Cuando se escribe este articulo, motivado por la trayectoria de la política económica que ha seguido el Gobierno del Presidente Moreno al alinearse peligrosamente a modelos económicos/institucionales monopólicos-corporativos de corte neoliberal -los cuales tuvieron su auge en nuestra América Latina de los 80s y 90s, que en los buenos tiempos de las políticas progresistas (2007-2012) hubiéramos  creído impracticable por el gobierno actual que nació de las entrañas de  la revolución ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), autocalificado como el refundador de la institucionalidad del país, se apresta designar a un nuevo Superintendente de Control del Poder de Mercado para un período de 5 años, en un contexto en donde el pasado  08 de agosto de 2018, gracias a la participación y presión ciudadana, los Consejeros se vieron obligados a devolver la terna al Ejecutivo, encabezada por David Sperber, quien habría sido propuesto por un sector de los empresarios que hoy forman parte del Gobierno y que osadamente aspiraban a tener a uno de sus cuadros ocupando la máxima autoridad administrativa de la institución antimonopolio en el Ecuador.  

Un comunicado de prensa del Consejo Transitorio diría que finalmente tuvieron que dar marcha atrás al rechazar la terna enviada por el Presidente Moreno –actuación con la cual se desmarcaron de un poder Ejecutivo que deliberadamente  asume como suyas las viejas tesis de los grupos económicas monopólicos y le da las espaldas al proyecto político progresista con el que ganó las elecciones- en razón de que incumplía el Art. 46 de la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado (LORCPM), esto es que existía conflictos de interés de parte de Sperber y su empresa (Antitrust Consultores y Abogados- http://www.antitrust.ec/es/team/david-sperber-vilhelm/), quienes patrocinan y defienden a operadores económicos (empresas y bancos) que se encuentran bajo la lupa de la investigación de la Superintendencia.

Sabiendo que en estos días el Ejecutivo remitirá una nueva terna se espera que el Consejo esta vez califique desde el inicio del proceso a quienes la integren, considerando la importancia que tiene tal designación para fomentar un sistema económico de sana competencia y claro no le tiemble la mano al momento de sancionar por las distorsiones y abusos venidos del poder o condición dominante de ciertas empresas, pero  también posibilite la creación de nuevos mercados eficientes y transparentes, que incentive y fomente la competencia, abriendo oportunidades productivas, especialmente a las estructuras productivas pequeñas y medianas y de la economía popular y solidaria (EPS), sobre la base de aplicar la LORCPM y demás normativa complementaria vigente por parte de las entidades de regulación y control, esto es la Junta de Regulación (http://www.planificacion.gob.ec/junta-de-regulacion-del-poder-de-mercado/) y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado-SCPM (http://scpm.gob.ec/), respectivamente.  

La mayoría de Consejeros que integran el CPCCST probablemente desconocen que el Ecuador fue uno de los países que más demoró en contar con una Ley de Competencia que finalmente se expidió en octubre de 2011 y consecutivamente en 2012 se creó la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, esto tras varios intentos por contar con una Ley Pro competencia que pusiera freno a la ley del poder monopólico empresarial-financiero, cuyos representantes históricamente han ocupado puestos estratégicos en el frente económico, tales son los casos de los Presidentes de los Bancos Centrales, Ministros de Economía y Finanzas y los Consejos que ellos presidían y de donde salían las decisiones de política económica, pero también diputados, hoy asambleístas, quienes aprueban leyes que han sido trabajadas por los grupos económicos dominantes. La captura de las decisiones estatales específicas a su favor o a los grupos monopólicos que representan, es la verdadera historia económica del país.

La estructura y vocación productiva y económica del país giró históricamente alrededor de los monopolios y oligopolios pertenecientes a estos grupos económicos, sino veamos que desde la formación como República el presupuesto del Estado dependió de los Bancos Comercial y Agrícola, los cuales tenían el monopolio de la emisión y la actividad bancaria. Los booms del uniproducto como el cacao, banano, camarón, flores y petróleo están concentradas en determinadas empresas de estructura familiar, quienes históricamente han presionado a los gobiernos de turno por la apertura de mercados en otros países con acuerdos de libre comercio para colocar sus productos, sin importar el impacto en la balanza de pagos como resultado de los flujos comerciales negativos por concepto de importaciones de otros productos y servicios a las que nos obligamos con tales acuerdos, favoreciendo con ello también la configuración de grupos económicos importadores y la venida de las multinacionales. Estas últimas en varios casos han evadido regulación antimonopolio a nivel mundial con el propósito de ampliar mercados con prácticas anticompetitivas, pese a ello y gracias a la existencia de instituciones de regulación y control, algunas de estos grandes operadores económicos han recibido sanciones significativas.   

En este punto cabe destacar el caso que no hace mucho resolvió la Secretaria de la Comunidad Andina con la aplicación de la Decisión 608 (Art 7, literal c) que fuera interpuesto por la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM) de Ecuador sobre prácticas colusorias y anticompetitivas transnacionales en la fijación de precios y distribución geográfica del mercado de la industria del papel suave en la región andina, específicamente en Ecuador y Colombia. La Secretaria de la CAN le dio la razón a la SCPM y sancionó a la Multinacional Kimberly y al Grupo Familia en Ecuador y Colombia (http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE3292.pdf). No obstante a este caso que resulta pionero a nivel andino, las multinacionales utilizan estrategias localizadas y a nivel regional sofisticadas que no son detectadas por las instituciones de Competencia, en parte porque no hay cooperación mutua en materia investigativa de conductas anticompetitivas que rebasen las fronteras nacionales. Un tipo de cooperación específica encausada en este tema daría sus frutos en el marco de bloques de integración política como CELAC o UNASUR, por lo que no es ajeno que estos grupos económicos que tienen presencia supranacional anulen todo esfuerzo por recuperar la regulación y la soberanía con alcance regional y por otro lado presionen por esquemas liberalizadores como la Alianza del Pacífico. La historia y la geopolítica nos dicen que los bloques de integración latinoamericanos son necesarios y estratégicos para minimizar la dependencia con los mercados del norte.                       

En el Ecuador, por citar un ejemplo, Conecel (Claro) del multimillonario Carlos Slim, fue multada en dos oportunidades por la SCPM, y por defender el interés de la ciudadanía con tales multas, el Superintendente de aquel entonces, Pedro Páez, enfrentó un juicio penal interpuesto por la multinacional, que a la final no prosperó, ya que hubiera sido un despropósito, por decirlo menos. Pero en materia de Competencia, este y otros casos sancionados por la SCPM son apelados por los operadores económicos ante la justicia de lo contencioso-administrativo, cuyos jueces carecen de conocimiento especializado en materia jurídica de competencia, pero no se descarta que con el poder económico que detentan las grandes empresas capturen los fallos de los administradores de justicia.

El poder monopólico y oligopólico en el Ecuador y en el mundo, en esa disputa de los mercados, busca eliminar o restringir la competencia ¿Imaginémonos si una entidad de control es presidido por una autoridad que es puesto por determinado grupo económico? Tal como está la correlación de fuerzas en el Gobierno del Presidente Moreno, es probable que las raíces de quien encabece la nueva terna nuevamente provenga o responda a esos sectores poderosos minoritarios que bien podría utilizar los recursos que le son atribuidos por Ley a la máxima autoridad de Competencia como el inicio de investigaciones, revisar y abrir casos que ya han sido cerrados (recurso extraordinario de revisión), resolver en última instancia los casos que son investigados por las Intendencias de la SCPM. Una Memoria de la Superintendencia 2012-2017 señaló que hasta julio 2017 se mantienen 153 expedientes abiertos que por razones de investigación y de mantener la reserva no pueden ser conocidos pero que nos proporciona una idea del trabajo que está por resolverse en la administración del próximo Superintendente.    

El CPCCST tiene en sus manos el fortalecer o quebrantar la naciente institucionalidad de Competencia que se ha logrado forjar en estos pocos años de funcionamiento en un país con mercados de estructuras monopólicos y oligopólicos que históricamente ha ejercido el poder económico que ha devenido en poder político. Si realmente el Consejo es respetuoso del derecho de participación de la ciudadanía debería pedir al Ejecutivo contar con un cuadro que garantice esa participación con el que ciudadanía también se sienta representada. Profundizar el trabajo en el ámbito de la promoción de la competencia y prevenir prácticas anticompetitivas abusivas sobre la base de la participación de la ciudadanía debe ser parte de la agenda del nuevo Superintendente.  

En ese propósito, el CPCCS debe ponderar las iniciativas desplegadas en la administración del Ex Superintendente Páez, tales como los manuales de buenas prácticas en los diferentes sectores económicos. Resalto, por su impacto, el Manual de Supermercados, el cual permitió que los sectores productivos de mediana y pequeña escala y de la economía popular y solidaria, coloquen sus productos en las perchas de las grandes cadenas de supermercados -cuyos dueños son parte de los grupos económicos del país- por un valor equivalente a USD 1.230 millones (hasta junio de 2017). Este Manual, aunque posteriormente se modificó, sigue vigente en la Resolución 014, expedido por la Junta de Regulación de Control del Poder de Mercado  (http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/12/Res...), que tal como está integrada sus miembros se han empeñado en recoger las propuestas de bajar  a menos del 20% de la compra total de estos supermercados que actualmente tienen que hacerlo a las medianas y pequeñas estructuras productivas. De dar paso a aquello se favorecería a las importaciones y por tanto la salida de divisas seguramente hacia paraísos fiscales, con lo cual se compromete más aún la vigencia de la dolarización.  Por la importancia de esta Resolución que lamentablemente no ha sido adecuadamente valorada y defendida por sectores progresistas, amenaza con desaparecer y con ello regresar a las viejas prácticas de dependencia económica como las de no pagar a tiempo a los proveedores pequeños y medianos cuya liquidez es fundamental para su permanencia en los mercados.

El trabajo de promoción de la competencia debe profundizarse para que nuevos productores puedan ofertar sus productos en los mercados mediante la puesta en marcha de asambleas y ferias productivas a lo largo y ancho del territorio nacional. El impulso de la vocación productiva que propicie la creación de nuevos mercados transparentes y eficientes en cada uno de los territorios debe ser fortalecida por el nuevo Superintendente, de ahí se desprende toda una agenda productiva desde lo local a lo nacional que tampoco ha sido valorada por los ministros del área productiva del Gobierno del Presidente Moreno. Sus apuestas se han concentrado en la Ley de Fomento Productivo (Trole 3) que en lo esencial pone en mayor desventaja y prepara las condiciones para conductas desleales a los operadores económicos que no han cumplido sus obligaciones con el Estado, en relación con aquellos que si cumplieron oportunamente.        

La SCPM es necesaria y un Superintendente comprometido con el interés público dispuesto a detener los abusos de los monopolios es fundamental, más todavía bajo las lógicas e intereses que se encubren en el libre mercado, aperturismo comercial y acuerdos bilaterales de inversión, en los que insisten la mayoría de ministros de Moreno, y esto por el solo hecho de que ellos puedan gobernar y le garanticen a la ciudadanía el funcionamiento de los mercados y no sea el interés especulativo de determinados grupos empresariales el que prevalezca y potencialmente termine con la propia estabilidad del Gobierno.

Tal como se podría afirmar el tema de regular y controlar el poder monopólico debe ser motivo de agenda de las organizaciones sociales y de los actores que integran el tejido productivo de pequeña y mediana escala, que en lo concreto y en la cotidianidad significa disputar los espacios del mercado y oportunidades de desarrollo que brinda la normativa en materia de Competencia. Esos son los temas de agenda, que actualmente son ínfimos frente a la búsqueda de cuotas de poder en los que siguen empeñados “dirigentes progresistas”, despistados algunos y otros deliberadamente inconsecuentes.           

Estos y otros temas son los que están en juego y que el CPCCST, con la designación del nuevo Superintendente, será directamente responsable.

Fredy Trujillo Q.

Analista independiente