SAN SALVADOR -  La Alianza Ambiental El Salvador entregó esta mañana en la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia en la que pide a la Asamblea Legislativa la no ratificación del Acuerdo de Asociación (ADA).

Fue el pasado 29 de junio en Honduras que los países centroamericanos y la Unión Europea (UE) firmaron el ADA, cuyas negociaciones iniciaron en 2007 basado en tres pilares fundamentales, al estilo de otros acuerdos similares impulsados por la UE con otros países y regiones. Esos tres pilares serían el político, el de cooperación y el comercial. 

Fue suscripto por los representantes de la UE, que reúne 27 países y 500 millones de personas, y los presidentes centroamericanos en representación de un área con 40 millones de habitantes.

La Alianza considera que el ADA se convertiría en otro Tratado de Libre Comercio propio del modelo neoliberal subordinado a las reglas  y dogmas del mercado.

“Este Acuerdo favorecerá los intereses de las grandes empresas trasnacionales europeas; legalizando sus privilegios en los países centroamericanos y subordinando el diálogo político y la cooperación en función del mercado”, cita el comunicado de la Alianza.

La pieza fue recibida por Lourdes Palacios de la Comisión Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa y diputada del FMLN, quien aseguró no estar de acuerdo con el ADA, porque amenaza al medio ambiente salvadoreño y por ser los mismos principios que tiene el TLC, al cual tampoco apoyaron.

“La medula del acuerdo de asociación es libre comercio, tan es así que de las 1.250 solo cerca de 50 están dedicadas al dialogo polito y de cooperación y las restantes al libre comercio, con esto El Salvador pierde soberanía, se expone a que empresas europeas nos puedan enjuiciar ante instancias internacionales como lo han hecho empresas como Pacific Rim  porque se les da la potestad si ellas creen que sus intereses son afectados”, destacó Ángel Ibarra de la Alianza Estratégica.

Palacios dijo que no apoyarán la ratificación porque solo beneficia a la gran empresa salvadoreña  y a las transnacionales, excluyendo a la población de las ganancias pero sí otorgándoles más daños y pobreza.

Rodolfo Calles, también de la Alianza, dijo que el ADA se convertirá en “una presión quizás con mucha más fuerza, porque habrá transnacionales que tienen mucho más capital y respaldo que lo que ahora tiene la Pacific Rim, por ejemplo”.

Asimismo señaló que si se lleva el ADA enfocándolo en el tema de los recursos naturales las transnacionales europeas vendrían con el fin de explotarlos y si la resistencia se aferra “y lo impide sucederá lo mismo que con las empresas mineras, más demandas millonarias”

El agua está en mayor riesgo

En marzo pasado Oxfam también lanzó un llamado para no ratificar el ADA, justificando que uno de los  peores problemas lo sufrirá el recurso hídrico.  En esa ocasión Erick Van Mele, en representación de Oxfam, hizo un llamado a los gobiernos involucrados en el ADA a no ratificar el Acuerdo, porque lejos de representar una vía de desarrollo para la región centroamericana, representa una amenaza.

Una de las amenazas es la construcción de proyectos turísticos, puesto que las empresas europeas enfocan su desarrollo en la construcción de un complejo turístico en una playa y afecta en gran medida las fuentes de agua donde las comunidades se abastecen.

Edwin Trejo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), aseguró que de darse el caso de la creación de complejos turísticos entra la pregunta ¿Quién tiene más derecho sobre el agua? Si los empresarios o los habitantes de la zona.

Además será necesario establecer a favor de quien estará el Estado si a favor de las transnacionales que querrán hacer prevalecer el derecho de inversión;  o de los pobladores, quienes tienen el derecho humano al agua.

Otra de las amenazas al agua las representan las hidroeléctricas, esto genera mayor estrés hídrico, generan desplazamientos de las comunidades y cambia el curso natural de los ríos; hay implicaciones como pérdida de vida acuática, de biodiversidad, de pequeños sistemas territoriales.

También  las transnacionales mineras son una amenaza para el derecho humano al agua, por el alto grado de contaminación que provocan en el agua y en el ambiente en general. Trejo asegura que esa amenaza se une a los problemas financieros que puede provocar un trato con las empresas mineras.

Trejo se refiere a las pérdidas económicas que provocaron las demandas que ha recibido el Estado por incumplimiento. Actualmente, el Estado salvadoreño mantiene un litigio con la compañía minera canadiense Pacific Rim, la cual lo demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por 100 millones de dólares, por impedirle continuar con la última etapa de su inversión en la mina El Dorado, localizada en Cabañas.

La base de la demanda de la minera, que fuera admitida por CIADI en 2010, es que el Gobierno salvadoreño ha violado no solo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino también la Ley de Inversiones de El Salvador, al negarles los permisos para extraer oro y plata en El Dorado, pese a que sí se le concedieron permisos de exploración. 

“Hay otra amenaza al derecho humano al agua y ésta podrían entrar por la figura de los Asocios Públicos Privados, esa podría ser la modalidad a la que hoy le podrían estar apostando”, señaló Trejo en esa ocasión.

El representante del CDC, aseguró que el tema del agua debería de ser un tema de seguridad nacional, puesto que actualmente se vive un estrés hídrico “no por falta de agua, porque hay mucha, sino por el alto grado de contaminación que tiene” y que debe ser tomado como un tema de sobrevivencia, en el que se siga sensibilizado a la población, sobre todos a quienes tienen el poder, porque ellos no lo ven así.

Y no lo ven así porque tienen una concepción extractivista de los recursos naturales, con una lógica de cuanto beneficio económico puede brindar el medio ambiente, pero no se pregunta qué se puede hacer para revertir el daño que se le hace.

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