Cuando EEUU previó invadir militarmente a Colombia

Luiz Alberto Moniz Bandeira

07/09/2009

Opinión

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Desde 1998/99, varios sectores de la administración de los Estados Unidos estaban pergeñando la intervención militar en Colombia, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, que se había convertido en la mayor fuente de financiamiento de la guerra de guerrillas emprendida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Vladimiro Montesinos, director del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), de Perú, y cuyo “alias” en la CIA era Mr. Fix, reveló a Genaro Delgado Parker, propietario de la cadena Global Televisión, que los Estados Unidos articulaban esta intervención y que la conferencia pronunciada por el presidente Alberto Fujimori en el Colegio Interamericano de Defensa, el 4 de febrero de 1999, había sido coordinada con los americanos, apuntando a presentar al mundo el conflicto como un peligro para la sub-región. Asimismo anunció a los generales peruanos, que los preparativos para la invasión de Colombia estaban en andamiento y que se realizaría con dos divisiones aerotransportadas, dos fuerzas especiales de tierra, tres divisiones de marina y 2000 aviones C-45 y C-141, movilizando cerca de 120.000 soldados. En un período de 45 a 60 días, apoyados por dos divisiones aerotransportadas, dos fuerzas especiales del Ejército, tres divisiones de marines y 200 aviones C-5 y C-141. La intervención sería ejecutada por tropas de otros países de América del Sur (evidentemente para evitar bajas americanas), o sea, por una fuerza militar interamericana propuesta, durante la reunión de los jefes militares del hemisferio, en Panamá (1999), inicialmente, sin el compromiso directo de los Estados Unidos, que le darían, sin embargo, apoyo financiero de U$S 1,5 mil millones, entrenamiento, armamentos y apoyo logístico.

En junio de 1999, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado americano, el general Charles E. Wilhelm, entonces comandante-en-jefe del Southern Command (USSOUTHCOM), confirmó que el Pentágono estaba elaborando un plan de contingencia para intervenir en Panamá, en caso necesario, e invadir Colombia, multilateral o unilateralmente, si las guerrillas colombianas llegasen al Canal de Panamá. También el general Barry McCaffrey, director de la National Drug Policy Control Office de los Estados Unidos, informó al Committee on Government Reform, Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources, el 6 de agosto de 1999, que las guerrillas de las FARC encontraban santuarios en Panamá y también cruzaban las fronteras de Ecuador, Venezuela y Perú, de modo que la insurgencia, que había sido un problema interno más de Colombia, estaban recibiendo combustible con los negocios de la droga y obteniendo importancia para la seguridad regional. Y, pocas semanas después, viajó hacia América del Sur, donde visitó Brasil, Bolivia, Perú y Argentina y, presentando dramáticamente la situación en Colombia, urgió a que los cuatro países emprendiesen una intervención multinacional contra las FARC. McCaffrey ponderó que para los Estados Unidos sería “una locura” intervenir militarmente en Colombia, razón por la cual era necesario buscar el apoyo de la región para solucionar el problema.

El plan sugerido por el general McCaffrey consistía en desencadenar una ofensiva con cinco batallones colombianos, que las Special Forces de los Estados Unidos estaban entrenando y equipando, y, en caso de que ellas no consiguiesen sofocar las guerrillas, realizar la intervención militar multilateral. La fecha límite para que las negociaciones con la FARC concluyesen un acuerdo era enero de 2000, cuando Andrés Pastrana, declararía el estado de guerra interna en Colombia, en el caso de que no alcanzase con un acuerdo de paz, y requería asistencia de los países sudamericanos, como Perú, Ecuador y Brasil, cuyas fuerzas se unirían a los cinco batallones entrenados por asesores americanos, mientras que navíos de guerra de los Estados Unidos, en las costas de Colombia, sustentarían la intervención con misiles y ataques aéreos.

El control de la región se volvía necesario, a fin de asegurar la explotación de petróleo, realizada por varias compañías, entre las cuales, se hallaba la Occidental, British Petroleum y Texas Petroleum, así como proteger los oleoductos allá existentes, que llevaban la producción de los campos de Cupiagua, Cusiana, Guaduas y Orito, y de Ecuador, para los puertos de Coveñas y Tumaco, en el Pacífico, y las guerrillas de las FARC estaban atacando incesantemente. Colombia poseía vastas e inexplotadas reservas de petróleo, ya se había tornado el 6° proveedor de los Estados Unidos y sus exportaciones, sumadas a las de Ecuador y Venezuela, ya superaban a las del Golfo Pérsico.

El National Energy Report, de 2001, presentado por el Policy Development Group resaltó que “Colombia has become an important supplier of oil to the United States”. La embajadora de los Estados Unidos en Bogotá, Anne Patterson, declaró que la seguridad del petróleo en Colombia se había convertido en la prioridad de los Estados Unidos, que estaban dispuestos a proteger no sólo el oleoducto de Caño Limón – Coveñas, sino también 300 puntos críticos, pues el petróleo se había convertido en “an increasing priority” in Colombia, conforme declaró Adam Isacson, analista del Center for International Policy. También un estudio del think-tank conservador RAND Corporation resaltó la importancia estratégica de Colombia importante, debido al hecho de ser uno de los cuatro mayores países de la región, con la segunda mayor población, poseer litoral en ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico, ser contigua a Venezuela, a la cuenca del Caribe, Panamá, al Canal y a América Central, y tener algunas de las mayores reservas de petróleo del hemisferio occidental.

El combate al narcotráfico constituía, en realidad, un objetivo secundario y la intervención en Colombia, prevista para el año 2000, permitiría también a los Estados Unidos probar su capacidad de coordinación de las tres nuevas bases, las Forward Operating Locations, o FOLs, ubicadas en Ecuador, Aruba-Curação y El Salvador, así como experimentar nuevos armamentos y el desarrollo de nuevas estrategias. Estas Forward Operating Locations, o FOLs, permitían que los aviones americanos de reconocimiento y monitoreo tuviesen acceso a aeropuertos o bases extranjeras. Las instalaciones de los aeropuertos y bases eran de propiedad y operadas por los países huéspedes y en ellas permanecía asentado un pequeño número de militares, de agentes de la DEA (Drug Enforcement Agency), de la Guardia Costera y de la aduana para apoyar a los aviones norteamericanos y coordinar comunicaciones y recolección de inteligencia.

El propósito del presidente Bill Clinton, por lo que todo indicaba, era promover la intervención en Colombia, en el correr de 2000, lo que por cierto fortalecería la posición del Partido Demócrata en la elección para la presidencia, razón por la cual, probablemente, declaró que daría dos años al presidente Andrés Pastrana, para alcanzar un acuerdo de paz con las FARC, y amenazó resolver el problema a su manera, en caso de que las negociaciones de paz, iniciadas a fines de 1998, fracasasen. Este plazo de dos años demostró su propósito de ordenar la intervención militar en Colombia, de conformidad con el principio estratégico entonces establecido, según el cual la decisión de usar la fuerza sería dictada, primero y por encima de todo, por los intereses nacionales de los EE.UU..

El gobierno de Washington, entre tanto, estaba dividido en dos tendencias con respecto a la intervención en la guerra civil de Colombia, donde ya había 200 asesores militares norteamericanos entrenando al Ejército en la lucha contra las FARC, que con 17.000 efectivos controlaban grandes zonas del sur de Colombia y una zona en torno de Bogotá, mientras el ELN, con 5.000 efectivos, dominaban el territorio, al norte, o sea, un total de aproximadamente el 40% del país. Algunos sectores temían que la asistencia militar terminase en una escalada del conflicto, tal como había sucedido en Vietnam, tanto que algunos analistas políticos ya se referían al desvanecimiento de las líneas entre la campaña contra las drogas y el combate a las guerrillas como una posible “Vietnamization” de la política norteamericana en Colombia. Otros, liderados por el general Barry McCaffrey, director de la National Drug Policy Control Office de los EE.UU., pretendían incrementar la asistencia y enviar más asesores militares, a fin de intensificar el entrenamiento del Ejército, o alentar una intervención militar multinacional en Colombia, ejecutada por algunos estados de América del Sur, sin involucrar directamente a los EE.UU., por lo menos en un primer momento.

Brasil y Venezuela, sin embargo, se rehusaron incluso a permitir que aviones americanos y contingentes de tropas se estacionasen en sus respectivos territorios para atacar a las FARC en Colombia. Panamá, asimismo, se negó a apoyar la intervención multinacional en Colombia. La presidenta Mireya Moscoso rechazó el argumento de que el conflicto con las FARC pudiese desbordar la frontera y amenazase la seguridad del canal. Y, por su parte, el presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, criticado y desgastado a causa de la cesión de la base de Manta a los Estados Unidos, no se mostró dispuesto a embarcarse en una aventura de consecuencias imprevisibles. Únicamente el presidente de Argentina, Carlos Menem, complaciente con la doctrina del “realismo periférico”, se atrevió a defender públicamente la intervención militar en Colombia y proclamó a través de la prensa su disposición de ofrecer tropas para intervenir en Colombia, en caso de que el presidente Andrés Pastrana solicitase ayuda.

Con la administración en Washington, dividida en dos tendencias y sin contar con el apoyo de Brasil, Venezuela y Panamá, el plan de intervención militar en Colombia fue abandonado. Y el 31 de agosto de 2000, en Cartagena de Indias, se anunció el lanzamiento del Plan Colombia, que preveía una inversión de U$S 7,5 mil millones, en cinco años, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, fomentar el desarrollo económico del país y financiar culturas alternativas en sustitución a las plantaciones de coca. Del monto de U$S 7,5 mil millones, los Estados Unidos suministrarían apenas U$S 1,3 mil millón (incluyendo U$S 47 millones como ayuda a Ecuador), y U$S 4 mil millones serían provistos por el Gobierno de Colombia, U$S 1.9 mil millón por parte de Europa y algunas instituciones. Esta iniciativa se convirtió en una estrategia, apuntando a rediseñar el mapa de América del Sur, y varios militares, entendieron que el Plan Colombia, legitimando la presencia de los militares americanos en la Amazonia, representaba el comienzo de su internacionalización.

Traducido para LA ONDA digital por Cristina Iriarte

- Luiz Alberto Moniz Bandeira es cientista político, historiador, profesor titular jubilado de la Universidad de Brasilia y autor de más de doce libros, entre las cuales se encuentra “Formación del Imperio Americano -De la guerra contra España a la guerra en Irak, Argentina Brasil y Estados Unidos – De la Triple Alianza al Mercosur. Columnista regular de La ONDA digital, escribe para diversos periódicos y diarios de Brasil y el mundo. Actualmente, reside en Alemania.

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