El juez Claudio Bonadio avanza en una causa que involucra al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, al ex ministro Axel Kicillof y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quiénes son responsables del costo de los contratos del dólar futuro?

La causa abierta por la operatoria del dólar futuro durante la gestión de Alejandro Vanoli al frente del Banco Central y el llamado a indagatoria por parte del juez Claudio Bonadío a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no sólo abre interrogantes sobre la mentada independencia del Poder Judicial, sino que también pone sobre la mesa la puja por los alcances de las herramientas de política monetaria de dicha institución, en este caso a partir de una medida de venta de contratos dólar futuro vinculada a moderar las crecientes expectativas en torno a la modificación del tipo de cambio.

Los contratos a futuro son acuerdos efectuados en base a la evolución del precio de un determinado bien a una cantidad de tiempo x, donde las partes se comprometen a compensarse mutuamente según el valor pactado y el precio efectivo de ese bien al final del contrato. En el caso del dólar futuro, el contrato se refiere al tipo de cambio de la moneda estadounidense, pero vale indicar que la operatoria se realiza íntegramente en pesos, siendo precisamente estos contratos una opción para canalizar excedentes y descomprimir la demanda de dólares. Como primera observación, ello da por tierra con el cuestionamiento de Prat Gay (“[Vanoli] vende dólares que no tiene”) a la operatoria del Banco Central, acusación que fue transformada en causa por Bonadío. La operatoria no se realiza en dólares entonces no hay afectación del nivel de reservas.

El otro gran cuestionamiento de la ortodoxia económica hoy devenida en conducción del Ministerio de Hacienda y Finanzas, está relacionado con la pérdida fiscal ocasionada, según la denuncia, por el ex titular del BCRA en connivencia con el ex ministro de Economía Axel Kicillof y la ex presidenta. Como instrumento de política económica, el contrato de dólar futuro puede generar pérdidas o ganancias según la eventual variación del tipo de cambio, que es el precio de referencia de la operatoria. De hecho, el BCRA había registrado ganancias por 5500 millones de pesos en los doce meses previos a octubre de 2015 al no existir las severas alteraciones del tipo de cambio que luego aplicó la Alianza Cambiemos. Como curioso contraste, entre 2008 y 2009, durante la gestión de Martín Redrado, se registraron pérdidas de 554 y 1676 millones de pesos por esta operación.

En el caso de referencia, la venta de dólar futuro en octubre de 2015 (con vencimiento a marzo de 2016) se realizó a 10,65 pesos, es decir, previendo una devaluación del 13,2 por ciento. Sin embargo, la decisión de devaluar en primera instancia un 42 por ciento (el 16 de diciembre de 2015) y en el acumulado hasta los primeros días de marzo de 2016, un 60 por ciento (variación que por otra parte implicó una fenomenal transferencia de ingresos a los sectores exportadores), generó el costo de 65.000 millones de pesos para el Banco Central. Es claro que el resultado fiscal que conllevó esta operatoria de futuros, dependió de la principal decisión de política económica adoptada por el macrismo: la megadevaluación, anunciada en campaña y luego ejecutada.

Si bien para cualquier CEO de un banco privado el dólar futuro representa una oferta más en el marco de un abanico de instrumentos financieros que habilitan la especulación y obtención de ganancias financieras, su uso constituye una operación legal y una herramienta de política económica en manos de la autoridad monetaria. De hecho, el límite permitido para operar en el mercado de futuros es de 20.000 millones de dólares y al 30 de octubre de 2015 no había sido superado, con posiciones abiertas por 15.323 millones.

Asimismo, el instrumento de dólar futuro fue intensamente utilizado durante los momentos de mayor tensión cambiaria, como fueron el lockout agropecuario y el proceso de fuga de capitales, con la finalidad de descomprimir la demanda del mercado físico. El reduccionismo de las funciones de la banca pública a la política antiinflacionaria no sólo es una conocida declaración de principios de la ortodoxia, sino que es un precepto estructurante del pensamiento del lobby financiero, que condena la intromisión del sector público en las expectativas creadas –por un puñado de actores que gustan autodenominarse como “el mercado”– en torno al tipo de cambio.

Los contratos de dólar futuro fueron utilizados para evitar una corrida cambiaria en un contexto de reticencia a liquidar la cosecha. En noviembre de 2015 se registró uno de los niveles más bajos de liquidación de cosecha por parte del complejo cerealero-oleaginoso, alcanzando apenas los 450 millones de dólares, cuando en el mismo mes de años anteriores la liquidación de cosecha nunca fue inferiores al piso de 1300 millones de dólares.

Según los economistas Martín Redrado y Alfonso Prat Gay, el delito que origina la causa tiene ver con que dicha operación podía realizarse en Argentina y de inmediato ese contrato ser vendido en Estados Unidos, donde las operaciones de dólar futuro orillaban en aquel momento los 14 pesos (cifra coincidente con el valor del contado con liquidación en el país). Sin embargo, varios elementos deben señalarse. En primer lugar, en el mercado de futuros de Estados Unidos las operaciones se pactan en dólares y no en pesos como en el mercado local. Intervenir allí no hubiera contribuido a descomprimir la presión sobre el dólar en la plaza local que era, en efecto, el objetivo buscado por la administración Vanoli para evitar corridas cambiarias. Por otro lado, plantear que es posible operar en cualquiera de los mercados de manera indistinta es erróneo porque los precios de los activos transados en cada mercado no siempre están alineados y no se trata de mercados comparables, dado que el mercado de futuros de Nueva York –Non Deliberable Forward o NDF– es OTC (“overthecounter”).

Incluso, si se trata de analizar los costos de la política monetaria, es interesante observar el impacto resultante de la principal medida macrista para lograr el “éxito de la salida del cepo”: la suba de la tasa de interés que fija el BCRA –Lebac–. Las erogaciones derivadas de tal aumento y que dicha entidad asume para pagarle a los inversores que compran esas letras supera ampliamente el resultado fiscal de los contratos de dólar futuro. Como sostiene el diario Ámbito Financiero del 1º de abril de 2016, “considerando que el stock actual de Lebac supera los 400.000 millones de pesos y estimando una tasa de interés del 30 por ciento (bastante más baja que el 38 por ciento actual), el Central deberá emitir un piso de 120.000 millones de pesos para pagarles a los inversores a lo largo del año. Esta cifra es equivalente a casi un 25 por ciento de la actual base monetaria”. ¿Constituye esto también un delito?

La imputación al ex presidente del BCRA no sólo tiene características peculiares por la argumentación que la acompaña, sino por el momento específico en que tiene lugar. Los cálculos en torno a un potencial quebranto a costa de la autoridad monetaria se efectuaban en plena campaña electoral, octubre de 2015, en base a estimaciones de tipo de cambio coincidentes con el plan económico devaluacionista de uno de los candidatos, Mauricio Macri.

El diario Clarín indicaba que, en base a la pericia (a cargo del parcial ex presidente del Banco Central Martín Redrado), el quebranto sería de 45.000 millones de pesos. Se suponía una emisión de dólar futuro de 14.800 millones de dólares y un dólar de 13,54 pesos a marzo de 2016, es decir, una diferencia de 3,04 pesos por cada dólar futuro comparado con el valor de venta de 10,50 pesos. En suma, el mismo cálculo que efectuó la pericia permitía predecir qué tipo de cambio estaban pensando al momento de vencimiento de los contratos: una devaluación del orden del 38-40 por ciento.

El significativo acompañamiento de los grupos de medios concentrados a la endeble causa construida en torno al dólar futuro no sólo tuvo que ver con fogonear –y dar por indispensable– una inminente devaluación, sino que apuntó a que la misma se concretara antes del 10 de diciembre, independientemente de quien asumiera como nuevo presidente. La estrategia de comunicación se concentró en resaltar los siguientes ejes: 1) la imposibilidad de operar dólar futuro; 2) el creciente aumento del “blue” y de la brecha con el “oficial”(del orden del 70 por ciento para octubre y noviembre de 2015; 3) la retención de la cosecha del agro; 4) las “pocas” y “ficticias” reservas en el Banco Central (vinculadas al swap); y 5) la resistencia de las aseguradoras a deshacerse de los bonos en dólares (para bajar el dólar “contado con liquidación”).

El rol jugado por los principales medios de comunicación, el lobby de la ortodoxia económica en la campaña macrista y la participación judicial, no sólo da cuenta de un andamiaje tripartito a modo de troika política, económica y judicial, sino que pone en riesgo la soberanía de las autoridades económicas para decidir sobre un asunto central de la política monetaria, que es el valor de la moneda.

Hernán Letcher  y Julia Strada, integrantes del  Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Publicado en el  suplemento Cash del diario Página/12

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/28-9256-2016-04-10.html