Argentina

La “Inseguridad” es para los trabajadores

Red Eco

05/09/2012

Opinión

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Diversos hechos de amenazas y represión se sucedieron en los últimos días. Son la coordinación de decisiones y acciones por parte de funcionarios políticos, fuerzas de seguridad nacional y provinciales, patotas de las burocracias sindicales e intereses empresariales como los que se conjugaron para asesinar al joven Mariano Ferreyra.

El último de estos hechos ocurrió ayer, miércoles, cuando en horas de la noche la Policía Federal detuvo a tres militantes que estaban realizando una pintada en la estación de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, en la zona sur del conurbano bonaerense.

Se trata de Norberto Senior, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Sur-Lomas de Zamora, y dos integrantes de la Casa Fuentealba de Temperley, todos integrantes de la Corriente Político-Sindical Rompiendo Cadenas.

Las amenazas contra los detenidos fueron hechas por el Sargento Mansilla, de la Policía Federal. Luego, un patrullero de la Bonaerense los trasladaría a la Comisaría 4ta de Lomas de Zamora donde permanecieron durante casi tres horas.

Ante la insistencia de la Federal (le dijeron a la Policía Bonaerense que no se irían de la seccional hasta que no se les iniciara una causa), fueron fichados y se les imputó el delito de daños por hacer una pintada a favor de la reincorporación de Cristian Fontana, trabajador y dirigente sindical en Aerolíneas Argentinas. La reincorporación de Fontana es exigida desde hace varias semanas, luego que el juzgado laboral 46 obligara a la empresa a reinstalarlo en su lugar de trabajo, quedando en claro que su despido fue por la persecución gremial que viene llevando adelante el presidente de Aerolíneas Argentinas y miembro de “La Cámpora”, Mariano Recalde.

Cerca de 30 compañeros realizaron una vigilia en la puerta de la comisaría hasta la liberación mientras decenas de integrantes de Rompiendo Cadenas de las diferentes provincias, de organizaciones de DDHH y de otras organizaciones llamaron a la comisaría para exigir que los dejen en libertad.

Estos hechos se suman a las denuncias que trabajadores hacen sobre el accionar de patotas sindicales que los golpean por estar organizados en sindicatos o comisiones internas fuera de las estructuras de las burocracias. Así sucedió esta semana con la denuncia que trabajadores de la empresa Firestone hicieron contra integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA) por la agresión física contra Maximiliano Cisneros, despedido hace 9 meses por ser el organizador de la Lista Naranja que estuvo a muy pocos votos de arrebatarle la Seccional Llavallol a la burocracia. Cisneros junto a otros integrantes de la organización política en la que milita (Nuevo Mas) estaban entregando un volante en el que se denunciaba a la directiva del SUTNA por la intención de cerrar las paritarias a "la baja".

Las fuerzas de seguridad actúan impunemente dentro del territorio nacional. Algunos hechos dan cuenta de ello. El jueves 23 de agosto la policía de Córdoba reprimió a jubilados, estatales y docentes que reclamaban contra la reforma jubilatoria de José Manuel De la Sota que reducirá aún más las jubilaciones provinciales, en medio del debate de la armonización de la Caja exigida por el gobierno nacional.

El sábado 26, alrededor de 300 efectivos policiales de infantería y caballería salteñas llegaron desde las localidades de Tartagal, Aguas Blancas, Salta, Embarcación y Orán y reprimieron a los trabajadores del Ingenio el Tabacal que reclamaban por el despido sin causa de 57 compañeros. El saldo de la represión fue de 40 heridos, entre ellos dos con balas de plomo en sus piernas ante el intento de desalojarlos del corte en la Ruta Nacional 50.

El jueves 30, las fuerzas de Gendarmería reprimieron en la Panamericana a los trabajadores del Programa Argentina Trabaja que reclamaban al Ministerio de Desarrollo Social un aumento en los haberes de quienes participan en todas las cooperativas y no solo en las de municipios con intendentes oficialistas. El operativo fue decidido y dirigido por el secretario de Seguridad, el Teniente Coronel Sergio Berni, bajo la responsabilidad de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Hubo 68 detenidos, la mayoría mujeres y más de 10 menores de edad. Sin orden de detención de ningún juzgado fueron todos trasladados a Campo de Mayo donde en la última dictadura funcionó un centro de detención. Hoy es el lugar donde funciona el Proyecto X, que fue denunciado por parte de diversas organizaciones del campo popular por ser utilizado por la Gendarmería para identificar, clasificar e ir a la pesca de dirigentes sindicales, políticos y sociales.

Ayer miércoles la policía de Jujuy reprimió duramente a trabajadores y trabajadoras de ATE que se movilizaban hacia la Plaza Belgrano, frente a la gobernación provincial. Balas de goma, gases lacrimógenos y palos intentaron evitar que lleguen a acampar en la plaza. Pero no lograron impedirlo. Varios heridos, dos detenidos –ya liberados- e innumerables contusos fue el saldo de una represión injustificada sobre trabajadores y trabajadoras que solo buscaban expresar sus legítimos reclamos.

En este contexto, hoy jueves se presentó en una audiencia pública en el anexo a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que dispone la extinción de la pena y/ la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social.

Según relevamientos realizados por organismos de derechos humanos hay 5 mil personas que actualmente padecen esta persecución penal, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados, por movilizarse en reivindicación o reclamo de sus legítimos derechos. Esta tendencia represiva ha ido en aumento, a la par de la gravedad de las imputaciones penales.

Este proyecto ha sido elaborado retomando las reiteradas iniciativas legislativas presentadas en Diputados por integrantes de distintos bloques políticos junto a las propuestas de organismos de derechos humanos, así como el “Informe Sobre Criminalización de la Protesta Social ” presentado en marzo de 2012 por organismos integrantes del “Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

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