Colombia

Calentura en las fronteras

José Darío Castrillón Orozco

23/07/2009

Opinión

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Desde que fue electo a la Presidencia de Ecuador Rafael Correa, cobró vida la especie que la base militar norteamericana de Manta, cuyo cierre era una de sus promesas de campaña, sería trasladada para Colombia. Desde entonces, diversos voceros del Gobierno se han empleado en negar tal posibilidad, destacándose en esto el anterior ministro de defensa, aquel que no se deja coger en una verdad, Juan Manuel Santos. Pocos tuvieron la claridad de Antonio Caballero para afirmar, con los suficientes argumentos, que tal rumor era cierto, y que el hecho que un personaje como Santos lo negara venía a confirmar todo. Y así fue.

Hoy se tienen los dos hechos: mientras la base de Manta era cerrada, el Gobierno colombiano, el del Supremo, anunciaba un acuerdo para que tropas estadounidenses operaran desde tres bases colombianas. Negaba, de paso, que se tratara de permitir la instalación de una base, sino de la ampliación de los acuerdos militares vigentes con la potencia del norte. Aplicando la lógica de Antonio Caballero, de buscar la verdad de los actos oficiales en lo contrario a lo que se dice, sí se van a instalar bases norteamericanas en Colombia. La diferencia es que no va a ser una como en Manta, Ecuador, sino que en la práctica van a ser tres.

Argumenta el Patriarca y sus portaestandartes que los militares gringos estarán bajo órdenes de militares colombianos. Lo cual resulta más inverosímil, pues, no se concibe que un ejército poderoso, acaso el más poderoso del mundo, se subordine a otro más pequeño, más débil y dependiente del primero. Menos si se tiene en cuenta que las Fuerzas Militares colombianas son de las más corruptas del mundo y que han dirigido sus armas contra la población civil.

Si la subordinación de los extranjeros a las tropas colombianas fuese cierta, no tendría lugar la cláusula que otorga inmunidad a los gringos frente a la justicia local. De este modo tienen patente para cometer cualquier tipo de delitos en el territorio nacional. Que se alisten las menores colombianas, pues, la violación de niñas es uno de sus preferidos, como ya ocurrió en Salgar, sede de la base de Palanquero, caso que permanece en la impunidad. También son aficionados a la venta de armas a paramilitares y, por supuesto, al narcotráfico. Si no se someten a las leyes del país, menos lo harán a los mandos colombianos.

En sentido semejante, tampoco se someten a la competencia de la Corte Penal Internacional, quedando autorizados para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en este territorio. Al suscribir Colombia el acuerdo de creación de ésta corte, su contenido hace parte del bloque de constitucionalidad de la Carta Magna, por lo cual resulta contrario a ésta el convenio con los Estados Unidos. Pero, se sabe que al Señor Presidente, poco le importan la legalidad, son sólo “articulitos” sin mayor importancia. De hecho, ya se saltó el Congreso de la República y el Consejo de Estado. Ni siquiera pretendía comunicar el acuerdo, se vio obligado a reconocerlo por que la revista Cambio publicó apartes de este.

Resulta curioso que una base destinada a hacer control sobre el pacífico, como la de Manta, sea sustituida por bases en los Llanos, Apiay, el Magdalena Medio, Palanquero, y la Costa Atlántica, Malambo. Por lo cual se puede deducir que las actividades de estas bases no están dirigidas al control del narcotráfico por el Pacífico, sino que apuntan más a Venezuela y Brasil. Países que con sobrada razón se deben sentir amenazados, si a la presencia de esas bases se le suma el hecho que el Ejército colombiano es más grande que los de Venezuela, Ecuador y Perú juntos, y más grande que el de Brasil.

Alude el Patriarca que los militares extranjeros actuarán sobre el narcotráfico, el terrorismo y “otros delitos”. Las voces de respaldo a tal medida arguyen el peligro del narcotráfico y el carácter internacional de ese delito, sin embargo, la estrategia contra el tráfico de drogas, la que pretenden ampliar, es un total fracaso, por lo cual ampliarla es amplificar ese fracaso. Suena a contrasentido que se haga justamente con un mandatario de un pasado turbio en ese campo, que ha sido denunciado por haber recibido apoyos del narcoparamilitarismo en sus campañas presidenciales, ilegitimado por sus métodos de mafia, y al que la misma agencia antinarcóticos de USA, la DEA, lo tenga en sus listados como capo de ese delito.

Sobre la lucha de los foráneos contra el terrorismo tienen más complicaciones. La primera está dada por la indefinición de tal categoría, tanto que el Gobierno del Supremo se ha caracterizado por tildar de terroristas a sus opositores, a periodistas y a la misma Corte Suprema de Justicia, por lo cual habría de esperarse que estas fuerzas vengan a pelear contra el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, la prensa independiente y las cortes que contrarían el querer presidencial. Falta ver que se entiende por “otros delitos”.

Si se trata de la lucha contra la insurgencia criolla, el asunto adquiere el matiz de intervencionismo en el conflicto interno de un país, con el desmedro en soberanía que eso implica, cerrando de paso cualquier salida negociada. También es una declaratoria de derrota en la política de seguridad democrática, dirigida contra las guerrillas y la población civil, pues, esta resultó insuficiente en sus propósitos, tanto que ahora pretenden que sea eterna que se quedó sin financiación y hasta requiere de la ayuda gringa, porque a los furibistas les quedó grande tal propósito.

La entrada directa de tropas extranjeras contra las FARC y el ELN, produciría un cambio semántico en la caracterización de estas, pasando de ser insurgentes de reivindicaciones puntuales, predominantemente campesinas, a ser fuerzas de liberación nacional. Pasarían a recuperar la legitimidad perdida por sus métodos, por vía de la intervención extranjera.

Si se suma al conflicto interno la amenaza sobre las naciones vecinas, el conflicto puede internacionalizarse aún más. Hace diez años señalaba Germán Rojas Niño, fundador, comandante, y constituyente del M 19, que el conflicto colombiano tendía a abarcar las fronteras de la antigua Gran Colombia. Esto ya se está viviendo, y con esta intervención norteamericana se daría el catalizador que haga de la Gran Colombia campo de la guerra colombiana.

Y el asunto de las bases militares norteamericanas en Colombia ha de mirarse en el contexto de otros actos que recalientan las fronteras. Ecuador demandó a Colombia por ejecución extrajudicial de su ciudadano Franklin Aisalla, en el bombardeo en territorio ecuatoriano donde se dio de baja a Raúl Reyes, un juez de ese país dictó orden de captura contra el ex ministro Juan Manuel Santos, y se siguió con el establecimiento de barreras comerciales contra productos colombianos en el mercado de ese país; ahora reposta el Gobierno colombiano divulgando un video donde se compromete al presidente Correa con apoyos financieros de las FARC. Tal video de credibilidad cuestionable como lo señala Claudia López en su columna del periódico El Tiempo, tiene un efecto de provocación en el vecindario. También es provocadora la actitud del Patriarca de dar apoyos personales a los golpistas en Honduras, cuando la postura de la Cancillería apoya a la institucionalidad de esa nación. Todo esto configura un clima de preguerra en la región, resultando más allá de una traición a la Patria, (del Gobierno que no se saca la palabra Patria de la boca y hasta exige escribirla con mayúscula) una traición a América latina.

El efecto inmediato es ahondar el aislamiento internacional del Estado colombiano, cuyos impactos económicos recaerán, en primera instancia, sobre los únicos beneficiarios del gobierno Uribe, los empresarios nacionales que lo apoyan incondicionalmente en todas sus trapisondas. En segunda instancia resentirá a toda la población colombiana, y hasta latinoamericana, en plena recesión.

Cuando internamente se viene a bajo la coalición de Gobierno, y la perpetuación en el poder del Supremo se ve improbable vía referendo, parece que el Patriarca decide jugársela sobornando al imperio, quizá en cálculo de recurrir a la abierta ilegalidad en su propósito de permanecer en el poder, cuando los recursos de aparente legalidad se le tornan huidizos.

Sólo queda que las instituciones colombianas hagan su trabajo como es debido, particularmente el Congreso de la República y la Corte Constitucional, para evitar estas movidas que producirán una escalada en el conflicto interno y que atentan contra la paz global. También ha de reclamarse al presidente Barack Obama que vuelva sobre el discurso que lo hizo presidente, y retome el espíritu de lo dicho en la pasada Cumbre de las Américas, donde anunció un nuevo paradigma de respeto en las relaciones con el resto del continente.

- José Darío Castrillón Orozco es Psicólogo

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 168, Corporación Viva la Ciudadanía., www.vivalaciudadania.org

https://www.alainet.org/es/articulo/135308?language=en