Según avanza el juicio contra el procés mi percepción de estar ante un Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo va en aumento. Las sesiones nos muestran a un Manuel Marchena inclinado a la parcialidad. De aquella figura supuestamente imparcial de los primeros días de este juicio, cuando toda Europa miraba al tribunal, hemos pasado a un juez que acota el terreno de juego de las defensas para debilitarlas, mientras utiliza la manga ancha para las acusaciones, con el fin de darles más peso. Pasará a la historia de este juicio el rifirafe de Marchena con el abogado de la defensa Alex Sola, quien declinó hacer más preguntas al considerar que se estaban vulnerando el derecho de defensa. “Mucho mejor” fue la asombrosa respuesta de un juez que está para impartir justicia desde la imparcialidad. ¿Por qué será que los zascas de Marchena a las defensas han sido celebrados por la prensa derechista impresa y digital?

Estamos ante un caso de persecución política revestida de formato jurídico, mediante el cual se pretende dar una lección ejemplar en forma de condena penal. Para ello, el tribunal, siguiendo un guión, trata de impedir que se vaya a la raíz del asunto: la violación de los derechos civiles y políticos de los prisioneros políticos y del independentismo. De ahí el intento continuo de controlar las declaraciones de procesados, defensas y testigos para minorizar sus críticas a la naturaleza antidemocrática del juicio.

Ya fue un disparate llevar este juicio al Tribunal Supremo, cuando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 6, recomienda acudir al juez natural. Pero, sin duda, era demasiado riesgo dejar la impartición de justicia a quien pudiera no estar contaminado por posiciones políticas.

No obstante, las acusaciones sobre las que se levanta este juicio, rebelión y sedición, así como las euro órdenes, fueron destrozadas por el tribunal alemán de Schleswig-Holstein, al negar semejantes acusaciones. Igual noticia llegó de Bélgica y de Escocia que pusieron en entredicho al Tribunal Supremo español y más específicamente al juez instructor Pablo Llarena que hizo su trabajo con talante autoritario, jurídicamente inconsistente, siendo particularmente grave sus reiteradas negaciones a la libertad provisional de los procesados y su negativa a que los procesados pudieran ejercer sus derechos de elegir y ser elegidos. Lo cierto es que la aplicación del derecho que se viene haciendo en este juicio no resiste el contraste con Europa, tal y como se ha demostrado.

¿En qué se apoyaban las acusaciones de Pablo Llarena?: en la estimación de que se había producido violencia en la "determinación" de los promotores de la independencia de usar la movilización popular que, en caso de ser contrariada, "podía resultar incontrolable". Estas movilizaciones, agregaba el magistrado, contenían un "violento germen" que amenazaba con "expandirse". ¡Hay que joderse! Al no poderse demostrar con hechos el uso de la violencia de parte de los independentistas, las acusaciones recurren “a lo que podía haber pasado” No es de extrañar que con este grado de rigor, algunos testigos policías cuyas palabras similares sonaban a guión aprendido, se animaran a reconocer que no habiendo sido objeto de violencia por parte de los manifestantes, temieron por su seguridad “por cómo nos miraban con odio”.

Lo cierto es que durante la instrucción, Pablo Llanera se erigió en “supremo” juez y, por momentos de gloria, con su capacidad de influencia sobre la política catalana, pareció erigirse en árbitro político, decidiendo incluso quién podía y quién no ser investido como President de la Generalitat. Pero ocurre con frecuencia que cuanto más alto se asciende más dura será la caída. La retirada de la euro orden, justo cuando Llanera se dio cuenta que en Europa sus tesis eran rechazadas, y que ni la rebelión ni la sedición se abrían camino, por lo que corría el riesgo de verse vergonzosamente enmendado por tribunales independientes de Alemania, Bélgica y Escocia, justo entonces retiró la euro orden. A propósito, el magistrado emérito Martín Pallín, dijo: “Me gustaría que algún día explicara a los españoles porque un juez retira una orden detención. Yo no le he visto en mi vida”. Su chapuza quedó consumada y desde entonces fue difuminándose su figura que definitivamente quedó tragada por el comienzo del juicio.

Todo lo que ocurre en el tratamiento judicial del procés es un disparate. El garantismo ha sido sustituido por el “a por ellos”. Se trata de llegar al objetivo de imponer penas muy altas, cueste lo que cueste, aunque haya que llenar la Plaza de Oriente para condenar a Europa. La idea es que con la unidad de España no se juega, con la democracia sí. Prueba de que las condenas serán duras, es la negativa reiterada a conceder la libertad provisional, lo que es un alarde de crueldad que ni siquiera se ha tenido con los miembros de la manada.

Las acusaciones y las instituciones, políticos y medios de comunicación, alineados en una catalanofobia que corre paralela a una defensa ultra de la unidad de España, niegan como no podía ser de otra forma el carácter de presos políticos de los encarcelados. Queda muy feo y antidemocrático reconocerlos en esta Europa del siglo XXI. Pero su mantra negacionista, a pesar de que influye en buena parte de una opinión pública manipulada y contaminada por el nacionalismo español, no se sostiene. Son presos políticos, con mayúsculas. Lo son porque son perseguidos por un acto político en sede parlamentaria.

Es significativo lo que afirmó el jurista Javier López Royo en Barcelona, al decir en su momento que los consellers del Govern y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son presos políticos no por las propias ideas sino ''por las ideas del fiscal y la jueza'', y cree que el componente político en la decisión judicial muestra que se están escogiendo ''atajos incompatibles'' con el funcionamiento de una sociedad democrática. Algo que está siendo confirmado en el desarrollo de un juicio propio de otros tiempos. Por su parte el magistrado Martín Pallín, afirmó en TV3 que “son presos políticos, evidentemente” y aseguró que el Gobierno Suizo, ha dejado dicho que: “No habrá extradición, porque son delitos políticos”.

Lo cierto es que el juicio al procés es ya un asunto de democracia. Supera con creces la esfera del nacionalismo e incluso del independentismo. Esta es la razón por la que muchísima gente en Catalunya, hasta un 80%, desea que el derecho a decidir sea una realidad, independientemente de lo que se vote. Afecta a la democracia de un modo brutal y perjudicial incluso para los partidarios de la unidad de España, por cuanto marca un territorio en el que la democracia queda vetada e invalidada. Por eso es que no comprendo la posición pasiva del mundo progresista que pasa del tema e incluso acusa a las y los catalanes que pretenden ejercer su libertad. Se les pide que acepten estar atados de buena gana a una España cada día más infumable.

Y en este contexto hemos tenido que escuchar lapidarias frases de voces que tratan de justificar el juicio en el incumplimiento de la ley: “La democracia empieza y acaba en la Ley”. No se puede ser más ignorante, simplista o mal intencionado.