La última y quizás definitiva crisis humanitaria que vive el pueblo Rohingyas, está próxima a cumplir dos años. Fue en agosto de 2017, cuando el ejército birmano también conocido como Tatmadaw lanzó las operaciones de exterminio en la provincia de Rakhine, lugar de residencia de lo que hasta entonces era una minoría birmana de cerca de un millón trecientos mil miembros y hoy se redujo a cerca unos 200 mil.

La etnia de los rohingyas, musulmanes sunitas, se ha visto obligada a abandonar sus aldeas y a refugiarse en Bangladesh, dejando atrás una larga historia de persecución religiosa. En las operaciones de agosto de 2017, el ejército incendió 350 de sus aldeas y asesinó aproximadamente a 70 mil personas, con casos emblemáticos como la matanza de la aldea de Tula Toli, donde fueron asesinados cerca de 800 personas por una fuerza compuesta por miembros del Tatmadaw, hombres de la Policía de la Guardia Fronteriza y fundamentalistas pertenecientes a diferentes sectas budistas.

Muchas de las matanzas se producen después de largas sesiones de torturas. Existen denuncias de que las tropas birmanas incineraron muchos de esos cuerpos al tiempo que niños fueron lanzados a las llamas frente a la mirada de sus madres. También existen denuncias de violaciones masivas por parte de los soldados, que, tras consumar el hecho, en muchos casos también ejecutan a sus víctimas. Desde entonces, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, torturas, trato inhumano, arrestos y detenciones arbitrarias, deportaciones y transferencias forzadas a lugares remotos dentro del país, han sido las tácticas de esta guerra que el ejército birmano libra contra la minoría rohingyas. Solo en Rakhine existen 23 campos de detención de rohingyas donde se hacinan unos 130 mil y que son tipificados por el gobierno de Myanmar como “campamentos de tránsito”. Allí las personas viven bajo condiciones físicas y sicológicas extremas, con rígidas restricciones de movimiento y controladas en todas sus actividades.

Aunque este estado de situación, no tiene apenas dos años, sino que se viene desde mediados de la década de los setenta. Para 1982, la junta militar que gobernaba Birmania le quitó la ciudadanía a la comunidad y prácticamente los redujo a la condición de parias, sin derechos civiles y escasas posibilidades económicas.

Desde entonces, en diferentes momentos, los gobiernos birmanos ejecutaron acciones que fueron obligando a los rohingyas a abandonar su país. Ya para 2008 se registraban en India unos 40 mil refugiados y en Bangladesh 200 mil, cifras que se incrementaron tras una ola persecutoria en 2014, aunque no alcanzó la magnitud de la de 2017.

Con más de millón de rohingyas que debieron huir desde 2017, la situación en los países que les han dado acogida se ha tornado extremadamente crítica y su futuro se ha vuelto tan sombrío como en su propio país. Tanto en India como en Bangladesh las posibilidades de que miles de refugiados rohingyas deban volver a Birmania son cada vez más posibles.

Desde la asunción Narendra Modi como Primer Ministro de la India, en 2014, junto al Bharatiya Janata Party (BJP o Partido Popular Indio), de clara inspiración nazi, las políticas contra la comunidad musulmana india, compuesta por unos 180 millones de personas, se han vuelto extremadamente agresivas y mucho más contra los rohingyas, confinados en los campos de refugiados en Shaheen Bagh y Kalindi Kunj cercanos a Nueva Delhi.

Las autoridades indias están obligando a los rohingyas a rellenar lo que se conoce como “formularios de verificación”, que son muy similares a los que las autoridades birmanas distribuyeron en las aldeas rohingyas poco tiempo antes de que comiencen las operaciones para expulsarlos del país. Entre los requerimientos de estos formularios se les solicita detalles de los familiares que todavía se encuentran en Birmania, lo que hace temer a los refugiados que estos datos sean compartidos con el gobierno genocida de la premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, el poder en la sombra de Birmania.

El gobierno de Modi inicia también una campaña de detenciones que ponen los a las puertas de un proceso de deportación a su país, lo que ha generado un grave estado de inquietud en la población rohingya de Delhi; incluso algunos, por temor de ser enviados compulsivamente a Birmania, prefieren abandonar todo y escapar a Bangladesh, que por otra parte también preparas medidas de contención para evitar la llegada de los rohingyas provenientes de India.

Diferentes funcionaros de Modi, calificaron a los rohingyas como amenaza para la seguridad nacional negándoles el estatuto de refugiados. En septiembre de 2018, Amit Shah, el presidente nacional del gobernante BJP, se refirió a los rohingyas como “infiltrados ilegales” y había advertido que el gobierno “no permitirá que la India se convierta en un refugio seguro para ellos”.

Mientras se producía la oleada represiva de 2017 ordenada por el gobierno central de Naypyidaw, la capital de Birmana, el gobierno central hindú mandó a las diferentes autoridades estaduales que identificaran y recolectaran los datos biométricos de todos los rohingyas que ya estaba viviendo en India, e incluso a muchos de los 15 mil que por entonces ya estaban registrados como refugiados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para iniciar las deportaciones que tendrían que producirse de manera continua, lo que se verifica desde septiembre de 2018. En esos días, fuerzas de seguridad indias, apostadas en la frontera, usaron gas pimienta y granadas de aturdimiento para impedir que los refugiados rohingyas ingresaran a la India.

Que el mar haga lo suyo

El miedo a que sean repatriados es una sombra que se abate sobre el millón y pico de rohingyas que sobrevive en los diferentes campos refugiados asentados en distrito de Cox's Bazar, en Bangladesh. Las condiciones de vida allí, no son diferentes a los campos de India, ni a los de Birmania. Existe un acuerdo firmado en noviembre de 2017, entre Dhaka y Naypyidaw, para repatriar a los de refugiados en Bangladesh.

Solo en el campo de refugiados de Kutupalong-Balukhali contiene unos 600 mil refugiados, por lo que, según Naciones Unidas, se ha convertido en el más grande y más densamente poblado del mundo. Una verdadera ciudad de chozas improvisadas con chapas, cartones y cañas de bambú, que conforman un laberinto infranqueable para los foráneos. Dada la irregularidad del terreno, un número infinito de escaleras han debido de ser excavadas en los terrenos arenosos, que hasta hace pocos años eran selva cerrada, y ahora provoca constantes derrumbes, agravados en la temporada de los monzones, que a su paso en verano, dejan socavados los terrenos el resto del año. Los refugiados rohingya subsisten luchando con el hambre, las enfermedades y la pobreza extrema, dada la imposibilidad de conseguir trabajo fuera de los campos, pero fundamentalmente con el terror a ser devueltos a Birmania.

El gobierno bangledí ha decidido instalar un nuevo campo de refugiados en la isla sedimentaria de Bhasan Char, que se formó hace veinte años a 30 kilómetros del continente, en el estuario del río Meghna a la que se puede acceder solo por barco tras tres hora de navegación. Por ser asolada de manera constante por inundaciones y ciclones, varios estudios hablan de que las condiciones de Bhasan Char (Isla Flotante), harían impracticable una evacuación de urgencia para los 100 mil refugiados rohingyas que pretenden instalar allí, de producirse algún desastre. Además de que la condición limosa del suelo de la isla no sería apta para generar modos de supervivencia a quienes se instalen en ella. La isla tiene límites extremadamente irregulares ya que las aguas suelen comer ciertas costas, mientras liberan tierras en otros lugares cambiando constantemente de forma y de tamaño, y permanecen inundadas de junio a septiembre. Además, esas aguas son objetivos permanentes de piratas que surcan esas aguas secuestrando pescadores en busca de rescate.

Este plan para reubicar a los rohingyas en Bhasan Char surgió en el 2005, antes de la última ola represiva en Birmania cuando solo había 200 mil refugiados, pero en 2018 ese plan se había convertido en fundamental para el gobierno de la Primer Ministro Sheikh Hasina, por lo que los trabajos ya se han iniciado por parte de la armada de Bangladesh y contratistas privados, entre ellos la empresa china Sinohydro, responsable de la construcción de represa de las Tres Gargantas, sobre el río Yangtsé.

El plan de Bhasan Char es solo una solución artificial más para esconder una de las crisis humanitarias más grandes de este momento, que si no la resuelven los gobiernos la resolverán los monzones y la naturaleza en pocos años más.

-Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC