Una propuesta política

11/09/2015
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Hace pocos días Argentina presentó en las Naciones Unidas su propuesta de un marco jurídico multilateral para la reestructuración de deudas. Se trata de reglas básicas para desarrollar los canjes de deuda y regular el accionar de fondos especulativos, medidas que en definitiva resultan del aprendizaje sobre su historia reciente.

 

En términos generales, el planteo argentino en la ONU hace particular hincapié en el respeto por la soberanía de los países. La adhesión a este nuevo esquema de reestructuración es voluntaria, la decisión de reestructurar es también una medida del país endeudado y evita la pérdida de inmunidad soberana. Apunta además a cuidar la razonabilidad de la negociación (con una mayoría calificada el contrato se convierte en vinculante para el resto de los acreedores) y condiciona el negocio financiero “de mala fe” en tanto permite, entre otras cosas, conocer los intereses en juego de los acreedores (por ejemplo, deben informar de la existencia de seguros contra default o CDs).

 

La propuesta, cuyas premisas ya se han venido sosteniendo en función del litigio con los buitres, hoy se enmarca en otro escenario.

 

En principio, no se han cumplido los augurios negativos de economistas locales y lobbistas extranjeros sobre el estallido de Argentina a partir del “default técnico”. Argentina ha cerrado el 2014 –vencimiento de cláusula RUFO mediante– con un frente externo estable. Incluso, con un repunte de las reservas (alcanzando los 30 mil millones de dólares, cuando todos los pronósticos indicaban una caída hasta los 20 mil millones), lo cual morigera los condicionamientos externos que obligaban a “arreglar” lo antes posible con los fondos buitre y permite sostener con firmeza la postura argentina de “negociar con todos, o con ninguno”, que resolvería el problema de fondo, evitando nuevos coletazos de holdouts en años posteriores.

 

En segundo lugar, las denuncias del informático Falciani, ex funcionario del HSBC, que derivaron en investigaciones penales en Francia, España y también en Argentina, confirman aquello que distintos académicos y políticos han estado denunciado estos años: la existencia de canales de fuga de capitales (con rutas Sur-Norte, aunque también desde los propios países centrales) con participación de la banca internacional y en alianza con paraísos fiscales desregulados (a pesar de las propuestas de países del Sur, y de los Brics en el G-20 para su regulación). Se trata de una lógica de acumulación que se explica en función de la ostensible desregulación financiera del capitalismo contemporáneo. En el caso argentino, se trata del séptimo país con más clientes entre las cuentas secretas descubiertas en el HSBC de Suiza.

 

En tercer lugar, el nuevo escenario griego, con la victoria de Syriza, y los recientes posicionamientos del equipo económico de Tsipras frente a la deuda externa, ponen renovadamente en el centro de la escena la problemática de los países soberanos frente a los acreedores externos (en este caso, la Troika) y los condicionamientos que éstos imponen sobre la autonomía de la política económica local. La mirada está puesta, como lo han manifestado los dirigentes de Syriza en distintas oportunidades, en el proceso de reestructuración argentino y en términos más amplios, en los procesos de cambio latinoamericanos. La potencial “latinoamericanización” de una parte de Europa es un elemento de peso para rediscutir el accionar especulativo del capitalismo financiero internacional en el seno de la Unión Europea.

 

Los pronunciados incrementos del peso de la deuda sobre el PBI en Grecia y España, fundamentalmente a partir de la crisis de 2008, revelan un contraste con el persistente descenso en el mismo período de dicha relación en el caso argentino. Los caminos inversos adoptados por estos países dan cuenta del nudo de la discusión político-económica que se despliega en la actualidad, donde los intentos de cambio en ambos países europeos encuentran líneas de convergencia con los planteos argentinos en el marco del ataque buitre.

 

La propuesta argentina no es sencillamente un planteo jurídico y su espíritu se asienta en los siguientes conceptos:

 

- “Los muertos no pagan.” Aquella frase pronunciada por Néstor Kirchner al inicio de la reestructuración resume la disputa de dos modelos económicos en el orden mundial: crecer para luego pagar, o cumplir con las obligaciones de deuda a costa de condicionar el proceso económico interno. La segunda opción, aplicada en la mayoría de los casos, presenta una inherente contradicción que resulta de pretender que una economía en recesión cumpla con exigencias crecientes.

 

- Capitalismo productivo. La experiencia argentina de salida de la crisis a comienzos de siglo confronta con la reafirmación de la Justicia estadounidense del negocio financiero como la forma predominante de acumulación en el capitalismo contemporáneo. A pesar de la crisis del 2008, el peso del “anarcocapitalismo” financiero resulta significativo: la relación entre el volumen de operaciones de los “derivados” (que cotizan por fuera del sistema financiero tradicional) y el PBI mundial es de 10 a 1.

 

- El negocio de la deuda. Históricamente la deuda ha oficiado como un yugo para disciplinar las economías. En el caso argentino ha sido la puerta de entrada para privatizar y ajustar, e incluso para generar los altos niveles de déficit fiscal que al mismo tiempo han sido calificados como riesgosos por los organismos internacionales de crédito. Como contracara, han sido las políticas de desendeudamiento las que han permitido la obtención de mayores grados de soberanía económica. En esta línea, impulsar a su vez una ley de quiebras internacional es, paradójicamente, una manera de postular en verdaderos términos la seguridad jurídica a nivel mundial.

 

- “Mal ejemplo.” Lo vivido por Argentina durante el 2014 en relación con el fallo de Griesa tuvo como objetivo de fondo hacer caer la reestructuración de deuda. Ello era un mensaje para disuadir al resto de América latina (y ahora a una parte de Europa) de imitar la experiencia de nuestro país. El caso argentino resulta además condenable por las constantes críticas que se han efectuado al rol de las finanzas en la economía mundial, por el llamamiento a la redefinición del accionar de los organismos multilaterales de crédito (con fuertes cuestionamientos particularmente al FMI) y por la aplicación de políticas a contramano de las recomendaciones de ajuste fiscal y social.

 

En suma, el planteo argentino es esencialmente político, y tiene como puntapié el aprendizaje sobre la peor crisis de su historia en 2001, para cobrar forma con el “castigo ejemplar” aplicado a través del fallo de Griesa el año pasado.

 

- Hernán Letcher. Director de CEPA. Contador. Maestría en Economía Política (Flacso).

- Julia Strada. Integrante CEPA. Politóloga. CONICET. Maestría en Economía Política (Flacso).

https://www.alainet.org/es/articulo/172329?language=es
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