El Fast Track es el procedimiento que le permite al Congreso crear una autopista rápida para hacer correr con mayor velocidad los acuerdos de La Habana en su tránsito de acuerdos de paz a leyes de la república y actos legislativos de reforma constitucional que pongan en vigor los acuerdos de La Habana.

La democracia es una forma de gobierno que se caracteriza, entre otras cosas, por tener claridad en las reglas del juego; por tener la regla de las mayorías como elemento de validación de sus decisiones, respetando los disensos; por estar dotada de un elemento de ponderación como son los pesos y contrapesos como factor de equilibrio de los poderes públicos; y por la implementación y goce de los derechos humanos como el eje central de la actividad pública; e igualmente, por la ostentación del monopolio exclusivo de la fuerza por parte del Estado.

Pero la democracia como forma de gobierno se debe legitimar todos los días en la medida en que permita el goce de las libertades públicas y ciudadanas, y en que el ejercicio de sus políticas públicas sea en favor de los más olvidados; en el marco de un ambiente de paz y concordia en todo el territorio nacional donde se ejerce su soberanía.

De tal manera, que la paz es la condición natural en la cual la democracia despliega todas sus potencialidades que la convierte como la mejor forma de gobierno que otorga el mayor número de satisfacción y felicidad a los asociados.

En tal sentido, el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc el 24 de noviembre de este año, es un documento que ayuda a consolidar la democracia como mejor forma de gobierno; pero debo advertir que si no se convierte ese texto en leyes y en actos legislativos, no dejara de ser simplemente un buen propósito de paz de los colombianos.

De allí, que la decisión tomada por la Corte Constitucional de aprobar como ajustado a la constitución el Fast Track o vía rápida, para darle salida legislativa a lo aprobado en La Habana es de la mayor importancia para consolidar la democracia y la paz en Colombia.

El Fast Track es el procedimiento que le permite al Congreso crear una autopista rápida para hacer correr con mayor velocidad los acuerdos de La Habana en su tránsito de acuerdos de paz a leyes de la república y actos legislativos de reforma constitucional que pongan en vigor los acuerdos de La Habana.

Realmente se llama “Procedimiento Legislativo Especial para la Paz”. Ese mecanismo abrevia los trámites en el Congreso a la mitad y además le da facultades al Presidente para que expida decretos ley en un término de 6 meses, con el fin de aplicar todas las 310 páginas del acuerdo final a la Constitución y leyes del país.

El Fast Track ya fue aprobado el 7 de julio de este año por el Congreso, pero no estaba vigente porque no fue aprobado el plebiscito como refrendación de los acuerdos. Pero ahora, con la refrendación de los acuerdos por parte del constituyente secundario o derivado que es el Congreso de la república, la vía rápida ha tomado su curso; y así lo ha hecho saber la Corte Constitucional en su sabia decisión que avala el Fast Track como el mecanismo ideal para implementar los acuerdos de paz.

La Corte Constitucional con su decisión cerró una discusión que tenía en vilo la terminación de más de 52 años de guerra con las Farc: el visto bueno del Fast Track. Un tema del que dependía la celeridad con la que se tramitarán las leyes y reformas constitucionales que se necesitan para la implementación del acuerdo de paz y el futuro de quienes dejarán las armas en los próximos meses es ya una realidad jurídica y constitucional; realidades que son los hechos jurídicos y constitucionales que honran a una democracia.

Puntualmente, la luz verde que le dio el alto tribunal al Congreso permite dos cosas: acortar el tiempo del trámite y la obligatoriedad de votar en bloque. Es decir, las normas que reformen la Constitución como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), ya no se tramitarían en ocho sino en cuatro debates. Ocurre lo mismo con los proyectos como el de la Ley de Amnistía, que se gestionaría apenas en dos debates.

Para las Farc el tema era vital. Por un lado, porque no podían esperar muchos meses más para tener la amnistía, entonces si esa ley se hubiese tramitado por la vía normal (sin Fast Track), habría tardado meses, y ellos tienen sólo 180 días para dejar las armas. De cara a este nuevo panorama, y con los miembros de la guerrilla ubicados en 26 puntos de preagrupamiento, algunos congresistas esperan que antes de que termine el año la Ley de Amnistía haya terminado su trámite en el capitolio.

Héctor Alonso Moreno Parra

Docente Universidad del Valle

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 525

Semana del 16 de diciembre al 19 de enero de 2017

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