El gobierno de Sebastián Piñera viola los derechos humanos y debe asumir la responsabilidad política por privilegiar una agenda de contención represiva de movilizaciones sociales que no contribuye a la profundización de la democracia. De manera recurrente Piñera reduce las demandas de más de 4 millones de manifestantes a una narración de una ola de violencia criminal organizada por un enemigo poderoso para permanecer sordo ante las demandas sociales. Con ello instala la inestabilidad y la crisis económica al desconocer un nuevo contexto marcado por la irrupción del actor político social y la necesidad de profundizar la democracia con mayor participación social.

El mensaje del presidente chileno Sebastián Piñera para justificar su ausencia en la COP25 tiene el mérito de resumir su gestión ante movilizaciones sociales que concitan más de 4 millones de chilenas y chilenos en la calle, de acuerdo al director de Carabineros Mario Rozas en el Congreso. Por un lado, Chile vive “una ola de violencia criminal” que enfrenta “con los instrumentos de la democracia y el Estado de Derecho”. Por otro, enfrenta “una gran y legítima demanda por justicia social” con “una poderosa agenda social” y con la búsqueda de un nuevo pacto social “con acuerdos para una nueva Constitución”.

El desplome de Piñera en las encuestas a 10% de aprobación en Cadem y 8.8% en Activa Research, indican que hasta su propia base de apoyo derechista rechaza su gestión. Revelan paradojalmente un vasto consenso en que la población desaprueba y no cree en la retórica del presidente: La Agenda Social dista mucho de responder a las reivindicaciones y el Acuerdo de Paz y una Nueva Constitución, no canaliza institucionalmente la movilización social, por la desconfianza acumulada en la letra chica de otras promesas de estos treinta años.  

Luego del fracaso de sus promesas de “tiempos mejores”, incapaz de renunciar a sus privilegios, el gobierno promueve el atávico temor liberal a las clases peligrosas, más propio delsiglo XIX. Su discurso de orden y seguridad, resucita discursos de la Doctrina de Seguridad Nacional como el del General de Carabineros Enrique Bassaletti, a cargo de la zona este de Santiago, quien comparó, comparó uso de escopetas de Carabineros con la quimioterapia: «Se matan células buenas y células malas«.

Human Rights Watch (HRW), constató graves violaciones de los DDH. Amnistía Internacional (AI) reveló que el objetivo de la represión es desincentivar y amedrentar la protesta legítima apuntando a la responsabilidad política del gobierno. Tanto las delegaciones de la Corte interamericana de DDHH (CIDH) como la delegación la Alta Comisionada de los DDHH, adelantan que los antecedentes reunidos por el Instituto Nacional de DDHH (INDH), la Defensoría de la Niñez, la Comisión Chilena de DDHH, atestan de pruebas irrefutables de violaciones sistemáticas de los DDHH. Ellos incluyen asesinatos a manos de agentes del Estado, daños oculares permanentes por uso sin protocolo y sin control de la composición de balines.

Creemos que los crímenes de lesa humanidad de agentes estatales desde el 18 de octubre no son hechos aislados. Se inscriben históricamente en la deuda de justicia del Estado; en la criminalización de la protesta y la represión de los pueblos originarios; en la negativa a políticas públicas que respeten derechos sociales y políticos y; la necesidad de recuperar la dignidad y la ciudadanía y; en una impunidad que ha favorecido la arrogancia, los abusos y la corrupción.

La responsabilidad política del gobierno Piñera en las violaciones de DDHH, se ha traducido en querellas y acusaciones constitucionales. La calle, principal escenario de esas violaciones, persiste en exigir la renuncia de un presidente cada vez más aislado en su laberinto represivo. Sin embargo, el carácter monarquista de la Constitución heredada de la dictadura, hace que tan sólo el considerar la renuncia o destitución del presidente, infunda temor a importantes sectores de la clase política. Con ello abandonan el normal rol que les compete a los partidos de oposición en democracia.

Por lo pronto, el gobierno Piñera se revela incapaz de abandonar los privilegios e injusticias sociales, consecuencia directa de un modelo económico. A pesar de que es contra ello que se rebeló la población. Además, la clase política no consigue canalizar institucionalmente el descontento por el carácter confuso, largo y la letra chica del proceso de Nueva Constitución.

Hasta ahora ha fracasado la represión como mecanismo de contención del movimiento social. Y es que se trata de la rebelión: “de quienes lidiaban en silencio con esa normalidad abusiva que explotó el 18 de octubre y a la que no se quiere volver”. La profundización de la represión, prevista explícitamente en el discurso presidencial, permite presagiar nuevas violaciones de DDHH. Las medidas de profundización de la agenda de orden y seguridad increpan las instancias de defensa de los DDHH y la solidaridad internacional.

Lo indudable es que irrumpió un sujeto social que, con sus demandas y su persistencia a pesar de la represión, se transforma en actor político. Se cierran así, bruscamente, los treinta años de ensayo de gobernabilidad de una clase política distanciada de una sociedad concebida como compuesta de meros consumidores. No es la primera vez que irrumpe el pueblo contra la élite en la historia de Chile. Se creía que un “pueblo” que dice basta, ya pertenecía al pasado.

Veamos en detalle los argumentos de estas aseveraciones.

Organismos internacionales constatan violaciones de los DDHH

Ante las movilizaciones sociales de octubre, el Gobierno Piñera profundizó la pendiente represiva de criminalización de la protesta, con el Comando Jungla y el asesinato de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018. Una crisis que reveló el carácter sistémico de la crisis de Carabineros y la responsabilidad del gobierno Piñera. Desde octubre, en lugar de responder a demandas sociales, y a pesar de pruebas irrefutables, mantiene un discurso que amalgama delincuentes y manifestantes para justificar la represión. Exige ahora al Congreso que apruebe leyes que criminalizan la protesta. Narración que corresponde a las de nostálgicos de la derecha pinochetista que plantean que no es el momento de los DDHH sino que del control de la violencia.

Los organismos internacionales confirman que el Gobierno de Sebastián Piñera viola los derechos humanos. El director de Human Rights Watch (HRW), afirmó: “No cabe duda que en Chile se han violado los DDHH”. En su informe de HRW afirma que agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y cometieron graves abusos en detención, constatando “graves violaciones de los DDHH en Chile”. HRW recomienda una urgente reforma de Carabineros.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) además de recomendar también, una reforma de Carabineros, develó la existencia de una política deliberada de fuerzas de orden y militares, que busca causar daño a manifestantes, para “desincentivar la protesta, llegando al extremo de utilizas la tortura y violencia sexual”. Puso en cuestión el rol del presidente y las autoridades a su cargo, al constatar que en lugar de tomar medidas para evitar las violaciones de DDHH, el gobierno Piñera ha “sostenido su política de castigo durante más de un mes”.

Todo indica que la Causa está entendida. Paulo Abrao de la (CIDH) que debe entregar un informe en los próximos días, ya señaló el 20 de noviembre que no “no hay duda de que se han cometido violaciones de DDHH durante manifestaciones en Chile”. Hasta la Alta Comisionada de DDHH de la ONU., la ex presidenta Michelle Bachelet, ya adelantó que el informe de la ONU establecerá que los protocolos no han sido seguidos.

Protestas, memoria histórica y deudas del Estado

Las violaciones de DDH cometidas por el gobierno de Sebastián Piñera  contra las manifestaciones ciudadanas, pusieron de actualidad el tema de la deuda de justicia de la democracia establecida en 1990 y como ella ha acompañado temas de impunidad, de criminalización de la protesta, de abusos y corrupción.

La consigna que “no son 30 pesos, son treinta años”, de acumulación de abusos que encendieron las manifestaciones en el discurso de los manifestantes permiten ver que el gobierno Piñera exacerbó la criminalización de la protesta. Una práctica estatal recurrente frente a la movilización social.

Con la presencia masiva de la bandera Mapuche la Wenufoye los manifestantes recuerdan los abusos contra las naciones indígenas y los 15 Mapuches asesinados en democracia, particularmente el asesinato del comunero Camilo Catrillanca. Un crimen del que el Gobierno Piñera eludió toda responsabilidad política. Una impunidad inaceptable porque la instalación del comando jungla en la Araucanía fue parte de una publicitada política gubernamental.

Un llamado al respeto de derechos económicos y sociales a una pensión justa, a un salario justo, a una educación sin lucro, a una salud accesible, a una Nueva Constitución solidaria, entre otros. Todo ello converge en exigir el fin de los abusos y las desigualdades sociales engendradas por políticas neoliberales y se traduce en bautizar simbólicamente la Plaza Italia como la Plaza de la Dignidad, como otros pueblos que han dicho basta! Se apropian el espacio público.

La memoria histórica de la deuda por violaciones de DDHH se concretizó en las canciones de Víctor Jara. Las pancartas y gestos, desvelan la protesta contra la impunidad de los responsables militares y civiles de los crímenes de la dictadura y el fin del miedo. Una impunidad que fue la cara vergonzosa del retorno a gobiernos civiles en 1990, que acompaña hasta hoy la democracia restringida chilena. La corrupción en Carabineros y otras instituciones estatales están ligadas a esa impunidad en materia de violaciones de DDHH. Varios observadores de todo tipo, afirman que ello explica la desconfianza hacia el gobierno Piñera y la clase política.

No son percepciones: El 25 de noviembre, el Juez de garantía, Daniel Urrutia, confirmó ante la Comisión de DDHH del Congreso que “el Estado de Chile viola los DDHH permanentemente”. Por su parte, la ex subsecretaria de DD.HH, Lorena Fríes, afirma que los abusos sexuales de Carabineros contra mujeres y niñas detenidas, denunciadas por HRW, son “una práctica generalizada en el tiempo”. No son nuevas. Estima que el “actual comportamiento de la fuerza de orden se debe en gran medida a que la sociedad y el Estado no condenó como debió ser crímenes similares cometidos en dictadura”. Además, Sergio Micco director del INDH y el abogado experto penal Juan Pablo Mañalich abundan en el mismo sentido.

Es así como, considerando el subregistro de las violaciones de DDHH que perpetran agentes del Estado en Chile, abogados y varias organizaciones crearon el Foro No+ /por Justicia, Verdad y Dignidad. Se trata de una comisión ciudadana y jurídica para sistematizar y resguardar denuncias e investigaciones de abuso policial desde el 18 de octubre. Ella incluye entre otros al Colegio de Periodistas, el Colegio Médico, Colegio de Antropólogos.

Record Mundial de Víctimas de Balines

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) había presentado al 25 de noviembre 499 querellas judiciales. Entre ellas seis por homicidios; siete por homicidio frustrado; setenta y nueve por violencia sexual (79); trescientas sesenta y nueve por torturas (369). Por su parte, el informe de la Defensoría de la Niñez, denunció 327 casos de menores: entre ellos 11 por heridas de bala, 43 por perdigones y 5 por traumatismo ocular. La Comisión Chilena de los DDHH exige, por su parte “aclarar y sancionar” las violaciones cometidas por agentes del Estado.

Por lo pronto el gobierno rechaza cualquier responsabilidad política en violaciones de DD.HH. como las formuladas por AI. Las FF.AA., Carabineros y hasta la PDI abundaron en el mismo sentido. El Gobierno afirmó lamentar las violaciones de DDHH denunciadas por HRW, atribuyéndolas a casos individuales.

Sin embargo, es negar la evidencia. En sólo cuatro semanas de represión de la revuelta popular, Carabineros se ubicó como fuerza estatal con record mundial de 287 casos de manifestantes con lesiones oculares por balines antidisturbios o bombas lacrimógenas. Violaciones de DDH que resultan de que las fuerzas de orden no respetaron sistemáticamente los protocolos, y las usaron para hacer el máximo daño (CIPER).

Es así como el joven de 21 años, Gustavo Gatica estudiante de Universidad Academia de Humanismo Cristiano, quedó completamente ciego por balines disparados a sus ojos el 8 de noviembre en la Plaza de la Dignidad. A más de un mes de iniciadas las protestas, el 25 de noviembre, Fabiola Campillay, trabajadora de la empresa Carozzii, quedó ciega por una bomba lacrimógena lanzada directamente a su rostro.

Es inadmisible que dos personas queden ciegos por acción de carabineros de acuerdo al director del INDH. Además, los análisis de la U. de Chile y de la U. Austral confirmaron que la composición de los balines no respetaban las normas: contenían solo 20% de goma y 80% de metales varios. También, que eso ocurra, pese a las repetidas advertencias del Colegio Médico, del PRAIS, y otras instituciones, de los terribles daños oculares y en el cuerpo de los manifestantes heridos, provocados por los balines.

El Gobierno Piñera y los Carabineros demoraron hasta el 19 de noviembre en reaccionar. Sin embargo, el 23 de noviembre, la Cruz Roja constataba que ellos siguen recibiendo heridos por balines. La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la medida adoptada por carabineros dejando sin efecto un recurso judicial que prohibía el uso de balines en toda circunstancia.

Acusación constitucional contra Chadwick: ¿Piñera es el próximo?

Diversos sectores buscan terminar con las violaciones de DDHH de los manifestantes. Por un lado, abogados de la Defensoría Popular, del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y de la Cooperativa Jurídica presentaron una querella contra el Presidente Sebastián Piñera, y quienes resulten responsables por crímenes de lesa humanidad. Querella acogida (CNN) por el 7o juzgado de garantía. La fiscalía de Valparaíso ya citó varios testigos (Ciper).

Recordemos además, que las masivas manifestaciones incluyen la renuncia de Piñera, del jefe de Carabineros y de ministros de su gobierno. Ellas vienen de la calle, del sector sindical, de DDHH, de organizaciones de mujeres; de Mesas Sociales y; de grupos ecologistas, entre otros.

Por otro lado, diputados de algunos partidos de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio presentaron un texto de 110 páginas que sustenta una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera por violación de los DDHH establecidos en la Constitución que prometió respetar. Ya se creó una comisión parlamentaria. Es difícil que la acusación reúna los 2/3 en el Senado, pero ella es un imperativo ético, porque “no es posible que continúe “la impunidad política, moral y social” de acuerdo a Carmen Hertz.

Las acusaciones judiciales, políticas y sociales, incluyen la referencia a casos que confirman las violaciones de DDHH, aumentando la presión sobre los compromisos del Estado en la materia. Ellas cuestionan profundamente la gestión de la crisis social por el presidente Sebastián Piñera y su gobierno.

Además, y no es tema menor, la Cámara de diputados aprobó finalmente, el 28 de noviembre, la Acusación Constitucional contra el ex ministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick por no haber detenido la “sistemática violación de los derechos humanos durante el Estado de Emergencia”. El Senado deberá ahora decidir.

El abogado defensor de Chadwick, afirmó que su cliente no es el único responsable político: “Acusan a mi defendido como si él fuera el que preside el gobierno”. Y es que hay argumentos para señalar que la acusación constitucional contra Chadwick abre efectivamente un flanco difícil para Piñera. Deja manifiesto la responsabilidad política del gobierno en violaciones de DDHH.

La cercanía de Piñera con su ex Ministro del Interior, sacrificado en un cambio de gabinete, cuestionan el rol del presidente; sus declaraciones de apoyo a las fuerzas de orden a pesar de las pruebas y advertencias de violaciones de DDHH cometidas por Carabineros y militares bajo el estado de emergencia que decretó Piñera. Sobre todo porque el alejamiento de Chadwick no terminó con las violaciones de DDHH.

El gobierno Piñera insiste en la represión

A pesar del fracaso de su gobierno en contener la movilización social mediante la represión, el objetivo principal del gobierno de Piñera sigue siendo el de contener, a como dé lugar, el movimiento social, sin ceder a sus reivindicaciones. Mientras la Mesa de Unidad Social y hasta el Jefe de RN, Mario Desbordes, reiteran que la solución a la crisis pasa por escuchar la ciudadanía y solucionar las demandas sociales.

En lugar de ello, Piñera insiste en el discurso del enemigo interno poderoso. No ha seguido las tímidas recomendaciones de meter “la mano al bolsillo y que duela” desde el Alfonso Swett de la CPC. Hasta el empresario Andrónico Luksic, que pidió acelerar las reformas. Todo ello como mecanismo más inteligente de contención social en su propio sector.

El Jefe de RN, Mario Desbordes teme que “Si no somos capaces de reformas profunda, esto va a ser peor”. Reconoce que “es muy difícil que un gobierno se sostenga con 4 millones de personas en las calles”. Y es que el jefe de Carabineros, Mario Rozas, ante la Comisión revisora de la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, reconoció que las protestas han movilizado cerca de 4,2 millones de personas y que sólo el 20% de las protestas terminan en actos de violencia.

El presidente Sebastián Piñera, con apenas 10% de aprobación (Cadem), aparece perdido en su laberinto, como un “presidente inútil”. Sin pretensión de satisfacer las demandas sociales de la calle, Piñera se encierra en una lógica represiva. Lo que vaticina que el resto de su gobierno estará marcado por la inestabilidad y crecientes violaciones de los DDHH, si es que sobrevive a la situación de creciente ingobernabilidad.

La narración alienígena es recurrente. Insistió nuevamente el 28 de noviembre, en la graduación anticipada de 260 funcionarios de la PDI, 40 días después del estallido social en que: “Estamos enfrentando un enemigo poderoso, implacable, y tenemos derecho a defendernos de él”. Apuntando claramente a la represión de las manifestaciones sociales.

Ante el fracaso del Acuerdo de Paz y de Nueva Constitución en canalizar las movilizaciones, Piñera intenta involucrar al congreso para su agenda represiva que llama de Pacificación. Su Pacto Por la Paz, la Democracia y Contra la Violencia, busca fortalecer el aparato represivo con siete proyectos de ley, cinco de los cuales ya formaban parte de su agenda de orden antes de las manifestaciones. Entre ellos la modernización de las policías, del sistema de inteligencia, la ley antiencapuchados, la ley antisaquesos y antibarricadas.

A ello se agregan dos nuevos proyectos. Por un lado, el estatuto de protección de las policías. Por otro, un proyecto de ley que permitiría eximiría responsabilidades a militares por violaciones a DDHH a los miembros de las FFAA resguarden infraestructura crítica, sin decretar el estado de emergencia. Un polémico proyecto de amnistía que no define claramente que se entiende por infraestructura crítica. Además, es un proyecto que requiere cambiar la Constitución al agregar un rol de orden público para los militares. Se requiere cambiar, Capítulo XI de la Constitución Política (reservado a las FFAA y de Orden) y el artículo 101, inciso segundo, que establece que las únicas instituciones encargadas del resguardo de la seguridad pública son Carabineros y la PDI. Se trata de una reforma que requiere un quórum calificado de los 2/3. El proyecto en trámite ha sido rechazado por organizaciones sociales, por senadores y por el presidente de la Cámara de Diputados. Sería anticonstitucional porque amplía atribuciones de las FFAA.

Pero, la iniciativa divide la oposición. Una parte de ella coincide en la lógica represiva del llamado narcolumpen responsable de la violencia. Algunos hablan de que Chile va a convertirse en un estado Fallido y que es válido defender la democracia contra los narcos y los anarcos. El senador Miguel Insulza, y un sector del PS sostiene que “la violencia está llegando a su punto límite” y que la democracia está en peligro. Paradojalmente, ello apunta al fracaso del programa de orden prometido por Piñera en la campaña presidencial.

Piñera sigue metiendo en el mismo saco, los vándalos y manifestantes, pese a que Mario Rozas ya reconoció que el 80% de las protestas son pacíficas y que se afirma que Carabineros no concentra sus intervenciones en los saqueos y otros gestos delictuales.

¡Piñera no ha escuchado la demanda social!

En lugar de responder a demandas sociales urgentes Piñera sigue centrando su propuesta de restablecimiento del orden y la seguridad bajo una narración que amalgama delincuentes y manifestantes. La “poderosa” agenda social de Piñera, no responde a las demandas sociales que exigen terminar con las AFP, aumentar el sueldo mínimo a 500 mil pesos, de condonación del CAE y mejor calidad de la educación, de mejor atención médica y medicamentos, más baratos, Nueva Constitución con participación popular entre otras.

Es así como, el presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, luego del encuentro con el ministro del interior Gonzalo Blumel afirmó: “va a haber paz social en la medida en que haya justicia social, eso es lo que se necesita como tarea inmediata.”.

Nada indica que el gobierno privilegie la respuesta a las demandas sociales. Está el ejemplo de la Ley de Presupuesto para el 2020. Ese presupuesto aumentó el gasto público del 3% del ex ministro Larraín, antes de las protestas a; apenas un 4.5% por el actual ministro de Hacienda Ignacio Briones. El Ministro Briones afirmó que “Tirar la casa por la ventana en materia fiscal” no detendrá a los violentistas.

Por ello las medidas son limitadas. La más significativa es el aumento de la pensión solidaria para quienes no tienen sistema previsional: Los mayores de 80 años en 50% (de 110 a 165 mil pesos), para los de 75 a 79 años en 30% y el resto de los pensionados en 25%. El gobierno abandonó su criticado proyecto de reforma de las AFP por lo que este se mantiene tal cual.

Además, aunque repuso la promesa de condonar las multas e intereses al Crédito con aval del Estado (CAE), se posterga a una mesa técnica, el estudio del financiamiento de la educación superior y los mecanismos para un aumento del per cápita de salud. Las otras medidas menores, tampoco responden a las exigencias del movimiento social, en las calles desde hace seis semanas. Las concesiones son de bajo coste. No hay respuesta al pliego presentado por los trabajadores el 5 de noviembre.

A pesar de la sordera aguda del gobierno y la pusilanimidad de la oposición, el gobierno y el Congreso están acosados por primera vez en treinta años. La calle echó por tierra la modernización neoliberal de la Moneda: Desde las reducciones de impuestos para los más ricos; hasta postergar sine die, la aprobación del TPP11; pasando por medidas que buscaban favorecer el crecimiento económico, y seguir con las desigualdades sociales.

El Acuerdo de Paz y Nueva Constitución, concluido por gran parte de la clase política; de Evopoli hasta Revolución Democrática; respondió del interior del marco institucional actual, a la demanda de transformación del sistema político, de modelo económico y social de los manifestantes.

Pero, a pesar de que la Nueva Constitución es una reivindicación sentida, al no incorporar mecanismos de participación popular, es percibida como otra promesa que no fructificará. Como una promesa de una clase política autorreferente con mucha letra chica. En ese marco, en lugar de asumir un rol de oposición y canalizar la respuesta a las demandas sociales, la oposición aparece cargando en sus espaldas la sobrevida del gobierno y sus políticas públicas neoliberales.

La persistencia por 50 días de movilizaciones sociales, a pesar de una feroz represión que se traduce en flagrantes violaciones de los DDHH, ha creado un nuevo contexto. Un contexto marcado por la irrupción en la escena política de un sujeto social, ausente durante 30 años. No es la primera vez que en la historia de Chile, irrumpe el pueblo contra la élite. Pero se creía que ello pertenecía a un pasado superado por la modernidad. El “pueblo” que sigue diciendo basta es “de quienes lidiaban en silencio con esa normalidad abusiva que explotó el 18 de octubre y a la que no se quiere volver”.

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