Tiempos turbulentos que recuerdan la época más oscura del siglo pasado, cuando el laureanismo (Laureano Gómez) quiso imponer su modelo de Estado corporativo, fascista y confesionalista a tenor del que Franco impuso a España una vez derrotada la República liberal y democrática, tras la intensa guerra civil de la segunda mitad de los años 30s. Guerra civil que aquí se vivió como la Época de la Violencia, que llevó a la muerte a unos 300.000 campesinos, y que tuvo su mayor intensidad tras el magnicidio del popular líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948.

Una vez en la presidencia Laureano Gómez (1950 – 1951), con el Congreso clausurado y el Estado de sitio vigente, dio preponderancia al poder ejecutivo y sometió los poderes legislativo y judicial a su amaño.

Volver a esas épocas de barbarie y guerra es a lo que llaman hoy el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, que tienen en común la oposición a la restitución de las tierras a las víctimas del despojo, la defensa de las Convivir, el paramilitarismo, y el sueño de volver al Estado Laureanista de antaño.

Época oscura y violenta que volvió a repetirse con brutal impacto durante los años 80s, con el renacer del paramilitarismo justificado y legalizado a partir de las Convivir. Y que hoy gracias a una serie de sucesos que parecieran conectarse de manera perversa, anuncian el resurgimiento del ala más extrema de la derecha justificadora de la violencia en Colombia, cuando estamos ad portas de ponerle fin al largo ciclo de violencia y conflicto armado que se remonta a los años 30 del siglo pasado.

Una serie de hechos políticos así lo demuestran. A finales de marzo el Clan Úsuga decretó un paro armado que puso en zozobra a muchas comunidades campesinas y sectores urbanos en grandes ciudades como Medellín, y que paralizó algunas instituciones del Estado. A lo largo del territorio se vieron las denuncias por la falta de presencia de la fuerza pública en las zonas declaradas en paro armado, como el Chocó, Antioquia y Córdoba. Se presentaron cerca de 11 asesinatos y la población civil fue la más afectada. [1]

Seguidamente, el uribismo en cabeza del mal llamado Centro Democrático, convoca a nivel nacional una marcha en contra de la paz y del Gobierno Santos, al mismo tiempo que sale a la luz el movimiento nacional contra la restitución de tierras. [2]

Sin vergüenza alguna, las primeras declaraciones del Senador Álvaro Uribe Vélez afirmaron que el paro armado convocado por los paramilitares estaba justificado en el descontento con las negociaciones de paz.[3] Declaraciones salidas de toda proporción y que parecen más las de un agitador de la guerra que las de un Senador de la República.

Días después, el Procurador General de la Nación Alejando Ordoñez y el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie convocan a una reunión en San Ángel y San Alberto (departamento de Cesar), para promover lo que sería su estrategia en contra de los procesos de restitución de tierras, que como han señalado varios pobladores de esta región, está relacionado con un proceso de reacomodamiento paramilitar y de fortalecimiento político de los herederos de los Castaño Gil con el apoyo de los ganaderos, en el Magdalena. Sin ningún respeto por las víctimas del despojo de tierras en este país, el Procurador Ordoñez y Lafaurie dieron declaraciones públicas que rayan con la agitación sectaria a la guerra, señalando que la ley de restitución “no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo, y no se lo vamos a permitir”[4]. Declaraciones salidas de toda mesura que dan cuenta del cambio táctico y la desesperación que está viviendo la extrema derecha ante la inminente realidad del fin del conflicto armado colombiano.

Es conocido de tiempo atrás el ingenuo y conveniente análisis de este sector sobre los orígenes del paramilitarismo, partiendo de los años 80s, y dejando de lado el origen histórico de las verdaderas autodefensas campesinas en Colombia, que en realidad surgen en los años 30s ante la embestida y persecución política del régimen conservador y los grandes latifundistas para quedarse con las tierras de campesinos pobres, principalmente liberales. Ofensiva que arrecia desde el modelo de Estado conservador y confesionalista que crea la policía chulavita para perseguir y exterminar campesinos, hasta que éstos cansados de la persecución, expropiación de sus tierras, destrucción, asesinatos y todo tipo de vejámenes decidieron organizarse y crear las primeras resistencias campesinas de autodefensa para protegerse.

Esa parte de la historia que va mucho más atrás de los 80s es la que omite astutamente en su análisis sobre el surgimiento del paramilitarismo, el ex ministro Fernando Londoño[5], cuando haciendo gala de su pulida pluma revisa la historia y argumenta en favor del proyecto restaurador conservador, justificado su existencia, su visión política y catalogando el accionar de los líderes paramilitares de la última generación, como Carlos Castaño, como simples errores de método.

Pero de otro lado han sido débiles las respuestas del Gobierno de Juan Manuel Santos ante semejante ataque al proceso de negociación desde la Procuraduría. Es indiscutible el resquebrajamiento entre los poderes del Estado, lo que hace evidente el enfrentamiento entre las dos visiones que hoy se disputan el método para terminar el conflicto armado. De un lado se ve a un Estado tratando de culminar las negociaciones, comprometiendo su capital político para reintegrar a la vida civil a los ejércitos insurgentes de las FARC y el ELN; y del otro un Estado que pretende imponer la restauración conservadora, que quiere volver sobre el camino oprobioso de la guerra, olvidando irresponsablemente las anteriores grandes tragedias humanas que ha vivido Colombia desde mediados del siglo XX hasta hoy.

Entonces estamos ante un Estado que dos décadas después de la masacre de Trujillo, pide perdón[6], pero que no admite la existencia y el reacomodamiento paramilitar, y mira para otro lado cuando las organizaciones sociales y las guerrillas exigen el desmonte del paramilitarismo, estrategia contrainsurgente y de persecución de los líderes sociales, que amenaza con reventar el proceso de paz.

La incoherencia del accionar del Gobierno en este momento tan delicado y crucial de los acuerdos y avance de los diálogos, donde se está cerca incluso de decretar el cese al fuego bilateral definitivo, demandan una posición contundente en contra del paramilitarismo que viene fortaleciéndose políticamente desde las instituciones del Estado como la Procuraduría, el Senado colombiano y Fedegán. No habrá paz en Colombia sin un compromiso real con el desmonte de la guerra sucia y la doctrina del enemigo interno. No habrá paz en Colombia sino existe un compromiso con la democratización real del país y el territorio. Si el Estado Colombiano no está listo para estos retos estaría condenándonos de nuevo a revivir los momentos más hostiles y dolorosos de la guerra en el país.