución, se hizo una destitución y colocación en medio del pacto político. Actos similares se hicieron en las setenta y pico instituciones que están bajo el mando del Consejo de Participación. Parte de la repartición de las instituciones, fue el concurso de los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional. No es un secreto que el contralor Celi se posesionó de modo ilegal; ahora quiere destituir a los Consejeros Electorales, y estos lo amenazan con la misma dosis.

El gobierno de Moreno es culpable de crímenes de lesa humanidad en las movilizaciones de Octubre, que la justicia ha escondido. La ineptitud y negligencia con la que ha actuado en la pandemia se pueden clasificar dentro de estos mismos crímenes. La Asamblea que no sesionó en todo el mes de Octubre -mientras la población sesionaba y se manifestaba permanentemente- es un corifeo del gobierno y la empresa privada. Varios de los puestos en los ministerios, superintendencias, embajadas, la Sercop, el Banco Central y otras instituciones del Estado, están envueltas en nepotismo y no se cumplen con los requisitos básicos para su ocupación; miles de cargos están implicados en los Carteles de los Diezmos. Moreno ha continuado con la superación del límite constitucional de la deuda externa y el pago en beneficio de los Carteles de los Bonos de la Deuda. La escalada de la corrupción en la construcción de la obra pública, en la contratación de todas las instituciones y hasta en los hospitales, ha develado a los Carteles mafiosos de Guayaquil y Manabí. La Contraloría también contrató con el bucaramista Daniel Salcedo, donde está relacionado el hermano de Moreno.

En el proceso electoral que está en marcha, las tecnologías informáticas van a ser las mismas que las anteriores, elecciones altamente cuestionadas de fraude. Varios de los sujetos electorales acreditados en el CNE no reunieron las firmas y fueron registrados por el favor político de la componenda, entre ellos los cuatro movimientos que Celi ha exigido sacar del registro electoral. Correa quiere ser candidato a vicepresidente, aunque la misma Constitución lo inhabilita, porque la función de la vicepresidencia es suplir al presidente, cargo que ya no puede ejercer. Sin embargo, no es desconocida el treinta por ciento de intención del voto correista, que se consolida mientras peor sea la gestión de Moreno y gane terreno el discurso de la traición, aunque sean harina del mismo costal. La derecha tradicional y sus medios se van unificando alrededor de Lasso. El campo popular está aún indeciso frente a un posible candidato indígena para la presidencia: Yaku Pérez, Leonidas Iza, Jaime Vargas, los que proponen superar el fallido Estado de derecho.