Al parecer, el Imperio vuelve a sus andanzas en lo que hemos denominado –geoestrategia de la desestabilización-. En plena coyuntura electoral, el Departamento de Justicia de los EE.UU anuncia que la empresa Odebrecht entregó sobornos a funcionarios ecuatorianos por 33.5 millones de dólares para verse favorecida en contrataciones públicas durante el período 2007 – 2016, -coincidiendo- con la etapa de gobierno del presidente Correa, cuando es conocido que Odebrecht tiene presencia en Ecuador al menos 30 años y en el caso de los otros países involucrados, ese informe -a diferencia del tratamiento que se le da a Ecuador-, aborda el periodo que va del 2001 al 2016.

El problema de ese anuncio radicó en que el Departamento de Justicia estadounidense lanza la carnada sin condumio, es decir, no da a conocer los nombres de los involucrados, y la pregunta obvia es ¿por qué? Si existiera una auténtica vocación de lucha contra la corrupción y sincera voluntad de cooperación con el Estado ecuatoriano, por qué no dar la información completa con los respectivos sustentos para que las instituciones de control y justicia hagan su trabajo. ¿Por qué no dar a conocer la lista de los implicados y darle un serio golpe a la corrupción, recurriendo para la denuncia a su red amiga de medios que ha creado en Ecuador y que ha utilizado convenientemente en otras ocasiones, en algunos casos desplegando verdaderas campañas de guerra psicológica para alcanzar sus objetivos? ¿En algún momento dará los nombres? ¿O entregará los que le conviene y ocultará otros? En todo caso, es de esperar que los organismos competentes en el Ecuador hagan sus propias investigaciones y descubran a todos los envueltos en esa red de corrupción.

¿Qué busca provocar el Departamento de Justicia de los EE.UU? ¿Desestabilizar el proceso electoral ecuatoriano? ¿Intenta usar esa denuncia como mecanismo de presión geopolítica encaminada a la preservación o imposición de determinados intereses? O simplemente se propone enrarecer la atmosfera electoral para afectar al binomio Moreno-Glas de Alianza PAIS. Hemos visto al alcalde Rodas viajar presuroso a los EE.UU -en algo parecido a un show- dizque a pedir la lista de los implicados en el caso Odebrecht cuando él no es autoridad competente en materia investigativa. Resulta que este funcionario, -que ahora se declara perseguido político y que no fue recibido por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que como era de esperar no se prestaría para una evidente pantomima-, es el principal daño colateral no calculado por el informe estadounidense, ya que él contrató la segunda etapa del Metro-Quito con Odebrecht, único trabajo que esa empresa ejecuta en Ecuador en los actuales momentos, además con la finalidad de enfriar el escándalo, esa empresa ha anunciado que se retira del consorcio que lleva a cabo esa obra, decisión que inevitablemente repercutirá en la construcción del Metro de Quito.

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Mario Ramos

Director del Centro Andino de Estudios Estratégicos