Los medios televisivos del mundo transmiten el mensaje de que el gobierno de Nicolás Maduro ha provocado una crisis humanitaria. La narrativa es que la mala gestión de la economía que acompaña cualquier proyecto socialista conduce al caos. En muy pocas ocasiones se habla de la historia del régimen que comenzó con Hugo Chávez y de la larga lista de intentos para sabotearlo y derribarlo, comenzando con el frustrado golpe militar de 2002, apoyado por el gobierno estadunidense, como revelan muchos estudios bien documentados.

Venezuela tiene hoy las reservas probadas de petróleo más importantes del planeta: más de 300 mil millones de barriles. Es un crudo pesado, caro de extraer y refinar, pero Estados Unidos no le quita la vista de encima a este recurso. Las exportaciones de crudo generan 98 por ciento de las divisas extranjeras utilizadas por esa economía.

Durante años a nadie pareció preocuparle cuál era el destino de la renta petrolera en Venezuela. El monto del gasto social como proporción del PIB promedió 8 por ciento entre 1990-1998. Cuando accedió Chávez al poder, en 1998, el gasto social se incrementó hasta alcanzar 14.7 por ciento del PIB en 2005. Para entonces todas las alarmas en Washington se habían activado. Desde el principio Chávez fue visto como un enemigo peligroso, en especial porque tuvo apoyo popular masivo.

En 2017 el gobierno de Washington impuso una primera serie de sanciones económicas contra Venezuela. El componente más importante consistía en la prohibición de realizar operaciones financieras en el mercado estadunidense. Como resultado, Venezuela no podía emitir bonos en ese mercado y no podía restructurar su deuda externa. La deuda de la empresa estatal petrolera PDVSA estaba siendo renegociada, pero la restructuración se interrumpió. La empresa venezolana Citgo, con más de 5 mil gasolineras en Estados Unidos, fue impedida de remitir sus ganancias a Venezuela. Se cerraron cuentas de instituciones venezolanas en bancos y entidades financieras estadunidenses, y se terminaron las líneas de crédito. La falta de crédito frenó las operaciones de mantenimiento, compra de refacciones e inversiones que se necesitan para mantener la producción. Estas medidas y sus efectos pasaron casi desapercibidas por el gran público, lo que permite transmitir ahora la impresión de que fue la mala gestión económica del gobierno lo que provocó la crisis. En especial, la caída del flujo de divisas impactó la capacidad de comprar medicinas y alimentos, lo que trajo aparejado un fuerte aumento de la inflación.

El castigo más brutal vino en enero de 2019, cuando Washington cerró a Caracas su mercado más importante de petróleo. Estados Unidos compró un promedio de 586 mil barriles de crudo diariamente en 2018, pero para el 15 de marzo de este año esa cifra se redujo a cero. Y Washington presionó a otros países y empresas para que cancelaran sus operaciones con Venezuela o se hicieran acreedores a sanciones adicionales.

En Venezuela la producción de crudo se colapsó, porque no se puede comercializar el producto y porque ese país carece de instalaciones para almacenar este gigantesco inventario. Pero tanto CNN y MSNBC, como el New York Times y el Washington Post, insisten en que la caída de la producción de crudo revela la incompetencia de Maduro y su gobierno.

Debido a las sanciones de enero de 2019 los activos de PDVSA en Estados Unidos fueron incautados. Con el reconocimiento del señor Juan Guaidó como presidente interino, Washington intensificó la presión y tomó el control de los recursos de Citgo en Estados Unidos. Otras ramificaciones incluyen el embargo de recursos venezolanos por el gobierno de Reino Unido y la suspensión de la cuenta de derechos especiales de giro de Caracas por el Fondo Monetario Internacional.

La falta de divisas impide comprar medicinas y muchos artículos de primera necesidad. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), administrada por tres universidades venezolanas, revela que entre 2017 y 2018 hubo un incremento de 31 por ciento en la tasas de mortalidad general. Este es el resultado directo de la guerra económica contra Venezuela.

Una pregunta clave: ¿son legales las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela? La respuesta es negativa. La Carta de la Organización de Estados Americanos prohíbe en sus artículos 19 y 20 la interferencia en los asuntos internos de otro país y la imposición de medidas coercitivas. Las sanciones son también ilegales desde otro punto de vista: la Ley de Emergencias Nacionales de Estados Unidos establece que para imponer sanciones debe haber una emergencia nacional en ese país. Pero nada de lo que ha sucedido en Venezuela entraña una emergencia para Estados Unidos.

Toda guerra está basada en el engaño, dice Sun Tzu en su Arte de la guerra. El objetivo de las sanciones en contra del gobierno de Caracas no es iniciar una negociación. Lo que busca esta guerra es castigar a la población para doblegar al gobierno.

La Jornada, miércoles, 8 de mayo de 2019

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