*Los profesores de la CNTE quieren ser escuchados

*Las reformas han sido impuestas, sin fines claros

*La toma de carreteras es la secuela de la cerrazón

Como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer no llegó para quedarse. Tampoco para catapultarse como candidato presidencial. ¿O sí? Porque de ser el caso, ya se quemó. No pasó la prueba frente al sector magisterial —el disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el crítico; no el oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)—, porque no está resolviendo el trasfondo de la “reforma educativa” que le encomendó su jefe Enrique Peña Nieto.

De nada le está sirviendo a Nuño el apresuramiento, como su placeo rollando alumnos de escuelas primarias. Si creyó que con prepotencia y arrogancia resolvería las cosas, se ha quedado corto. Porque nunca dejó en claro el fondo de la reforma, de cara a los maestros críticos y pensantes. Es más, se ha negado a reunirse con ellos. La condición siempre ha sido, con reforma sí dialoga, sin ella no. La misma actitud que con los alumnos del Politécnico (IPN).

Cuando se cree que las cosas son, porque son y así se quieren imponer, luego entonces estamos frente a un tufo autoritario. Y este gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como los anteriores del Partido Acción Nacional (PAN) de Vicente Fox y Felipe Caderón, se ha olvidado que sin el consenso no tienen éxito sus políticas con la sociedad, a la cual se le puede engañar varias, muchas veces, pero no siempre.

Debemos recordar que Nuño llegó al gabinete con línea política directa de Luis Videgaray Caso, pupilo de Pedro Aspe Armella —salinista de cepa y próximo beneficiario de la reforma energética—; y llegó y con al menos dos fines claros a la SEP:

1.- Imponer la reforma educativa a chaleco, porque así lo mandatan los organismos financieros internacionales, particularmente al Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que siguen a pie juntillas las políticas de Washington. Ambas instituciones vienen presionando a los gobiernos mexicanos, desde Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo a la fecha, para que instrumenten una reforma en el sistema educativo ajeno a los principios de Vasconcelos y Novo —populista que genere alumnos pensantes—, sino una que resulte útil diseñando técnicos como mano de obra barata para la explotación de las empresas trasnacionales.

2.- Romper el control sindical de los disidentes de la CNTE, la llamada sección 22 del SNTE. Este ejemplo del sindicalismo corporativo, siempre electorero y el más grande de Latinoamérica, pronto padeció el acoso del gobierno de Peña Nieto, al meter tras las rejas a la lideresa Elba Esther Gordillo por oponerse tempranamente a la reforma educativa.

El actual gobierno llegó a culminar las llamadas “reformas estructurales” que le han dado al traste a este país, las mismas que iniciara Salinas. Ninguna de ellas le ha deparado un saldo favorable a la población en términos económicos y sociales, salvo al 1% de los más ricos que con tres décadas han concentrado la riqueza producida por los trabajadores de este país; así como a las empresas multinacionales, culminando con el sector financiero.

La sociedad mexicana ha esperado décadas los presuntos beneficios del libre mercado, que no llegan ni llegarán jamás como la promesa salinista de escalar al país hacia el primer mundo. La reforma energética, que está entregando Pemex a unos cuantos —neoliberales todos, así como a las trasnacionales de la energía— fue el acabose. El desastre por este error histórico del Pacto por México, más pronto que tarde cobrará costosísimas facturas. Ya lo estamos viendo, con el crecimiento de la deuda pública y los recortes al gasto público; so pretexto del Brexit, sinónimo de la desUnión Europea.

Por eso Nuño es el operador de la reforma educativa, porque trae línea doble, además privatizadora —la apuesta por la educación privada—. Como las otras “reformas estructurales” en materia de telecomunicaciones, la energética mencionada, la fiscal, laboral y la política. Por eso la línea dura, represora, por los compromisos tanto internos como los contraídos con el exterior.

Con una salvedad, que Nuño se ha topado con esa parte del sector magisterial dura de roer. Críticos de la educación y las tropelías del sistema económico-político, pensantes en busca siempre de una reforma educativa real; por eso mismo piedra en el zapato de Gordillo y los gobiernos neoliberales. Es, incluso, la razón por la cual los cambios en educación se habían pospuesto. ¡Pero ya! Era tiempo de cumplirle al patrón, a los organismos internacionales comandados por Washington. Esos que han operado el desastre económico y social en muchos países.

No obstante los métodos resultan crueles. Claro está que a la falta de argumentos viene la imposición, y frente a la carencia de consensos, la impunidad. Es más, a la ausencia de condiciones o elementos se erige y consolida la ilegitimidad. Cuidado, porque hacia allá avanza el país; no es mal agüero: simple prospectiva (que es todo menos simple).

El uso legítimo de la fuerza

En este sentido, es verdad que a estas alturas en México sobrevive la concepción de que el Estado posee la potestad del uso legítimo de la fuerza, olvidando que es un Estado social y democrático y por lo tanto no la tiene ilimitadamente.

Un aspecto completamente descuidado por los comandantes de los cuerpos policiacos, sucede en escenario doble que llevado a los extremos, deviene impunidad y desarrolla la ilegitimidad del Estado: a) La omisión, o débil actuación de las fuerzas policiales frente a la posible comisión de hechos delictivos generados por la delincuencia organizada; b) El uso excesivo, en ocasiones brutal, de la fuerza policial ante movimientos sociales que, si bien pudieran constituir conductas ilícitas, la reacción resulta desmedida.¹

Se olvida el tema de los derechos humanos. Estos representan los límites al uso y abuso de la fuerza bruta. La fuerza pública no puede actuar por cuenta propia (¿o a las órdenes de quién?), como sucedió en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 12 de junio en donde los ocho muertos fueron por disparo de armas de fuego y falta indagar y castigar a los responsables.

¿Por qué no respetar las normas que rigen el actuar de la fuerza pública? El “Acuerdo 04/2012 del Secretariado de Seguridad Pública, por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública”, sostiene que:

1) La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos;

2) Artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que al hacer uso de la fuerza pública, los integrantes de las instituciones policiales lo harán de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos;

3) Artículo 4.- El uso de la fuerza pública se realizará estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones de los integrantes de las instituciones policiales y deberá ser: legal, necesaria, proporcional, racional, y oportuna para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, honradez, eficacia, eficiencia, responsabilidad, diligencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4) Artículo 7.- Los objetivos del uso legítimo de la fuerza son los siguientes: I.- Hacer cumplir la Ley; II.- Evitar la violación de derechos humanos de las personas y garantizar el restablecimiento de la paz y el orden público; III.- Mantener la vigencia del Estado de derecho; IV.- Salvaguardar el orden y la paz públicos;

5) Artículo 25.- Una vez recibida la capacitación y adiestramiento, los integrantes de las instituciones policiales, serán examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas. El personal que deba portar arma de fuego deberá estar autorizado para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su uso y de derechos humanos en su empleo.²

Antes, en 2007, el “Memorial Amicus Curiae que contiene elementos técnicos para la regulación del uso de la fuerza por parte de las corporaciones policiales”, del CIDE, establecía que: “El exceso en el uso de la fuerza, permite afirmar fehacientemente que el abuso en el uso de la fuerza pública por parte de las corporaciones policiales es una práctica que violenta de manera sistemática los derechos a la seguridad y a la libertad de los ciudadanos, motivo por el cual, es necesario que se elaboren los controles institucionales y sociales para que este tipo de abusos sean erradicados. Siendo uno de éstos controles la regulación del uso de la fuerza.”³

¿Por qué entonces el uso de la fuerza, para liberar las carreteras de Oaxaca cuando la cerrazón es del funcionario/operador de la reforma educativa, Aurelio Nuño, una reforma que no pasa de exigencias administrativa y laboral? ¿Por qué seguir con lineamientos impuestos desde el exterior, desde Washington, para una reforma que lo único que persigue es desarticular a un sindicato que solo defiende su fuente laboral y está en pro de una reforma educativa de fondo?

La reforma impuesta llegó sin el consenso de los principales involucrados, los profesores y los padres de familia. El único aval es del poder legislativo que trabajó la reforma bajo ese acuerdo artificial llamado Pacto por México, pero no pensó en una reforma seria para este país, por la carencia de contenidos.

Sin embargo, los maestros de la sección 22 de la CNTE —pese a las detenciones de sus líderes, al hostigamiento constante, las amenazas y la represión perpetrada en Nochixtlán, Oaxaca—, se han mostrado tan cautos como dispuestos a negociar. Saben lo que quieren, para dejar las carreteras: derogar la citada reforma, como su principal demanda. Lo hacen aún y cuando no tienen otra, pese a las presiones de algunos sectores (empresarios y comerciantes), pero con el apoyo de la población local y de otros estados.

Los maestros saben que al menos el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, les abrió las puertas de Cobián para negociar. Salvo que, pronto se verá hasta dónde caminará el asunto. Quizá quede claro tras la segunda reunión de Chong con la Comisión de la CNTE, este lunes 27. Pero de entrada el secretario se dispone a escuchar y canalizar a las otras dependencias.

Es decir, está por verse si el gobierno admite ir más allá de una oficialía de partes. La supersecretaría no es la Secretaría de antes, negociadora y con resolutivos; concertadora y operadora, la del sistema político priista de antaño —esa de dónde salían candidatos presidenciables—; ya perdió su mística. Eso es lo que quedó de manifiesto, en palabras de Chong: “Nosotros no podemos estar por encima de la ley; que si hablamos de leyes, le toca al Poder Legislativo (la abrogación) no está en nuestra responsabilidad”…, “podemos ver los conductos, en este caso la SEP y pedir y solicitar a los legisladores que hagan lo mismo”…, “la situación de los maestros privados de su libertad, la resolución de los casos corresponde a los jueces competentes”.

A vuelta y vuelta, pero con mano dura: “No se va a permitir el recrudecimiento de la protesta, ni en esa ni en ninguna otra entidad”. Los antecedentes no importan. Los maestros no han sido escuchados, por lo menos, hasta ahora. Siempre la cerrazón, porque en palabras de Nuño la reforma educativa no está en juego.

¿Hasta cuándo?

La lucha magisterial de las secciones 22 en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, comenzó en 2013, recrudecida a partir de mayo pasado. Para no pocos observadores es incomparable a la de hace 10 años, cuando se creó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En 2006 había 200 organizaciones sociales en torno la APPO, ahora participan población y algunas comunidades.

“Saldo fatal. En 2006, de acuerdo con la Comisión de la Verdad de Oaxaca —encabezada por el actual cura Alejandro Solalinde—, se registraron 373 víctimas: cuatro personas en exilio forzoso, 141 detenciones arbitrarias, 97 ejecuciones, 33 periodistas fueron agredidos, dos ejecutados y 33 personas fallecidas; no obstante, organismos no gubernamentales refieren que fueron 26. Todo en el gobierno de Ulises Ruiz.

“En cambio, en los 41 días de conflicto (de estos días), las víctimas son: cinco desaparecidos; un número alto de periodistas agredidos, como los dos reporteros retenidos en Nochixtlán; uno asesinado en el Istmo de Juchitán y nueve personas fallecidas en Nochixtlán; uno más en Juchitán, Raúl Cano López, hermano de Manuel Cano López, director del periódico Punto Crítico. Más un número indeterminado de heridos durante los bloqueos y desalojos”.⁴

Pareciera que el gobierno no está calibrando el tamaño del conflicto, pero no debe o debería minimizarlo. La negociación deberá traer resultados porque de lo contrario las protestas no pararán. No es difícil preverlo. Porque el descontento magisterial se alimenta de otras inconformidades de la población. La gente está harta de promesas incumplidas. El “mal humor” social tiene hondos resentimientos.

No basta la liberación de Rubén Núñez y Aciel Sibaja, líderes de la CNTE, detenidos con delitos no probados por la PGR, al menos lo suficiente. El gobierno de Peña Nieto, encabezado ahora por el titular de Gobernación, deberá entrarle al diálogo sobre el fondo del asunto. Apostarle a eso y no al rompimiento sin diálogo, como sucedió en mayo 2013 cuando se acordó “privilegiar el diálogo como una vía de construcción de propuestas orientadas al mejoramiento de la educación”, pero algo pasó. Se rompió el diálogo o no lo hubo. No fueron escuchados.

Con una propuesta clara y comprometida, de la Coordinadora, publicada el 1 de mayo de 2013, bajo el título “Hacia la educación que necesitamos”, decía, entre otras cosas: “Desde nuestra posición de maestros, comprometidos con el país, reiteradamente hemos dicho que estamos en contra de esta reforma porque lo único que ofrece es que habrá más exámenes estandarizados y todo un aparato de supervisión y vigilancia sobre las niñas y niños, los maestros y las escuelas. Porque no es una reforma que retome las grandes carencias y les ofrezca una respuesta más allá de medir. Nada les ofrece desde la educación que sirva para apoyar los esfuerzos personales y colectivos que hacen gran parte de los mexicanos por salir de la pobreza y la subordinación.

“Al contrario, se trata de una reforma persecutoria que amenaza con despedir a miles de maestros y con seguir descalificando como insuficientes a millones de niños. Esta reforma no habla de rutas, de propósitos capaces de convocar a familias, maestros y estudiantes a modificar el deplorable estado en que se encuentra desde hace décadas la educación nacional. Ofrece sencillamente –aunque ahora como mandato constitucional y legal- básicamente las mismas estrategias que se anunciaron y que se han aplicado —sin éxito— desde 1992: medir, vigilar, estimular y, sobre todo ahora, castigar.”

En tanto Nuño inclinó la balanza hacia la evaluación y el desempeño, lo laboral y lo administrativo, nada más. Ese es el origen del problema, no el cierre de carreteras (la propuesta está en: http://bit.ly/294OwGK), pero éste sí es el motivo de la represión. “A oídos necios, palabras sordas”. ¿Hasta cuándo?

25 junio 2016.