La seguridad social, método de reducción de la pobreza históricamente comprobado, está siendo diezmado en todo el mundo por las reformas privatizadoras promovidas por el Banco Mundial, advierte el Informe 2007 de Social Watch lanzado este martes en el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Financiación para el Desarrollo que tiene lugar en la sede de Naciones Unidas.

Las políticas del Banco Mundial han apuntado a la reforma de las instituciones públicas de seguridad social en base a la privatización de los antiguos sistemas de pensión, que limita el rol del Estado a compensar las fallas del mercado, agrega el informe.

Las reformas han aliviado al Estado del peso del riesgo social, pero a la vez han transferido a los individuos la responsabilidad de acumular un monto suficiente de ahorros personales para cubrir sus necesidades durante la vejez.

De esta manera, las cuentas de ahorro obligatorio y los planes de pensiones voluntarios conocidos como la ‘propuesta de los pilares múltiples’ del Banco Mundial han sustituido a los sistemas públicos de pensiones.

El Banco Mundial ha otorgado préstamos y asistencia técnica a países en desarrollo que han privatizado sus sistemas de seguridad social, especialmente en América Latina y el Caribe, y también en países de Europa Oriental.

En países en desarrollo como Chile, firmas estadounidenses como Merrill Lynch han sido de las mayores beneficiarias de la privatización de la seguridad social.

Sin embargo, han surgido voces críticas dentro del propio Banco Mundial. En 1999, el entonces economista jefe, Joseph Stiglitz, indicó que muchas de las razones esgrimidas para preferir los sistemas privatizados de seguridad social basados en las cuentas individuales de ahorro no tenían respaldo en evidencias.

En el mismo sentido, Antonio Tricarico, colaborador del Informe de Social Watch e integrante de la Campaña para la reforma del Banco Mundial, afirma que “la insistencia del Banco Mundial en promover sistemas privatizados ha sido insólita, ya que las pruebas, incluso los datos de las publicaciones del Banco Mundial, indican que los sistemas públicos bien gestionados, como el sistema de seguridad social de Estados Unidos, son mucho más eficientes que los sistemas privatizados.”

Además, los gastos administrativos extras de los sistemas privatizados se toman directamente del dinero que, de otra forma, recibirían los pasivos. Esto reduce sus beneficios en mucho más de un tercio, en comparación con los sistemas públicos de seguridad social bien gestionados, indica el documento.

La actual propuesta de ‘gestión social del riesgo’ del Banco Mundial apunta a restringir el papel que cumple la prestación estatal de distribución del riesgo, a la vez que alienta al sector privado a tener mayor protagonismo en la prestación de instrumentos para la mitigación individual del riesgo.

Según el enfoque del Banco Mundial, aquellas personas sin medios financieros suficientes para adquirir seguros comerciales son las que factiblemente deberán afrontar mayores niveles de riesgo. De esta forma, la verdadera meta de la propuesta es la disminución del riesgo, no la cobertura de las necesidades, afirma Social Watch.

Para ayudar a las personas más viejas a salir de la pobreza y a mitigar los riesgos del ciclo vital, especialmente en los países menos desarrollados, la mejor solución son las políticas que priorizan el rol estratégico de la cobertura de pensión universal financiada por los impuestos.

Los servicios universales y de asistencia social son mecanismos de distribución que canalizan recursos desde quienes tienen más a quienes necesitan más.

Así, las contribuciones individuales en forma de impuestos no guardan una relación directa con los beneficios recibidos; de hecho, la mayoría de los beneficiarios – personas que viven en la pobreza – han hecho las menores contribuciones, explica el informe.

Un sistema en el que el riesgo determina el beneficio no puede ayudar a reducir la pobreza por el simple hecho de que no redistribuye la riqueza. Su lógica no se diferencia en nada de la lógica del mercado, sostiene Social Watch. En el juego riesgo/beneficio (es decir, inversión/ganancia, aporte/calidad de seguridad social) las brechas entre pobres y ricos tienden a ampliarse más que a reducirse.

A diferencia de los sistemas públicos que redistribuyen parcialmente la riqueza – dado que los aportes son proporcionales a los ingresos y los beneficios sociales a las necesidades – en la propuesta de seguridad social del Banco Mundial el Estado no tiene formas de ayudar a combatir la pobreza y disminuir las diferencias que continuarán alejando a los más pobres de los más ricos, puntualiza el documento.

Según Social Watch, el Estado sigue siendo el único mecanismo institucional viable de protección de las personas pobres más viejas, marginadas y sin acceso a oportunidades en el mercado laboral ni a otros recursos para mitigar el riesgo, aún cuando las limitaciones financieras dificulten esta tarea.

Para ello, el Estado no puede depender exclusivamente de las transferencias de ingresos y de las formas tradicionales de la seguridad social, las que deben complementarse con políticas que fomenten los medios de sustento y refuercen los sistemas informales de protección social, fundamentales en la creación de formas eficientes de seguridad social en los países en desarrollo.

El acento que la propuesta de ‘gestión social del riesgo’ pone en la necesidad de un cada vez más arriesgado rol del individuo – que deberá superar la pobreza por su propio esfuerzo – sólo permitirá que la pobreza sea vista cada vez más, al menos desde el punto de vista neoliberal, como un ‘fracaso personal’.

Esta visión resulta inaceptable pues socava el principio de que la protección social es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, sostiene el informe de Social Watch.