La quiebra de Lehman Brothers, en 2008, puso de relieve la insuficiencia regulatoria tanto del sistema financiero nacional en EEUU como en el sistema financiero internacional. A 10 años de la crisis, estas deficiencias aún no se han corregido, facilitando que los bancos obtengan ganancias a través de actividades fraudulentas que son multadas pero no criminalizadas. (Tabla 1).

¿Qué motiva a los bancos a operar violentando las leyes y regulaciones existentes? Principalmente la búsqueda de ganancias y la compensación por las pérdidas resultado de la crisis del 2008. Esto ha hecho que los controles internos pasen por alto este tipo de actividades. Las multas representan un monto menor en comparación con las ganancias obtenidas en las operaciones fuera de la ley. Basilea III no mira las grietas en el sistema financiero que representan estas operaciones de inversión de los Bancos Demasiado Grandes para Quebrar (BDGQ). Estamos ante un aparato financiero con algunas instituciones que pueden y otras que no pueden quebrar y hacen lo que quieren.[1]

Las operaciones ilícitas representan para los BDGQ ganancias extraordinarias, sin embrago esto no se aprecia en el precio de sus acciones, en declive desde la crisis del 2008 (Gráfico 1). Aparentemente los BDGQ actúan de manera mafiosa, en colaboración con sus pares, donde el negocio no es otorgar créditos, sino realizar actividades ilegales junto con otros bancos pares con miras de obtener beneficios económicos extraordinarios y luego pagar la multa.[2] (ver tabla 1)

El papel de capo de la mafia de la banca europea está representado por Deutsche Bank que, con 25 multas, continúa acumulando infracciones (Tabla 2). Sólo en 2016, el banco alemán pagó US$ 7,200 millones, después de ser reducida su multa a la mitad,[3] por el que fuera su abogado y que ahora se desempeña como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en el gobierno de Trump. Además, recientemente se le asocia con el fraude de impuestos Cum-Ex en Europa[4] y con lavado de dinero junto con Danske Bank[5], delitos por los que aún no se ha aplicado su respectiva multa y, por tanto, aún no se contempla en la Tabla 2. Muchos menos se contempla una acusación penal.

Incluso Al Capone fue encarcelado por evadir impuestos y cometer fraude, pero ningún funcionario de Deutsche Bank ha sido castigado penalmente. En EEUU se limitan a multar y en Europa, ni siquiera a eso. Ahora que su abogado en Wall Street ha sido nombrado presidente del SEC merecen menos multas.

La crisis financiera de 2008 fue producto de la creación de valores tóxicos operados internacionalmente y respaldados en hipotecas basura, impagas en EEUU. Sin embargo, la impunidad ante este modo de operación muestra que no hay aparato jurídico para castigarlo penalmente, ni voluntad. La crisis del 2008 fue impulsada por decisiones de la dirección de los bancos y por el comportamiento y la supervisión que, con el mantra de ganar-ganar, ignoraron los problemas y abusaron de la confianza de los depositantes e inversionistas.

Los operadores financieros son conocidos como “tomadores de riesgo”; término que abarca desde directores financieros, miembros de la junta ejecutiva, hasta cualquier persona que asuma "riesgos" en nombre de la institución. Su rol en la empresa es compensado con un salario y una bonificación anual. Por ejemplo, el CEO de Credit Suisse, ganó en 2018 US$ 10.26 millones[6] premiado aunque el banco haya registrado una pérdida en 2017 de 983 millones de francos suizos, equivalentes a US$1,005. Por su parte, Christian Sewing CEO de Deutsche Bank, tuvo una compensación para el 2017 de 2.9 millones de euros[7], aunque el banco pagara una multa ese año de casi US$7 mil millones y el precio de sus acciones estén en el piso. Es verdad que con su abogado en el SEC, logró que le rebajaran la multa de US$ 14,000 millones a la mitad en el 2017.

La interrogante es si esta nueva forma de operar rompiendo la ley y pagando multas, es el nuevo normal y si los bancos demasiado grandes para quebrar saben también que son demasiado grandes como para que les pase nada en los tiempos en que el Estado no puede intervenirlos, como debería, sin duda. Aparentemente están por encima del código penal. Mientras tanto el precio de sus acciones es una fracción de lo que fue en el 2008 sin visos de recuperación.

- Oscar Ugarteche, investigador titular Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM SNI/CONACYT, Coordinador del proyecto OBELA (www.obela.org).

Larry Vargas, benemérita Universidad Autónoma de Puebla, proyecto OBELA (www.obela.org).