Piñera encabeza una ofensiva contra la memoria de las violaciones de los DDHH durante la dictadura pinochetista. Su segunda presidencia envalentona la derecha política y aquella enquistada en el Estado que impone una nueva fórmula de impunidad con la liberación de cinco reos condenados por crímenes de lesa humanidad de Punta Peuco. Carlos Margotta, presidente de la Comisión de DDHH, afirma: “El pinochetismo ya no asoma la cabeza, sino el cuerpo entero”. 

La derecha, sin complejos, espera relativizar los crímenes contra la humanidad, por el contexto anterior al golpe. Es el argumento de la creación de un Museo de la Democracia. Francisco Estévez, director del Museo de la Memoria, respondió: “Es la dictadura la que explica lo que sucedió en materia de derechos humanos. Ese es el contexto. No hay otro”.

La ofensiva derechista sigue relativizando la responsabilidad estatal en dar a conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. En la reparación de las víctimas de prisión política y tortura. Ella incluye la profanación de sitios de memoria. Como la del fascista Movimiento Social Patriota, contra el memorial en el centro de tortura, Villa Grimaldi, el Día del Detenido Desaparecido.

La ofensiva interpela la izquierda chilena. Relativiza el “Nunca Más”. Justifica violaciones actuales de los DDHH. Como la ley antiterrorista contra el Pueblo Mapuche, reñido con los compromisos internacionales del Estado chileno. La Guerra de la Araucanía, de Piñera, con tropas entrenadas en Colombia, defiende los intereses pecuniarios de las forestales.

La derrota aplastante de Alejandro Guillier, evidenció el fin definitivo del pacto por la reconciliación nacional, de junio de 1989. La derecha no cumplió. Manuel Guerrero, hijo de uno de los comunistas degollados en 1985, acusó que el gobierno de Bachelet: Tenía “las mayorías para hacer los cambios y no movieron un dedo por lograr justicia”. ¿Cuáles perspectivas?

Impunidad para los criminales

Piñera fijó el tono de una ofensiva que busca consolidar la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Por primera vez desde 1990, un presidente de Chile, contradijo el Derecho Internacional indultando un condenado por crímenes de lesa humanidad. Crímenes imprescriptibles por definición desde el Juicio de Núremberg. Piñera perdonó a René Cardemil, el agente del Estado impenitente. Un reo condenado a diez años por el asesinato de seis inocentes en el caso Torres del San Borja. Entre ellos una mujer argentina con embarazo de seis meses. Que gozó del tratamiento de favor en la cárcel de lujo de Punta Peuco. Un agente del Estado que hasta en su lecho de muerte se enorgulleció de sus crímenes. Percibido como un espaldarazo a la versión pinochetista del golpe de estado de 1973.

Por su parte, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia (ECSJ), otro poder del Estado, embarcó en la estrategia de la impunidad. Un resultado del reemplazo del ministro Milton Juica (casos: Degollados y Operación Albania) por Hugo Dolmetsch, nombrado por Piñera. Es así como la politizada Segunda Sala de la ECSJ, extendió la impunidad, por primera vez desde 1990 (con el subterfugio de la libertad condicional) a cinco agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad que cumplían condena en las cárceles de Colina y Punta Peuco (Una segunda resolución indultó otros dos reos). Una decisión que viola el artículo 53 de la Convención de Viena. No respeta, el cumplimiento cabal de la sanción como reparación de tan grave conducta.

Ante la reacción pública la ECSJ rechazó el amparo del piloto del helicóptero de la siniestra Caravana de la Muerte, por tener procesos abiertos y, devolvió a la Comisión de Libertad Condicional para nuevo estudio el expediente del otro piloto Emilio de la Mahotiere.

Chile y el doble estándar

Esas decisiones contra decisiones expresas de la Corte de apelaciones y de la Comisión de libertad Condicional, contradicen la jurisprudencia de la ECSJ. Además, ninguno de los condenados mostró siquiera señales de arrepentimiento o colaboró con informaciones sobre sus delitos, como se exige de reos de delitos comunes. El abogado Hugo Llanos y Edgardo Riveros, asimilan la libertad condicional a un indulto de facto. Por su parte Carmen Hertz, presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara de diputados (PC), teme que se establece una fórmula de impunidad para crímenes de lesa humanidad. Afirma que es “preocupante que la Corte Suprema otorgue la libertad condicional a criminales que no cumplen los requisitos que las normas exigen.”

Hasta conservadores no pueden desdeñar la contradicción de la resolución con el Estado de Derecho. Es considerar igual, los crímenes de agentes del Estado (crímenes de lesa humanidad) con crímenes de individuos privados. Una desatención de la ECSJ, según el derechista rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Las organizaciones de DDH en Chile condenaron la decisión. La oposición presentó una acusación constitucional en el parlamento. Paradojalmente, algunos temen que vulneraría el Estado de Derecho, una confrontación entre el parlamento y la ECSJ. Como si los conflictos con el Tribunal Constitucional no vulneran ya el Estado de Derecho. Las organizaciones de DDHH exigen que el Congreso apruebe la acusación constitucional como un acto indispensable para frenar la impunidad.

El PS, propone llevar el caso a la Corte Interamericana de DDHH.  El Comité contra la Tortura de la ONU respaldó la denuncia de la AFDD, y pidió que los violadores de DDHH cumplan penas efectivas de cárcel. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los fallos de indulto a los violadores de DD.HH.

Fallas del Estado de Derecho

Creemos, que el tiempo, ha consagrado, por inacción y procrastinación de la clase política una inaceptable denegación de verdad y justicia por el Estado chileno: La omerta de los agentes del estado sobre el paradero de los detenidos políticos desaparecidos.

No fue una decisión del Estado chileno. Fue la decisión de la Corte interamericana de DDHH (Almonacid vs Chile, 2006) la que permitió crear la figura del secuestro calificado. Un nuevo paradigma que permitió condenar algunos agentes del Estado responsables de crímenes de lesa humanidad. Entre los cuales están quienes fueron indultados por la ECSJ.

A ello se agrega el ocultamiento objetivo de los archivos de los crímenes de la dictadura. CIPER denunció en 2015 que los testimonios acreditaban que el ejército tenía archivos con cientos de miles de documentos microfilmados de operaciones secretas de la dictadura: “mientras los negaba una y otra vez”. El New York Times informó en 2017, que el ejército quemó impunemente archivos de microfilme de la DINA y CNI en 2000 en los hornos de Nos.

La cantidad de crímenes impunes alcanza hasta el magnicidio por envenenamiento del ex presidente Eduardo Frei Montalba en 1982. Piñera cometió el oprobio de nombrar como subsecretario de redes asistenciales al Doctor Luis Castillo. Encubridor de la información entregada por uno de sus subordinados cuando era Director de la Red de Salud de la Universidad Católica, sobre el ocultamiento del informe de autopsia que confirmaba el asesinato del Ex presidente Frei Montalba (1964-1980). Como en otros casos, fue la tozudez de un familiar, Carmen Frei, permitió la condena de responsables. Batalló contra la posición de no crear olas del PPDC, e incluso del otro hijo de Frei el ex presidente Frei Ruiz-Tagle (1984-2000).

A diferencia de de otros países que sufrieron dictaduras de seguridad nacional, Chile sigue cargando una deuda de verdad insoslayable.

Reparación en la medida de lo posible