El día 21 de octubre el diario El País de España nos informó que “España ahorra unos 43000 millones (de euros) en dos años por la caída del gas y del petróleo”: la cuenta de España en materia energética se ha reducido a la mitad de lo que le costaba en 2014. España es un importador de petróleo y de gas. El petróleo es una commoditie y su precio se fija en el mercado mundial y si bien no puede decirse lo mismo del gas, no es menos cierto que los productores, aún los de gas no convencional, moderan un precio que – en boca de pozo – no supera los 2,50 dólares el millón de BTU. En la Argentina atravesamos la insólita situación que para el petróleo pagamos un subsidio al barril por encima del precio internacional; y para el gas producido en el país casi 3 veces más que en el promedio de los países productores. Aclaremos “lo que pagamos” es lo que cobran las empresas que producen el gas y el petróleo. Es decir lo que fluye a la caja de los concesionarios.

La cuestión, en Argentina, es que por el combustible pagamos, los usuarios, un precio que está por encima de lo que pagan la mayor parte de los consumidores de los países que producen petróleo y también de algunos de los que lo importan.

Y a pesar de que lo que se paga es muy elevado, igual el fisco le paga un subsidio al barril de petróleo. Y ese subsidio aumenta el gasto público y deriva parte de los impuestos a la caja de las empresas que no han dejado de tener balances positivos.

En referencia al gas, el ministro J.J. Aranguren ha afirmado que el precio en boca de pozo llevado por él mismo a 7 dólares el millón de BTU es el más caro del mundo.

Lo que cobran los productores es ese precio y es independiente de quién lo paga. En el caso del gas las tarifas que se cobran a los usuarios no son suficientes para que los productores perciban 7 dólares el millón de BTU pero lo que falta lo pone el Estado en forma de subsidios.

Otra vez, sea quien sea quien lo paga, los productores argentinos conforman una carga enorme para el Estado o para los consumidores para proveernos de esos recursos esenciales.

¿De qué se trata? ¿Cómo es posible que lo que es ahorro para todo el mundo se convierta en una carga para nosotros?¿Qué estamos haciendo mal?

Es sencillamente escandaloso que esa masa enorme de recursos de 20 mil millones de euros por año que se ahorra en España (y seguramente en todos los países importadores) para el mismo producto se convierta en una carga que impide que el Estado canalice esos fondos, que hoy se aplican a llenar la caja de los petroleros, a transformar vía inversiones la economía del país.

El gas y el petróleo son recursos naturales que están ahí. Las reservas certificadas, por razones que alguna otra vez hemos expuesto en estas páginas, que están subvaluadas, superan 6 años.

Y si bien no representan ni remotamente las que disponíamos antes de las privatizaciones son suficientes como para establecer que los costos de producción deben ser el componente básico del precio que debemos pagar para que la producción. Y ese costo, que es el de la extracción no puede ser demasiado diferente al promedio internacional. Y ese promedio tiene que ver con el costo internacional del petróleo y con los costos locales del gas.

Y en todos los casos lo que pagamos por el gas y el petróleo (sin importar en este caso quien lo hace) es mucho más alto que lo que se paga en el planeta. ¿Por qué hablamos de extracción? Básicamente porque las reservas, desde las privatizaciones, no han aumentado lo que señala muy baja inversión en exploración. Básicamente lo que se produce proviene de exploraciones realizadas en su tiempo por YPF estatal y Gas del Estado. Los privados no han aportado demasiado. Porque no han invertido. Y eso a pesar que el menemismo le otorgó todos los beneficios requeridos por ellos y que el kirchnerismo les prorrogó las concesiones hasta el período en que razonablemente, y sin nuevas exploraciones, se habrán de agotar los pozos.

España ahorra 20 mil millones de euros por año a causa de la disminución de los costos energéticos y en ese marco, nuestros precios de la energía para la producción industrial y agropecuaria son un elemento más que no quita competitividad.

La razón es una sola: la transferencia de recursos del fisco, la producción y los consumidores a favor de un pequeño grupo oligopólico de empresas que ha generado en pocos años y sobre la base de descubrimientos y concesiones públicas, fortunas incalculables. Fortunas súbitas.

Es importante aclarar que esta situación de transferencias a favor de un oligopolio no es una decisión de este gobierno. No es una política PRO. Es una verdadera “política de Estado” que se inicia con Carlos Menem y que ha tenido una continuidad extraordinaria. La inauguraron los más entusiastas neo liberales que gobernaron no sólo con Domingo Cavallo sino con todos los ministros de Menem y que continuaron durante la gestión de

De la Rua y por cierto hicieron el mayor de los desaguisados, y también dieron lugar al mayor de los negocios, durante las gestiones kirchneristas.

Baste recordar que los contratos los prorrogó la administración Kirchner, los subsidios al petróleo los instaló el joven “marxista de Groucho” Axel Kicillof y el precio desopilante de 7 dólares el millón de BTU lo inauguró, para el “gas nuevo”, Julio de Vido.

Todo lo que ha ratificado (o acrecentado) el PRO claramente es una política que viene de lejos en materia energética y que claramente no ha sido buena para el país: tenemos crisis de provisión, una inexplicable dependencia importadora, una inexplicable ausencia de inversiones en exploración y precios a los productores que, como hemos visto, en otros países generan ahorros gigantescos y en Argentina casi han paralizado a un gobierno y además se han convertido en una mochila gigante para la productividad de la economía.

El mismo día que se anuncia esa descomunal baja de costos en España, nuestros productores demandan, ver Clarín del viernes, una suba de los combustibles del 8 por ciento a partir de noviembre. Aprietan. Insaciables. Saben que pueden.

Es que todo esto responde a una matriz de decisiones que desde Menem se instaló en el país. Y que lamentablemente está presente en casi todas las fuerzas políticas. Hace pocos días murió uno de los grandes empresarios argentinos de ese sector y fue notable observar las participaciones dolidas que abarcaron todo el espectro político del país, radicales, peronistas, menemistas, kirchneristas y renovadores, etc.

¿Cuál es esa matriz? El presidente de KLM Pieter Elbers afirmó en La Nación del sábado que “el costo del aeropuerto de Ezeiza es el más caro del mundo”. ¿Quién opera los aeropuertos? Concesionarios. Y podríamos seguir con los escándalos del sistema de transporte o de los puertos.

Donde pongamos la atención aparecen los nuevos operadores: los concesionarios de lo que antes estuvo en manos del Estado. Esta es la matriz principal del diseño de las políticas y del ejercicio del poder en la Argentina de hoy. Y esa es la herencia del menemismo que fue el vehículo a través del cuál, con la marca de lo que fue la memoria del líder y fundador del peronismo, se introdujeron en la Argentina, en una escala única en el mundo, las ideas neo liberales.

Conviene aclarar, porque ha sido puesta en duda, la diferencia entre liberalismo y neo liberalismo. El liberalismo entiende a la economía como categoría autónoma de la sociedad y el neoliberalismo va mucho más allá. No hay, en el neoliberalismo, ningún residuo del interés general y lo único que reconoce es la determinación de los comportamientos individuales, la idea del cálculo racional, “que en ningún caso está regido por reglas morales” (Jérome Maucorante, citando a E. Mulot).

El proceso de privatización, o del despojo del patrimonio público a causa del método adoptado, de las que fueran las actividades económicas del Estado, vació de reglas morales a la totalidad de las que fueron actividades públicas en el período previo al menemismo. Y esté deterioro moral de la oferta de bienes públicos se continuó hasta la actualidad.

La cuestión energética, como ejemplo disparador de ésta nota, tiene que ver con la nueva matriz de política y poder que ha terminado por extraviar el desarrollo de nuestro país.

El modelo de educación pública gratuita, la oferta de ese bien público, está en proceso de derogación. La incapacidad del Estado para garantizar esa oferta educativa ha hecho que, de manera creciente, más y más sectores opten por la educación privada. Y ya no por razones de educación religiosa en un país de educación pública laica. Y de la misma manera en materia de salud. Dia tras día es mayor la retracción del servicio público gratuito y su reemplazo por distintos sistemas de privatización de la salud. Y de la misma manera en materia de seguridad. Hay un ejército de seguridad privada.

Es decir los servicios, la oferta de bienes públicos, que el liberalismo acepta como actividades propias del Estado, el neoliberalismo criollo ha ido construyendo una red de oferta privada que, comparada con la oferta pública se ha convertido en una suerte de sistema de exclusión. La migración de lo público a lo privado, en la medida que los recursos individuales lo permiten, opera como un mecanismo de respuesta a la “exclusión” de calidad que provoca el deterioro manifiesto, con excepcione por cierto, de la oferta de bienes públicos.

Pero el mayor deterioro de la oferta de bienes públicos deriva de la matriz del ejercicio de la política y del poder que hemos identificado en la cuestión energética y que deriva hacia todo aquello que el Estado nacional ha concesionado. El juego, los bancos, los servicios públicos, las concesiones petroleras y mineras, la obra pública, han generado – desde que se privatizó – fortunas súbitas y poderes económicos gigantescos que han jaqueado, por diversas razones, la capacidad de tener la “gran oferta de bien público por excelencia que es la existencia de un proyecto de bien común y desarrollo colectivo”.

La Argentina está estancada. Lo está ahora porque hace 5 años que realmente no crece y el rebote de crecimiento que ocurrirá el año que viene no es una demostración del empuje de la actividad sino de que hemos tocado piso y que mucho mas no se puede retroceder. Una cuestión cíclica.

Y está estancada porque ha generado en 40 años 12 millones de pobres más de los que había cuarenta años atrás. Y para tener la misma proporción de pobres que hace cuarenta años la población, en lugar de 40, tendría que tener 300 millones de habitantes. Esa es la medida mas elocuente de nuestro atraso.

Pero eso sí hemos generado una “nueva oligarquía de ricos” que son – en su inmensa mayoría – concesionarios públicos que se han apropiado, pagando monedas, de las que eran las operaciones del Estado. Juego, bancos, aeropuertos y todo el sistema de transporte, energía, minería. En las concesiones del Estado, en las transferencias de lo que fuera el patrimonio público, se han acumulado las mayores fortunas del país. Claro, el gas en boca de pozo más caro del mundo – sin incremento de reservas – los aeropuertos mas caros del mundo – a puro Shopping – las tasas de interés más altas y el nivel del crédito sobre PBI mas bajo del mundo, ausencia de inversiones. Generación de groseras transferencias.

Pero además, y esta es la clave de la matriz económica de la nueva oligarquía de concesionarios, que todas sus actividades están protegidas de la competencia externa por la barrera natural que todas sus actividades tienen. No operan en bienes comerciables. Y en consecuencia ni la política arancelaria, ni cambiaria, ni de promoción, ni de internacionalización de la economía las afectan. Es más todo lo que significa “proyecto de desarrollo de la Nación” como mínimo esta fuera de la orbita de sus intereses. Y su peso, su capacidad de lobby, su relación permanente con la administración, antes y ahora, les ha brindado un acceso privilegiado. Los ejemplos y los nombres son elocuentes. La energía, las ganancias bancarias Lebac, los aeropuertos, etc., no necesitan de López y Báez, ocurren y ocurrieron desde Menem sin parar.

Desde entonces “la política” en nuestro país abandonó la tarea que la justifica. Los             que hacen política, aquellos que procuran ser elegidos para representar la voluntad popular, interpretarla y llevarla al nivel de programas y reglas, hace largo tiempo que han desertado, no todos, de representar la voluntad popular, la que no consultan, o interpretarla. No debaten ni reflexionan. No elaboran – en consecuencia – ni programas ni reglas. Por los resultados los programas y las reglas parecieran generarse fuera del ámbito del Bien Común. Como Sherlock ¿a quién beneficia el crimen? Esa es la pregunta a responder. Y por los resultados es evidente. Una economía sin inversiones y con pobreza.

“La política” no es otra cosa (Baumann dixit) que la capacidad de decidir qué cosas deben hacerse. O en términos de J. Ortega y Gasset, tener claras las ideas acerca de lo que hay que hacer desde el Estado para construir una Nación.

Este ejemplo, la cuestión energética o los aeropuertos o las ganancias de los bancos, no es un tema de las actuales autoridades. De ninguna manera. Como hemos dicho, y lo recordamos, los contratos los prorrogó la administración Kirchner, los subsidios a al petróleo los instaló el joven “marxista de Groucho” Axel Kicillof y el precio desopilante de 7 dólares el millón de BTU lo inauguró, para el “gas nuevo”, Julio de Vido.

¿Es política de Estado o es la lógica de una matriz real de decisiones la que hace, por ejemplo, que Alfonso Prat Gay denuncie penalmente a Alejandro Vanoli, presidente K del BCRA, por la decisión de la venta de dólar futuro y sea Federico Sturzeneger, presidente PRO del BCRA, el que lo pague enterrando 50 mil millones de pesos en los bolsillos bancarios?

Matriz de decisiones. ¿Es “la política” la que dice, la que programa? ¿Es el Bien Común lo que preside la voluntad del Estado? La cadena de decisiones de todos los partidos denota que hay otra situación. ¿Cuál? La del poder que es la capacidad de ejecutar las cosas que se deciden.

Hoy y desde hace años, gran parte de la capacidad de ejecutar ha sido transferida a los concesionarios. Ejemplos: ¿Quién ejercía el control de las máquinas de los concesionarios de juego? Un software diseñado por los propietarios de las maquinas de juego. ¿Quién audita el nivel de las reservas energéticas o el costo en boca de pozo del petróleo o el gas? Nadie. Es por declaración jurada de las empresas.

El Estado ausente no es más que la consecuencia de que la política se ha tornado dependiente no de la voluntad de los representados sino de aquellos a los que ha concesionado. Y sino observe el drama de los glaciares, de la minería desbocada, de la basura contaminante.

La única manera de reconvertir la política es desentrañar la matriz de poder que ha hecho que en los últimos cuarenta años la Argentina haya atravesado la multiplicación de la pobreza, el genocidio, el industricidio, la agonía de la seguridad, de la educación, de la salud y de la justicia que hoy sufrimos y no alcanzamos a identificar en sus causas.

Las mismas causas en que, por ejemplo, el Concejo Deliberante de Escobar, en manos del FPV, va a decidir arrasar con el pulmón verde más arbolado de la zona norte del conurbano para montar un negocio inmobiliario que, para que unos pocos hagan fortuna súbita, terminará contaminado, aumentando la densidad de tránsito y la inseguridad.

El Bien Común está ausente de la política a nivel municipal, provincial y nacional y ese es el espíritu que hay que reconstruir para encontrar la vía del desarrollo.