El proyecto ya no es anteproyecto

27/08/2009
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La Presidenta envió al Congreso el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que podría reemplazar la Ley de Radiodifusión de la dictadura. Las repercusiones de los medios masivos privados demuestran lo mucho que esto enfurece a las empresas. Confusiones, falacias y veneno circulan demostrando la envergadura del poder que se está disputando en esta partida.
 
Ciudad de Buenos Aires- Con bombos y platillos, pero sobre todo con repercusiones, el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se convirtió en proyecto. Esto quiere decir que fue enviado al Congreso de la Nación, y eso es lo que anunció hoy la presidenta Cristina Fernández por cadena nacional desde el salón de las Mujeres de la Casa Rosada.
 
Inmediatamente cualquier desprevenido que leía un diario online o miraba algún noticiero que no fuera el de canal 7 podía llegar a pensar que se estaba debatiendo si el país debía o no entrar a una guerra mundial. La dimensión de las declaraciones de integrantes de la Unión Pro o la Coalición Cívica demostraron el gran aparato político que las empresas económicas dueñas de los medios pueden manipular, o más bien, la coincidencia de intereses entre estás y dichos grupos políticos. Ni hablar de que el diputado electo por Unión Pro, Francisco De Narváez, es propietario de un diario, varias revistas, un canal de TV y otros medios.
 
Pero, rebobinemos la cinta. La noche anterior el ex presidente Kirchner, decía en una cena con intendentes bonaerenses “Tenemos que dar esta pelea contra el multimedios. Yo no me animé a hacer lo que está haciendo Cristina, que manda al Congreso la nueva Ley de Radiodifusión, se los confieso. Ese grupo pasó el Proceso, el gobierno de Alfonsín, la década del noventa, siempre presionando por sus negocios. Hay que ponerle un freno”[Diario Crítica]. Primera verdad: él no se animó. Y no sólo eso. Benefició a los medios actuales pasando por sobre el manoseado decreto ley 22.285, cuando suspendió por 10 años las licencias de los medios, a través del Decreto 527/05.
 
Primer falacia del Gobierno: insistir con la dicotomía Dictadura-Democracia. Es real que la actual ley está desactualizada, es autoritaria y es una aberración que todavía contemos con ella. Pero también es cierto que los gobiernos democráticos han hecho de ella una ley mucho peor. La ajustaron al neoliberalismo más brutal, al capitalismo más salvaje y lograron que permita la concentración de la propiedad de los medios de la que hoy nos parece complicado salir.
 
Y en la otra esquina del ring… Desde el canal Todo Noticias (TN) pocos minutos después de haber finalizado la cadena nacional ya estaban hablando de que la Presidenta se había tirado contra los periodistas. Haciendo referencia a la mención de Cristina Fernández que: “mientras hablaban de los superpoderes en realidad había un suprapoder en la República Argentina, suprapoderes. Lo que significa que por sobre los poderes instituidos por la Constitución (…) hay otros poderes, sutiles y no tanto, que tienen la suficiente fuerza para imponer y arrancar decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión”.
 
Primer falacia de las empresas de medios, en este caso TN: no se trata de “Los Periodistas vs El Gobierno”. Aquí la jugada es de las empresas de medios, sus dueños, importantes empresarios y grandes grupos económicos, no de los periodistas (en primera instancia). Es más, los periodistas se verían beneficiados si la futura ley desmonopolizara la propiedad de las empresas en las que trabajan. En fin, la determinación es, en última instancia, económica, ¿o no?
 
¿Alguien leyó para hoy?
 
No sabemos cómo es el proyecto que llegará al Congreso. Fuimos a discutir un anteproyecto que debía ser modificado y enriquecido a partir de los foros que organizó el Comfer para debatir públicamente la propuesta de proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. [Descargar propuesta de proyecto]. Pero no conocemos cuál fue el resultado y menos aún el texto final que llegó al Congreso.
 
Imaginamos, entonces, que ninguno de los que hoy está pidiendo que se retrase el debate hasta después del cambio legislativo, leyó este proyecto antes de hablar. Y sin embargo se oponen. Sabemos que no son niños, así que podemos intuir el espesor de los intereses que están sacando a la luz estas fuertes y apresuradas oposiciones bajo las voces de la Unión Pro y la Coalición Cívica.
 
Aquí, la segunda falacia de las empresas de medios, esta vez de Clarín: desesperado por publicar críticas al “cuestionado proyecto” o al “proyecto K”, el grupo Clarín dio suprema importancia a estas declaraciones. Aunque ¿Quién conoce el actual proyecto? Una vez más, el manual periodístico que utilizaron es más parecido al de un programa de chimentos que al de un informativo.
 
En la Red Nacional de Medios Alternativos, debatimos la propuesta de proyecto presentado en marzo y presentamos propuestas. Esta semana mediante un comunicado decíamos “Esperamos que las modificaciones presentadas por la RNMA en los distintos Foros desarrollados por todo el país, hayan sido incluidas por el Poder Ejecutivo Nacional en el anteproyecto de Ley de SCA. Consideramos que las mismas son un aporte esencial para democratizar la comunicación y limitar el poder de los oligopolios” y sintetizamos las modificaciones propuestas.
 
Sabemos que son varias las modificaciones que nos gustarían que se hagan, vinculadas a las formas de evitar la concentración, a la democratización de los órganos de control, al reconocimiento explícito de los medios comunitarios, alternativos, populares y de comunidades de pueblos originarios, entre otras cuestiones. Sobre estos temas hemos presentado propuestas y seguimos trabajando con la esperanza de poder participar en la instancia de comisión dentro del Congreso, pero también en la reglamentación de la ley.
 
Y aquí la segunda falacia del Gobierno: montar un discurso antimonopólico casi exclusivamente sobre el famoso 3 x 33%. No está definido cómo llevarán a la norma la división del las frecuencias para que un 33% sea para medios públicos, otro 33% para privados y un tercer 33% para organizaciones no gubernamentales, “universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones de profesionales, podrán acceder también a frecuencias para poder hacer conocer su voz”- aclaró la Presidenta. Sin mencionar en ningún momento a los medios comunitarios, aunque sí a las cooperativas, que no es lo mismo.
 
Por último (por ahora), una gran contradicción. Mauricio Macri, Francisco De Narvaéz, Miguel Ángel Solá, María Eugenia Estenssoro, Elsa Quiroz y otros piden que se debata luego del recambio de legisladores para que el debate incluya “al pueblo”. Entonces parece que el debate que se dio en los foros no fuese debate, o que el Congreso debería estar de vacaciones hasta enero. O, ¿Por qué sería más válida la estrategia de estos políticos que pretenden debatir el proyecto después del cambio de legisladores y no la del Gobierno de debatirlo antes? ¿lo importante no era debatirlo para que “el pueblo” participe? ¿Será más “pueblo” el que lo votó a De Narváez por ejemplo que el que discutió en los foros?
 
Quién más, quién menos, el proyecto de ley está presentado. Ahora, a debatir o al menos a intentarlo.
 
Celeste Neyra- Red Eco
https://www.alainet.org/es/articulo/135995
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