La propuesta económica de Cambiemos significó, en poco días de gestión, la aplicación de un conjunto de políticas que excedieron sustancialmente la devaluación (o su presentación mediática como “levantamiento del cepo”) y han delineado una nueva comunidad de negocios. En ese espacio comulgan el complejo agroexportador, la cúpula industrial orientada al mercado externo, el sector financiero, las empresas de servicios públicos y las fracciones acreedoras del exterior que apuestan al retorno al financiamiento internacional.

Aun con divergencias en su interior, el objetivo compartido de esa comunidad reside en “ordenar” la relación capital – trabajo en valores cercanos a una distribución del ingreso del 70/30; es decir, condicionar a los trabajadores a quedarse sólo con menos de un tercio de los ingresos nacionales. A ello se debe adicionar un dato clave: la propuesta del Ministerio de Trabajo para las paritarias apunta a regular las mismas a través de un cálculo de productividad, lo que en la práctica significa discutir el reparto del nuevo excedente creado, pero no la distribución de la masa de ingresos ya existente. Ello fue explicitado por Marcos Peña: “El mayor desafío de la Argentina es agrandar la torta. La lógica de que hay que repartir lo que hay y dividirlo, fue un fracaso” (La Nación, 29/11).

En virtud de lo mencionado, y ya concretada la transferencia principal, se abre una etapa de disputas entre las distintas fracciones por la conducción política del proceso, fundamentalmente de las decisiones en materia económica sobre precios relativos y políticas públicas.

Disputas en la Valorización Financiera. Al inicio de la dictadura, Martínez de Hoz decidió fijar salarios y liberar precios, derivando ello en una caída de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional en aproximadamente 18%, generando de este modo un nuevo punto de partida (del 48,5% al 30,4%). Luego de ello, la Valorización Financiera tuvo un largo derrotero caracterizado por las disputas de las fracciones del capital que durante casi treinta años (entre 1976 y 2001) pelearon por la porción del ingreso apropiada a los trabajadores.

Los ochenta. Durante la década de los ochenta, el claro predominio de los grupos económicos locales sobre los acreedores externos en la apropiación del excedente, se reflejó en políticas en favor de los primeros, a través de dos mecanismos privilegiados:

• Gastos fiscales: destinados a la promoción industrial y reembolso a las exportaciones, desgravaciones de derechos de importación a ciertas actividades, asunción de los pasivos de empresas quebradas, apoyo de actividades muy específicas (como siderurgia y petroquímica) y subsidios a los precios de venta o compra de bienes al Estado o del Estado, entre los principales.

• Gastos cuasi fiscales: régimen de Seguros de Cambio (´81), estatización de la deuda (´82), capitalización y cancelación anticipada (en el gobierno democrático), entre otros.

La crisis de 1989 fue resultante de ese esquema de reparto, que ya no era suficiente para contener a los acreedores, situación que se agudizó por la moratoria de hecho de la deuda externa declarada hacia mediados de 1988. Desde esa fecha los bancos acreedores no percibieron los intereses de deuda ni las amortizaciones y tampoco lograron avanzar en el esquema de privatizaciones para cobrarse la deuda con empresas públicas, como adelantaban los ejes acordados en el Plan Baker pactado en 1985.

Los noventa. A inicios de la década se conformó en torno a las privatizaciones una “comunidad de negocios” donde comulgaron la oligarquía diversificada, firmas extranjeras y los acreedores externos. ¿Cómo fue el reparto? A través del “saneamiento” previo de las empresas públicas, la subvaluación para su venta, la obtención entre 1994 y 1998 de una rentabilidad promedio del 15% sobre patrimonio y, en el caso de empresas de servicios públicos, la apropiación hacia 1999 de ganancias que superaron los 2000 millones de dólares sólo considerando los ajustes de tarifas a través de cláusulas de indexación. Otro negocio conjunto fue la reducción de aportes y contribuciones laborales y la privatización del sistema previsional concretada en 1994. Ello se tradujo en una transferencia hacia los grandes grupos concentrados para el período 1994-2000 de $22.372 millones por la reducción de aportes y $29.960 millones usufructuados por el sistema previsional privado (AFJP). Derivado de este importante costo fiscal, esas políticas significaron para el Estado un déficit de $54.446 millones, por lo que debió endeudarse beneficiando a la fracción acreedora externa. No casualmente los pagos de servicios de la deuda externa representaron una cifra similar, de $54.615 millones en el período.

La disputa en la actual coyuntura. Un breve repaso de las políticas anunciadas e implementadas da cuenta de la vinculación de cada una de ellas con actores económicos concretos. Estos han sido beneficiados desde el comienzo en virtud de los “compromisos asumidos” por el macrismo y el frente Cambiemos, profundizando además su vínculo orgánico a través de la colocación de representantes gerenciales en cargos políticos del gobierno. Los importantes beneficios que se detallan contrastan indefectiblemente con el anuncio de la limitada transferencia por única vez de $400 a los beneficiarios de la AUH y jubilados que perciben la mínima. Si ésta erogación asciende a 3 mil millones de pesos -en un solo pago-, sólo el costo fiscal de las retenciones para la soja, maíz y trigo asciende a 30 mil millones de pesos en una cosecha anual.

Habiéndose establecido la principal quita de excedente, no está saldado su modo de reparto en el bloque hegemónico. Hace unos días, en la conferencia de la UIA, el Ministro de Producción, Francisco Cabrera anunció la quita de retenciones al agro. De inmediato Betnaza, del Grupo Techint, inquirió: “Bueno, ¿y para nosotros cuándo?”. Poco después se anunció la quita de retenciones a las exportaciones industriales. Otro caso fue el de Arcor. Macri había acordado entregar a Jorge Lawson, hombre de la compañía, el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la presión de los gremios, entre ellos de Moyano, hizo dar marcha atrás la designación. Sintomáticamente unos días después, Luis Pagani dueño de Arcor, adquirió el 25% de La Serenísima y decidió sacar la empresa lechera de precios cuidados. Finalmente, Lawson terminó ocupando un lugar en el Directorio del Banco Nación. El caso de los despidos de Techint también es paradigmático. Luego de dos renovaciones de actas de suspensiones a lo largo del 2015, sin despidos, la primera semana del gobierno de Macri y frente a una nueva renovación de suspensiones, Techint deliberadamente despidió a 189 trabajadores de la planta de Siderca de Campana. Esa muestra de presión al nuevo presidente Macri tuvo como respuesta al día siguiente una reunión entre Rocca y Vidal con muestras de acercamiento mutuo.

En este marco, se abren interrogantes sobre el reacomodamiento de las fracciones del capital en la etapa. Dada la representación corporativa de Prat Gay respecto a la banca internacional (JP Morgan), del anunciado endeudamiento y de la fenomenal suba de tasas de interés locales: ¿significa esta nueva etapa económica la puesta en práctica de la especulación propia de la Valorización Financiera? O considerando la representación de entidades agrarias de grandes terratenientes con Buryaile al frente del Ministerio de Agricultura, y del empresariado cerealero con Monsanto en la homónima cartera provincial, ¿se trata del retorno de un modelo de crecimiento con base agroexportadora pero sin distribución de ingresos? Finalmente, a raíz de los acercamientos al Grupo Techint, la eliminación de retenciones a las exportaciones industriales y la entrega de la Sec. De Empleo a un ex Gerente de la empresa, ¿ocupará la oligarquía diversificada un rol periférico en el nuevo bloque dominante o será un actor central?

“Perturba en el “círculo rojo” el apoyo del Gobierno al campo” reza el titular de una nota en el diario La Nación del 26 de diciembre. El gobierno de Macri tiene importantes compromisos asumidos con cada uno de los sectores que impulsaron y apoyan su actual gestión, en pos del objetivo concreto de alterar nuevamente la distribución de ingresos en Argentina. Pero este complejo equilibrio corre riesgo de romperse si el otorgamiento de mayores ventajas hacia una de las fracciones inclina la balanza.

Centro de Economía Política Argentina, www.centrocepa.com.ar