Ricardo y Mercedes Canese publican  una edición ampliada del libro “Saqueo y Abuso- Ley de APP de Cartes” . La Alianza Público Privada es una matiz del gobierno de Horacio Cartes al igual que el endeudamiento externo. Este año presentó como victoria del gobierno haber contraído 1.000 millones de dólares de deudas en el mercado financiero internacional. Pero este asunto de la APP es bastante más enredado. Poca gente entiende qué realmente implica para este país.

 

 

El peligro mayor es el modelo económico que plantea. Todo el patrimonio del Estado puede ser administrado por manos privadas. Desde la  ANDE, ESSAP, las cárceles, las servicios públicos…

 

Y en ese marco, el poder se concentra en una sola persona. Todas las funciones constitucionales de control, habilitación para las concesiones se le delega al presidente de la República. Algo como entregar un servicio público al capital privado dejándose de lado al Congreso, al Poder Judicial, a Contrataciones Públicas.

 

 

El tema Ande es lo más peligroso. Nuestro país es el primer exportador en términos netos de energía. Si se hacen contratos tipo APP hasta podemos llegar perder las binacionales.

 

 

Porque la APP es una privatización encubierta ya que se puede conceder la administración por 30 años al sector privado. Además, la reglamentación establece que hasta las normas técnicas, tarifas, todo puede ser recontratado con las empresas privadas.

 

 

Bueno, porque la Ande tiene ya normas técnicas basadas en normas internacionales.

 

-Es decir, ¿podría darse el caso de que por aumentar la renta, se bajen los estándares técnicos para asegurar un buen servicio?

 

Sí, así es. Ya hay mucha experiencia en este tema.

 

 

Y sí, claro, porque el Estado, por contrato, garantiza tarifas, ganancias. Con estos contratos, las empresas pueden pedir créditos y poner como garantía los contratos. Todo puede hacer con el aval del Estado finalmente.

 

 

Entonces, si el Estado es el que finalmente garantiza la tarifa, la renta, por qué no lo hace el propio Estado. Es decir, no existe un riesgo verdadero para el capital privado. El Estado, por contrato, garantiza todo.

 

Sí, pero el Estado tiene condiciones para desarrollar esas obras.

 

 

Aumentando los impuestos a la exportación de la soja, de la tierra, proponiendo mejores negociaciones de nuestra energía eléctrica… Hay otras modalidades de alianza que se pueden explorar también, no una como la que estamos tratando.