El tribunal otorgó menos de una semana de tiempo a la nueva defensa para estudiar el expediente.

Luego de renunciar a seguir siendo defendidos por los abogados Guillermo Ferreiro y Vicente Morales –por el sumario que coaccionaba la actuación de sus representantes legales– las expresiones del presidente del Tribunal de Sentencia, Ramón Zelaya, reafirman la duda de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty ante un proceso repleto de irregularidades y que se encamina a una condena dictada antes del inicio mismo del juzgamiento.

El juez Zelaya, ante el pedido de más tiempo del nuevo abogado que representa a los acusados, Víctor Azuaga, otorgó solo un plazo de tres días alegando que la ciudadanía y la prensa piden por el veredicto, poniendo de esa forma en duda su independencia y admitiendo la existencia de presiones en torno al caso para condenar a los campesinos.

Néstor Castro, uno de los acusados, explicó que la renuncia a sus anteriores abogados fue debido a que no podían enfrentar un juicio con una defensa atada de manos y bajo la amenaza de sanciones como la suspensión o cancelación de la matrícula. Asimismo, señaló que la decisión fue motivada porque está en juego la libertad y el bienestar de sus familias.

El abogado Azuaga expresó que el tiempo concedido por el tribunal es insuficiente para estudiar un caso tan complejo y anunció que también recusaría al juez Zelaya por haber preopinado en la causa.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.

El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.

julio 28, 2015

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