La crisis económica, agravada por el Covid-19, pone en riesgo a los pequeños productores del campo y la ciudad. La iliquidez puede quebrar a este sector estratégico, que es el mayor generador de empleo y fuentes de ingresos, y el que produce para la soberanía alimentaria. El momento demanda implementar políticas y acciones para mantener este tejido productivo y social.

El momento actual que vivimos, caracterizado por una crisis sistémica del modelo de acumulación capitalista, agravada por la presencia de la pandemia del Corona virus (Covid-19), ponen a la humanidad al borde de uno de sus peores momentos en la historia.

Esta crisis, como ninguna otra, prácticamente ha paralizado la actividad económica que se estima reducirá significativamente el PIB mundial de 2020. La llegada del COVID 19 a América Latina nos encuentra con Estados desarticulados y sociedades polarizadas e inequitativas como resultado de la aplicación sistemática de políticas neoliberales. No en vano, pese a los esfuerzos de los recientes gobiernos progresistas, Latinoamérica es la región más inequitativa del mundo en el que 2.153 personas poseen una riqueza mayor a la que tienen 4.600 millones de los habitantes del mundo. (Informe OXFAM 2020). Esta concentración aberrante de la riqueza en pocas familias, hace que nuevamente esta crisis la sientan con más rigor las clases populares, los trabajadores autónomos, el aparato productivo de pequeña escala, es decir, las economías de ingresos, las economías populares y solidarias.

En nuestro país la situación es aún más grave. En la actual crisis, a diferencia de lo que hacen y recomiendan la mayoría de gobiernos del mundo y organismos multilaterales (fortalecer sistemas de salud públicos, políticas contra cíclicas, llegando incluso a proponer moratorias al pago del servicio de la deuda externa de los países endeudados), el gobierno de Lenin Moreno, como respuesta por demás inoportuna, pretende profundizar su agenda neoliberal de precarización del empleo, al facultar discrecionalmente al empleador acordar el pago del salario al trabajador, despidos masivos de trabajadores públicos y que ahora vuelven a ser contratados bajo modalidades de contratos temporales, mientras dure la emergencia; al disminuir el gasto en salud, mostrándose en la crisis la importancia de la inversión en la infraestructura del sistema de salud realizada en el gobierno anterior, y las consecuencias graves de los despidos masivos de médicos salubristas;  pero, por otro lado, entrega beneficios y concesiones  a los sectores más pudientes del país como son el sector financiero y empresarial. El riesgo de que esta crisis, bajo la administración del gobierno actual, genere mayor concentración de la riqueza es inminente, por lo que el papel articulador, movilizador y de convergencia de las fuerzas progresistas debe y tiene que evitarlo.

Sólo la Economía Popular y Solidaria (EPS) genera más del 75% de los empleos y si le sumamos el tejido productivo de las PyMES, llega al 90%, lo que dice la importancia y la necesidad de priorizar a este sector desde la política pública. 

Dentro de este escenario, hay que recordar que las unidades de producción de pequeña escala representan, al menos el 91% de todas las empresas en Ecuador. Más del 47% de toda la población empleada trabaja en ellas. Y si a esta población se suman los “trabajadores autónomos”, se tiene que es el sector que genera más del 75% de los empleos y representa la fuente más importante de ingresos para los ecuatorianos (OIT, 2015).

La fuerte reducción de ingresos que viene y que seguirá provocando la crisis sobre los hogares ecuatorianos, impone nuevos y mayores retos a la sostenibilidad económica y financiera de las unidades de producción de pequeña escala y de los trabajadores autónomos.

Asegurar la liquidez y la sostenibilidad de las unidades productivas de la Economía Popular y Solidaria y PyMES

La principal función que cumplen las unidades de producción de pequeña escala es garantizar la satisfacción de necesidades de consumo de las familias de quienes las operan. A diferencia de las empresas convencionales y sociedades de capital, las unidades que componen la EPS no tienen como finalidad maximizar beneficios, si no la obtención de ingresos suficientes que les permita satisfacer las necesidades de consumo de sus hogares (alimentación, arriendo, salud, educación, servicios básicos), así como proporcionar empleos dignos a sus familias y entorno.

En consecuencia, dentro del enfoque para reducir el impacto económico de la crisis, todo plan, programa o proyecto orientado hacia la EPS debe tener como meta, minimizar la reducción del flujo de ingresos en las actividades económicas que estas unidades realizan y posibilitar la formación de capitales colectivos que aseguren su sostenibilidad.

Aunque creemos que lo que requiere urgentemente el país es un giro total en la política económica, sin embargo, en el cortísimo plazo, por la gravedad de la actual coyuntura y dado que el estado de emergencia lo permite, es necesario y urgente poner en marcha un programa de emergencia para este sector económico con transferencias monetarias, estímulos fiscales y de liquidez por el lado monetario.

Varias organizaciones, gremios y académicos (Observatorio de la Dolarización, Unidad de Análisis Económico de la Universidad Central y la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha) han puesto a consideración del país propuestas para sortear, y en lo posible minimizar, el impacto de la crisis en la economía ecuatoriana. Entre estas están: fortalecimiento del Estado, inversión pública para garantizar derechos, política económica redistributiva, progresividad de la política tributaria, control de capitales y salida de divisas, política arancelaria que promueva el empleo y la industria nacional, moratoria de tratados de libre comercio, y retomar una agenda de integración regional con la UNASUR y la CELAG.

Dada la gravedad, que se agudiza cada día con el aislamiento, pero sobre todo por la inacción del gobierno para adoptar medidas responsables y urgentes frente a la potencial debacle del sistema económico, suscribimos estas propuestas, que en algunos casos ya fueron aplicadas en el país, pero que en otros es necesario ir más allá, con imaginación y creatividad, para precisamente proteger y dinamizar el tejido productivo de la EPS, de las micro y medianas empresas.

En esa dirección, y desde la especificidad del ámbito que tratamos, precautelar el tejido productivo de la economía popular y solidaria, de las micro, pequeñas y medianas empresas, esbozamos las propuestas listadas a continuación:

Acciones desde la demanda

1.         Crear y asegurar una demanda para los bienes y servicios de la EPS

Lo primero que se requiere para emprender un programa de reactivación económica de la EPS es asegurar la demanda de los bienes y servicios que ofertan sus unidades productivas de pequeña escala. A este efecto se requiere:

•          Apoyar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en la identificación y ejecución de iniciativas que permitan a las EPS enfrentar y recuperarse de los efectos inmediatos y mediatos, económicos y financieros.

Desde el lado de la demanda, y considerando que el consumo de los hogares solo se animará si hay disponibilidad de ingresos, es fundamental sostener el consumo de los productos y servicios de la EPS y de las pequeñas empresas, por lo que las compras públicas son un sostén fundamental. Más allá de que este gobierno, bajo el criterio del ahorro fiscal, haya nuevamente concentrado la compra pública en las grandes empresas, existen experiencias a nivel provincial desde los GADs, que preocupados por la reactivación productiva compran a productores de su zona. Para esto es necesario apoyar, desarrollar y profundizar las iniciativas que llevan adelante varios GADs, tales como los de Pichincha, Azuay, Cayambe y Riobamba.

La devolución del IVA desde el gobierno central a los GADS puede tener esta orientación ya que se debe mantener el empleo y reactivar las economías locales. La misma construcción de infraestructura local debe priorizar la reactivación productiva y el empleo local.

•          Fortalecer el mecanismo de compras públicas a nivel de GAD parroquiales, municipales, provinciales, mediante políticas fiscales y reglamentaciones orientadas a promover la oferta, y a incrementos del componente nacional en los productos demandados, conforme un plan de desarrollo productivo ordenado a partir del grado de intensidad tecnológica de los bienes.

•          Cuidar la inocuidad y la sanidad de los productos para acceder a un sector de consumidores que por esta condición prefieren comprar a las grandes cadenas de supermercados, a través de procesos de trazabilidad y certificación de los productos.

•          Retomar la propuesta de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM, Resolución 014) para abrir un espacio en las grandes cadenas de supermercados para el sector de la EPS, bajo condiciones razonables. La referida resolución obliga a los supermercados a que el 20% de sus perchas deben ser proveídos por productos de la economía popular y solidaria, lo cual, además de asegurar mercado para este sector, ayuda a bajar la presión en balanza de pagos por importaciones.

•          Ampliar los sistemas de distribución y ventas de productos y servicios de la EPS: lo que supone extender los sistemas de distribución de productos de la EPS ya existentes (p.ej. Maquita Cusunchi, Camari, Salinerito) para alcanzar una mayor cobertura a niveles barriales y comunales, así como, promover la creación de nuevas redes de distribución que incorporen a trabajadores autónomos (vendedores).

•          Ratificar el Acuerdo Interministerial No. 177 que reduce considerablemente la utilización del suero de leche en la industria láctea, así como también realizar controles para mantener el precio de sustentación del litro de leche. Estos porque en días pasados hubo un pronunciamiento de la Federación de Cámaras de Comercio para derogar el referido Acuerdo y proponiendo que el precio de la leche se libre al juego de la oferta y demanda, lo que es inadmisible, considerando que la cadena de los lácteos es una de las más importantes, a la que están vinculadas 1 millón 300 mil personas, y que de ellos el 80% son productores lecheros pequeños y medianos.

•          Ofrecer tarjetas de consumo de manera voluntaria a los empleados públicos y privados de alimentos que forman parte de la canasta básica, provenientes de pequeños y medianos productores. 

Acciones desde la oferta

2.         Articular procesos de cooperación económica vertical

La mayor debilidad de las unidades que componen la EPS está en su dispersión y en el alto grado de individualidad en que funcionan la mayoría de ellas, lo que provoca que tengan bajos o nulos niveles de poder de negociación. En consecuencia, en miras a minimizar la reducción de ingresos y garantizar su continuidad, se requiere promover procesos de cooperación económica que conduzcan a la formación de encadenamientos productivos verticales que cubran todas las fases de producción, distribución, comercialización y consumo final de los bienes y servicios que ofertan las EPS. A este efecto se plantea:

•          Desarrollar plataformas de comunicación e intercambio de información entre las unidades unipersonales y pluripersonales que componen la EPS.

La emergencia sanitaria ha hecho que entendamos el valor de las herramientas tecnológicas tanto por el flujo de pagos y cobros como por el lado del comercio electrónico. De ahí que es importante retomar soluciones concretas como el dinero electrónico que una vez que fue dada a la banca privada, hasta la presente fecha no ha sido capaz de ofrecer ese servicio. Esto no debe ser exclusividad de la banca privada, el momento exige que se diversifique y que el Banco Central retome su capacidad de emitir dinero electrónico tal como ya lo hizo con solo la activación de una cuenta manejada desde un celular básico.

Lo conveniente sería crear una plataforma digital única que posibilite a las unidades que componen la EPS encuentros en línea para apoyos mutuos, así como para establecer contactos con expertos que puedan orientar y apoyar en la identificación de alternativas de solución a empresas y personas de la EPS afectadas económicamente por la situación de emergencia.  En ese sentido, es necesario fomentar y ampliar este tipo de servicios desde el tejido productivo de pequeña escala. Una de las experiencias que es necesario retomar es el de la “Supertienda Ecuador”, impulsada en su momento por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado.

•          Establecimiento de mecanismos de compras conjuntas que posibiliten la adquisición de materias primas, insumos y equipos, dentro de una política de minimización de costos, que regulariza los márgenes de ganancia bruto de los proveedores de insumos nacionales e importados y reduce el poder oligopólico de los grupos económicos. 

•          Establecimiento de mecanismos para la normalización de procesos y operaciones que optimicen el uso de recursos, faciliten la aplicación de políticas de minimización de costos y profundicen los intercambios comerciales que realizan las EPS.

•          Formación de encadenamientos verticales de producción de las EPS. El relativo debilitamiento de los capitales locales y nacionales que se espera durante la crisis del COVID-19 abre la posibilidad para el surgimiento y desarrollo de elementos cooperativos que permitan procesos de encadenamientos productivos verticales y aseguren niveles de ingresos más altos para todos los actores de la cadena. Este tipo de encadenamiento tiene la virtud de formar capitales que pertenecen a los propios productores de bienes y servicios que participan en la cadena.

Acciones para mejorar el entorno macro

3.         Desarrollar una política económica orientada a la EPS en tanto base de la estructura productiva de la economía nacional

Los impactos económicos del COVID-19 no se prevé que sean coyunturales o de corto plazo. En consecuencia, la reorganización y articulación de la EPS debe ser considerada dentro de horizontes temporales largos que incidan en la configuración de la economía ecuatoriana en el mediano y largo plazo. A este efecto consideramos necesario promover posicionamientos desde la EPS respecto a los siguientes temas:

Política de desarrollo productivo nacional. En el corto y mediano plazo, el Ecuador se verá obligado a producir algunos bienes para satisfacer la demanda local. Se trata de una oportunidad para la EPS para resignificar, rearticular y expandir su sector manufacturero y su sector agrícola, a fin de contrarrestar la ruptura de los sistemas de abastecimiento internacionales. A este efecto, desde la EPS debe formularse un plan de desarrollo productivo orientado a satisfacer las necesidades nacionales y regionales del Ecuador que sirva como instrumento de diálogo y negociación con el gobierno central y los gobiernos seccionales.

Defensa y fortalecimiento de la compra pública orientada a la EPS. En el marco del tratado de libre comercio que mantiene el Ecuador con la Unión Europea y los posibles tratados que pueda firmar con otros países, es fundamental para las EPS trabajar en un programa de protección comercial a sus actividades productivas.

Política financiera para las EPS

Es necesario el establecimiento de mecanismos de financiamiento adecuados para la dinámica económica de las EPS. Una característica de las unidades que componen las EPS es que su actividad económica se basa en la fuerza de trabajo que poseen y no en excedentes de capital que buscan rentabilizar. En estas condiciones, se debe revisar las operaciones crediticias del sector cooperativo a fin de que ofrezcan líneas de crédito productivo con tasas de interés que respondan a una política de minimización de costos del dinero. Para esto es necesario:

•          Liberar tramos de liquidez de la Reserva Internacional que permita inyectar y movilizar recursos, esto es que el Banco Central compre bonos emitidos por el sector público financiero que permita capitalizar la red de cooperativas de ahorro y crédito y las propias oficinas de la banca pública, para abrir líneas de crédito a bajo costo. La capilaridad que tiene el sector financiero popular y solidario no ha sido suficientemente valorada, e incluso ahora se la ha limitado con las disposiciones establecidas en el mal llamada Ley de Fomento Productivo, por lo que esta deberá ser revisada.

•          Diseñar desde la banca pública y desde las cooperativas distintos productos financieros como la tarjeta de crédito productiva, destinada específicamente a la reactivación productiva. Esta propuesta fue acogida en parte por el antiguo Banco de Fomento, pero lamentablemente por las trabas burocráticas no logro ponerse en marcha.

•          Garantizar liquidez del sector de la EPS y de la pequeña producción, estableciendo un plan para el diferimiento sin recargos en los pagos de este sector. La carga de pasivos y obligaciones sin contrapartida alguna por el lado de los ingresos, puede en poco tiempo llevarlos a la quiebra. Diferimientos necesarios que garantice la liquidez en función del giro del negocio sin recargos.

Es necesario actuar con un mínimo de sensatez y de manera inmediata pues la gravedad de esta crisis provocará quiebra de empresas y despedidos de trabajadores, desatando una debacle económica, con todo el costo social que ello representa. El confinamiento si bien evita la propagación del Covid-19, pero peligrosamente complica la frágil y delicada situación económica de las unidades productivas de la EPS, de las micro y pequeñas empresas.

Quito, 1 de abril del 2020

Francisco Racines Mera – fracinesmera@gmail.com}

Fredy Trujillo Quinchuela – fredytrujillo@gmail.com

Jorge Acosta Arias – acogal2@gmail.com